Refugio Madrid Espinosa
Expediente 633/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Refugio Madrid Espinosa
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y en específico la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de derechos. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el escrito firmado por el quejoso ***, por medio del cual desahoga en tiempo y forma la prevención formulada en auto de veinticuatro de abril del año en curso. DETERMINACIÓN Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare una causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el término "manifiesto" debe entenderse como lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. El criterio que informa, se contiene en la jurisprudencia P./J. 128/2001, con registro número 188643, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, que dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En el caso, el acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil 862/2022-II, por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Se acota, que el origen de la resolución que constituye el acto reclamado, conforme al escrito de cuenta, lo es el auto de dos de agosto de dos mil veintidós, en el que el Juez de origen acordó que estaba imposibilitado a proveer de conformidad respecto a las manifestaciones realizadas por el ocursante aquí quejoso, determinando que se estuviera a lo acordado por proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca civil 289/2020-II. En esa última resolución (14 de diciembre de 2020), se ordenó la reposición del procedimiento por violaciones procesales, debido que el perito designado por el ahora impetrante no realizó ningún pronunciamiento en torno al cuestionario que planteó la parte demandada, es decir, que dicha reposición consistió para efecto de que la prueba pericial se desahogara en los términos precisados por la parte oferente. El quejoso aclaró en su escrito inicial de demanda que el perito había encontrado inconsistencia en las medidas y colindancias, además, que no coincidía la orientación del predio mostrado por la demandada y por esa razón estaba imposibilitada para determinar si la demandada tiene su vivienda en el predio a que hace referencia la escritura. En ese contexto, se determina que el juicio de origen aún está en trámite. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del análisis sistemático de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando se promueva en contra de actos en juicio que no sean de imposible reparación. Asimismo, se observa que los actos de imposible reparación son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se combaten actos en el juicio, se deben tomar en cuenta dos criterios, a saber: I. Que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. II. Que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. En caso de no reunirse alguno de esos criterios, debe estimarse improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. El criterio que informa, se contiene en la tesis P. LVII/2004, registro 180415, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Conforme a lo anterior, el acto reclamado en estudio, por su naturaleza, no tiene el carácter de irreparable, ya que constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad legal de que obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales que ha generado la actuación de que se duele desaparecerían, en virtud que solo produce efectos de carácter formal o intraprocesal que inciden en la conducta procesal que ha tomado en el juicio natural con vista a obtener un fallo favorable. En congruencia con lo anterior, si en el caso se reclama la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil 862/2022-II, por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, que conforme al escrito de cuenta, su origen deviene del auto de dos de agosto de dos mil veintidós, en el que el Juez de origen acordó que estaba imposibilitado a proveer de conformidad respecto a las manifestaciones realizadas por el ocursante aquí quejoso, determinando que se estuviera a lo acordado por proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca civil 289/2020-II, en la que se ordenó la reposición del procedimiento por violaciones procesales, a fin de que la prueba pericial ofertada por el aquí quejoso se desahogara en los términos precisados por la parte oferente, no es un acto de imposible reparación. Pues, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, éste sólo procede contra actos verificados durante la controversia, o en ejecución de la sentencia, cuando sean imposibles de reparar; esto es, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en tratados internacionales. Consecuentemente, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Por tanto, la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca civil 862/2022-II, emitida por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, no es de imposible reparación, al no atentar, por sí mismo, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, pues aun cuando éste refiere que se infringen en su perjuicio los derechos fundamentales de un debido proceso; lo cierto es, que ante la naturaleza del acto reclamado, lo único que podría lesionar -sin conceder-, serían las normas que rigen en el ofrecimiento, admisión y preparación de pruebas, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional. Por lo que, la temática legal concerniente al ofrecimiento, admisión y preparación de pruebas, constituyen propiamente derechos de índole adjetiva o procesal, en tanto que tienden a salvaguardar el correcto desarrollo de procedimiento natural, de donde se obtiene que su posible conculcación con motivo del acto reclamado, no lesiona alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, como son, la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros de los consagrados en la Carta Magna; ello, si se pondera que el ofrecimiento, admisión y preparación de pruebas no necesariamente implica que vaya ser desfavorable a los intereses del ahora disconforme, pues pudiera ser que la autoridad responsable al decidir la contienda de origen, dicte una sentencia favorable a sus pretensiones; lo que, de ocurrir, haría desaparecer la transgresión procesal aquí alegada, sin dejar secuela alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa, porque de esa manera, las consecuencias del acto reclamado no habrían llegado a trascender a sus derechos sustantivos; de ahí que, el acto de autoridad que en el caso particular se combate, no es de aquéllos que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Es decir, que contra de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca civil 862/2022-II, emitida por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, no es de imposible reparación, por lo que no es susceptible de impugnarse en el amparo indirecto, sino deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Apoya lo anterior por analogía la jurisprudencia 3a20/904, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "PRUEBAS, SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.- Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueve contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de labores del presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90, Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis". En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con la diversa fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Notifíquese personalmente
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el escrito signado por ***, asesor jurídico de la parte quejosa, por el que da contestación a la vista ordenada en auto de dieciocho de abril del año en curso, y realiza manifestaciones en relación al cumplimiento remitido por la autoridad responsable, de lo que se toma conocimiento para ser considerado al momento de resolver sobre dicho tópico. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Rebeca Mercado Silva274/2017
- Rebeca Rodríguez Hernández1645/2023
- Rebeca Roldan Mejia108/2020
- Rebeca Torres Martinez701/2017
- Refugio Fabian Sanchez Rodriguez531/2019
- Refugio Inocencio Aguilatr Flores808/2019
- Refugio Martín García Ortiz1012/2019
- Refugio Ruben Moctezuma Borges677/2018
- Refugio Sanchez Montalvo671/2019
- Reina Álvarez Canelo1391/2019
- REINALDO OLMEDO ARMENTA y Otros.834/2018
- Renato Alfredo Vázquez Vázquez1881/2022