Refugio Fausto Calvario Sánchez

Expediente 1266/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1266/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
25/11/2016

Partes del expediente

  • Refugio Fausto Calvario Sánchez
  • REFUGIO FAUSTO CALVARIO SÁNCHEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio número 18535, registrado ante este tribunal federal con el número 21754, mediante el cual, el Secretario de Acuerdos adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, devuelve los autos del juicio de amparo número 665/2015-V-A, y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca número R-314/2016, en la que los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, resolvieron: "PRIMERO.- Queda firme, el sobreseimiento decretado en el juicio, respecto del acto reclamado al Secretario de la Función Pública Federal, consistente en la ejecución de la resolución de veinte de abril de dos mil quince, con la que culminó el proceso de responsabilidad administrativa 48/2011/DJ/DRA, en términos del considerando sexto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de revisión, se modifica el fallo recurrido, de dieciocho de diciembre de dos mil quince, dictado en el juicio de amparo indirecto 665/2016-V-A, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Luévano Escalona, contra los actos de publicación de las normas tildadas de inconstitucionales, que reclamó del Oficial Mayor de Gobierno y Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en términos del considerando séptimo de esta ejecutoria. CUARTO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús Luévano Escalona, contra los actos de aprobación y expedición reclamados al Congreso del Estado de Tlaxcala, así como la promulgación imputada al Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, respecto del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, y artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, así como por la aprobación y promulgación atribuida al Gobernador del Estado de Tlaxcala, relativa al Decreto que crea la Contraloría del Ejecutivo como un Órgano Administrativo Desconcentrado adscrito al despacho del Gobernador, particularmente su artículo 3, fracción XV. QUINTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jesús Luévano Escalona, contra los actos reclamados al Contralor del Ejecutivo, Órgano Administrativo Desconcentrado adscrito al despacho del Gobernador, consistentes en el seguimiento del proceso de responsabilidad administrativa número 48/2011/DJ/DRA, con inclusión de la resolución de veinte de abril de dos mil quince, con la que culminó, en la que se inhabilita al quejoso para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público; de igual forma, respecto de la resolución de veintisiete de abril de dos mil quince en la que se decreta que aquella causó estado, así como su notificación de veintisiete de abril siguiente, reclamadas al Director Jurídico de la contraloría en comento, y la ejecución de la resolución sancionatoria, imputada al Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, y a la propia Contraloría del Ejecutivo; para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria. SEXTO. Resultó infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Gobernador del Estado de Tlaxcala, en términos del considerando noveno de esta sentencia.". Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase al Licenciado Hugo René Temoltzin Carreto, Contralor del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, la copia certificada del procedimiento de responsabilidad administrativa número P.R.A.48/2011/DJ/DRA, mismo que adjuntó al rendir su informe justificado, y de los cuales se ordenó su guarda por separado. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Contralor del Ejecutivo, Órgano Administrativo Desconcentrado adscrito al despacho del Gobernador, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, cumplan con la ejecutoria de amparo, debiendo informar sobre ese cumplimiento, anexando las constancias que los acredite, anexándoles copia certificada del testimonio de la ejecutoria de amparo en revisión número R-314/2016; apercibiéndolo que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que pudiera culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Finalmente, agréguese a sus autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso JESÚS LUEVANO ESCALONA. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por REFUGIO FAUSTO CALVARIO SÁNCHEZ, y/o REFUGIO CALVARIO SANCHEZ o REFUGIO CALVARIO, ELIAS AURELIANO CALVARIO CAVILDO, CELIA ALTAGRACIA CALVARIO CABILDO, HECTOR ANTONIO CALVARIO CABILDO, LAURA MICAELA CALVARIO CAVILDO, DIONISIO GERARDO CALVARIO CABILDO, PATRICIA EMMA CALVARIO CAVILDO y ESTHER GREGORIA CALVARIO CABILDO, contra actos de la SALA CIVIL-FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y OTRA, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 1266/2016-VI. Ahora bien, del examen de la demanda de garantías se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, el suscrito advierte que se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Efectivamente, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia, visible en la página 252 del Tomo XI-Junio, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no esté controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo.". En ese orden de ideas, el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles de Tlaxcala, establece lo siguiente: "Artículo 504.- La revocación procede contra los autos". De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte que procede el recurso de revocación en contra de los autos. Ahora bien, se dice que se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia en cuestión, en virtud de que el acto reclamado por el quejoso, consiste sustancialmente en el auto dictado el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, dentro del toca de apelación 398/2016, por el que se desechó por improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación que resolvió la segunda sección de inventario y avalúosy siendo el caso, que contra ese acto por tratarse de un auto procede el recurso de revocación en términos del artículo 504, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, a través del cual puede ser revocado, modificado o nulificado. En tales condiciones, la parte quejosa debió agotar ese recurso antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sin embargo, no lo hizo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, consultable en la página 2499 del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "APELACIÓN. CONTRA EL AUTO QUE LA DESECHA PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). De una interpretación armónica de los artículos 504 y 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala se desprende que los autos dictados tanto en primera como en segunda instancias son recurribles mediante la revocación, toda vez que el segundo de los numerales citados claramente precisa que si no se admite la revocación en primera instancia, procede el recurso de queja, y si no se admite dicha revocación en segunda instancia, no procede recurso alguno; por tanto, tal artículo crea la convicción de que los autos dictados en segunda instancia pueden ser combatidos mediante el recurso de revocación. De igual manera, el artículo 504 citado establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de los autos, siendo que el diverso numeral 508 del propio ordenamiento da la pauta a establecer que todos los autos de segunda instancia también pueden ser impugnados a través de la revocación, por lo que si no existe disposición expresa relativa a que el desechamiento de la apelación no es recurrible, entonces, se debe estar a la regla general que disponen los numerales en cuestión, por lo que en contra de los autos de segunda instancia que desechen una apelación cabe el recurso de revocación; máxime que la resolución que desecha la apelación se emite a través de un auto y no mediante sentencia, pues de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, las sentencias son definitivas o interlocutorias, siendo que las definitivas son las que resuelven el juicio en lo principal y las interlocutorias las que deciden un incidente, por lo que si la determinación que desecha la apelación no está resolviendo el juicio en lo principal, ni está decidiendo un incidente, entonces, la misma no puede considerarse una sentencia, sino un auto y, por ello, aun en segunda instancia procede el recurso de revocación. Además, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 8/92, relativo a que no puede existir la revocación por denegada apelación, ha sido superado por el criterio emitido por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal de la Nación, en la jurisprudencia 8/2002, que aparece bajo el rubro: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS)." De igual forma conviene invocar al respecto la tesis aislada consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia sujeta a estudio, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. Como lo solicitan los quejosos, con fundamento en los artículos 108, fracción I de la Ley de Amparo, téngase por señalados los estrados de este juzgado como lugar para oír y recibir notificaciones y por autorizadas a las personas que mencionan, en los términos que indican. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Notifíquese.

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