Refugio Palma Villalobos
Expediente 1723/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1723/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Refugio Palma Villalobos
Actuaciones
- Principal
Causa estado y archivo.
- Principal
Visto el oficio remitido por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, al cual anexa el contenido del informe justificado que rinde la autoridad responsable, Presidente de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado; con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que en el uso de sus derechos manifiesten lo que a su interés convenga. De igual forma, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo como prueba de su parte las que menciona en el informe de cuenta, las cuales se valorarán en su momento procesal oportuno y con el anexo que acompaña hágase relación en la audiencia constitucional respectiva. Ahora, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, que se debe analizar, incluso, de oficio, según lo preceptuado por el artículo 62 de la ley de la materia. En seguida, del examen integral de las constancias que integran el presente contradictorio constitucional, entre las cuales se encuentran las documentales allegadas por la responsable en el oficio señalado líneas arriba, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del precepto y criterio transcrito, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatos, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en la porción normativa trascrita se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En la especie, del estudio integro de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio correspondiente se advierte que los actos reclamados consisten en la omisión de tramitar dentro de los términos y plazos legales la demanda interpuesta ante la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado por Refugio Palma Villalobos, mismo que fue presentada el doce de noviembre de dos mil diecinueve, en la cual demandó el pago de antigüedad, habiéndole correspondido el número de expediente JA/536/19, a manera específica, la omisión de radicar dicha demanda. Ahora, como quedó asentado en párrafos precedentes, la autoridad responsable allegó al presente juicio de amparo, el auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, donde se advierte que radicó la demanda promovida por el ahora quejoso, ordenando el emplazamiento de la parte demandada, diligencia que ocurrió el doce de noviembre del presente año, tal y como acredita con las constancias que remite. Documentos a los que se les otorga valor probatorio pleno, según lo dispuesto por los artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, como lo señala el artículo 2º de la Ley de Amparo, por encontrarse debidamente certificados por autoridad con facultades para tal efecto. En estas condiciones, si la parte quejosa reclamó, precisamente, la omisión de la autoridad responsable Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, residente en esta ciudad, la omisión de tramitar dentro de los términos y plazos legales la demanda interpuesta por Refugio Palma Villalobos, misma que fue presentada el doce de noviembre de dos mil diecinueve, en la cual demandó el pago de antigüedad, habiéndole correspondido el número de expediente JA/536/19, a manera específica, la omisión de radicar dicha demanda, y la autoridad procedió en esos términos, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la moral inconforme, o habiéndola irrumpido, la cesación no ha dejado ninguna huella. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 38, tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, se actualiza la causal invocada, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con fundamento en lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2ª./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior es así, pues en nada cambiaría el sentido del presente auto, que esta Juzgadora esperara hasta la fecha de la audiencia constitucional, pues como se precisó los efectos que ocasionó el acto reclamado en el esfera jurídica del quejoso han cesado, restituyéndolo en su garantía violada. Así las cosas, dado el sobreseimiento decretado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a su contenido, se tiene a la **************************, con residencia en esta ciudad, informando que cuenta con el cheque número ************* a nombre del quejoso, el que se encuentra a su disposición en las oficinas que ocupa el Departamento Jurídico Fiscal de dicha dependencia, ubicado en ******************************. En consecuencia, téngase a la autoridad en mención informando de las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa, a fin de que esté en aptitud de recoger el cheque correspondiente.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa en proveído de veintidós de abril de dos mil veintiuno, por lo que este Juzgado Federal procede a resolver de oficio, si ésta se encuentra o no cumplida. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Así las cosas, de los autos se advierte que en el presente asunto se reclamó específicamente: ***************************************************************** El diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el preciso efecto de que: ******************************************************************* En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo de la Ley de Amparo vigente, se dio vista a la quejosa con dicho oficio, así como de sus anexos, quedando notificado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, constancia de notificación que por ser expedida por un servidor público en ejercicio de o con motivo de sus funciones, merece eficacia probatoria plena, en términos de los artículo 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a Ley de Amparo. En tales condiciones, de la lectura de las constancias allegadas a los presentes autos, se pone de manifiesto que la autoridad a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, realizó lo siguiente: la , acordó el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el escrito presentado por la parte quejosa el tres de septiembre de dos mil veinte, y anexó los exhortos ************** y **************, relativos al expediente ********** de su índice. Acorde a lo narrado, este Juzgado Federal estima que en el presente caso, está cumplida la ejecutoria de amparo, conclusión a la que se arriba de la confrontación entre los efectos para los cuales se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional, y la actuación realizada por la autoridad responsable en cumplimiento de la misma. Por tales motivos, una vez que cause estado este proveído, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo en vigor, se ordenará el archivo definitivo del presente asunto.
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