Recuperación de Comercio Interior, S. R. L. de C.V.
Expediente 1160/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1160/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Recuperación de Comercio Interior, S. R. L. de C.V.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil dieciocho. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de abril de dos mil dieciocho, en la que se NEGÓ la protección constitucional a la persona moral quejosa "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A SU LUGAR DE ORIGEN. Devuélvase al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el toca de apelación I-324/2017, que acompañó a su informe justificado; solicitándole el acuse recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de mayo de dos mil dieciocho. SE RECIBE EXPEDIENTE DE JUZGADO AUXILIAR. Agréguense a los autos el oficio 235/2018, que suscribe la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito, ambos del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a través del cual devuelve el juicio de amparo IX-1160/2017, que se le remitió para la emisión de la sentencia respectiva; así como un tomo de prueba y un disco compacto que contiene el archivo electrónico del fallo; acúsese el recibo de estilo. Glósense al expediente que se recibe, únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío del asunto. SE ORDENA NOTIFICAR A LAS PARTES EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA. Notifíquese a las partes la sentencia pronunciada por la juez auxiliar el treinta de abril de dos mil dieciocho, y por oficio a las autoridades responsables, al cual deberá ajuntarse copia certificada del fallo. Notifíquese personalmente el presente acuerdo, así como la sentencia respectiva. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver en el juicio de amparo indirecto 1160/2017, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Automatizada de Término del Poder Judicial de Michoacán, dirigido a la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de su apoderada jurídica Susana Díaz Sánchez, promovió juicio de amparo directo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: ". 3.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo con tal carácter al C. MAGISTRADO DE LA NOVENA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO." ACTOS RECLAMADOS: ". 4.- ACTOS RECLAMADOS. Auto de fecha 16 dieciséis de octubre de 2017 dos mil diecisiete, dictado dentro del Toca I-324/2017". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. De la demanda de amparo tocó conocer, por razón de turno, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito. Dicho Tribunal Colegiado, por acuerdo de siete de diciembre de dos mil diecisiete, determinó carecer de competencia legal, toda vez que en contra del acto reclamado procedía el amparo indirecto, al derivar de un procedimiento seguido en la vía de jurisdicción voluntaria, cuyas determinaciones se consideran fuera de juicio; por lo que ordenó remitir la demanda con sus anexos al Juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, a fin de que acordara lo conducente (fojas dos y tres del juicio de amparo). De la demanda tocó conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, cuyo titular mediante proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete, se avocó al conocimiento del asunto y admitió la demanda de amparo, tramitándose bajo el número de expediente anotado en el encabezado de esta ejecutoria (fojas veintisiete a treinta y uno del juicio de amparo). Seguidos los trámites correspondientes, el nueve de enero de dos mil dieciocho, la Secretaria encargada del despacho celebró la audiencia constitucional y remitió los autos a este órgano jurisdiccional que ahora resuelve . Recibidos los autos por este Juzgado Federal, el doce de febrero del año en curso, sin abrir cuaderno de antecedentes, se ordenó registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de cuaderno auxiliar 98/2018. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región es competente para conocer del presente asunto, pues ejerce jurisdicción en toda la República y en todas las materias, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la Ley de Amparo; 48 y 81, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este último en relación con el punto quinto, inciso 2 y último párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , así como en el oficio STCCNO/1038/2017, suscrito el trece de noviembre de dos mil diecisiete, por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal . Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado exclusivamente para ello, sin contar con facultades para atender cuestiones relativas al trámite del juicio de amparo; de ahí que el presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el juzgado de Distrito auxiliado. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 107/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 163998 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Agosto de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 107/2010 Página: 440 ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el toca I-324/2017, mediante el cual se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la hoy quejosa en contra del auto de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 768/2007, atribuido al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, tal como se desprende de las diversas manifestaciones vertidas en su informe justificado, lo que se corrobora de las constancias que adjuntó a su informe para apoyar el acto reclamado (foja cinco del juicio de amparo y el cuaderno de pruebas). CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación, debe de examinarse la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, pues es de estudio preferente, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo . El Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, refirió que el presente juicio de amparo es improcedente, porque la quejosa inobservó el principio de definitividad, toda vez que previo a la presentación de la demanda de amparo debió interponer recurso de revocación. Es infundada la causa de improcedencia que se hace valer. Lo anterior es así, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el recurso de revocación es el medio de defensa idóneo para combatir los autos dictados por las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, con excepción de los que se emitan en grado de apelación, debiendo tenerse como tales los dictados en la segunda instancia procesal, la cual inicia al presentarse el recurso de apelación; de ahí que las resoluciones emitidas con motivo de la interposición del citado medio de defensa, incluida aquélla en la que Sala inadmite la apelación, se decreta en "grado de apelación", pues procesalmente se refiere a otra instancia diversa a la competencia del juzgador natural, y en consecuencia es innecesario agotar el recurso de revocación en su contra, antes de acudir al juicio de amparo. Sustenta lo aquí considerado, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2010974 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a. XXXVII/2016 (10a.) Página: 683 RECURSO DE APELACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESECHA, ES INNECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 680 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, PREVIAMENTE A PROMOVER EL AMPARO DIRECTO. El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, entendiéndose estas últimas como las que, sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes no conceden recurso ordinario alguno. En relación con lo anterior, si el artículo 680 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán señala que el recurso de revocación es un medio de impugnación para combatir todos los autos de las Salas del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, con excepción de los que se dicten en grado de apelación, sin especificar su calidad o su sentido, deben de considerarse como tales los emitidos en la segunda instancia procesal, la cual debe tenerse por iniciada al momento de la presentación del recurso de apelación; de manera que si de conformidad con la legislación procesal aplicable, en el procedimiento se establece la participación del juez, no sólo como receptor del escrito de agravios, sino para proveer su interposición y el grado de la apelación, hasta que la Sala emite su pronunciamiento, con ello se demuestra una vinculación directa en las actuaciones del juez con la instancia procesal. De ahí que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando el juez tramita el recurso de apelación interpuesta por el recurrente, provee sobre su interposición y expresa el efecto con el que lo admite (suspensivo o devolutivo), se dicta en "grado de apelación", pues procesalmente se refiere a otra instancia diversa a la competencia del juzgador, como resolutor de la primera instancia. Por tanto, si el acto impugnado fue posterior a esas actuaciones, esto es, la determinación del tribunal de alzada para desechar el recurso, es evidente que se trata de una resolución dictada en "grado de apelación" y, por ende, es innecesario agotar el recurso de revocación en su contra, antes de acudir al juicio de amparo directo, al actualizarse la excepción prevista en la norma." Al no advertir este juzgado federal, la actualización de alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea de manera oficiosa o que lo hayan alegado las partes, se impone realizar el estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Estudio de fondo. Son ineficaces los conceptos de violación formulados por la quejosa. Por cuestión de método, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa se estudiarán en un orden diverso al planteado por así autorizarlo el artículo 76 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia que dice: "Época: Décima Época Registro: 2011406 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: (IV Región)2o. J/5 (10a.) Página: 2018 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Previo a dar contestación a los conceptos de violación formulados por la quejosa, debe precisarse que de las constancias de las que deriva el acto reclamado, deducidas de las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre consignación preliminar promovieron María Isabel Piedra Sandoval y Carlos Molina Hernández, en favor de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima integrante del grupo financiero BANAMEX, remitidas en copia certificada por el magistrado responsable, como apoyo al acto reclamado, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentales públicas, se advierte lo siguiente: 1. Mediante solicitud presentada ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, el veintiuno de junio de dos mil siete, María Isabel Piedra Sandoval y Carlos Molina Hernández, a través de su apoderado jurídico, promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria sobre consignación preliminar, en favor de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima integrante del grupo financiero BANAMEX, las que se admitieron y radicaron bajo el número 768/2007, por el Juzgado Sexto de lo Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán (fojas una a cuatro y cinco, respectivamente, del anexo). 2. Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de su apoderada jurídica Susana Díaz Sánchez, solicitó al Juzgado Sexto de lo Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, le reconociera la titularidad de los derechos adquiridos mediante contrato de cesión onerosa de derechos litigiosos que suscribió su representada con Banco Nacional de México, Sociedad Anónima integrante del grupo financiero BANAMEX; mantuviera en depósito judicial todas y cada una de las consignaciones realizadas en autos y que no hiciera la devolución de las consignaciones realizadas a favor del "actual titular de los derechos de crédito y litigiosos Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable" (fojas cincuenta y ocho y cincuenta y nueve del anexo). 3. A la promoción que antecede, le recayó el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el que el Juez Sexto de lo Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, tuvo a "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de su apoderada jurídica Susana Díaz Sánchez, compareciendo al juicio 768/2007, de jurisdicción voluntaria sobre consignación preliminar, sin acordar de conformidad la petición que le formuló respecto a mantener en depósito las consignaciones realizadas y no devolverlas, al considerar que los depósitos realizados en dicho procedimiento fueron hechos a favor de la institución de crédito Banco Nacional de México, Sociedad Anónima integrante del grupo financiero BANAMEX, por lo que sólo ella podía hacer manifestaciones en relación a los depósitos consignados, toda vez que se trataba de un asunto de jurisdicción voluntaria; precisando que si la beneficiaria le cedió los derechos derivados del documento con base en el cual se tramitaban dicha diligencias de jurisdicción voluntaria sobre consignación preliminar y en razón de ello los promoventes le adeudan a la moral en mención alguna cantidad, ésta tenía que hacer valer su derecho en la vía y términos correspondientes (foja trescientas doce del anexo). 4. En esa misma fecha, es decir, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Juez Sexto de lo Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, dictó otro acuerdo en el que autorizó la devolución de las consignaciones realizadas a los promoventes de las diligencias (foja trescientas trece del anexo). 5. Inconforme con los proveídos reseñados en los párrafos precedentes, "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de su apoderada jurídica Susana Díaz Sánchez, interpuso recurso de apelación (fojas trescientas dieciocho a trescientas veinticuatro del anexo), medio de impugnación que el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, el Juez Sexto de lo Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, admitió en efecto devolutivo (foja trescientas veinticinco del anexo). 6. Mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el que el Juez Sexto de lo Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, autorizó la devolución a María Isabel Piedra Sandoval y Carlos Molina Hernández de los depósitos realizados en las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre consignación preliminar 768/2007, en favor de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del grupo financiero BANAMEX, en virtud que dicho beneficiario no manifestó su oposición para ello; lo anterior, al considerar que en términos de lo dispuesto por el artículo 1160 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, no es la promovente de las citadas diligencias de jurisdicción voluntaria ni tampoco un tercero. Resolución en la cual el magistrado estimó que aun cuando "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, pudiera considerarse como un tercero en las diligencias de jurisdicción voluntaria, el precepto en mención establece que aquéllos, es decir, los terceros, sólo pueden promover el recurso de apelación cuando no se admita su oposición presentada en tiempo hábil o cuando su oposición fuera desestimada en la resolución que aprueba dichas diligencias; hipótesis que, señaló, no se actualizaban, toda vez que "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, no se estaba oponiendo a la tramitación de las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre consignación preliminar 768/2007, promovieron María Isabel Piedra Sandoval y Carlos Molina Hernández, ni el acuerdo reclamado era aquél en el que se niega admitir su oposición o se desestimara dicha oposición en la resolución que aprobaba las diligencias de jurisdicción voluntaria. Por lo que concluyó que, si en la especie quien interpuso el recurso de apelación era Susana Díaz Sánchez, apoderada jurídica de "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, quien adujo ser cesionaria del crédito respecto del cual los promoventes consignaron diversos pagos, era claro que ésta carecía de legitimación para hacer valer el recurso de apelación al no ser ni la promovente de las diligencias ni un tercero al que no se le hubiera admitido su oposición o que se le desestimara la oposición propuesta en la resolución en la que se aprobaran las diligencias de jurisdicción voluntaria; lo anterior, precisó, porque la procedencia del recurso de apelación sólo se limita al promovente o al tercero en los dos supuestos ya precisados. Aunado a lo anterior, el magistrado responsable precisó que tampoco era procedente el recurso de apelación interpuesto por Susana Díaz Sánchez, apoderada jurídica de "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, toda vez que de conformidad con el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, dicho medio de impugnación sólo es procedente en contra de autos cuando la ley expresamente lo disponga y si además también fuera apelable la sentencia definitiva en el juicio; sin embargo, precisó, que en el caso no existía precepto alguno en el capítulo relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria que en forma específica estableciera la procedencia de la apelación en el supuesto indicado, por lo que con independencia de que la sentencia definitiva en dicho procedimiento fuera recurrible en apelación, el numeral citado preveía el cumplimiento de ambos requisitos, por lo que si en el caso no se actualizaba el primero, era intrascendente que el segundo sí se concretara. (Fojas trescientas cuarenta y cinco a trescientas cuarenta y siete del anexo). Puntualizado lo anterior, la peticionaria del amparo aduce que el auto dictado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dentro del toca I-324/2017, que declara inadmisible la apelación interpuesta contra los acuerdos de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, viola en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que la comparecencia de su representada no encuadra dentro de ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 1160 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, debido a que en su consideración fue incorrecto que señalara que "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, es un tercero opositor dentro del juicio de jurisdicción voluntaria sobre consignación preliminar 768/2007, promovido por María Isabel Piedra Sandoval y Carlos Molina Hernández, en favor de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima integrante del grupo financiero BANAMEX. Lo anterior, al considerar que con la copia certificada de la escritura 99,497, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, en la que consta el poder general para pleitos y cobranzas que "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, le otorgó a Susana Díaz Sánchez, entre otras personas, se demuestra el carácter con el que se ostentó en dicho procedimiento. En tanto que con las copias certificadas de la escritura 56,309 de veintiséis de abril de dos mil siete, que contiene el contrato de cesión onerosa de derechos de crédito y sus respectivos derechos litigiosos, que celebraron Banco Nacional de México, Sociedad Anónima integrante del grupo financiero BANAMEX y "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; así como con la escritura 55,918 de once de enero de dos mil siete, que contiene la constitución de la sociedad denominada "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, se demuestra la cesión de derechos de crédito y sus respectivos derechos litigiosos respecto del crédito hipotecario de Carlos Molina Hernández y socia; con lo que, en su consideración, justifica la titularidad de derechos, acciones y obligaciones derivados de la cesión de derechos de crédito y litigiosos y, como consecuencia de ello, la sustitución de acreedor y beneficiario de los derechos de pago y de cobro de las consignaciones realizadas en el juicio de jurisdicción voluntaria sobre consignación preliminar 768/2007, en favor de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima integrante del grupo financiero BANAMEX. Razones con base en las cuales la quejosa señala que su representada no debió ser considerada como tercero opositor sino como beneficiaria de las órdenes de pago que obran en las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre consignación preliminar 768/2007, promovidas por María Isabel Piedra Sandoval y Carlos Molina Hernández, lo anterior como consecuencia de la sustitución de acreedor; de ahí que, insista, que sea incorrecto que el magistrado responsable considerara que Susana Díaz Sánchez, apoderada jurídica de Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, carecía de legitimación para interponer recurso de apelación por no ser promovente ni opositor, pues en el caso se le debió considerar parte en el proceso con motivo de la cesión de derechos litigiosos. Agrega la quejosa que, en el caso, el magistrado responsable debió admitir el recurso de apelación que interpuso dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria aun cuando en el apartado relativo a este tipo de acciones -jurisdicción voluntaria- el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, no estableciera de manera expresa su procedencia, por lo que ante la omisión del legislador en ese punto, el magistrado se encontraba obligado a atender lo dispuesto en las disposiciones generales del recurso de apelación del citado ordenamiento legal, en cuyo artículo 683 se prevé quienes están facultados para interponer la apelación, pues de lo contrario se le impediría impugnar la determinación que le perjudica lo que limita su derecho de defensa. Como se adelantó, los conceptos de violación son ineficaces. En efecto, para dar contestación a los motivos de disenso, resulta necesario precisar que de conformidad con el título decimoséptimo, capítulo I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, la jurisdicción voluntaria es un procedimiento especial que se encuentra regido por sus propias reglas, por lo que el trámite e impugnación de dichos procedimientos debe sujetarse a las disposiciones expresamente contenidas en dicho apartado. Así pues, en relación con el recurso de apelación, el artículo 1160 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo , establece en forma explícita quienes y bajo que supuestos resulta procedente su interposición en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, lo que implica que en los procedimientos de dicha naturaleza debe estarse a lo establecido por tal disposición atento al principio de especialidad; máxime si las reglas generales contenidas en el numeral 683 de la norma en mención , son incompatibles con las atinentes a la jurisdicción voluntaria, por lo que tratándose de la procedencia del recurso de apelación en los procedimientos de jurisdicción voluntaria las partes y el juzgador deben constreñirse a las hipótesis a que se refiere el primero de los preceptos citado que atañen en forma exclusiva a la jurisdicción voluntaria y no al segundo de los artículos en cita, atinente a la regla general de procedencia del recurso de apelación, pues, se insiste, la norma especial debe ser aplicada sobre la norma general. Partiendo de ese punto, resulta claro lo infundado de los motivos de disenso expuestos por la quejosa, toda vez que el magistrado estuvo en lo correcto al establecer la inadmisión del recurso de apelación en contra del acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el que el juez natural autorizó la devolución de los depósitos realizados en favor del beneficiario, a los promoventes de la diligencia de jurisdicción voluntaria sobre consignación preliminar 768/2007, ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 1160 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, no es la promovente de las citadas diligencias ni un tercero al que se le negó la oposición a la jurisdicción o a la que se le desestimara su oposición en la resolución en la que se aprobara la jurisdicción voluntaria, únicos supuestos por los que es procedente el recurso de apelación en los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Por ende, también es ineficaz lo que aduce la quejosa en el sentido de que se le debió reconocer el carácter de parte dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre consignación preliminar 768/2007, pues aun cuando en autos no obra constancia en la cual el juez natural le hubiera reconocido de manera expresa que "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, sustituyó procesalmente a Banco Nacional de México, Sociedad Anónima integrante del grupo financiero BANAMEX, con motivo de las copias certificadas de la escritura 56,309 de veintiséis de abril de dos mil siete, que contiene el contrato de cesión onerosa de derechos de crédito y sus respectivos derechos litigiosos, que celebraron, ello no significa que la apelación sea procedente, toda vez que, como ya se dijo, el recurso de apelación en términos de lo dispuesto por el citado artículo 1160 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, sólo puede ser interpuesto por quien promovió dichas diligencias o por un tercero en los supuestos previstos por la ley. Cabe precisar, que aun cuando ninguna de las disposiciones contenidas en el título decimoséptimo, capítulo I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, relativas a los procedimientos de jurisdicción voluntaria prevé la posibilidad de que "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, quien se ostenta como beneficiaria de los derechos litigiosos a virtud de la sustitución de acreedores, pueda interponer recurso de apelación en dichas diligencias, ello no significa que se viole el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional, en su vertiente de recurso efectivo. Lo anterior es así, porque el legislador, para salvaguardar el derecho humano de referencia no está obligado a establecer un medio ordinario de impugnación contra cualquier actuación estatal, toda vez que el derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva no debe entenderse como una obligación incondicionada del constituyente para que siempre y en todos los casos se establezca un recurso ordinario, ya que bastar que exista algún otro recurso efectivo para impugnar la decisión del juez natural, como en el caso lo es el juicio de amparo. Resulta aplicable al caso, la tesis aislada del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Con Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que es del siguiente tenor literal: "Época: Décima Época Registro: 2001955 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4 Materia(s): Constitucional Tesis: II.8o.(I Región) 2 K (10a.) Página: 2622 JUICIO DE AMPARO. AL SEGUIRSE CONFORME A LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, A PARTIR DE SU REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011, PUEDE CONSIDERARSE COMO EL RECURSO EFECTIVO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda persona tendrá derecho a que se le administre justicia por los tribunales, de manera expedita, pronta, completa e imparcial. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o por dicha convención. De lo anterior se advierte que es obligación de las autoridades judiciales resolver los conflictos que les planteen las partes de manera integral y completa, sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables u ociosas que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. En ese sentido, si bien es cierto que la Ley de Amparo, en su actual redacción, no prevé la posibilidad de que las personas acudan a los tribunales para impedir o reparar la violación a sus derechos humanos, también lo es que a través de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 y 6 de junio de 2011, respectivamente, se amplió el espectro de protección del juicio de amparo, al incluir expresamente a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, se simplificó el acceso al mencionado juicio constitucional, al indicar que podrá promoverlo quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, cuando se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Consecuentemente, el juicio de amparo, al seguirse conforme a los reformados artículos 103 y 107 constitucionales, puede considerarse como el recurso efectivo a que se refiere el citado artículo 25, pues se faculta a una autoridad judicial para que, a través de dicho juicio de acceso simple, resuelva efectivamente los conflictos planteados por las personas nacionales o extranjeras que se encuentren en el país, contra cualquier acto u omisión de la autoridad que transgreda sus derechos humanos o los criterios establecidos en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos." En las relatadas circunstancias, al haber resultado ineficaces los conceptos de violación esgrimidos, se impone negar el amparo solicitado. SEXTO. Providencias finales. Con fundamento en el artículo único, fracciones VI y VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil dieciséis, devuélvanse los autos al órgano jurisdiccional que conoció del expediente para que tenga a bien notificar la presente resolución y continuar con la tramitación del asunto. Solicítese al Juzgado de origen que tenga a bien ordenar la emisión del acuse de recibo correspondiente; asimismo, se sirva girar las instrucciones necesarias para informar a este órgano de control constitucional si la presente determinación causó ejecutoria o, en caso de haber sido impugnada, el sentido de la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito. Finalmente, realícense los registros correspondientes en el Sistema Integral para el Seguimiento de Expedientes (SISE), dándolo por concluido y archivado de manera definitiva, toda vez que el auxilio prestado al Juzgado de origen concluyó con la emisión de la presente sentencia. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a "Recuperación de Comercio Interior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en contra del acto reclamado y por la autoridad responsable, precisados en el considerando segundo, de conformidad con lo expuesto en el diverso considerando quinto de este fallo. Cúmplase. Así lo resolvió la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo al órgano de control constitucional de origen, hoy treinta de abril de dos mil dieciocho, ante la Secretaria Mónica Barrios Reyes que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias que conforman el presente juicio de amparo; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones autorizadas al titular mediante oficio CCJ/ST/6674/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorización que fue notificada mediante oficio número CR./CJD./011/6411/2017, signado por el Secretario de la Comisión de Receso, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy FeRcl
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Raymundo Silva Barajas800/2018
- Raymundo Torres Ibarra217/2023
- Rebeca Amezcua Gudiño59/2017
- Rebeca Antonia Ramos Duarte237/2023
- Rebeca González Hurtado698/2022
- Rebeca González Hurtado593/2022
- Recuperación de Comercio Interior, S. R. L. de C.V.1118/2017
- Regina Arias Del Rio522/2018
- Regina María Estrada Silva98/2020
- Rene Aguirre Martínez462/2020
- René Alberto Justo Guzmán555/2021
- René Arredondo Sarabia1212/2019