Rebeca Rosales Nava

Expediente 1027/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1027/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
12/02/2018

Partes del expediente

  • Rebeca Rosales Nava

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    El licenciado Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión, transcurrió para el quejoso del veinticinco de enero al ocho de febrero del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión. No existen constancias o tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, doce de febrero de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido para el quejoso el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión contra el auto dictado por este juzgado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En razón de que el indicado proveído no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.

  2. Principal

    El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 996 y anexos que se adjuntan.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguense únicamente para que obren como corresponda el oficio y anexos que se adjuntan, signado el primero, por la Actuaria Judicial de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hiciera por auto de quince de los actuales; sin hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que el diecisiete de enero del año que transcurre, se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia por haber cesado los efectos del acto reclamado por la quejosa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Anahid.*

  3. Principal

    catorce de diciembre de dos mil diecisiete El diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado de autos del presente asunto y con la promoción con folio 792, con anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Actuario habilitado de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada del citatorio previo y de la cédula de notificación efectuada al Gobierno del Estado de Zacatecas, cuya falta de emplazamiento a juicio de este último, constituye el acto reclamado dentro del presente asunto. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, la quejosa reclama toralmente la falta de emplazamiento a juicio del tercero a juicio Gobierno del Estado de Zacatecas, dentro del procedimiento laboral 323/2017. Ahora bien, la autoridad responsable Actuaria Judicial adscrita a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, al rendir su respectivo informe justificado informó que era cierto el acto reclamado, al que acompañó copia certificada del auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en el que consta que el diferimiento de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, en virtud de que el tercero llamado a juicio Gobierno del Estado de Zacatecas, no se encontraba debidamente notificado del auto de radicación de la demanda laboral de once de septiembre del año próximo pasado; al respecto este Juzgado mediante proveído de quince de enero del año que transcurre, la requirió para que remitiera copias certificadas legibles de todas y cada una de las constancias que integran el expediente laboral 323/2017 por considerarse necesarias para resolver el juicio de amparo en que se actúa. Ahora, en esta fecha, al oficio de cuenta, el actuario judicial habilitado de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres en el Estado, adjuntó copia certificada de la constancia del citatorio previo y de la cedula de notificación con que se emplazó a juicio Gobierno del Estado de Zacatecas, y se le notificó el auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, conteniendo la notificación realizada al referido demandado en la vía natural, el diez de enero del año en curso. De lo cual se advierte que con lo anterior, la omisión en que había incurrido la autoridad responsable ha cesado; documentales que cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (treinta de noviembre de dos mil diecisiete), la autoridad responsable subsanó la omisión en que había incurrido y que corresponde el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éste se concretaba en la omisión por parte de la autoridad responsable Actuaria Judicial adscrita a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, de llevar a cabo el emplazamiento a juicio al Gobierno del Estado, por lo que al realizar tal diligencia debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con las constancias de citatorio previo y de la cedula de notificación, practicadas por la actuaria adscrita a la referida Junta de Conciliación, al Gobierno del Estado de Zacatecas, de las que se advierte que este ha sido llamado a juicio laboral, por lo que, han cesado los efectos de aquélla, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expedites en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cincuenta minutos del dos de febrero del año en curso); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Avp.* 1398 y 1399 catorce de diciembre de dos mil diecisieteEl diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado de autos del presente asunto y con la promoción con folio 792, con anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Actuario habilitado de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada del citatorio previo y de la cédula de notificación efectuada al Gobierno del Estado de Zacatecas, cuya falta de emplazamiento a juicio de este último, constituye el acto reclamado dentro del presente asunto. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, la quejosa reclama toralmente la falta de emplazamiento a juicio del tercero a juicio Gobierno del Estado de Zacatecas, dentro del procedimiento laboral 323/2017. Ahora bien, la autoridad responsable Actuaria Judicial adscrita a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, al rendir su respectivo informe justificado informó que era cierto el acto reclamado, al que acompañó copia certificada del auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en el que consta que el diferimiento de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, en virtud de que el tercero llamado a juicio Gobierno del Estado de Zacatecas, no se encontraba debidamente notificado del auto de radicación de la demanda laboral de once de septiembre del año próximo pasado; al respecto este Juzgado mediante proveído de quince de enero del año que transcurre, la requirió para que remitiera copias certificadas legibles de todas y cada una de las constancias que integran el expediente laboral 323/2017 por considerarse necesarias para resolver el juicio de amparo en que se actúa. Ahora, en esta fecha, al oficio de cuenta, el actuario judicial habilitado de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres en el Estado, adjuntó copia certificada de la constancia del citatorio previo y de la cedula de notificación con que se emplazó a juicio Gobierno del Estado de Zacatecas, y se le notificó el auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, conteniendo la notificación realizada al referido demandado en la vía natural, el diez de enero del año en curso. De lo cual se advierte que con lo anterior, la omisión en que había incurrido la autoridad responsable ha cesado; documentales que cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (treinta de noviembre de dos mil diecisiete), la autoridad responsable subsanó la omisión en que había incurrido y que corresponde el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éste se concretaba en la omisión por parte de la autoridad responsable Actuaria Judicial adscrita a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, de llevar a cabo el emplazamiento a juicio al Gobierno del Estado, por lo que al realizar tal diligencia debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con las constancias de citatorio previo y de la cedula de notificación, practicadas por la actuaria adscrita a la referida Junta de Conciliación, al Gobierno del Estado de Zacatecas, de las que se advierte que este ha sido llamado a juicio laboral, por lo que, han cesado los efectos de aquélla, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expedites en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cincuenta minutos del dos de febrero del año en curso); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Avp.*

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 17 DE ENERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "El diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado de autos del presente asunto y con la promoción con folio 792, con anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Actuario habilitado de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada del citatorio previo y de la cédula de notificación efectuada al Gobierno del Estado de Zacatecas, cuya falta de emplazamiento a juicio de este último, constituye el acto reclamado dentro del presente asunto. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, la quejosa reclama toralmente la falta de emplazamiento a juicio del tercero a juicio Gobierno del Estado de Zacatecas, dentro del procedimiento laboral 323/2017. Ahora bien, la autoridad responsable Actuaria Judicial adscrita a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, al rendir su respectivo informe justificado informó que era cierto el acto reclamado, al que acompañó copia certificada del auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en el que consta que el diferimiento de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, en virtud de que el tercero llamado a juicio Gobierno del Estado de Zacatecas, no se encontraba debidamente notificado del auto de radicación de la demanda laboral de once de septiembre del año próximo pasado; al respecto este Juzgado mediante proveído de quince de enero del año que transcurre, la requirió para que remitiera copias certificadas legibles de todas y cada una de las constancias que integran el expediente laboral 323/2017 por considerarse necesarias para resolver el juicio de amparo en que se actúa. Ahora, en esta fecha, al oficio de cuenta, el actuario judicial habilitado de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres en el Estado, adjuntó copia certificada de la constancia del citatorio previo y de la cedula de notificación con que se emplazó a juicio Gobierno del Estado de Zacatecas, y se le notificó el auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, conteniendo la notificación realizada al referido demandado en la vía natural, el diez de enero del año en curso. De lo cual se advierte que con lo anterior, la omisión en que había incurrido la autoridad responsable ha cesado; documentales que cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (treinta de noviembre de dos mil diecisiete), la autoridad responsable subsanó la omisión en que había incurrido y que corresponde el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éste se concretaba en la omisión por parte de la autoridad responsable Actuaria Judicial adscrita a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, de llevar a cabo el emplazamiento a juicio al Gobierno del Estado, por lo que al realizar tal diligencia debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con las constancias de citatorio previo y de la cedula de notificación, practicadas por la actuaria adscrita a la referida Junta de Conciliación, al Gobierno del Estado de Zacatecas, de las que se advierte que este ha sido llamado a juicio laboral, por lo que, han cesado los efectos de aquélla, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expedites en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cincuenta minutos del dos de febrero del año en curso); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Avp.* 1398 y 1399 catorce de diciembre de dos mil diecisieteEl diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado de autos del presente asunto y con la promoción con folio 792, con anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Actuario habilitado de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada del citatorio previo y de la cédula de notificación efectuada al Gobierno del Estado de Zacatecas, cuya falta de emplazamiento a juicio de este último, constituye el acto reclamado dentro del presente asunto. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, la quejosa reclama toralmente la falta de emplazamiento a juicio del tercero a juicio Gobierno del Estado de Zacatecas, dentro del procedimiento laboral 323/2017. Ahora bien, la autoridad responsable Actuaria Judicial adscrita a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, al rendir su respectivo informe justificado informó que era cierto el acto reclamado, al que acompañó copia certificada del auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en el que consta que el diferimiento de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, en virtud de que el tercero llamado a juicio Gobierno del Estado de Zacatecas, no se encontraba debidamente notificado del auto de radicación de la demanda laboral de once de septiembre del año próximo pasado; al respecto este Juzgado mediante proveído de quince de enero del año que transcurre, la requirió para que remitiera copias certificadas legibles de todas y cada una de las constancias que integran el expediente laboral 323/2017 por considerarse necesarias para resolver el juicio de amparo en que se actúa. Ahora, en esta fecha, al oficio de cuenta, el actuario judicial habilitado de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres en el Estado, adjuntó copia certificada de la constancia del citatorio previo y de la cedula de notificación con que se emplazó a juicio Gobierno del Estado de Zacatecas, y se le notificó el auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, conteniendo la notificación realizada al referido demandado en la vía natural, el diez de enero del año en curso. De lo cual se advierte que con lo anterior, la omisión en que había incurrido la autoridad responsable ha cesado; documentales que cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (treinta de noviembre de dos mil diecisiete), la autoridad responsable subsanó la omisión en que había incurrido y que corresponde el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éste se concretaba en la omisión por parte de la autoridad responsable Actuaria Judicial adscrita a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, de llevar a cabo el emplazamiento a juicio al Gobierno del Estado, por lo que al realizar tal diligencia debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con las constancias de citatorio previo y de la cedula de notificación, practicadas por la actuaria adscrita a la referida Junta de Conciliación, al Gobierno del Estado de Zacatecas, de las que se advierte que este ha sido llamado a juicio laboral, por lo que, han cesado los efectos de aquélla, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expedites en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cincuenta minutos del dos de febrero del año en curso); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Avp.*

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