Regina Vázquez López

Expediente 281/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
281/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
14/06/2021

Partes del expediente

  • Regina Vázquez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA 2. VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Regina Vázquez López, hubiera recurrido la sentencia dictada el tres de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto: se integra a los autos el oficio enviado vía correo institucional por el Director del Centro de Readaptación Social de Tenosique, Tabasco, al cual adjuntó el diverso 602/S, suscrito por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento en la Región Judicial Tres de Jalapa, Tabasco, con el que le notificó la sentencia y la boleta de libertad por declararse compurgada la pena de MARIA GUADALUPE HERNÁNDEZ JIMÉNEZ O REGINA VÁZQUEZ LÓPEZ y otro, únicamente por la causa 147/2019, por el delito de Robo en Lugar Abierto al Público y de Vehículo con Violencia y en Pandilla, por lo que a las veinte horas del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, realizó los trámites administrativos correspondientes, y se dio el debido cumplimiento a la boleta de libertad de la aquí impetrante; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la constancia levantada por la Actuaria de este juzgado, de la que se desprende la imposibilidad para notificar a la quejosa Regina Vázquez López, respecto de la sentencia dictada en este expediente de tres de mayo de dos mil veintiuno, ordenada mediante proveído de veinticuatro de los actuales, toda vez que fue informada vía whatsApp enviado por el licenciado Manuel de Jesús de Dios Pérez, asesor Jurídico del Centro de Readaptación Social de Tenosique, Tabasco, del oficio CRSTQ/ADM/0772/2021, signado por Amadeo González Asmitia, Director del referido Cereso de Tenosique, Tabasco, del que se advierte lo siguiente: "Por medio del presente escrito, me permito informarle que el día 17 de mayo del 2021, a través del oficio número 602/S, signado por el Lic. Jesús Vázquez Torres, Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento en la Región Judicial Tres, con sede en Jalapa, Tabasco, se nos notificó la sentencia y la boleta de libertad por declararse compurgada la pena de MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ JIMÉNEZ O REGINA VÁZQUEZ LÓPEZ Y/O únicamente por la causa penal 147/2019 y delito de Robo en Lugar Abierto al Público y de Vehículo con Violencia y en Pandilla, por lo que siendo las 20:00 horas del diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno, se realizaron los trámites administrativos correspondientes y se dio el debido cumplimiento a la boleta de libertad."; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. En consecuencia, notifíquese a la quejosa de mérito, el presente acuerdo, así como la sentencia a que se alude por lista de acuerdos, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, así como los subsecuentes proveídos aún los de carácter personal. Notifíquese y cúmplase. SENTENCIA En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con veinticinco minutos del tres de mayo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 281/2021-2, promovido por Regina Vázquez López. A continuación, el Secretario certifica que en cumplimiento al auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficios 7914/2021 y 7915/2021, se solicitó informe justificado al Doctor Marco Antonio López Montejo, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social Clínica Número 4 y Director del Centro de Reinserción Social, ambos de Tenosique, Tabasco, los cuáles recibieron el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, lo cual se corrobora de la consulta de la página electrónica https://www.estafeta.com/ Herramientas/Rastreo; por lo que el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto trascurrió del treinta de marzo al diecinueve de abril de dos mil veintiuno, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado; sin que rindieran su informe respectivo. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario certifica que la parte quejosa no ofreció pruebas; asimismo, da cuenta con las documentales exhibidas por el Asesor Jurídico del Centro de Reinserción Social de Tenosique, Tabasco, por ausencia de su Director, consistente en copia simple de la hoja de valoración médica expedida el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por el doctor Omar de Jesús Castellanos Marenco, médico adscrito al referido centro penitenciario a favor de la quejosa Regina Vázquez López (foja 33); copia simple de la cita para consulta de especialidad en ginecología para el día veintinueve de marzo de la presente anualidad, expedida por el doctor Gerardo Ramírez (foja 34); copia simple de los resultados de laboratorio clínico consistentes en exámen de biometría hemática, grupo y factor RH, exámen general de orina, expedidos por la químico farmacobiologo Cristell Alejandra Canche López, adscrita al hospital comunitario de Tenosique, Tabasco, a favor de la referida quejosa (foja 35 a 37); copia simple del oficio número 2808036100/10/2021, de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, expedida por el doctor Marco Antonio López Montejo, adscrito al Hospital General de Subzona con M. F. 4 (foja 38); de igual forma, con las documentales exhibidas por el Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado de la Delegación Estatal Tabasco del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, consistentes en copia simple del triage y nota inicial del servicio de urgencias de veinticuatro de marzo del dos mil veintiuno (foja 47), así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana foja 45. Al respecto el juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que las partes no hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el juez de distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 281/2021-2 promovido por Regina Vázquez López, contra actos del Doctor Marco Antonio López Montejo, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social Clínica Número 4, en Tenosique, Tabasco, y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 4, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional en la misma fecha, Regina Vázquez López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA Doctor Marco Antonio López Montejo, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social Clínica Número 4, en Tenosique, Tabasco. EJECUTORA Director del Centro de Reinserción Social de Tenosique, Tabasco. ACTO RECLAMADO La negativa de otorgarle atención médica especializada. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno (foja 9 a 16), se registró la demanda de que se trata con el expediente 281/2021-2, y se admitió la demanda de que se trata, se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La negativa de otorgarle atención médica especializada. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Doctor Marco Antonio López Montejo, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social Clínica Número 4 y Director del Centro de Reinserción Social, ambos de Tenosique, Tabasco, omitieron rendir sus respectivos informes justificados que se les solicitó mediante proveído de diecinueve de marzo del presente año, no obstante estar notificado de los oficios 7914/2021 y 7915/2021, mediante los cuales se les solicitó, los cuáles fueron recibidos el veintinueve de marzo de la presente anualidad, por lo que el término de quince días que se le concedió para tal efecto transcurrió del treinta de marzo al diecinueve de abril del año en curso, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado; sin que rindieran su informe respectivo. Por ende, en términos del párrafo cuarto del artículo 1173 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados. Al respecto, es de tomar en cuenta las consideraciones expuestas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis II.1o.P.35 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Marzo de 2002, página 1363, del siguiente rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIO´N DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá´ cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en si´ mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó´ debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito esta´ obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le esta´ concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio las advierta quien esto resuelve e impidan abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida en esta instancia constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia con número de registro 210784, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 87, octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 80, agosto de 1994, que dice: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Este órgano de control constitucional advierte que con relación al acto reclamado en el presente asunto consistente en la negativa de otorgarle atención médica especializada, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por falta de interés jurídico, y en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías, en términos de la fracción V del precepto 63 del ordenamiento legal citado. El citado precepto 61, fracción XII, de la ley de la materia, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía constitucional, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a aquella situación jurídica en donde un gobernado es titular de un derecho subjetivo público o privado que resulta lesionado por el acto de autoridad reclamado. De no existir el poder legal de exigir, no habrá tampoco interés jurídico tutelado a favor del particular. Apoya lo anterior la jurisprudencia con número de registro 1002359, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 313, tomo II, procesal constitucional 1, común primera parte - SCJN, segunda sección - improcedencia y sobreseimiento, novena época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Otro criterio respecto del tema, es el sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019456, publicada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, del tenor siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." De lo anterior, se advierte entonces que, los elementos constitutivos del interés jurídico son: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho de donde deriva el agravio correspondiente. Mientras que el interés legítimo se acredita cuando: a) Existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectivo, y c) En su caso, el promovente pertenezca a esa colectividad. Así, es jurídico aquel interés que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, que genere un detrimento en sus derechos posesorios o de cualquier otra clase, en la inteligencia de que un acto de autoridad causa perjuicio a una persona física o moral cuando lesiona directamente su esfera jurídica. El interés legítimo es aquel cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de la quejosa. Los órganos de control constitucional deben examinar las pruebas aportadas por la parte quejosa para justificar su interés jurídico, así como las constancias de autos, a fin de determinar si el acto afecta su esfera jurídica y, en ese sentido, establecer la procedencia del juicio, puesto que no debe inferirse a base de presunciones. Ello, de conformidad con la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Tercer Circuito, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XXII, Julio de 2005, página 1454, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. LOS TRIBUNALES DE AMPARO ESTÁN OBLIGADOS A EXAMINAR LAS PRUEBAS OFRECIDAS PARA JUSTIFICAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Los tribunales de amparo sí están facultados e incluso, tienen la obligación de examinar las pruebas aportadas por el quejoso para justificar su interés jurídico, en atención a lo considerado y de acuerdo con criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de que las cuestiones de improcedencia del juicio de garantías son de orden público y deben estudiarse oficiosa y preferentemente. Sin que obste a lo anterior la naturaleza de los actos reclamados, pues aun las particularidades de la materia agraria no pueden desvincularse de las bases fundamentales que rigen el juicio de garantías. Ahora bien, el hecho de que los tribunales de amparo examinen la eficacia probatoria de un contrato de cesión de derechos en el que se transmite la propiedad de un inmueble, no significa que a través del juicio de garantías se resuelva en definitiva el derecho relativo a la propiedad o se decida acerca de la validez o no de tal documento para acreditar ese derecho, pues lo único que se pretende es determinar si, con dicho acto, se demuestra que lo reclamado irrumpió de manera inconstitucional en la esfera jurídica del quejoso y, con ello, se garantizaría la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones y evitar que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Con base en lo expuesto, debe estudiarse si, en el caso, asiste un interés jurídico o legítimo a la parte quejosa, que haya procedente el presente juicio de amparo. De la demanda de Amparo, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora denominada Doctor Marco Antonio López Montejo, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social Clínica Número 4, en Tenosique, Tabasco, consiste en la negativa de otorgarle atención médica especializada. En efecto, como se adelantó, en el presente juicio de amparo ha sobrevenido una causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado que la quejosa tilda de inconstitucional consistente en la negativa de otorgarle atención médica especializada al encontrarse en estado de gravidez en términos de la Ley del Seguro Social, lo cual no afecta su interés jurídico, en virtud de que no acreditó ser derecho habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social con sus derechos vigentes, razón por la que no hay un perjuicio personal y directo. Al respecto, la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo bajo protesta de decir verdad refiere ser derechohabiente con número de seguridad social 8313902015-6; sin embargo, no exhibió alguna prueba a efecto de acreditar su interés jurídico en su carácter de derechohabiente del instituto de salud responsable. En ese tenor, la simple manifestación de la quejosa no es suficiente para considerar que sea derecho habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social con sus derechos vigentes y por tanto pueda ser susceptible de ser afectada en su interés jurídico al tener derecho de acceso a la salud por parte de la citada autoridad responsable, lo cual, no quedó acreditado tal aspecto. En efecto, no se acredita que la quejosa sea derecho habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social con sus derechos vigentes, puesto que como se destacó, no exhibió ninguna prueba que acreditara; lo anterior, sin que durante el trámite de este procedimiento se allegara de las pruebas con las que plenamente se acreditara tal aspecto. Ahora bien, para la procedencia del amparo, es presupuesto fundamental la comprobación del interés jurídico, pero no es factible obtenerse a través de presunciones o deducciones, sino de manera plena, en razón a la existencia de medios de convicción que al ser analizados lleven al convencimiento de que la parte quejosa realmente detenta un derecho incorporado a su esfera jurídica, que al ser afectado por el acto de autoridad, la legitima a acudir al juicio de garantías. Lo que en el caso que nos ocupa no ocurre, porque como se adelantó, la parte quejosa no acreditó ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social con su derechos vigentes; lo que se insiste, en principio resulta indispensable que la quejosa acreditara dicho extremo, pues sólo de esa manera habría posibilidad de considerar demostrado el interés jurídico. A mayor abundamiento, con las constancias que remitió el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social su informe respecto a la suspensión de plano no se acredita que sea derecho habiente, ello en virtud de que anexó copia cotejada del triage y nota inicial de servicio de urgencias de veinticuatro de marzo del dos mil veintiuno (foja 47), en la que otorgó asistencia médica a la quejosa en cumplimiento a la suspensión de plano concedida en el presente juicio de amparo; sin que la quejosa haya objetado la referida documental y haya exhibido prueba en contrario. La anterior consideración no es violatoria al derecho al acceso a la salud en virtud de que conforme a lo establecido en el Artículo 77 bis 7 de la Ley General de Salud, el Estado Mexicano garantiza a toda persona la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, a través de los hospitales públicos dependientes de la secretaria de Salud Federal y a través de los Servicios de Salud a cargo de las Entidades Federativas, para lo cual solo se deben reunir, tres requisitos: 1) encontrarse en territorio nacional, 2) no ser derecho habiente en Imss o Isste; y 3) presentar la curp, la cual se encuentra en la credencial del Instituto Nacional Electoral, o en su caso llevar acta o certificado de nacimiento; por tanto, la quejosa con auxilio del centro penitenciario donde se encuentra interna y en el ámbito de sus facultades puede acceder a los centros de salud públicos antes señalados a hacer efectivo su derecho de acceso a la salud. Por consiguiente, al no estar corroborado de manera fehaciente que la quejosa sea derecho habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social con sus derechos vigentes, se debe estimar que en el caso no se acreditó que el acto reclamado afecte un interés jurídico tutelado en la ley en su beneficio; al no exhibir ninguna prueba que así lo acredite; por tanto, se torna improcedente el juicio constitucional. De lo expuesto queda de manifiesto que el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de la inconforme, no le produce perjuicio alguno, pues no obra en autos constancia alguna que así lo acredite. De lo expuesto se colige que el acto reclamado por la hoy quejosa, no incide en la esfera jurídica de la peticionaria del amparo, ni le ocasiona una afectación inmediata y directa a sus intereses legales. Sin que en la especie la parte quejosa se encuentre en alguna de las excepciones que establece la ley para la procedencia del juicio de amparo. Por lo aquí expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resover aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Regina Vázquez López, contra actos de las autoridades señaladas como responsables, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; como de autos se desprende, que el tres de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en este asunto, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por la quejosa Regina Vázquez López; sin que en el caso se haya ordenado la notificación de ésta en el Centro de Reinserción Social de Tenosique, Tabasco, lugar en el que se encuentra recluida. En consecuencia, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y conforme a su numeral 2, se regulariza el presente asunto para el único efecto de ordenar la notificación de la impetrante de amparo en el lugar en que se encuentra recluida, respecto de la sentencia dictada en este expediente de tres de los actuales. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Ahora bien, como la quejosa de mérito se encuentra privada de su libertad, en el Centro de Reinserción Social de Tenosique, Tabasco; con fundamento en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a ésta el presente acuerdo, así como la sentencia de tres de mayo de dos mil veintiuno, por el método alternativo de videoconferencia, a efecto de que se imponga de los mismos, para los efectos legales conducentes. Para ello, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción a fin que en coordinación con la autoridad penitenciaria correspondiente y a través del sistema de videocomunicación que otorga la plataforma denominada "ZOOM", programen fecha y hora para el desahogo de la diligencia ordenada. Lo anterior, a fin de salvaguardar la salud de la fedataria de este órgano jurisdiccional, con motivo de la actual contingencia sanitaria, así como el respeto al principio de impartición de justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dotar de seguridad jurídica, a través del correo electrónico dirigido a la dirección dedios_01@hotmail.com, mediante oficio, envíese a la precitada autoridad copia autorizada del presente acuerdo y de la sentencia en comento, a fin de que el encargado del departamento jurídico del referido centro carcelario le haga entrega a la quejosa de los mismos al momento de iniciar la práctica de su notificación, y de igual manera, la autoridad a que se alude, quede notificada del auto en comento. En atención a lo anterior, prevéngase a la aludida autoridad para que otorgue las facilidades necesarias a la actuaria de este Juzgado, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el siete de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, ello con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. De lo anterior, la Actuaria Judicial deberá levantar el acta pormenorizada de la diligencia de notificación que se ordena y deberá integrarla al expediente tanto físico como electrónico. Notifíquese; y por videoconferencia a la quejosa Regina Vázquez López, en el lugar de su reclusión.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano