Rebeca Sosa Espinosa

Expediente 471/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
471/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Rebeca Sosa Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    ."Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo; sin que se hiciera valer, en consecuencia, el auto de mérito ha quedado firme. En tal virtud, archívese este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado. Además, se hace constar que no es de relevancia documental y no obran documentos originales para devolución. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    ."Vista la demanda de amparo ."el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6° del mismo ordenamiento legal, atento a las consideraciones siguientes. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, establece la improcedencia del juicio de amparo, en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, es decir, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 61; por lo cual, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el precepto 6° de la Ley de Amparo dispone, que el juicio constitucional puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción primera del arábigo 5° de la ley en mención, y que esto podrá hacerse por si, por conducto de su representante legal o por conducto de su apoderado. Sobre esa base, la falta de firma del quejoso no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Luego, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que la Ley de Amparo no prevé que deba ratificarse la huella digital, cuando se acompañe de una firma a ruego, por lo que, si tal ratificación se exigiera, se contravendrían disposiciones que regulan el procedimiento en el juicio constitucional. Asimismo, el máximo tribunal determinó que el juicio de amparo es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano, cuyo objeto es hacer reales, eficaces y prácticos los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, con lo que se busca proteger a los individuos de los actos de las autoridades, sin distinción de rango, cuando violenten sus derechos fundamentales. Asimismo, señaló que a diferencia de la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, se promueve por cualquier particular que considere que sus derechos fundamentales han sido trasgredidos por alguna autoridad. Que, en ese sentido, el juicio de amparo es un procedimiento judicial propiamente dicho y entraña una verdadera contienda entre la persona agraviada que lo promueve y la autoridad que ha afectado sus derechos fundamentales. De igual modo, indicó que la firma es el medio idóneo para individualizar a la persona que suscribe un documento y cumple la función de exteriorizar su voluntad al aceptar la declaración que en él se contiene; en tanto que, la huella digital es más idónea para individualizar a quien promueve la acción constitucional; sin embargo, no es suficiente para reemplazar a la firma, pues no prueba plenamente la voluntad. Luego, estableció que la firma a ruego es un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar; por lo que, en diversos ordenamientos legales se establece que cuando el interesado no sepa leer o escribir, bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego. ." De lo hasta aquí expuesto se desprende que la huella digital de quien no puede o no sabe firmar y la rúbrica de quien lo hace a su ruego, constituyen elementos complementarios suficientes para demostrar la voluntad de instar la acción constitucional, por lo que, es innecesario que se requiera ratificar la voluntad expresada de esa forma. En efecto, la existencia de la huella digital genera la presunción de que contiene la manifestación de voluntad de quien promueve la demanda, por lo que no debe darse el mismo tratamiento al diverso supuesto de una demanda que no contiene la firma autógrafa, ni algún otro signo que permita presumir que fue suscrita por el promovente. En el caso, la demanda de amparo únicamente fue firmada por Rosa Laura Jurado Sosa a ruego de Rebeca Sosa Espinosa, sin que ésta última hubiere estampado su huella dactilar; por tanto, se considera que la promovente del amparo no incorporó la manifestación de su voluntad de instar la acción constitucional. Efectivamente, al carecer el escrito inicial de amparo de la voluntad de su ocursante para promover la instancia constitucional, se contraviene lo dispuesto en el referido artículo 6° de la Ley de Amparo, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional por ser la huella digital de quien no puede o no sabe firmar y la rúbrica de quien lo hace a su ruego, una formalidad esencial de cualquier acto jurídico y que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover un medio de defensa. En mérito de lo anterior, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese vía electrónica a la promovente.

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