Regina Vianey Torres Ortiz

Expediente 1544/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1544/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Regina Vianey Torres Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee: agréguese a los autos el escrito de la quejosa *****, con el que solicita la devolución de los documentos que exhibió con su demanda de amparo. Por lo anterior, y toda vez que no existe impedimento legal alguno, se accede a la petición de la promovente, por lo que devuélvanse los documentos que presentó, por el conducto que indica, previa identificación y constancia de recibo que se deje en autos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Visto la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo, no interpuso el recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo que se desechó la demanda de amparo en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". Notifíquese.

  3. Principal

    CITATORIO.- MESA VIII.- Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Radicación. Con el original de la demanda fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 1544/2023-VIII y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama de las responsables: Del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con sede en esta ciudad, el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el que se impuso una multa por la cantidad de $15,561.00 (quince mil quinientos sesenta y un pesos con cero centavos), en relación al recurso de revisión marcado con el número de expediente 117/2022, relativo a la solicitud de acceso 310574221000042, así como el mandamiento de ejecución de once de mayo del año en curso, relativo al cobro de la citada multa. Y de la Directora de Recaudación de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad, el cobro de la multa de referencia y el acta de requerimiento de pago y embargo. Ahora bien, por cuanto al primer acto se refiere, se desprende que en el apartado quinto de los antecedentes del acto reclamado, la quejosa bajo formal protesta de decir verdad, indicó que el once de abril de dos mil veintitrés, le fue notificado a su correo electrónico oficial, el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, relativo al recurso de revisión marcado con el número de expediente 117/2022, en el cual se hace mención al incumplimiento de la solicitud de acceso 310574221000042, acordando aplicarle la medida de apremio consistente en la multa de ciento cincuenta Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $15,561.00 (quince mil quinientos sesenta y un pesos con cero centavos). Por lo que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa presentó en forma extemporánea la demanda de que se trata. En efecto en el apartado quinto de los antecedentes del acto reclamado, la quejosa bajo formal protesta de decir verdad, indicó que el once de abril de dos mil veintitrés, le fue notificado a su correo electrónico oficial, el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, relativo al recurso de revisión marcado con el número de expediente 117/2022, en el cual se hace mención al incumplimiento de la solicitud de acceso 310574221000042, acordando aplicarle la medida de apremio consistente en la multa de ciento cincuenta Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $15,561.00 (quince mil quinientos sesenta y un pesos con cero centavos), por lo que al día en que presentó la demanda de amparo (veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés), mediante buzón judicial en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, ya había fenecido el término a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, dispone, el juicio de amparo es improcedente: "Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, el artículo 17 y 18 de la ley de la materia, establece: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general auto aplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De una correcta y adecuada interpretación del artículo 18 de la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que el legislador quiso fijar diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, salvo las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, que prevén: Cuando se reclame una norma autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; Cuando sea la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Así, se tiene que los tres medios que en el dispositivo de que se trata se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, son: la notificación, el conocimiento o la confesión. Al respecto, importa destacar que no entender de esta manera o interpretar de un modo distinto el contenido del numeral en comento, implicaría que el término de quince días a que se refiere empezara a contarse al día siguiente de aquél en que por cualquier medio o circunstancia el quejoso hubiera tenido conocimiento del acto reclamado. Empero, la misma diferencia específica entre los conceptos utilizados por el legislador en la enumeración de las tres formas por medio de las cuales el agraviado se puede enterar legalmente de un acto de autoridad, es la que debe servir para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. De la transcripción del artículo 18 de la Ley de Amparo se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. ...En tal virtud, si el acuerdo reclamado fue dictado dentro del procedimiento de ejecución de laudo, y no constituye la resolución que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo procedente es desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizado. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el señalado en su escrito y como sus autorizados, con las limitaciones a las que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Leny Georgina Rodríguez Chan y Manuel Isaac Esteva Lope, toda vez que no acreditaron encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, ni se encontró registrada su cédula ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante este Juzgado y este asunto versa en materia administrativa. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas que ofrece la parte quejosa, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en sus propios términos dada su especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en la audiencia constitucional relativa. Exhortación a las partes Asimismo, se exhorta a las partes a que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. En el caso de las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede. A que en su primera comparecencia proporcionen los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea. Medios electrónicos Este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que las partes en el presente juicio, obtengan la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto. Transparencia Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Expediente electrónico Conforme al artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena integrar cronológicamente el expediente electrónico, con las constancias que señala el referido acuerdo. Habilitación de días y horas inhábiles Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo que dispone el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuar las diligencias respectivas. Supresión de impresión. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese personalmente.

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