Refugio Jiménez Hernández
Expediente 617/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Refugio Jiménez Hernández
Actuaciones
- Principal
Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio firmado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante anexa copia certificada de la ejecutoria de diecinueve de mayo del año en curso, dictada en el conflicto competencial 1/2022 de su índice. Acúsese de recibo vía interconexión, para lo cual se autoriza al actuario de la adscripción que corresponda, para firmar electrónicamente el oficio respectivo e incorporar el acuse que se obtenga de dicho envío al expediente electrónico. Ahora, en virtud que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al resolver el citado conflicto competencial determinó que es legamente competente el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en aquella ciudad capital, para conocer de la demanda promovida por Refugio Jiménez Hernández. En consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar.
- Principal
Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio firmado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el que informa que admitió el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas con sede en Tuxtla Gutiérrez, mismo que radicó bajo el número 1/2022 de su índice.
- Principal
Consecuentemente, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se insiste en declinar la competencia a favor del Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez; consecuentemente, se ordena remitir los autos del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en turno, para sea quien resuelva este conflicto de competencia, y decida a qué órgano jurisdiccional corresponde conocer del asunto. Dése aviso a lo anterior al Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, para los efectos legales procedentes y acúsese recibo de los autos en que se actúa.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Refugio Jiménez Hernández a nombre de los quejosos menores de edad del ejido Los Luceros Segunda Sección, municipio de Salto de Agua Chiapas, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, actos que hace consistir en lo siguiente: IV. ACTO RECLAMADO: Se les reclama a las autoridades responsables lo siguiente: 1. La "política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del Covid-19 en México", en conjunto con programa de inmunización con motivo de la pandemia del COVID-19, que inició para el Sector Salud el mes de diciembre del dos mil veinte, en la que no se contempla ni autoriza la aplicación de la vacuna anti Covid-19 Pfizer/BioNTECH para el grupo etario a partir de los doce años de edad, realizando actos discriminatorios para dicho grupo, vulnerando el derecho a la salud y a la vida; lo que genera una afectación a los menores de edad del Ejido Los Luceros Segunda Sección, municipio de Salto de Agua, Chiapas, derivado de la emisión del programa regreso a clase, estrategia de regreso seguro a las escuelas, para el presente ciclo sin que se ordene de manera inmediata la vacunación del grupo etario de doce a dieciocho años de edad, vulnerando con ello su derecho a la vida y a la salud. 2. La omisión de aplicar la vacuna contra el virus COVID-19, de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales, a partir del treinta de agosto de dos mil veintiuno. 3. La omisión de inocular a los menores de edad del Ejido Los Luceros Segunda Sección, municipio de Salto de Agua, Chiapas (menores de edad contra el virus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19). ANOTACIONES Con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 617/2021-VI-B. Toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de cuenta, se advierte que Refugio Jiménez Hernández a nombre de los quejosos menores de edad del ejido Los Luceros Segunda Sección, municipio de Salto de Agua Chiapas, aduce que reclaman la falta de aplicación de la vacuna anti Covid-19 Pfizer/BioNTECH, para el grupo etario a partir de los doce años de edad; ello es suficiente, por el momento, para otorgar la suspensión de plano a favor de los directos quejosos. INCOMPETENCIA En la especie, el suscrito estima que es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". [Lo resaltado es propio]. Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los Jueces de Distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los Jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué Juez de Distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. XLIX/93, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA." Así, de la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de la Materia, se deduce que la competencia para conocer de una demanda de amparo puede darse en dos vertientes: Aquella en la que el acto está pendiente de ejecutarse. Aquella en que la ejecución fue consumada o se está llevando a cabo por lo que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: A) El acto aún no ha sido ejecutado y B) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión de que el acto reclamado habrá de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. En ese contexto, en el supuesto de competencia invocado el elemento cardinal que fija la competencia para conocer del presente asunto, resulta ser el lugar en que tiene ejecución el acto reclamado, es inconcuso que la competencia legal para conocer del juicio de amparo enderezado en su contra le asiste a un Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez en turno. Para arribar a dicha conclusión, conviene retomar que los actos reclamados se hacen consistir en: IV. ACTO RECLAMADO: Se les reclama a las autoridades responsables lo siguiente: 1. La "política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del Covid-19 en México", en conjunto con programa de inmunización con motivo de la pandemia del COVID-19, que inició para el Sector Salud el mes de diciembre del dos mil veinte, en la que no se contempla ni autoriza la aplicación de la vacuna anti Covid-19 Pfizer/BioNTECH para el grupo etario a partir de los doce años de edad, realizando actos discriminatorios para dicho grupo, vulnerando el derecho a la salud y a la vida; lo que genera una afectación a los menores de edad del Ejido Los Luceros Segunda Sección, municipio de Salto de Agua, Chiapas, derivado de la emisión del programa regreso a clase, estrategia de regreso seguro a las escuelas, para el presente ciclo sin que se ordene de manera inmediata la vacunación del grupo etario de doce a dieciocho años de edad, vulnerando con ello su derecho a la vida y a la salud. 2. La omisión de aplicar la vacuna contra el virus COVID-19, de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales, a partir del treinta de agosto de dos mil veintiuno. 3. La omisión de inocular a los menores de edad del Ejido Los Luceros Segunda Sección, municipio de Salto de Agua, Chiapas (menores de edad contra el virus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19). En efecto, en opinión de quien esto determina, no obstante que los actos reclamados en la presente instancia son de carácter omisivo, lo cierto es que los efectos y consecuencias que de ellos derivan, implican que su ejecución se verifique en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, teniendo como punto de partida que el domicilio procesal señalado en la contienda de origen se encuentra en aquella ciudad, de ahí que se actualice el supuesto de competencia invocado. Lo anterior es así, dado que no se atribuye una ejecución material a alguna autoridad circunscrita en la jurisdicción de este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Cabe precisar que los Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, disponen: "ACUERDO General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dispone: . . . CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: VIGESIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa y los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acala, Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango del Valle, Angel Albino Corzo, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Bochil, Catazajá, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón, El Bosque, Francisco León, Huitiupán, Huixtán, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, Larrainzar, La Concordia, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Maravilla Tenajapa, Marqués de Comillas, Mitontic, Montecristo de Guerrero, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pantepec, Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago el Pinar, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Sunuapa, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón y Zinacantán.. . "ACUERDO General 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al conocimiento por parte de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, de las causas penales que actualmente son competencia de los Juzgados de Distrito en el referido estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez; así como al cambio de denominación y competencia de estos últimos, y a la nueva denominación de los Juzgados de Distrito en la citada entidad federativa, con sede en Tapachula. . . . Artículo 1. A partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, los cinco Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, cambian de denominación y modifican su competencia, para quedar como sigue: DENOMINACIÓN ANTERIOR NUEVA DENOMINACIÓN Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez". Por consiguiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para seguir conociendo del presente asunto y resolverlo, se surte a favor de un Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas con residencia en Tuxtla Gutiérrez en turno, habida cuenta que los efectos y consecuencias de los actos impugnados habrán de concretarse en dicha localidad. Robustece a lo anterior, por el sentido jurídico que orienta la tesis de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR. AL SER UN ACTO OMISIVO CON EFECTOS POSITIVOS, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE ÉSTA DEBA MATERIALIZARSE. Hechos: Un trabajador reclamó en amparo indirecto, entre otros actos, la omisión de señalar día y hora para la diligencia de reinstalación dentro de un juicio laboral. La demanda se presentó ante un Juez de Distrito, quien se declaró incompetente para conocer del asunto, al estimar que la omisión reclamada debe ser subsanada con una conducta positiva que se realizará fuera de su jurisdicción. Por su parte, el Juez de Distrito a quien se le remitió la demanda no aceptó la competencia declinada, al considerar que el acto reclamado era una omisión simple, carente de ejecución material y, en consecuencia, determinó que el juzgador legalmente competente para conocer del asunto era aquel ante quien se presentó la demanda, de conformidad con el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Juez de Distrito competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la omisión de la Junta de señalar fecha y hora para la reinstalación del trabajador, es aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde ésta deba materializarse, al tratarse de un acto omisivo con efectos positivos. Justificación: Lo anterior es así, en razón de que el referido acto reclamado constituye una omisión con efectos positivos, al ser capaz de producir en el mundo fáctico o real, una consecuencia material que conlleva una vulneración del derecho fundamental al trabajo, pues implica que mientras no se señale fecha y hora para la reinstalación, el trabajador permanezca separado del empleo, no perciba su salario ni diversas prestaciones; además, el patrón también resiente un perjuicio en su patrimonio, en virtud de que se le priva de la posibilidad de cortar el pago de los salarios caídos hasta el momento de la reinstalación en caso de una eventual condena, lo que pone de manifiesto que los efectos positivos de ese acto omisivo se materializan en el lugar donde debe llevarse a cabo la reinstalación del trabajador; de ahí que se actualice la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Asimismo, cobra aplicación por identidad jurídica la jurisprudencia 1a./J.24/2021 (10a), sustentada por el Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, Registro: 2023548, de rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa, al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas con residencia en Tuxtla Gutiérrez en turno; a quien se considera competente para conocer del asunto. Asimismo, solicítese al Juzgado Federal que se avoque al conocimiento del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Por tanto, se ordena formar el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. RECEPCIÓN DE OFICIOS Se previene a las autoridades responsables para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, y dada la notoria urgencia y características del caso, reciban los oficios dirigidos a las autoridades que no estuviesen en turno, apercibidas que en caso de ser omisas al respecto, con fundamento en el numeral en comento, se tendrán por legalmente hechas las notificaciones a las autoridades que vayan dirigidas los oficios, a partir de la hora y fecha en que el actuario judicial adscrito se constituya legalmente en sus oficinas; lo anterior, con independencia de que la citada conducta pueda ser constitutiva de algún hecho delictuoso. En ese sentido, se faculta al actuario de la adscripción, para que, en caso de que las denominaciones que aparecen en los oficios a través de los cuales se comunica este proveído, así como los subsecuentes, sean incorrectas, se sirvan testar las mismas, y en su lugar, señalar sus denominaciones debidamente; a efecto de que no se encuentre impedido para realizar la entrega de los oficios derivados de este sumario. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que las notificaciones a la parte quejosa, en el presente juicio de amparo se realicen vía electrónica, debiendo observar las reglas establecidas en los dispositivos 30 y 31 de la ley de la materia, por conducto de Refugio Jiménez Hernández, con el nombre de usuario MiRefu, respectivamente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Hom e/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a Refugio Jiménez Hernández, con el nombre de usuario MiRefu, la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Consecuentemente, se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la adscripción, proceda a realizar las acciones necesarias en el aludido sistema, a efecto de hacer efectivas las referidas autorizaciones. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 párrafo segundo de la Ley de Amparo a Eduardo López López, Ana María López Hernández y Pablo Gómez Gómez, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales y Juzgados de Distrito, que establece el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. Por otra parte, no es el caso de tener como medio de notificación el correo electrónico que proporciona la parte quejosa, así como el número telefónico que indica, toda vez que los mismos no se encuentran contemplados en la Ley de Amparo ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para tal efecto. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del correo electrónico mirefu.92@gmail.com y el número telefónico (443) 218 2517 que precisaron los quejosos de mérito en su escrito de cuenta, para efectos de comunicaciones no procesales. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. De igual manera con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al celular 9629687434 extensiones 1101 y 1104. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, toda vez, que mediante Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la creación del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Raúl López Pedraza, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de la Secretaria que autoriza, María Margarita Domínguez Vásquez, quien certifica que la demanda que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe. RLP/MMDV/KECL´KJR
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