Refugio Quechuleño Medel
Expediente 96/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2018
Partes del expediente
- Refugio Quechuleño Medel
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual se acusa recibo del comunicado por el que se remitió el juicio de amparo 96/2018, e informa que se avoca al conocimiento del presente asunto con motivo de la incompetencia planteada. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, al tratarse de un cuaderno de antecedentes y no existir documentos originales, de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del acuerdo en cita, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.
- Principal
Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Refugio Quechuleño Medel, contra acto(s) del agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, denominada San Agustín, y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden ... Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso señala como actos reclamados tanto de aquella autoridad, como del fiscal General del Estado de México, aquellos "CON LOS QUE SE ME PRETENDE PRIVAR DE MI LIBERTAD PERSONAL", e indicó bajo protesta de decir verdad en el capítulo de antecedentes, que el once de febrero pasado se presentaron en su domicilio ubicado en "CALLE AQUILES SERDAN MANZANA4 LOTE 8 COLONIA MIGUEL HIDALGO EN ECATEPEC ESTADO DE MEXICO", dos personas que se identificaron como policías ministeriales, manifestándole que "tenían una orden de aprehensión o presentación girada en MI contra por EL C. JUEZ AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO CON SEDE EN LA PROCURADURIA DEL ESTADO DE MEXICO DENOMINADA SAN AGUSTIN". En ese sentido, en el particular, se considera que este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, por lo que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos del presente juicio al juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en atención a las siguientes consideraciones: La competencia constitucional de los jueces de Distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37 de la Ley de Amparo. Así, el numeral 107, fracción VII, constitucional, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse...". El precepto constitucional transcrito, es preciso al indicar que el juicio de amparo se promoverá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que no está abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier órgano de control constitucional para efectos de tramitar el juicio y dictar la sentencia correspondiente. Por su parte, el numeral 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los juzgados de Distrito, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis del párrafo primero de dicho precepto, se obtiene que la circunstancia que es de tomar en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que este ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de los que después de su emisión, requiere de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. De esta forma, tomando en consideración la propia manifestación del amparista en el sentido que se le pretendió privar de la libertad en su domicilio ubicado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, sin que del impreso de referencia pueda advertirse dato alguno de que el o los mandamientos impugnados puedan ejecutarse en un distrito distinto al precisado, es que se evidencia que la competencia legal se surte a favor del juez mencionado, que ejerce jurisdicción en dicho lugar. Y es que el planteamiento de incompetencia que aquí se formula se sustenta específicamente en las manifestaciones del justiciable bajo protesta de decir verdad; siendo pertinente destacar que ante la falta de anexos o algún otro dato relevante para proveer al respecto, las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda son los únicos elementos con que cuenta este órgano jurisdiccional para emitir esta determinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2613 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, del rubro siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". En consecuencia, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General ...del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítanse los autos originales y seis copias de la demanda -previo cuaderno de antecedentes que se forme- a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien a su vez, deberá enviarlos al Juzgado de Distrito que por razón de turno corresponda, a quien se solicita acuse de recibo y comunicar si acepta o no la competencia declinada. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, como se solicita, notifíquense este proveído y las subsecuentes determinaciones a la parte quejosa, mediante lista de acuerdos que se publica en este juzgado, y ténganse por autorizadas a las personas mencionadas únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones, en razón de que no se acredita que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues no se proporcionan los datos correspondientes.
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