Refugio Chávez Vega

Expediente 635/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
635/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
04/12/2020

Partes del expediente

  • Refugio Chávez Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda la promoción de cuenta, por medio de la cual, la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, envía el diverso oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el que en lo conducente hace del conocimiento el contenido del acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio de amparo directo 401/2020 de su índice, del que se desprende que se tuvo por recibido el oficio a través del cual este órgano jurisdiccional remitió los autos originales del juicio de amparo 635/2020-V, comunicando que se avocó al conocimiento de dicho asunto; lo anterior, toda vez que mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio de cuenta y se acordó lo conducente. Notifíquese a las partes por lista en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados electrónicamente por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cuales remite los acuerdos de seis de octubre y once de noviembre de dos mil veinte, dictados en el amparo directo 401/2020, a través de los cuales en el primero, se aprecia que dicho tribunal aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito, y en el segundo, se advierte que se ordenó comunicar nuevamente el proveído de seis de octubre de dos mil veinte a este órgano jurisdiccional; de lo que se toma conocimiento. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional se declaró incompetente, dándose por concluido el presente juicio. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado Acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ----------, por propio derecho, contra actos del Sala Unitarias Civil de Tlalnepantla, México del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 635/2020-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, esencialmente es: La sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación 280/2020 de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, México, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, deducida del recurso de queja interpuesto en contra del auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, dentro del expediente 364/2020, dictada por el Juez Décimo Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México y con motivo del recurso de queja se inadmite su demanda relativa a acción de servidumbre de paso continua y aparente o la acción confesoria. Precisado lo anterior, este juzgado federal estima carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo, por las razones siguientes. En primer término, debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Sentado lo anterior, este juzgado considera necesario transcribir lo señalado por el artículo 37, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Sin embargo, el artículo 107, fracción V, primer párrafo, de la Constitución General de la República, textualmente establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con ley, en los casos siguientes: (.).". Por su parte, los artículos 34, 47, 48 y 170, la Ley de Amparo, respectivamente, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, hipótesis que se actualiza en el presente caso, pues se trata de un amparo promovido en contra una resolución que confirma un auto que inadmite una demanda del orden civil. En ese orden de ideas, es evidente que el acto tildado de inconstitucional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues inadmite una demanda; por tanto, la referida determinación que se combate, constituye una actuación definitiva, ante lo cual su análisis a través del juicio de amparo procede en la vía directa; de ahí, la actualización de los supuestos establecidos por el referido artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por tanto, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías interpuesta por ---------. Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 87/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, enero de 1999, página 56, de rubro: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO."; así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 97/2017 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, página 241, de rubro: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO." En consecuencia, en términos del artículo 170, de la Ley Reglamentaria de los Artículo 103 y 107, así como el artículo 39 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, remítanse los autos que integran el presente asunto vía interconexión, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en Turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dichos preceptos determine si acepta la competencia declinada y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Departamento ---, edificio ---9, Calle ---------, ----------, en el Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario Judicial de la adscripción para que realice las notificaciones que deriven del presente trámite aún en días y horas inhábiles. Se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Se tienen como autorizados de la parte quejosa, a los profesionistas Ruggiero Olivera Campirán y Marcos Cornejo Arzate, quienes podrán gozar de las amplias facultades que le confiere el ordinal 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en cuanto a las demás personas, con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se les tiene autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, toda vez que no cuentan con el registro mencionado. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese por lista este auto, en los términos que al efecto establece el artículo 21del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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