Regina Maria de Guadalupe Tapia Martinez

Expediente 119/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
119/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/02/2022

Partes del expediente

  • Regina Maria de Guadalupe Tapia Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, a uno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintidós, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con Pablo Pérez Pacheco, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta, promovida por REGINA MARÍA DE GUADALUPE TAPIA MARTÍNEZ, promoviendo en representación de sus hijos menores de edad I.G.T.P. y F.D.T.C., contra el acto que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Por tanto, regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Ahora bien, de la lectura de dicha demanda se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, medularmente, el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el procedimiento especial de divorcio incausado número 271/2019, en el que se ordenó se lleve a cabo la valoración psicológica admitida en los referidos autos, en el consultorio del perito Tomás Arturo Dzul Peniche, en su consultorio ubicado en la "Clínica Pensiones", en fechas entre el diez y el catorce de enero del año en curso. Ahora bien, la suscrita considera que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone que no procede el juicio de amparo: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, también por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. Partiendo de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Ahora bien, se arriba a la conclusión de que concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, pues en principio es de señalarse que el acto reclamado de atención consiste en el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en autos del divorcio sin causales número 271/2019, para comparecer ante el consultorio del perito en materia de Psicología Tomás Arturo Dzul Peniche, en su consultorio ubicado en la "Clínica Pensiones", el cual fue emitido en un asunto de naturaleza familiar que está tramitándose ante un Juzgado de Oralidad Familiar del Estado de Yucatán, en el cual la legislación adjetiva aplicable, lo es el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. También se advierte la procedencia del medio de impugnación que puede hacerse valer en contra del acto reclamado -como el caso que nos ocupa- el cual es el recurso de revocación, por medio del cual puede ser modificado o revocado el acto reclamado, cuya procedencia se establece en la Ley. En efecto, los artículos del 421 al 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán establecen: Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación, y II. Apelación. Artículo 422. Los recursos no son renunciables. Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: I. Resuelva excepciones; II. No admita pruebas; III. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y IV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles. Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda." Artículo 426. La resolución en la que se decida la revocación no admite recurso alguno. Artículo 427. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Artículo 428. La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." De los preceptos transcritos se advierte que el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que rigen los procedimientos de índole familiar, como aquél del que deriva el acto reclamado, reconoce como recursos los de apelación y revocación. Asimismo, de los mencionados numerales deriva que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. También se aprecia que únicamente procede el recurso de apelación contra las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto, contra el auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y contra las resoluciones interlocutorias y definitivas. De lo anterior, se colige que contra el auto reclamado en este juicio procedía el recurso de revocación, tomando en consideración que el mismo no resultaba apelable, al no tratarse de una resolución que ponga fin a la controversia, por no ser un auto interlocutorio que resuelve sobre incompetencia, ni una resolución interlocutoria y definitiva; esto, con base en que el citado numeral 423 del mencionado ordenamiento legal, establece en forma genérica la procedencia de dicho medio de defensa contra todos los autos y decretos que no sean apelables, sin exclusión alguna, tratándose de acuerdos o decretos dictados fuera de la audiencia. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente respecto del mencionado acuerdo reclamado en este juicio, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud que respecto del mismo previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es el de revocación. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia XIX.2o.13 K, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... Por último, debe decirse que en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni la quejosa es persona extraña al procedimiento, sino que es parte en el mismo, tal y como se advierte de las constancias del juicio de origen y como la misma lo reconoce en la demanda de amparo. En ese orden de ideas es inconcuso que contra el acto reclamado consistente en el auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el procedimiento de divorcio sin causales 271/2019, procedía el mencionado recurso de revocación, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual previamente debió interponerse el medio de impugnación que la ley prevé, actualizándose así, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone en consecuencia, sobreseer en el presente juicio respecto de dicho acto, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. La presente determinación se emite en el sentido señalado, sin que obste que en el caso el acto reclamado guarda relación con la participación de dos menores de edad, lo cual puede considerarse como un acto cuya ejecución es de imposible reparación; sin embargo, resulta importante precisar que no obstante la promovente acude a la presente instancia argumentando violación a los derechos de los menores I.G.T.CH. Y F.A.T.CH., lo cierto es, que tal como se aprecia de la demanda y del propio acto reclamado adjunto al escrito de cuenta, el acuerdo de nueve de diciembre del año inmediato anterior, tiene como destinataria la promovente Regina María de Guadalupe Tapia Martínez y no los referidos quejosos, ya que será ésta quien en todo caso debe comparecer ante el experto de que se trata para el desahogo de la pericial en psicología, de ahí que de igual forma, el apercibimiento formulado en dicho acuerdo, es respecto de la citada Tapia Martínez. Aunado a lo anterior, debe decirse que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la irreparabilidad del acto no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad; de ahí que la parte quejosa se encontraba obligada a agotar previo a la promoción del presente juicio de amparo, el recurso de revocación procedente en contra del acto aquí reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis de Jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10ª.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 350 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Al respecto, también resulta importante destacar, que no pasa inadvertida para quien esto resuelve, la existencia de la Jurisprudencia 1ª./J.77/2013 (10ª), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO"; sin embargo, la misma no resulta exactamente aplicable al caso, pues aun y cuando el quejoso hace diversas manifestaciones relacionadas con la afectación que aduce pudiese sufrir su hijo menor ante la imposibilidad de llevarse a cabo la convivencia paterno filial, lo cierto es que dicha afectación no deriva de manera directa de la ejecución del acto reclamado en este juicio, sino de la negativa por parte de la madre del menor al no permitirle la convivencia; esto es, con la emisión del acuerdo reclamado no se advierte que de ejecutarse el mismo se genere la existencia de un riesgo para el precitado menor y que por ello se requiera la existencia de un medio de impugnación que permita la suspensión de la ejecución del acto reclamado, sobre todo, si los aspectos que se combaten del acto reclamado mencionado, entrañan actitudes declarativas de la autoridad responsable que evidentemente no son susceptibles de suspenderse, por lo que en la especie no se actualiza el supuesto de excepción establecido en la Jurisprudencia mencionada. No pasa desapercibido para esta Juzgadora la tesis jurisprudencia con rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.", ya que en el presente caso no se está ante la actualización de dicha hipótesis, pues como se ha señalado, se reclama el auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en autos del divorcio sin causales número 271/2019, para comparecer ante el consultorio del perito en materia de Psicología Tomás Arturo Dzul Peniche, en su consultorio ubicado en la "Clínica Pensiones", el cual fue emitido en un asunto de naturaleza familiar que está tramitándose ante un Juzgado de Oralidad Familiar del Estado de Yucatán, en el cual la legislación adjetiva aplicable, lo es el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. De lo anterior, puede colegirse que el acto reclamado en esta vía de amparo, no contiene una ejecución que pudiere producir una molestia o la existencia de un riesgo para los menores de edad y que por tanto, se requiera que el medio de impugnación ordinario sea imprescindiblemente de los que suspenden dicha ejecución ante esos efectos, por lo que no se aprecia que los menores de edad afectos, estén en una situación de vulnerabilidad frente al acto reclamado. Aunado a ello, debe señalarse que en todo caso, como ha quedado establecido, la destinataria del acto reclamado lo es la promovente de amparo y no los menores quejosos, por lo que, no puede decirse que hay una afectación directa a éstos, ya que dadas las condiciones sanitarias que prevalecen en el país, la asistencia de la promovente en las fechas señaladas para la evaluación psicológica, no constituye por sí misma una exposición que ponga en riesgo directo a los menores agraviados; de ahí, que no se actualice supuesto alguno respecto de la excepción de definitividad a la que se encontraban obligados los menores, al promover el presente amparo. En esas condiciones, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por REGINA MARÍA DE GUADALUPE TAPIA MARTÍNEZ, promoviendo en representación de sus hijos menores de edad I.G.T.P. y F.D.T.C., con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del citado ordenamiento legal. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en sesión de cinco de octubre de dos mil diecisiete, al resolver el recurso de revisión 263/2017, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, derivado del juicio de amparo indirecto 243/2017. Por otra parte, atento a lo solicitado por el directo quejoso, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el precisado en su escrito de demanda; y como autorizadas para tales efectos, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Ahora bien, la parte quejosa proporciona el nombre de usuario "Moises_at" para el acceso y consulta del expediente electrónico; por tanto, se acuerda de conformidad la solicitud de la parte promovente, y se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa, a través del citado usuario, por lo que podrá promover en el mismo con sus nombre de usuario. De igual forma, la parte quejosa solicita que las notificaciones del presente asunto se le realicen de manera electrónica; en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones personales inherentes a este asunto por medio del usuario "Moises_at." Hágase lo anterior conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa y sus autorizados, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Ahora bien, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), téngase como dirección de correo electrónico y número de celular de la parte quejosa, el plasmado por la promovente en su demanda de amparo; ello a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente.

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