Regino Martín Morales Luna.

Expediente 279/2019 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
279/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
06/12/2019

Partes del expediente

  • Regino Martín Morales Luna.
  • Edna Yadira Castillo Flores.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Amparo en revisión

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a seis de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos y atento al contenido del proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se analiza sobre el cumplimiento a la ejecutoria informado por la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo; sin que las partes hubieran hecho manifestación alguna. Atendiendo a lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, de ahí que cuando en una sentencia el órgano de control constitucional concede la protección de la Justicia Federal, tiene la obligación de notificar esa determinación a la autoridad responsable y a su superior jerárquico, e incluso a cualquier otra autoridad vinculada con su cumplimiento, a fin de que dichas autoridades, dentro de los límites de su respectiva competencia, realicen todos los actos que resulten necesarios para dar cumplimiento a la sentencia protectora. Así, una vez que la autoridad responsable informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia, el órgano de control constitucional, después de dar vista a las partes con lo informado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y en su caso, para que aleguen el defecto o exceso en el cumplimiento, tiene la obligación ineludible de examinar si dicha ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, pronunciándose al respecto. Ahora bien, en la ejecutoria dictada en sesión de catorce de octubre de dos mil diecinueve, por este Tercer Tribunal Colegiado, en la parte conducente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "1. Dejar insubsistente la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente agrario 236/2018-55. 2. Emitir otra en la que siguiendo los lineamientos establecidos por este tribunal de amparo, determine que la posesión de la parcela 984, ubicada en la zona de "Cinta Larga", del poblado de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, por parte de Ignacio Tovar Martínez, no fue de manera pública durante el periodo de cinco años al tratarse de una posesión de buena fe. 3. En consecuencia, con plenitud de jurisdicción, vuelva a pronunciarse respecto de la acción plenaria de posesión, intentada por el aquí quejoso José Bautista Mendoza; en el entendido que deberá considerar que el contrato de cesión de derechos agrarios de uno de agosto de dos mil doce, está investido de nulidad relativa al no haberse configurado la prescripción en los términos precisados a lo largo de esta ejecutoria.". Atento al fallo protector, el Tribunal Agrario responsable, mediante oficio TUA/UAJ/2651/2019 remitió copia certificada del auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual, en cumplimiento al punto uno del fallo protector, dejó insubsistente la sentencia reclamada de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Luego, mediante diverso oficio TUA/UAJ/2689/2019 acompañó por triplicado, copia de la sentencia emitida el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dictada en cumplimiento a la sentencia de garantías, de la cual se desprende que dio cumplimiento al punto dos de los efectos del amparo concedido por este cuerpo colegiado, ya que determinó que Ignacio Tovar Martínez no poseyó de manera pública la parcela 984, ubicada en la zona de Cinta Larga, del poblado de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo y, como consecuencia, determinó improcedente la acción de prescripción adquisitiva que intentó. Sin embargo, no dio cumplimiento al punto tres de los efectos del amparo concedido, en el cual se precisó que con libertad de jurisdicción analizara si era procedente o no la acción plenaria de posesión intentada por José Bautista Mendoza, pero para ello debía considerar que el contrato de cesión de derechos agrarios de uno de agosto de dos mil doce, está investido de nulidad relativa al no haberse configurado la prescripción adquisitiva por parte de Ignacio Tovar Martínez respecto de la parcela en comento. Para sustentar lo anterior, se dijo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a/J.79/2016, señaló que el contrato de cesión derechos parcelarios se encuentra afectado de nulidad relativa cuando el adquiriente carece de la calidad de ejidatario o avecindado del núcleo de población ejidal. Por tanto, el Tribunal responsable debió considerar que tal acto jurídico está investido de nulidad relativa y no limitarse a señalar que le está vedado determinar la nulidad porque José Bautista Mendoza no ejerció tal acción; ello porque soslayó que el aquí quejoso desde que dio contestación a la demanda le hizo valer la "excepción que establece el artículo 16 de la Ley Agraria en vigor, porque el actor no acreditó ser avecindado del ejido del poblado de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, ni mucho menos tener la calidad de ejidatario", la cual, evidentemente la interpuso porque quería poner en tela de juicio la calidad con la que Ignacio Tovar Martínez celebró el contrato de cesión de derechos agrarios de uno de agosto de dos mil doce, esto es, sin tener la calidad de ejidatario o avecindado. De modo que, si el propio Tribunal Agrario analizó el aludido contrato para determinar la procedencia o no de la acción intentada por Ignacio Tovar Martínez, es claro que no le podía ser ajena tal excepción; máxime que existe jurisprudencia del Máximo Tribunal del País que ha resuelto el problema jurídico de que se trata y que, por tanto, resulta de observancia obligatoria. Entonces, no es posible tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que, se itera, el Tribunal Agrario debía considerar que el contrato de cesión de derechos agrarios de uno de agosto de dos mil doce, está investido de nulidad relativa al no haberse configurado la prescripción adquisitiva por parte de Ignacio Tovar Martínez, para enseguida, con libertad de jurisdicción, analizar si era procedente o no la acción plenaria de posesión intentada por José Bautista Mendoza. Así, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco, para el efecto de que en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de que sea notificada de la presente resolución, remita en copia certificada las constancias que acrediten el debido cumplimiento a la sentencia constitucional. Apercibida dicha autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento oportuno, con fundamento en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida de actualización (UMA), conforme a lo dispuesto por el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se procederá conforme a lo previsto en los dispositivos 192, 193 y 196 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  2. Amparo en revisión

    De la cuenta que antecede, se advierte que la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, autorizó el auxilio a este tribunal colegiado por parte del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, y que el presente asunto se ubica en la lista de expedientes que generó el Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares. En mérito de lo anterior, remítase al Tercer Tribunal Colegiado Auxiliar en comento, los autos originales del expediente en el que se actúa, así como el (los) anexo (s) correspondiente (s), solicitándose el acuse de recibo correspondiente. Sin que haya lugar a formar cuaderno de antecedentes con las copias de las constancias que integran el mismo, en virtud de que éstas ya obran en el expediente electrónico, en términos de lo establecido por el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 15 y 16 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal. Finalmente, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  3. Amparo en revisión

    --- Se admite el RECURSO DE REVISIÓN... Finalmente conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información, en relación a los artículos 5 y 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente únicamente en cuanto hace a datos personales y archivo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que tiene bajo su resguardo este órgano colegiado, es pública, con las salvedades expresamente establecidas quedando regulado el presente asunto con las disposiciones contenidas en dicha ley.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de destrucción los expedientes relativos a juicios de amparo directo y en revisión, en los que únicamente se haya sobreseído; por tal motivo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de cinco años de haberse ordenado su archivo.

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