Refugio Hernández Guzmán

Expediente 50/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
50/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Refugio Hernández Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito del quejoso; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele las constancias a que hace referencia en el escrito que se provee, previo su cotejo y compulsa; déjese en el sumario copia certificada de ellas y hágase entrega al promovente, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. En el entendido que de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán destruidos con el expediente. Por otra parte, se precisa al quejoso que para poder ingresar de manera física a este órgano jurisdiccional y recoger los documentos de mérito, deberá generar una cita mediante la obtención del Código QR, a través del procedimiento automatizado disponible en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en dicho portal del micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales" de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dos de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 21, incisos b) y c), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y al haberse negado la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente, así como el cuaderno original del incidente de suspensión y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal; por lo que, agréguese a dicho cuaderno original copia autógrafa de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por su parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    (AVISO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones se advierte que mediante auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós se tuvo por recibido el ocurso signado por el quejoso Refugio Hernández Guzmán, por el cual realizó diversas manifestaciones a título de alegatos y de las cuales se observa que refirió, bajo protesta de decir verdad: . QUE BAJO PROTESTA LEGAL DE DECIR VERDAD, EL SUSCRITO PROMOVIÓ EN SU ORDEN Y CON ESCRITO DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, DEBIDAMENTE SELLADO Y RECIBIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE LA DELEGACIÓN Y SUBDELEGACIÓN Y PRESTACIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL ISSSTE, LAS SIGUIENTES DOCUMENTALES PÚBLICAS, QUE EXHIBO EN ESTA AUDIENCIA, PARA QUE SEAN TOMADAS EN CUENTA EN SU MOMENTO DE LA CONSTITUCIONAL Y QUE TRANSCRIBO EN ESTA PROMOCIÓN A CONTINUACIÓN: GRÁFICAS EN SU ORDEN: INICIA TRANSCRIPCIÓN: AL C. LIC ALEJANDRO ARNULFO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y/O QUIEN LEGALMENTE REPRESENTE LOS INTERESES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL ISSSTE EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍQUEZ VERACRUZ PRESENTE.- EL C. REFUGIO HERNÁNDEZ GUZMÁN, MEXICANO, MAYOR DE EDAD POR MI PROPIO Y PERSONAL DERECHO Y COMO BENEFICIARIO DE UNA PENSIÓN INDIRECTA DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DE MI CONCUBINA, ALBERTA SÁNCHEZ CAMPOS, SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA NÚMERO 20 DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN EN EL MUNICIPIO DE TIHUATLÁN VERACRUZ, ANTE USTED CON LA MUESTRA DE MIS RESPETOS COMPAREZCO PARA EXPONER LO SIGUIENTE.- Que por medio del presente ocurso y en atención a su oficio número 1.4.3.3779/2021 de fecha 13 de octubre del presente año, en términos de los artículo 8vo. 14 y 16 de nuestra Carta Magna, vengo en este acto y por así convenir a mis intereses personales a inconformarme de la suspensión de mi pensión que venía recibiendo por parte de ese H. Instituto que de una manera ilegal y fuera de todo procedimiento llevó a cabo en días próximos pasados del mes de octubre del año en curso tal y como se desprende del oficio antes señalado. (LO DESTACADO ES PROPIO) Manifestación de la que se advierte que la parte quejosa se ostentó sabedora de la suspensión de la pensión que venía recibiendo, el tres de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en que presentó ante la autoridad responsable un ocurso en el que se inconformó por dicha situación y al que anexó documentales para acreditar sus argumentos, lo cual hace prueba plena en su contra, al tratarse de una confesión expresa de su persona y que se corrobora además con el acuse de recibo de dicho escrito que anexó, lo anterior en términos de los artículos 95, 96, 197, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ante tal escenario, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio de amparo, para lo cual, es conveniente hacer referencia al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual en su parte conducente dice: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.] En principio, cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber: porque se encuentra previsto por el inciso d), fracción III, del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual revela que el sobreseimiento del juicio, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del juicio de garantías, lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se procede, de oficio, al análisis de la causa de improcedencia que se surte en el caso, en torno al acto reclamado que el quejoso señaló como: La medida cautelar o definitiva que ha realizado la autoridad responsable en total detrimento de una pensión indirecta que tengo, ante ese H. Instituto derivado del fallecimiento de mi concubina la c. Alberta Sánchez Campos, de la cual no he recibido notificación alguna personalmente por cualquier conducto legal por parte de la autoridad responsable hasta este momento. Que reclamó de las autoridades Jefe del Departamento de Pensiones; y, Pagador del Departamento de Recursos Humanos, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en Xalapa de Enríquez, Veracruz. Ello en razón de que se estima operante la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; [.] Del precepto acabado de reproducir, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos. En ese orden, para complementar ese numeral, debe traerse a la vista lo establecido en los diversos artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que prevén lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los numerales reproducidos, se desprende que, por regla general, el plazo al que toda persona debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado a partir de que acontezca cualquiera de las hipótesis que a continuación se enuncian: a) Desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado practicada al quejoso, de acuerdo con la ley del acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el promovente del amparo hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el peticionario se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En ese orden, debe puntualizarse que dichas premisas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos señalados, sin que fuera posible la actualización de dos de ellas en momentos distintos sobre un mismo acto. Establecido lo anterior, como ya se precisó, por cuanto hace a los actos reclamados, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad en su escrito de alegatos, se ostentó sabedora de la suspensión de su pensión que venía recibiendo, el tres de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en que presentó ante la autoridad responsable un ocurso en el que se inconformó por dicha situación. Entonces, para determinar el cómputo del plazo para promover el amparo respecto del acto reclamado se debe estar a la última de las reglas que se detallaron anteriormente, esto es, desde el día siguiente al en que el peticionario se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En esas condiciones, debe tomarse en cuenta la aludida fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, como punto de inicio para el cómputo del plazo de quince días previsto en el numeral 17 primer párrafo de la Ley de Amparo, por lo que dicho plazo comenzó a transcurrir al día siguiente hábil, esto es, el seis y feneció el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, descontándose los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, al haber sido sábados y domingos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 19 del ordenamiento legal citado, y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego, si la demanda de amparo se depositó el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, es inconcuso que su promoción fue extemporánea, esto es, fuera del plazo de los quince días. Lo anterior puede apreciarse gráficamente en el siguiente calendario: DICIEMBRE DE 2021 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 3 SE OSTENTA SABEDORA 4 inhábil 5 inhábil 6 COMIENZA PLAZO (1) 7 (2) 8 (3) 9 (4) 10 (5) 11 inhábil 12 inhábil 13 (6) 14 (7) 15 (8) 16 (9) 17 (10) 18 inhábil 19 inhábil 20 (11) 21 (12) 22 (13) 23 (14) 24 (15) FENECE PLAZO En esta tesitura, es incuestionable que el impetrante del amparo no promovió el juicio de amparo dentro del término establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, a fin de inconformarse; y por ende, es claro que consintió tácitamente los actos que en esta vía acude a reclamar, al haber dejado transcurrir el plazo a que se refiere el numeral en cita. Por tanto, resulta patente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia señalada en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por sus consideraciones la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Máxime que, en la especie, no se actualiza alguno de los supuestos normativos previstos por las fracciones I a IV, del invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, sino el párrafo primero relativo a la regla general de los quince días para la promoción del juicio constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: Época: Novena Época Registro: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Sin que al efecto se otorgue oportunidad al peticionario del amparo para que ofrezca pruebas, ya que en nada cambiaría el sentido de la presente resolución puesto que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse la extemporaneidad advertida en la presentación de la demanda. En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, procede SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con la diversa XIV del precepto 61, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente al quejoso; por oficio a las autoridades responsables; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el escrito del quejoso; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en los artículos 119 y 124 de la ley de la materia, ténganse por hechas sus manifestaciones a título de alegatos y como pruebas de su parte: las documentales que ofrece y anexa al ocurso que se provee, las cuales se tienen por ofrecidas y por desahogadas dada su propia y especial naturaleza; la instrumental pública de actuaciones, consistente en todo lo que se actúe en el presente juicio; así como la presuncional legal y humana; probanzas que se admiten y se reserva proveer lo relativo a su desahogo hasta la celebración de la audiencia constitucional. Sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia de ley. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

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