Red Feminista Quintanarroense
Expediente 19/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Red Feminista Quintanarroense
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la segunda de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurrido el plazo de tres años. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 35 mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Citatorio. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por ***, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento inmerso en auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, exhiben una copia más de la demanda de derechos fundamentales a fin de correr traslado a las partes. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la prevención de que se trata y por ende la diversa de quince de enero del año en curso. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Toda vez que el numeral transcrito impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se procede al análisis respectivo. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, Tomo XX, Materia Común, Novena Época, visible en la página 1631, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C. J/19, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1999, Tomo X, Materia Común, Novena Época, visible en la página 730, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el caso concreto, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Conforme al precepto transcrito, la acción constitucional es improcedente cuando se reclaman actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción l, del artículo 5, de la ley de la materia, así como también cuando se reclaman normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. A su vez, el numeral 5, fracción l, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.].". ??????????????? De lo vertido es preciso puntualizar que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, deberá acreditar el "interés jurídico" es decir que es titular de un derecho jurídicamente protegido. Así, el interés jurídico requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el cual provenga de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es importante mencionar que al acudir al juicio de amparo el quejoso debe situarse en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, el órgano de control constitucional del conocimiento debe examinar, en cada caso, la naturaleza de los actos reclamados y la afectación que aduzca el quejoso producen en su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; identificando de esa manera si le es exigible acreditar el "interés jurídico" o simplemente demostrar un "interés legítimo". Así, de lo señalado hasta aquí, se desprenden los dos supuestos que generan el interés jurídico: a) La titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. b) EI resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Entonces, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de la materia toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. En este sentido se pronunció la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, en la Jurisprudencia número 1a./J. 168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, que a la letra señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto se toma en cuenta el criterio contenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario??????????????? Judicial de la Federación, Décima Época, Marzo de 2019, registro 2019456, que al respecto señala: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Atento a lo expuesto, se puede señalar lo siguiente: 1. El interés jurídico se identifica en la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado. 2. El acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Luego, del presente expediente y, específicamente del escrito aclaratorio presentado el tres de febrero de dos mil veintiuno, se advierte que el juicio de derechos en que se actúa fue promovido por propio derecho por ****. Asimismo, que el acto reclamado se hace consistir en la falta de contestación al escrito dirigido a ****, en su calidad de Diputado de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, el de nueve de diciembre de dos mil veinte. Sin embargo, de la documental aportada por las propias solicitantes de tutela constitucional, consistente en el original del acuse de recibo del ocurso de que se trata, se advierte que dicho documento aparentemente fue presentado en representación del colectivo Red Feminista Quintanarroense y carece de firma autógrafa alguna de las amparistas. De lo anterior, se desprende que el acto materia del acto reclamado no causa una afectación al interés jurídico de las aquí quejosas ****, el escrito, cuya falta de respuesta reclaman no fue firmado por éstas. No se soslaya que, aparentemente, dicho documento fue suscrito por el colectivo Red Feminista Quintanarroense; sin embargo, ante la prevención realizada por este juzgado de Distrito el quince de enero de dos mil veintiuno, las citadas quejosas manifestaron promover el juicio de amparo por su propio derecho y mucho menos acreditaron representar al citado colectivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ****, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la citada legislación, ya que la citadas quejosas carecen de interés jurídico. No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, lo señalado en los criterios jurisprudenciales de rubro "INTERÉS JURÍDICO. SU ANÁLISIS DEBE SER MATERIA DE LA SENTENCIA QUE RESUELVA EL JUICIO DE GARANTÍAS"1 e "INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS"2, que es esencia disponen que la demanda de amparo no es susceptible de desechamiento tratándose de falta de interés jurídico, puesto que la 1 Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, página 884, registro 192172. 2 Segundo Tribunal Colegiado en Materia Admnistrativa del Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Octubre de 2000, página 1303, registro 191025. causa de improcedencia de que se trata, es de aquellas que deben analizarse al momento en que se dicte la resolución correspondiente, dado que dicho interés puede ser acreditado durante el desarrollo del procedimiento. Sin embargo, se insiste, dada la naturaleza del acto reclamado -omisión de dar contestación a escrito- y atenta a la documental propuesta por las amparistas se desprende de manera manifiesta, inobjetable y cierta que ese ocurso no fue firmado por las solicitantes de derechos fundamentales y, por ende, se itera, carecen de interés para instar la presente instancia constitucional. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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