Regina Báez Aragóri
Expediente 1745/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1745/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Regina Báez Aragóri
- Adolfo Trejo Bello
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa, tal como se advierte del oficio número 47070/2016, en el cual acusó el recibo correspondiente; por consiguiente, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone los puntos Décimo, Fracción I, Décimo Primer, Segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capitulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio 47070/2016, enviado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual acusa recibo de los autos del juicio de amparo 1745/2016, promovido por ********************Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con veintidós minutos del día dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, hora y día señalado para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien legalmente actúa, se inició la Audiencia Constitucional del juicio de amparo número 1312/2016, promovido por Erasmo Israel Salgado Salgado, por derecho propio; sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias que obran en los presentes autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de casa una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Se procede a abrir el periodo probatorio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales que remitió la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede abrir el periodo de alegatos. El Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; de igual forma, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no presentó pedimento alguno, motivo por el cual se procedió a cerrar el período de alegatos. Consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo número 1312/2016, promovido por Erasmo Israel Salgado Salgado, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por violación a los artículos 8, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado, Erasmo Israel Salgado Salgado, solicitó el amparo en contra de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por el acto siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye el acto y el hecho de que la hoy responsable no ha emplazado y notificado del juicio en lo principal a la hoy demandada, esto es no ha sido llamada a juicio por omisión de la responsable sin que haya de por medio justificación jurídica alguna para ello de la omisión realizado por esta H. Junta y como consecuencia de ello la falta de emplazamiento en los términos que marca la ley y el cumplimiento al último acuerdo dictado dictado por la responsable con fecha 28 de Junio del 2016, dentro del expediente laboral 1111/14 en el cual de la misma manera sigue violentando los derechos del hoy actor al señalar fecha de audiencia de manera lejana y no así bajo los términos que marca la ley." SEGUNDO. Por auto de diez de agosto de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de garantías, registrándose con el número 1312/2016, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, y en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso ofrecer documentales, precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Asimismo, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 y 32/2014 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia laboral sobre un procedimiento seguido en forma de juicio llevado por la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que el mismo se tiene plenamente probado al tenor de la jurisprudencia número doscientos setenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." TERCERO. En virtud de que ninguna de las partes hace valer alguna causa de improcedencia, y como este juzgador tampoco advierte que se actualice alguna de ellas, lo procedente es entrar al estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Se considera innecesaria la trascripción de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, sin que ello implique que se viole alguna disposición de la Ley de Amparo, además de que bajo esta circunstancia no se le deja en estado de indefensión, pues el hecho de que no se realice la trascripción de los mismos, no significa que el juez de amparo esté impedido para el estudio integral de ellos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número VI.2O. J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a fojas 599, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." CUARTO. Son esencialmente fundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, como en seguida se verá: En principio cabe indicar que de la demanda de garantías se advierte que el impetrante de garantías reclama la dilación en el trámite del procedimiento relativo al juicio laboral 1111/14, y en vía de consecuencia el no emplazar a la parte demandada COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. Ahora, de las constancias que anexó la junta responsable a su informe justificado, relativas al expediente laboral 01/1035/15-II, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma, se advierte que: 1. Que mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil dieciséis, Erasmo Israel Salgado Salgado, a través de sus apoderados legales, demandó en la vía ordinaria laboral a PEÑAFIEL BEBIDAS S.A. DE C.V. y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V. 2. El trece de octubre de dos mil catorce, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, emitió el acuerdo de admisión; asimismo, señaló las diez horas del día quince de diciembre de dos mil catorce, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y comisionó al Actuario para notificar personalmente a las partes. 4. Diligencia de emplazamiento a la codemandada PEÑAFIEL BEBIDAS S.A. DE C.V., en fecha once de marzo de dos mil quince. Acuerdos de quince de diciembre de dos mil catorce; diecisiete de febrero, veintisiete de abril, treinta de junio y cinco de octubre de dos mil quince; trece de abril y veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en los que señaló nueva fecha para el desahogó de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, siendo la última para el seis de octubre de dos mil dieciséis, en virtud de que no se encontraba emplazada la parte demandada COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V. Por tanto, asiste razón a la quejosa en el sentido de que la responsable ha sido omisa en respetar los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, pues incluso la audiencia de Conciliación, Demanda Excepciones, ha sido señalada fuera del término que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, establece: "Artículo 17. ..... "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". De la trascripción anterior se advierte que la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 17 constitucional se traduce en que las autoridades judiciales no pueden retardar indefinidamente su función de administrar justicia, debido a que deben impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que tienen la obligación de resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los términos que establece la legislación aplicable. En relación al tema que nos ocupa, los artículos 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. "Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley.". "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario.". "Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia". De la primera disposición legal se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo; el artículo 771 reitera el criterio prevaleciente en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos, y el último de ellos prevé que la audiencia de Conciliación, Demanda Excepciones deberá tener verificativo dentro de los quince días siguientes a la admisión de la demanda. Asimismo, de una interpretación adecuada de los preceptos jurídicos trascritos en líneas que anteceden, conviene establecer que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. Así, cabe indicar que el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. Por tanto, al advertirse de autos que la autoridad responsable aún no ha emplazado a la parte demandada COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V., no obstante haberlo ordenado desde la admisión de la demanda laboral, lo que sin duda implica falta de cuidado al desatender lo establecido por el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dispone: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario.". Esto es, el auto que ordena emplazar a la parte demandada debe notificarse a más tardar dentro de los cinco días siguientes a esa fecha, lo cual no ha acontecido, de ahí, resulta evidente que la omisión de la responsable incumple con la obligación de administrar una justicia de manera pronta y expedita en el artículo 17 de la Carta Magna, al no ajustarse al plazo previsto en la Ley Federal del Trabajo para la práctica del emplazamiento de la parte demandada, pues desde la fecha en que se admitió la demanda laboral (trece de octubre de dos mil catorce), hasta la fecha en que rindió su informe justificado (treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis), ha transcurrido en exceso el término a que alude el precepto antes transcrito, sin que se haya emplazado a la parte demandada, lo que evidencia que la responsable ha incumplido con lo dispuesto en el precepto legal 750 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se traduce en una violación a la garantía constitucional de una justicia pronta y expedita consagrada en el referido numeral 17 de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209, tomo XXVI, octubre de 2007 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". Toda vez, que del contenido del artículo 17 de la Constitución Federal se desprende que los Tribunales estarán expeditos para administrar Justicia, lo que deberá ser en las formas y términos que fija la ley que rige el procedimiento correspondiente, máxime que el artículo 771 de la ley laboral, impone la obligación a los Presidentes de las Juntas de cuidar, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios no queden inactivos. Bajo este orden de ideas, es patente que las autoridades responsables Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, ha infringido la garantía de expeditez en la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 constitucional, por lo que es procedente conceder el amparo solicitado por la parte quejosa, a efecto de que provea lo necesario para lograr el emplazamiento a juicio de la parte demandada COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V. en la contienda laboral 1111/2014, y señale la fecha de la audiencia de Conciliación, Demanda Excepciones, dentro del término estipulado por el artículo 873 de la Ley federal del Trabajo. Cabe destacar, que si en la fecha que se encuentra señalada para el verificativo de la audiencia de Conciliación, Demanda Excepciones, ya fue emplazada debidamente la demandada, y se respetan los términos para que se apersonen a juicio, la Junta responsable, deberá desahogar dicha audiencia sin que haya lugar a señalar nueva fecha, empero, si por las condiciones particulares ello no es factible, deberá señalar la nueva fecha dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, debe considerarse que la Junta responsable, de darse el caso, en su momento puede hacer uso del procedimiento previsto en la jurisprudencia 2a./J. 98/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo 2, Libro XXIII, agosto de 2013, página 794, registro: 2004225, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO SE SEÑALA MÁS DE UN DEMANDADO Y ALGUNO O ALGUNOS DE ELLOS NO PUDIERON SER EMPLAZADOS. Conforme al artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador debe proporcionar en su escrito inicial de demanda, cuando menos, el domicilio de la fuente de trabajo, por lo que cuando endereza su reclamación contra más de un patrón, esa obligación debe cumplirla respecto de todos. Por tanto, cuando no haya podido emplazarse a todos los demandados señalados en el escrito inicial, por no haberse proporcionado su domicilio o no ser el correcto y, ante la falta de disposición expresa que señale cómo debe procederse en estos casos, mediante la interpretación sistemática de los artículos 17, 685, 735 y 874 de la ley de la materia se obtiene que la Junta competente, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas inicial a la que haya citado a las partes, deberá fijar de oficio una nueva fecha para su celebración, requiriendo en ese acto a la actora para que proporcione, en un término de 3 días hábiles, el domicilio del o de los demandados que no pudieron ser emplazados, y apercibiéndola de que si no proporciona el o los domicilios correctos, se tendrá por no interpuesta la demanda contra quien no haya podido ser emplazado y se continuará la tramitación del juicio con el o los patrones legalmente emplazados." Sin que los alcances de la ejecutoria puedan llegar al extremo de obligar a la junta responsable a que continúe con el juicio hasta el dictado del laudo, pues como ya lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la protección constitucional debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Por su contenido, es aplicable al caso, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro número 2005150, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página732, materia común, del texto literal que reza: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Erasmo Israel Salgado Salgado, contra el acto y autoridad señalados en el resultando primero de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese Así, lo resolvió y firma, Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario José Alberto Tapia Tapia que autoriza y da fe.- Doy fe
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