Regina Medina Torres
Expediente 686/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Regina Medina Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En la Ciudad de México, tres de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el seis de enero de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual, solicita cause ejecutoria la sentencia dictada en autos; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, agréguese tomando conocimiento de su contenido y dígase a la oficiante que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Ciudad de México, a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 686/2021- IV, en audiencia pública, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de garantías, que dio origen al presente asunto, promovida por Regina Medina Torres, por propio derecho, proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la demanda, informes justificados rendidos por las autoridades responsables y las pruebas, constancias de notificación a las partes, y proveídos que acordaron lo conducente. El Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. En período probatorio: El Secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por las partes. El Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124, de la Ley de Amparo, así como tampoco el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, presentó el pedimento que a su representación social compete. El Secretario encargado del despacho acuerda: Se declara desierto este periodo. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional, en términos de esta acta, firmando los que en ella intervinieron, para debida constancia. VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 686/2021-IV, promovido por Regina Medina Torres, por su propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de otra autoridad; y, RESULTANDO. PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el siete de junio de dos mil veintiuno, recibido en este juzgado el ocho siguiente, Regina Medina Torres, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se indican: SEGUNDO. Previa aclaración, en proveído de ocho de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, la cual quedó registrada con el número 686/2021-IV; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó dar la intervención que en derecho corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto omisivo atribuido a autoridades administrativas que residen en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, estableció la obligación de que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En la jurisprudencia en comento es de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (No. Registro: 900,169, Novena Época Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo I, Página: 207) La jurisprudencia aludida establece que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. En esa tesitura, de la lectura integral de la demanda y de sus anexos, se colige que los actos reclamados se hacen consistir en: - La omisión de cumplir la sentencia de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio de nulidad número 16982/18-17-01-1, que se traduce en la falta de pago de las diferencias determinadas a su favor con motivo de la nueva cuantificación de su pensión, en el oficio SP/1833/2019, de siete de agosto de dos mil diecinueve. TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues al rendir su informe justificado así lo señaló, sin que la quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado a la autoridad aquí indicada. CUARTO. Por su parte, la encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado, negó la existencia de la omisión reclamada; sin embargo, dicha negativa no puede tomarse en cuenta, en tanto que aunque está acreditado en autos que mediante oficio SP/1833/2019, de siete de agosto de dos mil diecinueve, notificado al autorizado de la hoy quejosa, el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se emitió resolución en la que se determinó la nueva cuota diaria de pensión que corresponde a la quejosa; se determinaron las diferencias entre lo que el Instituto demandado pagó y lo que debió pagar; y, se ordenó expedir cheque a nombre de la actora, aquí quejosa, por el monto de las diferencias determinadas a su favor, hasta antes de la presentación de la demanda, motivo del presente juicio, no se había realizado el pago de las mismas; por lo tanto, lo procedente es tener como cierta la omisión de pago que la quejosa reclama. CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo la tesis de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo. (Época: Novena Época, Registro: 165538, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a. CLVII/2009, Página: 324). Ante tal imperativo, se estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de cumplir la sentencia de nulidad de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad 16982/18-17-01-1 y el oficio SP/1833/2019, de siete de agosto de dos mil diecinueve, que se traduce en la falta de pago de las diferencias determinadas a favor de la quejosa, como motivo de la nueva cuantificación de su pensión. En el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se establece: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que en seguida se reproduce y es aplicable al caso por analogía: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (Registro: 193,758; Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IX, Junio de 1999; Tesis: 2a./J. 59/99; Página: 38) En principio, conviene destacar que en el presente juicio la quejosa demanda el amparo y protección de la Justicia Federal por el acto consistente en la omisión de cumplir la sentencia de nulidad de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad 16982/18-17-01-1, que se traduce en la falta de pago de las diferencias determinadas a su favor como motivo de la nueva cuantificación de su pensión, en el oficio SP/1833/2019, de siete de agosto de dos mil diecinueve. Sin embargo, de las constancias que obran en autos, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2°, se advierte que el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación de la encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Sur de dicho Instituto, mediante oficio recibido en este juzgado el quince de octubre de dos mil veintiuno, informó que en relación con el incremento de la cuota diaria de pensión que corresponde a la quejosa, conforme a la resolución de siete de agosto de dos mil diecinueve, en el mes de agosto de dos mil veintiuno, ha sido debidamente instalada incluyendo los incrementos respectivos del mes de octubre de dos mil diecinueve, al mes de agosto de dos mil veintiuno; y, que las diferencias generadas fueron depositadas en la nómina del referido mes de agosto, pudiendo constatarse ello en el talón de pago que enseguida se reproduce: Además, por oficio recibido el diez de noviembre pasado, exhibió copias certificadas, entre otras, del Acta Administrativa por Comparecencia, de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en que la aquí quejosa recibió el pago de las diferencias determinadas en su favor, mediante transferencia bancaria, a cargo del Banco HSBC, por la suma de $38,836.01 (treinta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos 01/100 moneda nacional); documento en el obra una firma sobre el nombre de la peticionaria del amparo; asimismo, copia certificada de la cuenta por liquidar certificada por dicha cantidad y en la que también obra la firma de recibido de la quejosa. Documentales que sirven para demostrar que los efectos de la omisión de cumplir la sentencia de nulidad dictada en el juicio de nulidad 16982/18-17-01-1, del índice de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, han cesado, pues la responsable acreditó haber aplicado al pago de la pensión de la quejosa la nueva cuota diaria determinada; haber pagado las diferencias generadas con motivo de la omisión; y, las determinadas como motivo de la pensión que venía pagando y la que debió pagar, en cumplimiento a la sentencia de nulidad de treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Los anteriores hechos demuestran que han cesado los efectos del acto reclamados, puesto que, como se dijo, la responsable en cumplimiento a la sentencia de nulidad aludida realizó un nuevo cálculo de la pensión de la quejosa, determinando la nueva cuota diaria que le corresponde, las diferencias que resultaron entre lo que se le venía pagando y lo que se le debió pagar; y, se le pagaron dichas diferencias; por lo tanto, con independencia de lo correcto o no de la nueva determinación, es evidente que el acto de autoridad reclamado ha quedado destruido como si nunca hubiese existido, restituyéndose al agraviado en el derecho fundamental que le era transgredido con la omisión de la responsable, como lo dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77, de la Ley de Amparo, para el caso de que a la quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a la autoridad responsable a cumplir la sentencia aludida; de tal manera que, si en el presente caso ya se emitió un nuevo cálculo de su pensión y se le pagaron las diferencias que le corresponden, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no le agravia, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Cabe destacar que, en el caso, la quejosa acudió en demanda de amparo por el incumplimiento a la sentencia de nulidad, no así por el defecto o exceso en el cumplimiento de la misma, por lo cual el debido cumplimiento, respecto del que esta resolución no prejuzga, no es materia de la Litis. Además, en autos de quince de octubre, notificado el dieciocho de octubre y diez de noviembre, notificado el dieciocho de noviembre, todos de dos mil veintiuno, se dio vista a la quejosa con dichas constancias, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y no realizó manifestación alguna. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, que establecen: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. (Novena Época; Registro: 196820; Instancia: Segunda Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; VII, febrero de 1998; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 9/1998; Página: 210) ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. El artículo 74 de la Ley de Amparo, establece para las autoridades responsables, la obligación de informar al Juez del amparo, cuándo han cesado los efectos del acto reclamado, o cuándo han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, sancionando el incumplimiento de esta obligación con multa, y es indudable que con el simple informe podrá decretarse el sobreseimiento. (Quinta Época; Registro: 308023; Instancia: Primera Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; LXXIV; Página: 1513) Atento a lo anterior, procede sobreseer en el presente juicio respecto de la omisión de cumplir la sentencia de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio de nulidad número 16982/18-17-01-1, que se traduce en la falta de pago de las diferencias determinadas a su favor como motivo de la nueva cuantificación de su pensión, en el oficio SP/1833/2019, de siete de agosto de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento, en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los dispuestos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2625/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no transcurre la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en razón de que fue notificada de dicho auto el once de noviembre de los corrientes. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio del Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Sur, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual, en atención al requerimiento ordenado en auto de quince de octubre del año en curso, remite original de la cédula de notificación con número de oficio DS/SP/DPSH/UCS/1801/2021, original del acta administrativa por comparecencia de depósito de veintidós de octubre del año en curso, mediante transferencia bancaria por la cantidad de $38,836.01 (treinta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos 01/100 moneda nacional), y original del acuse de recibo de veintidós de octubre del año en curso, de la transferencia; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga respecto de las manifestaciones de la autoridad oficiante, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstas en la audiencia constitucional. Por su contenido medular es de citarse la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. (No. Registro: 204616, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594.) En consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el citado proveído. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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