Régulo González Nava
Expediente 1297/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1297/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Régulo González Nava
Actuaciones
- Principal
Vistos los presentes autos y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de noviembre de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para los efectos legales procedentes.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta a través del cual el quejoso Régulo González Nava, manifiesta dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de diecisiete de noviembre del año en curso, y al respecto señala a qué autoridades les atribuye el acto reclamado, siendo éste el acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, emitido en el expediente P.R.A 91/2016/DJ/DRA, relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa del índice de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, del que emana el acto reclamado. De igual forma, precisa el estado en el que se encuentra dicho procedimiento (etapa de instrucción, procedimiento en el cual aún no se ha acordado lo relativo a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por el aquí quejoso). Por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento formulado al quejoso en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis y en consecuencia, se provee: En ese sentido, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Expuesto lo anterior, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que el quejoso reclama el siguiente acto: El acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis dictado dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A. 91/2016/DJ/DRA. Ahora, para mejor comprensión en el sentido de la presente resolución, se estima necesario realizar una breve relación de los antecedentes que integran el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A. 91/2016/DJ/DRA del que emanan los actos reclamados, lo cuales se advierten de las constancias derivadas del mismo, remitidas en copia certificada el Contralor del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos (fojas 24 a 63), siendo éstos los siguientes: El veinte de julio de dos mil dieciséis, en atención al contenido de las actuaciones del expediente de queja administrativa QyD. 66/2016/DJ/DRA, el Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, determinó formar e integrar el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A. 91/2016/DJ/DRA, con el fin de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa a los presuntos infractores, entre los cuales se encuentra el quejoso Régulo González Nava (fojas 28 a 30). De igual forma, en dicha acuerdo determinó que se informara a los presuntos infractores, para que se presentaran el uno de agosto de dos mil dieciséis, a fin de llevarse a cabo la audiencia prevista en la fracción II del artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. En la fecha mencionada (uno de agosto de dos mil dieciséis), el aquí quejoso Régulo González Nava, compareció ante la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para llevar a cabo el desahogo de la diligencia correspondiente, en la cual se hizo de su conocimiento la queja que existe en su contra y se dio lectura a las actuaciones que integran el procedimiento de origen (fojas 33 y 34). Posteriormente, en acuerdo de once de agosto de dos mil dieciséis, la Contraloría señalada como responsable tuvo por recibido el escrito de ocho de ese mes y año, a través del cual el quejoso Régulo González Nava, dio contestación a los hechos que se le atribuyen en el procedimiento de responsabilidad administrativa del que emana el acto reclamado (foja 38). Seguido el trámite correspondiente, a través del escrito presentado el dieciséis de agosto del año en curso ante la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, el aquejoso Régulo González Nava, ofreció como prueba superviniente la documental pública consistente en el acta de cierre de quince de junio de dos mil quince (fojas 40 a 44). En atención al escrito señalado en el punto que antecede, en acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, el Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, determinó no tener por admitida la prueba ofrecida por el referido presunto infractor; y en consecuencia, procedió a desechar dicha probanza (foja 45). Inconforme con la anterior determinación, el presunto infractor y aquí quejoso Régulo González Nava, interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo (veinte de septiembre de dos mil dieciséis) señalado en el punto precedente (foja 46 a 54). Medio de impugnación que se tuvo por recibido en acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, en el cual, la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, determinó desechar el referido recurso de revocación, al estimar que su presentación se realizó de forma extemporánea (fojas 59 a 61), siendo éste el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Expuesto lo anterior, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta el quejoso, deriva de la circunstancia de que el acuerdo de catorce de octubre de la presente anualidad, dictado por el Contralor del Ejecutivo y la Directora Jurídica de dicha Contraloría, en el cual se desechó el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra de la diversa resolución de veinte de septiembre de dos mil dieciséis dictada dentro del procedimiento administrativo P.R.A.91/2016/DJ/DRA, no produce efectos de imposible reparación a las partes, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, en la ley de amparo vigente, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Para poder explicar lo anterior, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al deliberar y votar la contradicción de tesis 377/2013 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, una mayoría de seis ministros se pronunció, en lo que interesa, en los siguientes términos: ... De la anterior transcripción se desprende que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de seis votos, determinó que de conformidad con la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa señalada en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Lo anterior, pues el acto reclamado en el presente juicio consiste en el acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A. 91/2016/DJ/DRA del índice de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en el cual se desechó el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra de la diversa resolución de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, siendo que en ésta última, fue desechada la prueba documental pública, que el presunto infractor y aquí quejoso ofreció como superveniente en dicho procedimiento. En ese sentido, puede advertirse que dicha actuación, sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de una resolución adversa a los intereses de la parte promovente, por lo que debe concluirse que dicho acuerdo -en el que se desecha el recurso de revocación-, no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, puesto que el medio de impugnación en comento (recurso de revocación), fue interpuesto en contra de la diversa resolución en la cual se desechó la prueba superveniente ofrecida en el procedimiento administrativo de origen por el aquí quejoso. Así, la materia del procedimiento reclamado es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, pues únicamente tiene efectos procesales relacionados con el trámite del procedimiento de origen (desechamiento de prueba), que bien podría repararse si la resolución definitiva resulta favorable a las pretensiones del inconforme, o en caso contrario, controvertir la posible violación cometida al momento de impugnar aquélla resolución definitiva. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-; por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno respectivos.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio con anexo remitido por el Contralor del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, por el que da cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado en auto de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado al quejoso para desahogar la prevención que le fue formulada en ese mismo auto. Por otra parte, tomando en consideración que la autoridad oficiante solicita la devolución de la copia certificada que anexa, autorizando a las personas que refiere, para que le sea entregada la misma; con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de dicha constancia, previo recibo y toma de razón que obre en autos, dejando en el expediente copia certificada de la misma. De igual forma, por lo que respecta al domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, dígasele que en términos del artículo 28, de la Ley de Amparo, a la autoridad responsable se le notifica en el domicilio de su oficina principal.
- Principal
Vista la demanda que promueve Regulo González Nava, por propio derecho, contra actos del Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1279/2016-I. Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran los establecidos en las fracciones III, IV y V que a la letra dicen: ... Del precepto legal transcrito se desprende, que el promovente se encuentra obligado a señalar las autoridades responsables y actos reclamados que de cada una reclame, pues ello constituye información indispensable para que el Juez de Distrito esté en posibilidad de requerir, en su caso, sus correspondientes informes justificados y se esté en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos que se les atribuyen. Además, de que la demanda de amparo fija la Litis constitucional. Al respecto, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: ... Sin embargo, de la anterior transcripción, no se advierte claramente cuáles son los actos que de cada autoridad reclama. Lo anterior, genera incertidumbre toda vez que en el capítulo de actos reclamados, menciona la resolución de tres de octubre de dos mil dieciséis, dictada por las responsables en el expediente de P.R.A91/2016/DJ/DRA, relativo al procedimiento administrativo que se le instruye por el Contralor del Ejecutivo; sin embargo, del capítulo de autoridades responsables, señaló al Contralor del Ejecutivo y Director Jurídico de la Contraloría del Ejecutivo sin atribuirles un acto en específico. Asimismo, existe incongruencia respecto del acto reclamado en la presente instancia constitucional, pues en el capítulo del acto reclamado señala como tal la resolución de tres de octubre de dos mil dieciséis, emitido en el expediente P.R.A 91/2016/DJ/DRA; sin embargo en líneas posteriores de su demanda para mayor precisión en el apartado de antecedentes; el quejoso refiere que interpone el presente juicio en contra del acuerdo de catorce de octubre del presente año. De igual forma de la demanda, no se aprecia que el quejoso señale la etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A91/2016/DJ/DRA del índice de la Contraloría del Ejecutivo. En ese tenor, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción V, 108, fracciones III, V y IV, y 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente del amparo, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad señale: El acto que de cada autoridad reclama en la presente instancia constitucional. La etapa en la que se encuentra el procedimiento administrativo. Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos señalados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el penúltimo párrafo, del artículo 114 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que deberá acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes en el juicio. Ahora, tomando en consideración que el domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa (Calle Hidalgo número quince, Municipio de San Damián Texoloc, Estado de Tlaxcala) se encuentra ubicado fuera de la residencia de este juzgado; en consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a efecto de que notifique personalmente la presente resolución del quejoso y le requiera para que dentro del término de tres días señale domicilio en esta ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, para oír y recibir notificaciones, ante este juzgado federal, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por lista, atento a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Por otra parte se tiene como autorizado a Neftalí González Nava, en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo, en virtud de que su cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Eloina González Nava, Neftalí González Hernández y Regulo González Domínguez, por no contar con el registro en mención. Para mejor proveer, en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Contralor del Ejecutivo de la Contraloría del Ejecutivo en el Estado de Tlaxcala, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informe el estado procesal que guarda el expediente P.R.A 91/2016/DJ/DRA, de su índice, debiendo remitir para ello copia certificada de las constancias que acrediten su dicho; apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo.
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