Refugio Ariel Romero Moroyoqui
Expediente 166/1961 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 34 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 166/1961
- Año
- 1961
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 30/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Refugio Ariel Romero Moroyoqui
- Refugio Ariel Romero Moroyoqui y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Se remite al archivo judicial. Visto el estado de autos, se advierte que ha sido realizado el trámite para el cual se extrajo el presente expediente del Centro Archivístico Judicial, con residencia en Toluca, Estado de México. En consecuencia, devuélvase el expediente al Centro Archivístico Judicial, con residencia en Toluca, Estado de México, para su debido resguardo, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, a dos de julio de dos mil diecinueve, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, para conocimiento del quejoso Refugio Ariel Romero Moroyoqui, en su carácter de apoderado legal de Manuel Moroyoqui Flores, Manuel de Jesús Romero Moroyoqui, Jesús Moroyoqui Flores, Francisco Romero Moroyoqui, como albacea de la sucesión testamentaria a bienes que pertenecieron a Manuel Romero Amarillas; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo vigente, que a la letra dice: Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. I. Se recibe expediente. Se tiene por recibido el oficio DGAD-CAJ-SIN-17521-2019, firmado por el Coordinador de Administración y Resguardo de Archivos Judiciales, con sede en Toluca, Estado de México, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 166/1961 de este índice; emítase el acuse de recibo correspondiente. II. Pronunciamiento respecto a la solicitud planteada por el promovente. Ahora bien, respecto el oficio MI/PL/SSGA/XIII/5508/2019, enviado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que anexa copia certificada relativa escrito presentado por Refugio Ariel Romero Moroyoqui, en su carácter de apoderado legal de Manuel Moroyoqui Flores, Manuel de Jesús Romero Moroyoqui, Jesús Moroyoqui Flores, y Francisco Romero Moroyoqui, como albacea de la sucesión testamentaria a bienes que pertenecieron a Manuel Romero Amarillas; en atención a su contenido dígase a la parte promovente que en proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, ya se acordó respecto a lo peticionado, proveído que en la parte conducente establece lo siguiente: ". II. Pronunciamiento respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Atento a lo anterior, de las constancias que obran en autos se desprende que el veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y dos, el Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, ahora Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, por una parte sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Inconforme con dicha resolución, el Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, interpuso recurso de revisión del cual conoció la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo resolvió el catorce de marzo de mil novecientos setenta y seis, bajo los resolutivos siguientes: 1. Se Sobresee en el amparo 166/1961, a que éste toca se refiere. 2. Notifíquese; con testimonio de ésta resolución, vuelvan los autos al Juzgado de su origen, y en su oportunidad, archívese el Toca. Asimismo, por escrito recibido en este Órgano Jurisdiccional el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el apoderado legal de los quejosos, y albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Manuel Romero Amarías, promovió incidente de cumplimiento de la sentencia de amparo de veintisiete de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, a efecto de que Juzgado de Distrito proveyera sobre la debida ejecución de la misma. En atención a lo solicitado por el promovente, y en virtud de las constancias que integran el presente expediente mismas que fueron destacadas en párrafos precedentes, no es el caso emitir un pronunciamiento respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que si bien, es cierto que por resolución de fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y dos, se concedió a los quejosos el amparo y protección de la justicia federal, también es verdad que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, emitió la ejecutoria de catorce de marzo de mil novecientos setenta y seis, en la que sobreseyó en el juicio de amparo respectivo. Por tanto, en el caso no existe contumacia por parte de las autoridades responsables para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que, como se dijo, al haberse sobreseído el juicio constitucional por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la ejecutoria de catorce de marzo de mil novecientos setenta y seis, es inconcuso, que quedó sin efectos la sentencia concesoria dictada con antelación. En virtud de lo anterior, no ha lugar acordar de conformidad con lo solicitado por el apoderado legal de la parte quejosa, en escrito recibido en diecinueve de febrero de dos mil dieciocho..." Determinación que impugnó mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, donde interpuso recurso de queja en contra de dicho proveído, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien mediante resolución de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, emitida en los autos de la queja administrativa 65/2018, declaró infundado el citado recurso. Resolución donde como argumento toral se sostuvo lo siguiente: ".De constancias del juicio de amparo de origen, con número de expediente 166/1961, se desprende que por sentencia de diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y dos, el titular del entonces Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, por una parte sobreseyó el juicio y por otra otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por los quejosos. Inconforme con esa determinación, la entonces autoridad responsable, Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió a la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien por sentencia de catorce de marzo de mil novecientos sesenta y seis, determinó sobreseer en el amparo a que ese toca se refería; en la citada ejecutoria, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que, en atención a que en ese negocio no se impugnaba la inconstitucionalidad de alguna Ley; que los actos reclamados procedían de autoridades administrativas; que no se trataba de derechos de ejidatario, y a que entre el diez de julio de mil novecientos sesenta y tres, fecha de la última actuación judicial efectuada en ese negocio, y el veinticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y seis, fecha de la certificación sentada por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, transcurrió el término referido en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, sin que hubieran tenido efecto actuaciones judiciales o presentaran las partes promociones, con apoyo en dicho precepto y en el 193 bis de tal ordenamiento, procedía sobreseer en el juicio. Por escrito de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la parte quejosa interpuso el que denominó incidente de cumplimiento de la sentencia de amparo, mediante el cual solicitaba al juzgador federal proveyera en relación a la debida ejecución de la sentencia dictada el diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y dos, en el juicio de amparo 166/1961, del índice del entonces Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, actualmente Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Por proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la Secretaria en funciones de juez del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, determinó que no había lugar a acordar de conformidad a lo solicitado por la parte quejosa en el escrito de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, ya que si bien por sentencia de diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y dos, se otorgó a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, también era verdad que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la ejecutoria de catorce de marzo de mil novecientos sesenta y seis, en la que sobreseyó en el juicio de amparo respectivo; por tanto, precisó la Secretaria en funciones de juez, en el caso no existía contumacia por parte de las autoridades responsables para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que, al haberse sobreseído en el juicio constitucional por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la ejecutoria de catorce de marzo de mil novecientos sesenta y seis, era inconcuso que quedó sin efectos la sentencia concesoria dictada con antelación, esto es, la de diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y dos. En principio, devienen inatendibles las manifestaciones de la quejosa, relativas a los errores que alude cometió la juzgadora federal en el auto recurrido, atinentes a las fechas de emisión de las sentencias allí referidas, pues no se aprecia trascendencia alguna por cuanto a la cita de dichas datas, máxime que con la resolución de este asunto tales faltas quedarán enmendadas. Por otro lado, son ineficaces las diversas aseveraciones de la quejosa, relativas a que la juzgadora de amparo es renuente a que se de cumplimiento a la sentencia de amparo dictada el diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y dos; en principio, y tal como se refiere en el auto recurrido, este tribunal colegiado aprecia que en la ejecutoria de catorce de marzo de mil novecientos setenta y seis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, efectivamente resolvió sobreseer en el juicio de amparo, lo que no puede tener otra interpretación que el así indicado, esto es, que se sobreseyó en el juicio de amparo y no en el recurso de revisión, como erróneamente infiere la quejosa. Ahora, no obstante el carácter de cosa juzgada de la ejecutoria de catorce de marzo de mil novecientos sesenta y seis, emitida en el toca 7733/62 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este tribunal colegiado estima que, con el fin de dar respuesta integral a los argumentos de la quejosa, así como de sustentar la apreciación de la juzgadora federal y de este tribunal, por cuanto al sentido dado a dicha ejecutoria , esto es, el sobreseimiento del juicio de amparo y no el sobreseimiento de la instancia, es pertinente invocar el contenido del artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo abrogada, aplicable en la época en que se resolvió el recurso de revisión de referencia, así como del criterio jurisprudencial emitido por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la interpretación del numeral aludido. Pues bien, en la Ley de Amparo abrogada, y vigente en la fecha en que se resolvió el recurso de revisión 7733/62, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 74, en su fracción V, establecía lo siguiente: "ARTÍCULO 74.- Procede el sobreseimiento: . V.- Cuando el acto reclamado proceda de autoridades civiles o administrativas, y siempre que no esté reclamada la constitucionalidad de una ley, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal ni realizado por el quejoso ninguna promoción en el término de ciento ochenta días consecutivos, así sea con el solo fin de pedir que se pronuncie la resolución pendiente." Respecto a la interpretación de dicho numeral, la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 166 (H), consultable en el Apéndice de dos mil once, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Tercera Parte - Históricas Primera Sección - SCJN, Sexta Época, página tres mil ciento cuarenta y ocho, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO, POR FALTA DE PROMOCIÓN (REVISIÓN) [TESIS HISTÓRICA]. Aunque el recurso de revisión no lo interponga el quejoso, éste, para evitar el sobreseimiento del juicio de garantías, debe promover los términos de la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, cuando no se impugne la inconstitucionalidad de una ley y los actos reclamados provengan de autoridades administrativas." Pues bien, con el criterio jurisprudencial trascrito queda evidenciado que, en la data en que se resolvió el recurso de revisión 7733/62, derivado del juicio de amparo 166/1961, la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenía el criterio de que, aunque no sea la quejosa la interpositora del recurso de revisión, está constreñida a promover dentro de los términos entonces previstos en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo abrogada, a efecto de evitar el sobreseimiento del juicio de amparo. Así es que no existe duda del sentido dado a la ejecutoria de catorce de marzo de mil novecientos sesenta y seis, emitida en el toca 7733/62 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cuanto lo que se sobreseyó fue el juicio de amparo y no la instancia, no obstante que el recurso no lo haya interpuesto la parte quejosa. No es óbice a lo anterior el que este tribunal colegiado aprecie la existencia de diversa tesis de jurisprudencia emitida por el entonces Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que sostuvo criterio contrario al emitido por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizando un análisis sistemático del referido numeral en relación con diversos ordenamientos, precisando que cuando en el amparo se reclamen actos que provengan de autoridades civiles o administrativas y siempre que no esté reclamada la inconstitucionalidad de una ley, cualquiera que sea el estado del juicio, si ha transcurrido el término de ciento ochenta días que señala el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, sin que se haya efectuado ningún acto procesal y sin que hayan promovido la parte o partes que hubieren interpuesto la revisión, procede sobreseer únicamente ese recurso, que es la materia sujeta a discusión, y declarar firme la sentencia recurrida, porque así se desprende el sentido del mencionado precepto, señaló el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea por suplencia de su laguna normativa, sea por la necesidad lógica de salvar la contradicción en que se incurriría al interpretarlo literal y no sistemáticamente, relacionándolo con el artículo 2o. de la propia Ley y con los artículos 373, fracción IV, 375 a 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como con el párrafo final de la fracción II del artículo 107 de la Carta Fundamental, adicionado por el Decreto de treinta de octubre de mil novecientos sesenta y dos. El citado criterio se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia 109, visible en el Apéndice de mil novecientos setenta y cinco, Parte I, página doscientos cuarenta y dos, Sexta Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE REVISION EN EL AMPARO, POR INACTIVIDAD PROCESAL. Cuando en el amparo se reclamen actos que provengan de autoridades civiles o administrativas y siempre que no esté reclamada la inconstitucionalidad de una ley, cualquiera que sea el estado del juicio, si ha transcurrido el término de ciento ochenta días que señala el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, sin que se haya efectuado ningún acto procesal y sin que hayan promovido la parte o partes que hubieren interpuesto la revisión, procede sobreseer únicamente ese recurso, que es la materia sujeta a discusión, y declarar firme la sentencia recurrida, porque así se desprende el sentido del mencionado precepto, sea por suplencia de su laguna normativa, sea por la necesidad lógica de salvar la contradicción en que se incurriría al interpretarlo literal y no sistemáticamente, relacionándolo con el artículo 2o. de la propia Ley y con los artículos 373, fracción IV, 375 a 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como con el párrafo final de la fracción II del artículo 107 de la Carta Fundamental, adicionado por el Decreto de 30 de octubre de 1962. Véase: Reforma en vigor a partir del 28 de octubre de 1968 a la fracción XIV del artículo 107 constitucional, artículo 1º Transitorio de dicha reforma y reforma al artículo 74, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación." Criterio que, aprecia este tribunal colegiado, fue precursor de una serie de reformas constitucionales, y consecuentemente de la Ley de Amparo, a efecto de establecer que en los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado, producirá la caducidad de la instancia y, en ese caso, el tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida; asimismo, se aprecia que, eventualmente, al abrogarse la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, desapareció la figura de la caducidad en el juicio de amparo. Sin embargo, se insiste que lo anterior no es óbice a la resolución del asunto de que se trata, toda vez que la ejecutoria de catorce de marzo de mil novecientos sesenta y seis, emitida en el toca 7733/62 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene la autoridad de cosa juzgada, inmodificable inclusive por el criterio posterior emitido por el entonces Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esa medida es que, tal como sostuvo la juzgadora federal en el auto recurrido, a través de la ejecutoria de catorce de marzo de mil novecientos sesenta y seis, emitida en el toca 7733/62, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó sobreseer en el juicio de amparo 166/1961, lo que efectivamente conllevó a que quedara sin efectos la sentencia concesoria de diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y dos, dictada en el expediente 166/1961; así, existe justificación legal del juzgador federal para eximirse de ordenar la ejecución de la sentencia concesoria de diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y dos, no pudiéndosele atribuir omisión o contumacia alguna al respecto, pues, se itera, dicha sentencia concesoria de amparo, de diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y dos, quedó sin efectos con la determinación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de sobreseer en el juicio de amparo respectivo. En mérito de lo expuesto, al resultar ineficaces los agravios analizados, lo procedente es declarar infundado el recurso de queja." En virtud de lo anterior, toda vez que su petición ya fue analizada incluso por el tribunal de alzada de referencia, deberá estar a lo sostenido en las determinaciones antes mencionadas. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Francisco Javier Frías Luna, Secretario que autoriza y da fe. 21138 Lic. Gabriela Pérez Caro Actuaria Judicial
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Se solicita expediente a Toluca, Estado de México. Se tiene por recibido el oficio MI/PL/SSGA/XIII/5508/2019, enviado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que anexa copia certificada relativas al incidente de inejecución de sentencia de amparo. Atento a lo anterior, y toda vez que el citado juicio de amparo no se encuentra en este Juzgado de Distrito; en consecuencia, fórmese cuadernillo, agréguese el escrito de cuenta y resérvese acordar lo conveniente una vez que obren en este juzgado los autos de referencia; para tales efectos, solicítese al Archivo de Concentración de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con residencia en Toluca, Estado de México, a fin de que remita los autos del juicio de garantías 166/1961. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Solicita acuse. Se tiene por recibido el oficio 2348/2019, signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en el cual solicita el acuse relativo al oficio 264/19-E, al que anexó copia certificada de la resolución dictada en la queja 65/2018, y los autos originales del juicio de amparo 166/1961, promovido por Manuel Moroyoqui Flores, Manuel de Jesús Romero Moroyoqui, Jesús Moroyoqui Flores, y Francisco Romero Moroyoqui, como albacea de la sucesión testamentaria a bienes que pertenecieron a Manuel Romero Amarillas. Acúsese recibo. En consecuencia, se ordena acusar recibo de estilo, vía electrónica, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria, para los efectos legales correspondientes; comunicado recibido a través del Sistema de Juicio en Línea del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que contiene firma electrónica del fedatario signante conforme la regulación dispuesta por el Consejo de la Judicatura Federal; por ende, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, esta produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Notifíquese.
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