Refugio Hernández Guzmán

Expediente 475/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
475/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Refugio Hernández Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    "... Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído veintitrés e septiembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el acuerdo donde se desechó la demanda de amparo. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal..."

  2. Principal

    "... RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 475/2022-V-A. DESECHAMIENTO Antes de proveer lo pertinente respecto de la admisión o no de la demanda, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo impone el numeral 113 de la Ley de Amparo, el cual autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, atendiendo a los actos dictados dentro de juicio, después de concluido y en ejecución de sentencia se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, las cuales son: En ese contexto, si el juicio natural se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, ya que como lo manifestó el promovente, en el juicio hipotecario de origen señala como acto reclamado, el auto de treinta de agosto de dos mil veintidós en el cual se celebró la audiencia de remate en primera almoneda, por tanto, atento a las reglas de procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de dictada la sentencia, el medio extraordinario de defensa procede, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en la que se ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados; cuestión que en el caso no acontece, pues únicamente se celebró la audiencia de remate en primera almoneda. Entonces, es claro que no se está en presencia de la última resolución dictada en el procedimiento de origen, toda vez que no se trata del auto en que se ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación o bien, o la entrega de los bienes rematados; por tanto, al no tratarse el auto reclamado, de cualquiera de esas determinaciones, el juicio de amparo es improcedente en contra del acto reclamado. Lo anterior es comprensible, porque la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que, en un abuso del ejercicio del juicio de amparo, se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar. Esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se ejecute y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. De lo anterior, se tiene que, si el procedimiento de origen se encuentra dentro de la fase de la ejecución de sentencia, los actos que en ésta se dicten, podrán ser reclamados conjuntamente con la última resolución que se dicte en el procedimiento de mérito, que será el acuerdo que decrete el cumplimiento total de la sentencia dictada en el juicio de natural, donde se destaquen entonces las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último artículo aplicado en sentido contrario, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por la parte quejosa por notoriamente improcedente..."

  3. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "... RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 475/2022-V-A. DESECHAMIENTO Antes de proveer lo pertinente respecto de la admisión o no de la demanda, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo impone el numeral 113 de la Ley de Amparo, el cual autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, atendiendo a los actos dictados dentro de juicio, después de concluido y en ejecución de sentencia se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, las cuales son: En ese contexto, si el juicio natural se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, ya que como lo manifestó el promovente, en el juicio hipotecario de origen señala como acto reclamado, el auto de treinta de agosto de dos mil veintidós en el cual se celebró la audiencia de remate en primera almoneda, por tanto, atento a las reglas de procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de dictada la sentencia, el medio extraordinario de defensa procede, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en la que se ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados; cuestión que en el caso no acontece, pues únicamente se celebró la audiencia de remate en primera almoneda. Entonces, es claro que no se está en presencia de la última resolución dictada en el procedimiento de origen, toda vez que no se trata del auto en que se ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación o bien, o la entrega de los bienes rematados; por tanto, al no tratarse el auto reclamado, de cualquiera de esas determinaciones, el juicio de amparo es improcedente en contra del acto reclamado. Lo anterior es comprensible, porque la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que, en un abuso del ejercicio del juicio de amparo, se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar. Esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se ejecute y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. De lo anterior, se tiene que, si el procedimiento de origen se encuentra dentro de la fase de la ejecución de sentencia, los actos que en ésta se dicten, podrán ser reclamados conjuntamente con la última resolución que se dicte en el procedimiento de mérito, que será el acuerdo que decrete el cumplimiento total de la sentencia dictada en el juicio de natural, donde se destaquen entonces las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último artículo aplicado en sentido contrario, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por la parte quejosa por notoriamente improcedente..."

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