Regulo Gonzalez Nava
Expediente 872/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Regulo Gonzalez Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente, se declara que la misma ha causado estado. Archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de depuración.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada,1 sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto, como se hizo constar en la certificación de cuenta. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no.Así, se procede a analizar si la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. En sesión de catorce de enero de dos mil veintiuno, este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, advirtiéndose las siguientes consideraciones: "Hechas las anteriores precisiones, este Tribunal en Pleno estima, como lo alega la parte quejosa, que la sala responsable vulneró en su perjuicio el derecho humano reconocido en los artículos 16 y 17, constitucionales, pues en forma dogmática interpretó el artículo 151, fracción I, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin atender en forma íntegra a las alegaciones hechas valer en los conceptos de impugnación del demandante. En la resolución reclamada, específicamente en el considerando cuarto, la sala responsable calificó de infundado el primer concepto de impugnación, en los siguientes términos (fojas 334 a 340): (.) Transcripción de la cual se obtiene que la sala responsable sin exponer los fundamentos o criterios aplicables, estimó que del artículo 151, fracción I, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se desprendía que los gastos generados a través de una tarjeta de crédito para que pueden ser objeto de deducción, también debe estar a nombre del contribuyente. Así es, la sala regional no sólo estaba obligada a afirmar que de la interpretación de la disposición fiscal en mención, se advertía que la tarjeta de crédito, de débito, o de servicios también tenía que estar a nombre del contribuyente, para que los gastos generados a través de dicho medio, fueran susceptibles de deducción; sino que era indispensable que tal proceder lo apoyara en diversos criterios de los Tribunales Federales o bien en el proceso legislativo respectivo, para estar en condiciones de desentrañar en forma plena la intención del legislador. Lo anterior, si se toma en cuenta que la exigencia en cita expresamente no se dispone para las tarjetas de crédito, de débito, o de servicios, como se desprende del contenido de la disposición de referencia. (.) De ahí que, la autoridad responsable estaba obligada a realizar un análisis completo de la norma transcrita, acudiendo de ser necesario, al proceso legislativo correspondiente. Asimismo, la sala regional sostuvo en forma dogmática: - Al haberse efectuado algunos pagos con tarjeta de crédito a nombre del contribuyente, y otros de terceras personas, denota que el aquí quejoso tenía conocimiento de la exigencia para poder deducir sus gastos. - Los contratos de mutuo no son suficientes, pues en su caso se tuvo que transferir el dinero a la cuenta del contribuyente, para que se realizara el pago correspondiente. No obstante, como se hace patente, la sala responsable omitió precisar los fundamentos y motivos en los cuales apoyó su proceder en ese sentido; lo cual resultaba indispensable no sólo para que este órgano de amparo analizara dichas consideraciones, sino también para que el ahora quejoso estuviera en condiciones de controvertir tales argumentos. Aunado a ello, la sala responsable en los considerandos segundo y tercero de la sentencia reclamada, desestimó los conceptos de impugnación segundo y tercero, en atención a las razones que enseguida se precisan (fojas 345 a 348 y 350 a 352): (.) De lo anterior se obtiene que, en relación al concepto de impugnación segundo, la sala responsable lo desestimó en virtud que no se acredita que la esposa del ahora quejoso cuente con el certificado o constancia de incapacidad en la que conste alguna de las incapacidades en términos del artículo 477, de la Ley Federal del Trabajo, o bien que cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por alguna institución pública conforme con la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Por su parte, respecto al tercer concepto de impugnación, la sala regional lo desestimó en razón que la información y documentación (comprobantes fiscales digitales) no evidencian que los gastos se hayan efectuado a consecuencia de la incapacidad de su esposa, al no desprenderse que estén relacionados directamente con la incapacidad o discapacidad de su cónyuge. Sin embargo, la sala regional no analizó en forma íntegra los indicados conceptos de impugnación (segundo y tercero), pues de la demanda de nulidad se pone de manifiesto que el ahora quejoso en su segundo concepto de impugnación precisó los argumentos con base en los cuales estima que no le aplica el tercer párrafo, de la fracción I, del artículo 151, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y, en el diverso tercer motivo de impugnación vertió diversas consideraciones para sustentar que tampoco le aplica el último párrafo de la citada disposición legal (fojas 7 a 16). Como se ve, la autoridad responsable prescindió en atender los conceptos de impugnación en los términos que le fueron planteados, pues no expuso los fundamentos y motivos por los cuales estimó que al accionante sí le resultaban aplicables los párrafos tercero y último, de la fracción I, del artículo 151, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, tal como lo hizo valer el aquí quejoso en su demanda de nulidad. Por tanto, es inconcuso que la sala responsable inobservó el contenido de los artículos 16 y 17, constitucionales, pues al pronunciar la sentencia reclamada, no analizó en forma íntegra los motivos de impugnación (exhaustividad). Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 2a./J. 163/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1482 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, que dice: (.) En las relatadas circunstancias, se ampara para efectos por vicios formales a Régulo González Nava, para que la autoridad responsable, Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. 1. Deje insubsistente la sentencia de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 399/17-28-01-3. 2. Emita una nueva sentencia, en la cual con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, en observancia a los principios de congruencia y exhaustividad, se pronuncie nuevamente sobre la procedencia de las pretensiones del accionante, interpretando los alcances del artículo 151, fracción I, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y resolviendo en forma íntegra los conceptos de impugnación; tomando en cuenta, entre otras consideraciones, las vertidas en la presente ejecutoria." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que realizó lo siguiente: 1) En auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la sentencia de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de origen (foja 138). 2) El dieciséis de abril de dos mil veintiuno emitió una nueva sentencia, en la cual, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, en observancia a los principios de congruencia y exhaustividad: a) Destacó la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del impuesto sobre la Renta, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, número 3857-F de ocho de septiembre de dos mil trece, anexo F (fojas 192 y 193). Así, sostuvo que el requisito consistente en el pago del servicio mediante tarjeta de crédito, débito o transferencia, se implementó por el legislador a fin de garantizar que las deducciones por conceptos de pagos de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios sean aplicados únicamente por las personas que efectivamente realizaron la erogación y que tienen el derecho a efectuarla; por tanto, precisó, es evidente que ésta debe ser realizada con tarjetas de crédito o débito a su nombre (foja 194 vuelta). En esas condiciones, consideró que el pago que realizaron JIRM y EGN, respecto de los gastos hospitalarios de la esposa del actor, que amparan los comprobantes fiscales digitales A2DF415B-2E7E-4F1-BA9F- 8A30156C75F8, D39A2741-8528-433B-961A08A96E541D78,1C5DC0B8-3F00-4657- 8E81-AC5AC0FDB7D9 y 2A2189AA-4D2B4DCF-BAB7-FD3F2645B2B9, impiden a la autoridad identificar plenamente la veracidad de esas operaciones y determinar si en realidad tiene derecho a ser beneficiado con la deducción correspondiente (foja 196 vuelta). b) Después de destacar el material de prueba ofrecido por el accionante para acreditar la procedencia de las deducciones de referencia (estados de cuenta y contratos mutuos), estableció que los mencionados comprobantes fiscales fueron pagados con las tarjetas de crédito de JIRM y EGN, a nombre del actor, por lo que, la deducción solicitada es improcedente, pues era necesario que el pago correspondiente se hubiera efectuado por medio de la tarjeta de crédito o debido del contribuyente, conforme al precepto 151, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Aunado a ello, señaló, la ley no impide que se requieran préstamos para pagar los gastos médicos u hospitalarios, empero, era necesario cumplir con la anterior exigencia. Al respecto, la sala regional estableció que es aplicable el principio de simetría fiscal (foja 203). c) Por cuanto hace a la aplicación de los párrafos tercero y último, del artículo 151, de la referida legislación, la sala responsable interpretó su contenido y tomó en cuenta la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en la Gaceta Parlamentaria LXIII/1PPO-40/58799. Con base a lo anterior, estimó que tal disposición legal tuvo como objetivo apoyar a los contribuyentes que tengan una discapacidad o incapacidad mayor al 50%, al representar un sector vulnerable (fojas 211 a 216). En esas condiciones, consideró que el requerimiento decretado por la enjuiciada al accionante relativo a demostrar la incapacidad de su cónyuge, lejos de perjudicarle, le benefició, toda vez que de haber demostrado tal aspecto, tuvo la posibilidad de acreditar las deducciones correspondientes (foja 217). 3) En esos términos, reconoció la validez de la resolución impugnada (foja 223). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues, de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a uno de junio de dos mil veintiuno. Se declara cumplido fallo protector. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada,1 sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto, como se hizo constar en la certificación de cuenta. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Así, se procede a analizar si la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. En sesión de catorce de enero de dos mil veintiuno, este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, advirtiéndose las siguientes consideraciones: "Hechas las anteriores precisiones, este Tribunal en Pleno estima, como lo alega la parte quejosa, que la sala responsable vulneró en su perjuicio el derecho humano reconocido en los artículos 16 y 17, constitucionales, pues en forma dogmática interpretó el artículo 151, fracción I, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin atender en forma íntegra a las alegaciones hechas valer en los conceptos de impugnación del demandante. En la resolución reclamada, específicamente en el considerando cuarto, la sala responsable calificó de infundado el primer concepto de impugnación, en los siguientes términos (fojas 334 a 340): (.) Transcripción de la cual se obtiene que la sala responsable sin exponer los fundamentos o criterios aplicables, estimó que del artículo 151, fracción I, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se desprendía que los gastos generados a través de una tarjeta de crédito para que pueden ser objeto de deducción, también debe estar a nombre del contribuyente. Así es, la sala regional no sólo estaba obligada a afirmar que de la interpretación de la disposición fiscal en mención, se advertía que la tarjeta de crédito, de débito, o de servicios también tenía que estar a nombre del contribuyente, para que los gastos generados a través de dicho medio, fueran susceptibles de deducción; sino que era indispensable que tal proceder lo apoyara en diversos criterios de los Tribunales Federales o bien en el proceso legislativo respectivo, para estar en condiciones de desentrañar en forma plena la intención del legislador. Lo anterior, si se toma en cuenta que la exigencia en cita expresamente no se dispone para las tarjetas de crédito, de débito, o de servicios, como se desprende del contenido de la disposición de referencia. (.) De ahí que, la autoridad responsable estaba obligada a realizar un análisis completo de la norma transcrita, acudiendo de ser necesario, al proceso legislativo correspondiente. Asimismo, la sala regional sostuvo en forma dogmática: - Al haberse efectuado algunos pagos con tarjeta de crédito a nombre del contribuyente, y otros de terceras personas, denota que el aquí quejoso tenía conocimiento de la exigencia para poder deducir sus gastos. - Los contratos de mutuo no son suficientes, pues en su caso se tuvo que transferir el dinero a la cuenta del contribuyente, para que se realizara el pago correspondiente. No obstante, como se hace patente, la sala responsable omitió precisar los fundamentos y motivos en los cuales apoyó su proceder en ese sentido; lo cual resultaba indispensable no sólo para que este órgano de amparo analizara dichas consideraciones, sino también para que el ahora quejoso estuviera en condiciones de controvertir tales argumentos. Aunado a ello, la sala responsable en los considerandos segundo y tercero de la sentencia reclamada, desestimó los conceptos de impugnación segundo y tercero, en atención a las razones que enseguida se precisan (fojas 345 a 348 y 350 a 352): (.) De lo anterior se obtiene que, en relación al concepto de impugnación segundo, la sala responsable lo desestimó en virtud que no se acredita que la esposa del ahora quejoso cuente con el certificado o constancia de incapacidad en la que conste alguna de las incapacidades en términos del artículo 477, de la Ley Federal del Trabajo, o bien que cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por alguna institución pública conforme con la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Por su parte, respecto al tercer concepto de impugnación, la sala regional lo desestimó en razón que la información y documentación (comprobantes fiscales digitales) no evidencian que los gastos se hayan efectuado a consecuencia de la incapacidad de su esposa, al no desprenderse que estén relacionados directamente con la incapacidad o discapacidad de su cónyuge. Sin embargo, la sala regional no analizó en forma íntegra los indicados conceptos de impugnación (segundo y tercero), pues de la demanda de nulidad se pone de manifiesto que el ahora quejoso en su segundo concepto de impugnación precisó los argumentos con base en los cuales estima que no le aplica el tercer párrafo, de la fracción I, del artículo 151, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y, en el diverso tercer motivo de impugnación vertió diversas consideraciones para sustentar que tampoco le aplica el último párrafo de la citada disposición legal (fojas 7 a 16). Como se ve, la autoridad responsable prescindió en atender los conceptos de impugnación en los términos que le fueron planteados, pues no expuso los fundamentos y motivos por los cuales estimó que al accionante sí le resultaban aplicables los párrafos tercero y último, de la fracción I, del artículo 151, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, tal como lo hizo valer el aquí quejoso en su demanda de nulidad. Por tanto, es inconcuso que la sala responsable inobservó el contenido de los artículos 16 y 17, constitucionales, pues al pronunciar la sentencia reclamada, no analizó en forma íntegra los motivos de impugnación (exhaustividad). Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 2a./J. 163/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1482 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, que dice: (.) En las relatadas circunstancias, se ampara para efectos por vicios formales a RGN, para que la autoridad responsable, Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. 1. Deje insubsistente la sentencia de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 399/17-28-01-3. 2. Emita una nueva sentencia, en la cual con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, en observancia a los principios de congruencia y exhaustividad, se pronuncie nuevamente sobre la procedencia de las pretensiones del accionante, interpretando los alcances del artículo 151, fracción I, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y resolviendo en forma íntegra los conceptos de impugnación; tomando en cuenta, entre otras consideraciones, las vertidas en la presente ejecutoria." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que realizó lo siguiente: 1) En auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la sentencia de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de origen (foja 138). 2) El dieciséis de abril de dos mil veintiuno emitió una nueva sentencia, en la cual, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, en observancia a los principios de congruencia y exhaustividad: a) Destacó la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del impuesto sobre la Renta, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, número 3857-F de ocho de septiembre de dos mil trece, anexo F (fojas 192 y 193). Así, sostuvo que el requisito consistente en el pago del servicio mediante tarjeta de crédito, débito o transferencia, se implementó por el legislador a fin de garantizar que las deducciones por conceptos de pagos de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios sean aplicados únicamente por las personas que efectivamente realizaron la erogación y que tienen el derecho a efectuarla; por tanto, precisó, es evidente que ésta debe ser realizada con tarjetas de crédito o débito a su nombre (foja 194 vuelta). En esas condiciones, consideró que el pago que realizaron JIRM y EGN, respecto de los gastos hospitalarios de la esposa del actor, que amparan los comprobantes fiscales digitales ***, impiden a la autoridad identificar plenamente la veracidad de esas operaciones y determinar si en realidad tiene derecho a ser beneficiado con la deducción correspondiente (foja 196 vuelta). b) Después de destacar el material de prueba ofrecido por el accionante para acreditar la procedencia de las deducciones de referencia (estados de cuenta y contratos mutuos), estableció que los mencionados comprobantes fiscales fueron pagados con las tarjetas de crédito de JIRM y EGN, a nombre del actor, por lo que, la deducción solicitada es improcedente, pues era necesario que el pago correspondiente se hubiera efectuado por medio de la tarjeta de crédito o debido del contribuyente, conforme al precepto 151, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Aunado a ello, señaló, la ley no impide que se requieran préstamos para pagar los gastos médicos u hospitalarios, empero, era necesario cumplir con la anterior exigencia. Al respecto, la sala regional estableció que es aplicable el principio de simetría fiscal (foja 203). c) Por cuanto hace a la aplicación de los párrafos tercero y último, del artículo 151, de la referida legislación, la sala responsable interpretó su contenido y tomó en cuenta la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en la Gaceta Parlamentaria LXIII/1PPO-40/58799. Con base a lo anterior, estimó que tal disposición legal tuvo como objetivo apoyar a los contribuyentes que tengan una discapacidad o incapacidad mayor al 50%, al representar un sector vulnerable (fojas 211 a 216). En esas condiciones, consideró que el requerimiento decretado por la enjuiciada al accionante relativo a demostrar la incapacidad de su cónyuge, lejos de perjudicarle, le benefició, toda vez que de haber demostrado tal aspecto, tuvo la posibilidad de acreditar las deducciones correspondientes (foja 217). 3) En esos términos, reconoció la validez de la resolución impugnada (foja 223). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues, de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Se recibe y agrega el oficio de cuenta, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, remite copia certificada de la sentencia de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dictada por la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con copia certificada de éste a las partes quejosa y terceros interesados, así como con el diverso ***, y su respectivo anexo, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. Notificación que habrá de realizarse a las partes en términos del artículo 26, fracción III (lista), con excepción de aquellas que tengan que efectuarse por oficio. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el oficio SEADS/239/2021, de diecisiete de marzo de la presente anualidad signado por el Secretario Ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del uno de abril anterior, este Tribunal Colegiado se encuentra integrado por los Magistrados José Daniel Nogueira Ruiz, Miguel Nahim Nicolás Jiménez y José Manuel Vélez Barajas, el primero en sustitución del Magistrado Jesús Díaz Guerrero.
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