Regla De La Caridad Balmori Alvarez

Expediente 1662/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1662/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Regla De La Caridad Balmori Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente por haberse concedido la suspensión de plano, es conservable, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General.

  2. Principal

    ...se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós... "Visto el estado de autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, este juzgado procede a pronunciarse al respecto, con base a las constancias obrantes en autos. Por tanto, se considera que el fallo protector dictado en el presente juicio quedó totalmente cumplido y no existe defecto o exceso en su cumplimiento."

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, catorce de octubre de dos mil veintidós. Apertura incidente de suspensión. Como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 136, 138, 139, 140, 142 y 144 de la Ley de Amparo, fórmese por separado y duplicado el presente incidente de suspensión 507/2022-8, promovido por Gilberto Covelli Gómez, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Audiencia incidental. Por otra parte, se señalan las nueve horas con ocho minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental. Informe previo Pídase informe previo, a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con el artículo 138, fracción III, en relación con el 140, ambos de la Ley de Amparo, mismo que deberán de rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir del momento de su notificación, enviándoles al efecto copia simple de la demanda, apercibiéndolas además que de no rendir dicho informe en el plazo indicado, se aplicará en su caso una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 238 y 260 fracción II de la ley en cita. Suspensión. Ahora bien, respecto a los actos que medularmente reclama la parte quejosa de las autoridades responsables es lo siguiente: ".ACTO RECLAMADO: 1.- LA DETERMINACIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECUSACIÓN, resolución emitida por los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, Licenciados J. JESÚS ESPINOZA OROZCO, MARIA DOLORES MORENO ROMERO y JORGE ARMANDO VASQUEZ, en razón de no considerar que se encuadrara alguna causal por parte del Juez de Control del Estado, con sede en Ensenada, Lic. Ernesto Flores Gallegos." Ahora, el precepto 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. [.]" Luego, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos que deben concurrir para decretarse la suspensión, siendo éstos, básicamente: Que la solicite el agraviado. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." De la lectura de los citados dispositivos legales se desprenden los requisitos que deben colmarse para que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, a saber: 1. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; 2. Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación); 3. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, tomando en consideración que el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado para efecto de que no se desahoguen las audiencias de solicitud de restitución y de impugnación señaladas para las diez horas del veintiocho de julio y para las diez horas del uno de agosto, ambas de dos mil veintidós, por el Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con sede en Ensenada, relativo al relativo al cuadernillo preliminar 360/2021, no se satisface el tercero de los requisitos, ya que con su otorgamiento, se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, tomando en consideración que por orden público se entiende el sistema de norma de mayor importancia para conservar y encausar el orden en la sociedad y, por interés social, la intención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables. Por lo anterior, para decidir lo relativo a la suspensión provisional del acto reclamado, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la medida cautelar, supuesto contemplado en la fracción II del artículo 128 de la legislación de la materia; estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y desde luego sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de suspensión. En ese sentido, conceder la suspensión implicaría detener la prosecución del procedimiento o investigación que se sigue en el cuadernillo preliminar 360/2021, lo que sin duda ocasionaría un perjuicio al interés social y contravendría disposiciones de orden público. Además, no existe disposición que otorgue al quejoso la potestad para oponerse a la continuación del procedimiento penal, ya que por su naturaleza es de orden público, en la medida que tiene como fin esencial investigar y sancionar aquellas conductas que puedan ser constitutivas de un hecho delictuoso, por lo que la sociedad está interesada en su prosecución; motivo por el que no es viable paralizar su desarrollo con la concesión de la suspensión provisional, porque se afectarían fases o etapas subsecuentes al acto reclamado. Cobra aplicación a lo anterior, por las razones que la sustenta, la tesis aislada de la Primera Sala, Quinta Época, registro 807910, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXV, página: 646, cuyo texto y rubro son los siguientes: "PROCEDIMIENTO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION CONTRA SU PARALIZACION. Siendo el procedimiento de orden público, no es posible suspenderlo, y este criterio no debe restringirse solamente por lo que hace al orden penal o a los seguidos conforme a la Ley Federal del Trabajo, sino que debe abarcar todos los procedimientos que se consideran en cualesquiera de sus aspectos, como de orden público, en razón de que a través de ellos, el Estado establece el orden perturbado, cuando se impide a alguien el ejercicio de un derecho; por lo mismo, no es exacto que en forma violenta se quieran incluir, en esa tesis, los procedimientos que se refieren a cuestiones patrimoniales de carácter civil, porque el Estado tiene interés en que los litigios se resuelvan pronta y debidamente y para esto es indispensable que los procedimientos sigan su curso normal en los plazos y términos que fija la ley, como de una manera categórica lo establece el artículo 17 de la Constitución Federal." De igual forma, por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia 1a./J. 84/2019 (10a.), de la Primera Sala, Décima Época, registro 2021264, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I Materia Penal, Común, página: 288, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL FISCAL SE ABSTENGA DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE EXISTEN DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE CELEBRE LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la posibilidad de que se conceda la suspensión del acto reclamado para mantener viva la materia del amparo, evitando al quejoso los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle durante la sustanciación del juicio. En ese sentido, el artículo 150 de la Ley de Amparo establece que la suspensión deberá concederse de tal forma que no impida la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado hasta dictarse resolución firme en él; sin embargo, como excepción a dicha regla, para determinar si la suspensión puede tener como efecto paralizar el procedimiento, debe analizarse si el daño que pueda causar la violación al quejoso es irreparable. Ahora bien, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos u omisiones del fiscal en la investigación inicial que atenten contra el derecho de defensa del investigado y éste solicite la suspensión provisional, no procede conceder dicha medida cautelar, toda vez que su concesión obstaculizaría la continuación del proceso penal sin estar justificado el daño irreparable al quejoso, aunado a que no se ocasiona un perjuicio irreparable a sus derechos fundamentales, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 218 y 219 garantiza el derecho de defensa, pues permite varios momentos en los que el investigado puede imponerse de la carpeta de investigación, particularmente cuando, convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la debida oportunidad para preparar su defensa. Máxime que, en la etapa de investigación inicial del proceso penal, en la que se desarrollan tales actos, el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que, con la judicialización de la carpeta, transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez sea quien tutele, entre otros, el referido derecho fundamental. Además, una eventual paralización del inicio del proceso penal puede incidir negativamente en el derecho de reparación de las víctimas de delito, debido a que esa medida evita que continúe el proceso y retarda la posibilidad de que les sea reparado el daño ocasionado y que conozcan la verdad de lo sucedido desde la perspectiva de una "reparación integral". De ahí, que se niegue la suspensión provisional del acto reclamado. Notificaciones De conformidad con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que de ser necesario, las diligencias derivadas del presente asunto las puedan llevar a cabo en días y horas inhábiles. Notificaciones respecto a los diferimientos Se instruye al actuario judicial adscrito para que los posibles diferimientos de la audiencia incidental, se notifiquen a las partes en el presente asunto por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de Federal, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 fracción I, de la ley de la materia, prevé expresamente los supuestos en que el órgano de control constitucional está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia incidental no se precisó como uno de los casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que este tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Igual razonamiento se efectúa respecto a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercera interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que, si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que las que se realizan en forma personal a la partes; es inconcuso que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26 fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficios a las autoridades responsables para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional; ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia incidental en el presente asunto, la notificación de dicho auto se realizará únicamente a través de lista publicada en los estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal; ello, con independencia de que si dicho auto contuviere algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación que corresponda. Notifíquese.

  4. Principal

    Intégrese a los autos el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 433/2022, mismo orden, relativo al presente juicio de amparo; sin que sea necesario acusar el recibo de estilo, en virtud de que éste lo genera automáticamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad exhortante obra la notificación personal a los quejosos ****, del proveído de veintisiete de septiembre de la anualidad, dictado en los presentes autos, del que se advierte que si ratifican la demanda presentada a su favor, y designan como representante común a ****, las que se agregan para constancia. Por lo que, se continúa con el trámite del presente asunto, en los términos planteados en el escrito inicial de demanda y auto admisorio de dieciocho de julio de dos mil veintidós. Por otra parte, gírese oficio a la Defensoría Pública del Estado, en esta ciudad, para que de no tener inconveniente alguno, en un término de tres días designe asesor jurídico con el propósito que represente a los quejosos ****, quienes se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noreste" con sede en el Rincón municipio de Tepic, Nayarit, única y exclusivamente por lo que se refiere al presente juicio de amparo. Lo anterior, con el objeto de garantizar que los quejosos cuenten con asistencia de un abogado que permita que los citados quejosos puedan ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, prevista en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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