Refugio Borja Ortuño

Expediente 173/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
173/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Refugio Borja Ortuño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario, el treinta de agosto de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE Y NO AMPARA al quejoso Refugio Borja Ortuño, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. Asimismo, con fundamento en el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a la desincorporación de las constancias que lo integran, debiendo conservar únicamente la demanda de amparo, escrito de ampliación de demanda en su caso, la sentencia, ejecutoria y este proveído. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se CONCEDIÓ la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, se determina que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN una vez que transcurra el TÉRMINO DE TRES AÑOS, contados a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, conservándose únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento, ya sea provisional, definitiva y/o violación; y, en cuanto al resto de las constancias que lo integran procédase a su desintegración material. Por cuanto hace al cuaderno duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que haya transcurrido el término de seis meses, toda vez que existe el original. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Finalmente, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recoja los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2615/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe. SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA, ESTE ACUERDO, POR ASI ESTAR ORDENADO EN AUTO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

  2. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la demanda, la resolución del otorgamiento de la suspensión y, en su caso, violación a la misma, toda vez que se CONCEDIÓ la suspensión provisional y definitiva; consecuentemente en su momento procédase al desglose de las demás constancias que lo integran para su destrucción. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que haya transcurrido el término de seis meses, toda vez que existe el original. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2615/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista; la razón levantada por Orquídea del Carmen Zapata Castillo, Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, en la que hace constar el motivo por el que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, y a fin de no dejarla en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificarle dicha resolución, por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes, así como las subsecuentes actuaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio procesal en esta ciudad. NOTIFÍQUESE. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO LA SENTENCIA DE TREINTA DE AGOSTO LA CUAL DICE: Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de agosto de dos mil veintiuno. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 173/2020, promovido por ****, por conducto de su apoderada legal Abril Barrios Benítez, contra actos del Congreso del Estado de Guerrero, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y remitido el día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional por razón de turno, Refugio Borja Ortuño, por conducto de su apoderada legal Abril Barrios Benítez, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES. A).- EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. B).- EL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. C).- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO... D).- EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. E).- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. F).- EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO. G).- LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. H).- C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS. I).- EL DIRECTOR GENERAL DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. IV. ACTO RECLAMADO.- Lo hago consistir en lo siguiente: A).- DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, reclamo: A.1. La EXPEDICIÓN Y APROBACIÓN de la ley de ingresos número 437, para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de 2020, que crea el Derecho de Operación y Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público de Acapulco de Juárez, "OMRA" en sus artículos 101 al 107, publicada en diciembre de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. B).- EL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, reclamo: B.1.- LA PROMULGACIÓN Y ORDEN DE PUBLICACIÓN de la ley de ingresos número 437, para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de 2020, que crea el Derecho de Operación y Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público de Acapulco de Juárez, "OMRA" en sus artículos 101 al 107, publicada en diciembre de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. C).- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, reclamo: C.1.- EL REFRENDO Y PUBLICACIÓN de la ley de ingresos número 437, para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de 2020, que crea el Derecho de Operación y Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público de Acapulco de Juárez, "OMRA" en sus artículos 101 al 107, publicada en diciembre de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. D).- EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, reclamo: D.1.- EL REFRENDO de la ley de ingresos número 437, para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de 2020, que crea el Derecho de Operación y Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público de Acapulco de Juárez, "OMRA" en sus artículos 101 al 107, publicada en diciembre de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. E).- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, reclamo: E.1. La APLICACIÓN de la ley de ingresos número 437, para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de 2020, que crea el Derecho de Operación y Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público de Acapulco de Juárez, "OMRA" en sus artículos 101 al 107, publicada en diciembre de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. F).- EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO, reclamo: F.1. La APLICACIÓN de la ley de ingresos número 437, para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de 2020, que crea el Derecho de Operación y Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público de Acapulco de Juárez, "OMRA" en sus artículos 101 al 107, publicada en diciembre de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. G).- A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, reclamo: G.1. La APLICACIÓN de la ley de ingresos número 437, para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de 2020, que crea el Derecho de Operación y Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público de Acapulco de Juárez, "OMRA" en sus artículos 101 al 107, publicada en diciembre de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. H).- LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, (.). H.1. La APLICACIÓN de la ley de ingresos número 437, para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de 2020, que crea el Derecho de Operación y Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público de Acapulco de Juárez, "OMRA" en sus artículos 101 al 107, publicada en diciembre de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. I).- EL DIRECTOR GENERAL DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, reclamo: I.1. La publicación de la ley de ingresos número 437, para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de 2020, que crea el Derecho de Operación y Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público de Acapulco de Juárez, "OMRA" en sus artículos 101 al 107, publicada en diciembre de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derechos humanos transgredidos los contenidos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transcribió los antecedentes de los actos reclamados que estimó conducentes. TECERO. Trámite. En acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se desechó la demanda respecto de las autoridades señaladas como responsables: Comisión Federal de Electricidad y C.F.E Suministrador de Servicios Básicos; y, por otro lado, este órgano jurisdiccional admitió a trámite dicha demanda, respecto de las restantes autoridades responsables, bajo el número de expediente 173/2020; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; otorgó a la agente del Ministerio Público adscrita la intervención que legalmente le compete y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En atención al Acuerdo General 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se determinó suspender el procedimiento; sin embargo, en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión del procedimiento y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma al similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, porque la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales es atribuida a las autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza de los actos reclamados, es necesario fijarlos claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, ya que constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis número P.VI/2004, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SUFIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2; de ahí que, de conformidad con el análisis contextual señalado, se obtiene que la parte quejosa reclama: a). La expedición, promulgación, aprobación, refrendo, orden de publicación y publicación de la Ley número 437, de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, específicamente los artículos 101, 102, 103, 104, 105, 106 y 107, que establecen el derecho por el servicio, mantenimiento y operación del alumbrado público "OMRA". b). El primer acto de aplicación de dichos preceptos con motivo de la emisión del aviso recibo expedido por CFE Suministrador de Servicios Básicos, correspondientes al Número de servicio 331190805511, (RMU) 39715 19-08-23 BOOR-530701 005 CFE; período de consumo del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte. CUARTO. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa expone como primer actor de aplicación de los preceptos que tilda 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. de inconstitucionales, el entero realizado el trece de febrero de dos mil veinte al amparo del aviso recibo expedidos por CFE Suministrador de Servicios Básicos, correspondiente al Número de servicio 331190805511, (RMU) 39715 19-08-23 BOOR-530701 005 CFE; período de consumo del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte; en tal virtud, si la demanda fue presentada el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, debe estimarse oportuna su presentación, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, el cual transcurrió del catorce de febrero al cinco de marzo de dos mil veinte. QUINTO. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, de análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO3." 3 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, de abril de 1994, página 68. Así las cosas, la autoridad responsable Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye, consistentes en el refrendo de la Ley número 437, de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, toda vez que dicho acto no es de su competencia, esto es así, porque no corresponde refrendar tal legislación. En tales condiciones, al no ser imputable a la autoridad responsable el refrendo de la ley impugnada ya que dentro de sus atribuciones que establece el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Número 08, y el artículo 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, no se encuentra la de refrendar leyes Municipales, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, del ordenamiento en cita. Sirve de apoyo a la anterior conclusión la tesis de jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1557- 2000, página 236). SEXTO. Certeza de los actos reclamados. Por otro lado, las autoridades responsables Congreso (por conducto del Presidente de su Mesa Directiva); Gobernador (por conducto del Subconsejero de Atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo); Secretario General de Gobierno (por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos), y Director General del Periódico Oficial, todos del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, al rendir sus respectivos informes con justificación, aceptaron los actos que les fueron reclamados, consistentes en la expedición, promulgación, aprobación, refrendo, orden de publicación y publicación de la Ley número 437, de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte; por tanto, se tienen plenamente probados. Lo anterior, es suficiente para tener por ciertos los citados actos; además la existencia de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no necesitan ser probados, pues basta que estén publicados en el medio difusivo correspondiente, como lo es en este caso el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad y, además, porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Ello, atento al criterio que informa la jurisprudencia 56, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". (Jurisprudencia visible en la página setenta y tres, del tomo VI, materia común, novena época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2001). Por su parte, las diversas autoridades responsables del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, al emitir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en la aplicación de las disposiciones de la Ley número 437, de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, específicamente los artículos 101, 102, 103, 104, 105, 106 y 107, que establecen el derecho por el servicio, mantenimiento y operación del alumbrado público "OMRA", con motivo del entero que ampara la emisión del aviso recibo expedido por CFE Suministrador de Servicios Básicos, correspondientes al Número de servicio 331190805511, (RMU) 39715 19-08-23 BOOR-530701 005 CFE; período de consumo del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte; sin embargo, lo procedente es tener por desvirtuada la negativa informada y por cierta la conducta que se les reprocha, en virtud de que las autoridades municipales se encuentran vinculadas con el acto concreto de aplicación, al ser las encargadas de vigilar que se cumpla con la norma relativa, así como de recibir la contribución, y en su caso, devolverla a los gobernados en cumplimiento de las ejecutorias de amparo, mientras que la empresa suministradora únicamente actúa como un tercero retenedor del tributo aludido en auxilio de la administración pública municipal como se aprecia de los avisos-recibo exhibidos; de ahí que se desestime la causal de sobreseimiento invocada por las responsables. Esta apreciación encuentra apoyo en la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 353 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Diciembre de 1993, cuyo rubro es: "ALUMBRADO PUBLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991)". SÉPTIMO. Causales de improcedencia. Atento a la técnica que rige el juicio de amparo, se procede al examen de las causales de improcedencia alegadas por las partes o que pudiesen apreciarse en forma oficiosa, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente, según dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 814, localizable en la página 553, Tomo VI, Materia Común del Apéndice de 1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 108, fracción III, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, por lo que toca a los actos reclamados consistentes en el refrendo, orden y publicación de la norma reclamada y, que se atribuyen respectivamente al Gobernador; al Secretario General de Gobierno, y al Director General del Periódico Oficial, todos del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, como a continuación se verá. Los preceptos legales mencionados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios (.)". Como se ve, cuando la parte quejosa reclame el refrendo, la orden de publicación o la publicación de alguna ley deberá señalar a las autoridades que realicen dichos actos cuando sean impugnados por vicios propios, pues de lo contrario el juicio de amparo resulta improcedente. En el caso, del análisis minucioso de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa no formula concepto de violación en contra del refrendo, la orden de publicación o la publicación de la norma reclamada, de manera que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de esos actos; consecuentemente, se sobresee el juicio de amparo en relación a las citadas autoridades, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse plenamente la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, del mismo cuerpo normativo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia que estatuye: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." (Décima Época, PC.I.A. J/49 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, Materia Común, Página 2248, Registro 2010097). Asimismo, de oficio se estima que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la expedición, aprobación y promulgación, de la Ley número 437, de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, por lo que hace a los artículos específicamente los artículos 101, 105, 106 y 107. Para arribar a tal conclusión, es necesario tener presente que el indicado numeral 61, fracción XII, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." Conforme a la segunda parte de la disposición legal transcrita, la reclamación de una ley, tratado, o reglamento, en la vía de amparo indirecto, presupone de la existencia de un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, para que así, el examen de la constitucionalidad de la disposición legal atacada tenga como marco de referencia el perjuicio que causa ésta al amparista; de lo contrario, si dicha norma legal, por su sola vigencia no le causa perjuicio, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, el juicio de amparo enderezado en su contra antes de que se cumpla esa condición, es improcedente. Empero, para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario determinar si con su sola entrada en vigor vincula al gobernado a su cumplimiento por virtud de que cree, transforme o extinga en su perjuicio situaciones concretas de derecho; o si por el contrario, se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Bajo ese marco de referencia, los efectos de la disposición legal reclamada bien pueden ocurrir en forma condicionada, o bien de manera incondicionada, pero siempre bajo el entendido de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso depender de un acto jurídico, concebido éste como la manifestación exterior de la voluntad del particular para crear, transferir, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por su autor, o del hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, pero todos los anteriores con el común denominador de situar al gobernado dentro de la hipótesis legal. Así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, impera en dicha norma el carácter de ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones impuestas por el texto jurídico no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, tal norma reviste el carácter de disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sujeta a la realización de ese evento. Al particular, tiene aplicación el criterio de la jurisprudencia P./J. 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, Común, Tomo VI, Julio de 1997, página 5). En el caso, es preciso señalar que la parte quejosa tilda de inconstitucionales los artículos 101, 105, 106 y 107 de la Ley 437 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, que establecen el derecho por el servicio, mantenimiento y operación del alumbrado público, con motivo de su primer acto de aplicación que refiere se materializó en el aviso recibo expedidos por CFE Suministrador de Servicios Básicos, correspondiente al Número de servicio 331190805511, (RMU) 39715 19-08-23 BOOR- 530701 005 CFE; período de consumo del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, sin que al efecto se advierta de dicho recibo que se le hubieren aplicado los preceptos y legislación tildados de inconstitucionales. En efecto, los citados numerales tildados de inconstitucionales textualmente establecen: "ARTÍCULO 101. Los elementos del género contribución previstos en esta sección se regularán específicamente en cuanto a la especie del derecho respectivo, con base en lo dispuesto por la presente Ley. ARTÍCULO 105. Tratándose de predios que no reciban servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pero que hagan uso del servicio de alumbrado público; causarán anualmente este derecho a razón del siguiente tabulador por zonas definidas en la reglamentación Municipal, y pagaderos proporcionalmente durante los primeros quince días de cada bimestre a través del pago del impuesto predial: I. Zona Rural; la cantidad de 1 vez la unidad de medida y actualización vigente. II. Zona Suburbana B; la cantidad de 2 veces la unidad de medida y actualización vigente. III. Zona Suburbana A; la cantidad de 3 veces la unidad de medida y actualización vigente. IV. Zona Urbana; la cantidad de 4 veces la unidad de medida y actualización vigente. V. Zona Turística B; la cantidad de 8 veces la unidad de medida y actualización vigente. VI. Zona Turística A; la cantidad de 10 veces la unidad de medida y actualización vigente. ARTÍCULO 106. El Ayuntamiento de Acapulco de Juárez tendrá la facultad de concertar con las personas físicas o morales, el monto y las condiciones de pago del derecho de alumbrado público. A los usuarios que se acojan a lo estipulado en este artículo no se les determinará el derecho de alumbrado público conforme a lo estipulado en el artículo 102 y por consiguiente el cobro no se cargará en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad. ARTÍCULO 107. En el caso de servicios de alumbrado público a fraccionamientos o condominios horizontales privados, el Municipio de Acapulco de Juárez, podrá establecer con los colonos o propietarios, un convenio de consumo y mantenimiento cuando el servicio no sea prestado por el Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en donde se establecerán las cuotas y forma de pago". De la transcripción que antecede, se advierte que tratándose de predios que no reciban servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pero que hagan uso del servicio de alumbrado público; causarán anualmente este derecho a razón de señalado tabulador por zonas ya definidas en la municipalidad, las cuales son Zona Rural, Zona Suburbana B, Zona Suburbana A, Zona Urbana, Zona Turística B, así como Zona Turística A, y pagaderos proporcionalmente durante los primeros quince días de cada bimestre a través del pago del impuesto predial. Así también el mencionado numeral 106 precisa que el Ayuntamiento tendrá la facultad de concertar con las personas físicas o morales, el monto y las condiciones de pago del derecho de alumbrado público y que los usuarios que se acojan a lo estipulado en este precepto, no se les determinará el derecho de alumbrado público conforme a lo estipulado en el diverso numeral 102 y el cobro no se cargará en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad. Y que en el caso respecto a los servicios de alumbrado público a fraccionamientos o condominios horizontales privados, el municipio podrá establecer con los colonos o propietarios, un convenio de consumo y mantenimiento cuando el servicio no sea prestado por el Ayuntamiento, en donde se establecerán las cuotas y forma de pago. Sin embargo, del aviso recibo expedidos por CFE Suministrador de Servicios Básicos, correspondiente al Número de servicio 331190805511, (RMU) 39715 19-08-23 BOOR-530701 005 CFE; período de consumo del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, que fue exhibido por la parte quejosa, no se advierte dato alguno que haga suponer, fundadamente, que se ubica en alguno de los supuestos a que se refieren los aludidos numerales; y, por lo mismo, resulta inconcuso que no demostró con medio de convicción alguno la aplicación en su perjuicio de dichos dispositivos legales, lo cual estaba obligada a demostrar para que este órgano de control constitucional estuviera en aptitud legal de analizar el fondo de la inconstitucionalidad planteada al respecto. Por consiguiente, al no acreditarse el acto concreto de aplicación de los artículos en comento, no se actualiza la existencia del interés jurídico de la parte quejosa para impugnarlos en esta instancia constitucional, y lo que procede con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es sobreseer el asunto por cuanto hace al acto reclamado consistente en la aplicación de los dispositivos 101, 105, 106 y 107 de la Ley 437 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte. Es aplicable la jurisprudencia P./J.78/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 5). Y la Jurisprudencia 2a./J. 67/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio."(Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo X, Julio de 1999, página 104). OCTAVO. Estudio de fondo. Esta potestad federal no advierte la existencia de alguna otra causa de improcedencia; por tanto, se procede a examinar el asunto a la luz de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, sin que haya obligación de realizar una cita literal de los mismos, toda vez que, además de no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que lo exija, así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia número 58/2010, visible en la página 830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa argumenta que el tributo reclamado viola en su perjuicio los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, en relación con lo señalado en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5º, subinciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el Congreso del Estado de Guerrero, establece un gravamen por el derecho de alumbrado público, en base al consumo de energía eléctrica, con lo cual invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión. En apoyo a su consideración, cita la jurisprudencia 6/88, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN". Así también, invoca la jurisprudencia 4, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro es: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LOS ARTÍCULOS 49 Y 51 DE LA LEY NÚMERO 122 DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE ESTABLECEN PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN". Dicho motivo de disenso resulta infundado, por las siguientes consideraciones. En principio debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la invasión de esferas consiste en el ejercicio, por la autoridad federal, de facultades reservadas a las entidades federativas, o por las autoridades de éstas, de atribuciones constitucionales privativas de la Federación. En ese sentido, resulta necesario señalar que en los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5°, inciso a), y 115, fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), de la Constitución General de la República, se dispone lo siguiente: "Art. 73. El Congreso tiene facultad: (.). XXIX.- Para establecer contribuciones: (.). 5º. Especiales sobre: a). Energía eléctrica;(.) Art. 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: (.). III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: (.). b). Alumbrado público (.). IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: (.). c). Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo (.)". Del primer precepto transcrito, se advierte que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica. Por su parte, en el numeral 115, fracción III, inciso b), se prevé que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el alumbrado público y, en la fracción IV, inciso c), del mismo precepto, se establece que los Municipios tienen derecho a recibir, entre otros, los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo y, en caso de que se utilice la figura del "derecho" para el financiamiento del servicio público, conforme al principio de reserva de ley que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa, es facultad de las legislaturas aprobar las leyes de ingresos de este nivel de gobierno. De acuerdo con ello, se aprecia que por una parte, el Congreso Federal tiene facultades para el establecimiento de las contribuciones sobre energía eléctrica, y por la otra que, al corresponder a las legislaturas de los Estados fijar las contribuciones que correspondan a los Municipios por concepto de los servicios que presten, siendo de su competencia exclusiva el servicio de alumbrado público, éstos pueden, como consecuencia de esa atribución, realizar el cobro de los derechos con motivo de la prestación de dicho servicio. En efecto, de conformidad con las fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), del artículo 115 de la Constitución Federal, la Hacienda Pública de los Municipios se compone, entre otras cosas, de los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos que tengan a su cargo, y como ya se dijo el servicio público de alumbrado es uno de los servicios que prestan los Municipios. Por tanto, al tener a su cargo el servicio público de alumbrado, indiscutiblemente pueden gravarlo a efecto de realizar cobros y recaudaciones para poder seguir prestando dicho servicio; sin embargo, deberán hacerlo como un derecho y no como impuesto. Por tanto, a efecto de determinar si la norma impugnada resulta constitucional o no, es necesario establecer claramente la naturaleza de la contribución reclamada, es decir, si se trata de una contribución de las previstas por el precitado artículo 73 de la Constitución Federal, o, si por el contrario, se trata del establecimiento de un derecho. En primer término, de manera general se puede señalar que desde tiempos pretéritos, las Constituciones del mundo han puesto especial énfasis en establecer limitaciones al poder público, que se plasman en diversos principios que deben seguir las contribuciones, ante la necesidad de protección al derecho de propiedad privada de los gobernados. Estos principios no sólo?????? actúan como límites, sino que también dan sus notas distintivas a las obligaciones públicas denominadas contribuciones o tributos. En nuestro país, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto en nivel federal como en el ámbito del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Estados y los Municipios, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad; los cuales además de ser derechos fundamentales, enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, las cuales se señalan a continuación: a) Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado. b) Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios. c) Sólo se pueden crear mediante ley. d) Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica. e) Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad. De acuerdo con estas características previstas por la Constitución, se puede esbozar un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de Gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público -normalmente pecuniario- destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza - Federación, Ciudad de México, Estados o Municipios- titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes. Una vez fijado un concepto constitucional de contribución o tributo, tenemos que éste se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Dichos elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en el sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa o tarifa, y época de pago. Así, aun y cuando el Código Fiscal de la Federación señala como elementos del tributo al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, debe entenderse que el término "objeto", se refiere a un aspecto más complejo de los elementos del tributo, denominado hecho imponible y, en particular, a su aspecto objetivo, es decir, a la riqueza manifestada a través de la realización del supuesto previsto en ley. Dichos conceptos pueden explicarse de la manera siguiente: a) Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria. b) Hecho imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición, en cuanto que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo y será lícita su exigencia. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley; se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado. c) Base imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación líquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa. d) Tasa o tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efecto de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal, y, e) Época de pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido resulta variable, presentándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de contribución se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo. También cabe apuntar que de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas, y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto la Federación como la Ciudad de México y cada Estado para sí y para sus Municipios, tienen libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que deben respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies. Aunado a lo anterior, se debe señalar que en el nivel federal el artículo 2° del Código Fiscal de la Federación, establece la clasificación de las contribuciones comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico, distinguiendo cuatro especies del género contribución, a saber: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos, los cuales conceptualiza de la siguiente forma: 1. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de ese artículo. 2. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 3. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 4. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Conforme a lo expuesto, se puede afirmar que en las contribuciones denominadas "derechos", el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación o Estado, o bien, la prestación de servicios exclusivos del Estado; mientras que en el caso de los impuestos, el hecho imponible está constituido por hechos o actos que sin tener una relación directa con la actividad del ente público como tal, ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo. No está por demás agregar que si bien la exigencia de capacidad contributiva es nota de las contribuciones, en el caso de los impuestos, que es su especie más importante, este aspecto cobra mayor relevancia. Explicado lo anterior, se tiene que los numerales 102, 103 y 104 de la Ley Número 437 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, cuya inconstitucionalidad cuestiona la quejosa, establecen: "ARTÍCULO 102. El objeto de este derecho, es la prestación del servicio, de operación y mantenimiento en general, de la red de alumbrado público a favor y en beneficio de los habitantes del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, el cual se denominará ´OMRA´ derecho que se sujetará a lo siguiente: I. Se entiende por servicio y mantenimiento en general de la red de alumbrado público, la instalación, ampliación, rehabilitación, reposición y mantenimiento de iluminación pública, por medio de energía eléctrica, convencional o sistema alterno, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, que el Municipio, por cuenta propia o de terceros legalmente facultados para ello, otorga a la comunidad, en avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques, jardines, monumentos públicos, semáforos, así como el alumbrado ornamental de temporadas y otros lugares de uso común, por medio de la red de distribución de dicho servicio; II. El costo total para la prestación del Servicio y Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público, se conformará por aquellas cantidades que representen o sean equivalentes a los siguientes conceptos: a) Costo por servicios personales empleados en el año inmediato anterior en la instalación, operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público, entendido como tal los sueldos, salarios compensaciones, servicio y contribuciones que se deriven de la administración de la nómina del personal del Municipio asignado a labores relacionadas con el Alumbrado Público, así como a estudios, proyectos y sistemas para optimizar los servicios y recaudación, con un estimado del 20% del costo total. b) Costo de los materiales, suministros y gastos de mantenimiento en el servicio de alumbrado público, el cual se compondrá del estimado a erogar en los conceptos por compras y adquisiciones, reposición de lámparas, el mantenimiento de líneas eléctricas y postes, materiales, seguridad, herramientas y maquinaria, así como la operación y mantenimiento de esta, con un estimado del 7.5% del costo total. c) Costo anual, global, general y actualizado del suministro de energía eléctrica, así como de las comisiones cobradas por el suministrador y/o comercializador; con un estimado del 65% del costo total. d) Costo de la ejecución de los nuevos proyectos de ampliación e introducción de servicio de alumbrado público, con un estimado del 7.5% del costo total. Por el servicio, mantenimiento y operación de la red de alumbrado Público, se causarán los conceptos señalados en la presente Ley, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, inciso b), ya que es obligación de los Municipios la prestación del servicio y mantenimiento de alumbrado público; por lo tanto, corresponde al Ayuntamiento del Municipio, realizar el cobro a los particulares o la prestación del servicio de operación del servicio correspondiente. Para los efectos de este apartado, se entenderá por "costo anual, global, general, actualizado y erogado" la estimación de la suma que resulte del total del gasto involucrado, con la prestación de este servicio por el Municipio y precisadas en este artículo, traídos a valor presente tras la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para cada ejercicio fiscal, dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre del año anterior, al que se calcula, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de octubre del año antepasado, al del ejercicio fiscal actual, así como a las estimaciones para la ejecución en el ejercicio fiscal 2020. El cobro de este derecho será destinado para gasto público ARTÍCULO 103. La tarifa mensual o bimestral por el servicio, mantenimiento y operación del alumbrado público "OMRA", será la obtenida como resultado de dividir el costo anual, global, general, actualizado y erogado por el Municipio para la prestación de este servicio, entre el número de usuarios registrados en la empresa suministradora del servicio de energía en el Municipio, tomando como variable para la determinación de la cuota la clasificación de usuarios de la empresa suministradora o comercializadora de conformidad con el siguiente procedimiento: I. Para el ejercicio fiscal 2020 se aplicaran la tarifa o cuota: CONTRIBUYENTE TIPO DE USUARIO CUOTA MENSUAL EN UMA a) HABITACIONAL 1B 0.30 b) HABITACIONAL EN COLONIAS POLULARES Y COMUNIDADES 1B 0.20 c) RESIDENCIAL TURISTICO 1B, DAC 0.95 d) COMERCIAL Y SERVICIOS PEQUEÑO PDBT 1.50 MEDIANO PDBT 8.00 GRANDE GDBT 12.00 e) INDUSTRIAL PEQUEÑA GDMTO 20.00 MEDIANA GDMTH 95.50 GRANDE DIST 142.00 II. El importe resultante, se cobrará en parcialidades mensuales o bimestrales en cada recibo que expida a sus usuarios en el que aparecerá la leyenda abreviada "OMRA". La época de pago de esta contribución, corresponderá a los periodos de facturación que por servicio de suministro de energía eléctrica expida la empresa suministradora o comercializadora de la misma. III. Se autoriza al Municipio para que durante el ejercicio fiscal 2020, suscriba el convenio o convenios con la empresa sumistradora o comercializadora del servicio de energía eléctrica para facultarle la recaudación de este derecho, en forma mensual o bimestral, o en el plazo que resulte del o los convenios que se firmen. Para la suscripción del o los convenios se estará expresamente sujeto al siguiente procedimiento general: a) El monto total mensual recaudado correspondiente al derecho "OMRA", por parte de la empresa suministradora o comercializadora del servicio de energía eléctrica, deberá ser transferido de forma íntegra a cuentas bancarias del Ayuntamiento Municipal, dentro de los cinco días hábiles siguientes, del mes inmediato posterior a la fecha de recaudación. El referido importe deberá ser aprovisionado en cuenta bancaria específica. La Secretaría de Administración y Finanzas emitirá dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, las reglas de operación específicas de dicho fondo, las cuales se deberán sujetar al artículo 102 fracción II de la presente Ley. b) El importe que deba pagar el Municipio por el servicio por suministro de energía eléctrica de forma mensual, conforme al artículo 102 fracción II inciso c), una vez que sea notificada la facturación por el mencionado concepto, de parte de la empresa suministradora o comercializadora, el Municipio deberá cubrir el 100% de tal facturación dentro del plazo máximo de los cinco días hábiles posteriores. c) Queda expresamente prohibido al Municipio, suscribir cualquier convenio que implique la compensación automática de adeudos entre la empresa suministradora o comercializadora de la energía eléctrica, por lo que serán nulas de pleno derecho las cláusulas o acuerdos de voluntades donde se establezcan retenciones directas, sin necesidad de declaración judicial por parte de Órganos Jurisdiccionales Federales o Estatales de cualquier materia. ARTÍCULO 104. Es sujeto pasivo del cobro de este derecho, toda persona física o moral, que obtiene un beneficio directo o indirecto, derivado de la prestación del servicio, mantenimiento y operación de la red de alumbrado público, sin importar que la fuente del alumbrado público, se encuentre o no ubicado frente a su predio, por razón de su domicilio y de las actividades económicas que realice, cuyo horario de funcionamiento se desarrolle total o parcialmente, dentro del horario nocturno de la prestación del servicio, que comprende en general doce horas diarias, plazo que deberá sujetarse al llamado "horario de verano", en cuanto a su comienzo y terminación, por ser este resultado de convenio y/o convenios internacionales, firmados por el Estado Mexicano sobre esa materia (.)". De los preceptos legales transcritos se obtiene que el Ayuntamiento prestará el servicio, operación y mantenimiento de alumbrado público en beneficio de los habitantes del municipio, el cual otorgará en avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques, jardines, monumentos públicos, semáforos, así como el alumbrado ornamental de temporadas y otros lugares de uso común. La tarifa de este derecho tendrá como base el costo total que representa para el municipio la prestación del servicio de alumbrado público, dividido entre el número de usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad y tomando como variable para la determinación de la cuota la clasificación de usuarios que realice dicha dependencia conforme el procedimiento establecido en la tabla que se inserta. Asimismo se establece que el Ayuntamiento realizará el cobro de este derecho a toda persona física o moral que obtenga un beneficio directo o indirecto derivado de la prestación del servicio, ????????????? mantenimiento y operación del alumbrado público, por razón de su domicilio y de las actividades económicas que realice, independientemente de que su funcionamiento se desarrolle total o parcialmente. Por lo que, se puede concluir que el denominado "derecho por servicio, operación y mantenimiento del alumbrado público", a que se hace mención en los artículos 102, 103 y 104 de la Ley Número 437 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, no viola el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el citado numeral 102 y 103, contrario a lo que señala la impetrante del amparo, no invade la esfera de atribuciones de la Federación, en tanto que el cobro del citado tributo se basa en el costo total que representa para el municipio la prestación del servicio, mantenimiento y operación del alumbrado público; no así de la tarifa que paga por el consumo de energía eléctrica suministrado por la Comisión Federal de Electricidad. Por lo anterior, resulta inaplicable la jurisprudencia que la quejosa citó, toda vez que en ella básicamente se expone que la reserva expresa de facultades en favor del Poder Legislativo Federal que señala el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5), subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que los Estados no pueden establecer ninguna carga tributaria, cualquiera que sea la denominación que le asignen, en materia de energía eléctrica, pues ello está reservado al Congreso de la Unión, ya que sólo el Congreso Federal puede gravar la energía eléctrica, según este precepto, ya sea su producción, distribución, venta o consumo, que los Estados sólo tendrán derecho a la participación que la ley federal determine, y los Municipios, a su vez, sólo tendrán derecho al porcentaje que de esa participación señale la ley local, ya que cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República. En tal virtud, como el cobro del derecho por servicio, mantenimiento y operación del alumbrado público que establecen los numerales 102, 103 y 104 de la Ley Número 437 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, no depende de la tarifa que por el servicio de energía eléctrica pague el contribuyente, si no que se basa en el costo total que representa para el municipio la prestación del servicio de alumbrado público, dividido entre el número usuarios registrados por la Comisión Federal de Electricidad, por lo que resulta claro que en el caso no existe una invasión de las atribuciones de la federación en materia de energía eléctrica como pretende hacerlo valer la impetrante de amparo. A su vez, la parte quejosa refiere transgresión a loa derechos fundamentales que contempla el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que atenta contra los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Resulta igualmente infundado ese motivo de disenso. Ello por la razón de que, como ya se ha mencionado, el artículo los artículos 102, 103 y 104 de la Ley Número 437 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, no basa el cobro del derecho de alumbrado público en la tarifa que por el servicio de energía eléctrica pague el contribuyente a la Comisión Federal de Electricidad; si no que contrario a ello, depende de la calidad y cantidad de lámparas de servicio de alumbrado público en todo el municipio, y particularmente se basa en el costo total que representa para el municipio la prestación del servicio de alumbrado público. Además, se advierte que el legislador estableció diferentes cuotas para el pago del derecho de alumbrado público, en función del tipo de bien inmueble, predio o actividad; lo que a criterio del suscrito tampoco infringe los principios tributarios de proporcionalidad y equidad consagrados en el artículo 31, fracción ??????????????? IV, constitucional, en tanto que la distinción de trato no resulta caprichosa o artificial, pues atiende a hechos notorios, como son los distintos usos o actividades para los que se destinan los bienes inmuebles, como puede ser habitación, establecimiento comercial, o industria, lo que implica que existen razones objetivas que justifican la fijación de cuotas diversas. De igual manera, se estima que la porción normativa cuestionada respeta la capacidad contributiva igual de los iguales, ya que los contribuyentes que cuentan con determinado tipo de inmueble pagan el derecho en idénticas circunstancias, es decir, aquel que utiliza en igual medida el servicio de alumbrado público, paga la misma cuota, a diferencia de aquellos que se benefician en inmuebles de diferentes características. Sin que pase desapercibido el hecho de que las tarifas que se fijan en el caso de los derechos, se determinen a partir del costo que tenga para el Estado la prestación del servicio y que dichas cuotas sean fijas e iguales para quienes reciban servicios análogos o variables, si el grado de utilización del servicio es razonablemente diferente. Empero, es sabido que los derechos no necesariamente deben fijarse con exactitud matemática en relación con el costo del servicio prestado, pero sí deben guardar vinculación con éste. Por ende, es patente que contrario a lo alegado por la parte quejosa, la norma reclamada no resulta transgresora de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Habida cuenta que la cuota a cargo de los contribuyentes por servicio de alumbrado público en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no se encuentra clasificada tarifariamente por la Comisión Federal de Electricidad mediante las tarifas por consumo de energía eléctrica; por el contrario, se reitera, conforme a lo establecido por los artículos 102 y 103 de la Ley de Ingresos en estudio, dicha cuota se basa en el costo total que representa para el municipio la prestación del servicio de alumbrado público. Así también, es de ponderarse que los artículos 102 y 103 de la Ley de Ingresos que se reclama en esta vía de amparo, claramente establecen que el cobro de ese tributo será de a acuerdo a la calidad y cantidad de lámparas del servicio de alumbrado público de todo el municipio, a fin de que exista una correlación entre el cobro y la contraprestación del servicio, teniendo como base para el cobro de este derecho, el costo total que representa para el municipio la prestación del servicio de alumbrado público, dividido entre el número de contribuyentes del comentado servicio. En función de las consideraciones que anteceden, procede negar el amparo y protección federal solicitado, en contra de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, en específico su numerales 102, 103 y 104. Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 63, 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, respecto de los actos y autoridades precisadas en los considerandos quinto y séptimo y por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra los actos reclamados y por las razones que se sustentan en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito (autorizado mediante oficio CCJ/ST/2615/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), hasta hoy treinta de agosto de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución, quien actúa asistido por Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 63, 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por****, respecto de los actos y autoridades precisadas en los considerandos quinto y séptimo y por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, contra los actos reclamados y por las razones que se sustentan en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito (autorizado mediante oficio CCJ/ST/2615/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), hasta hoy treinta de agosto de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución, quien actúa asistido por Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.

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