Rebeca Rangel Gonzalez
Expediente 516/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 38 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 26/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Rebeca Rangel Gonzalez
- Quinta Sala Especializada En Materia Civil Y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria de doce de septiembre del año en curso, dictada en los autos del recurso de inconformidad 15/2016 del índice del tribunal colegiado en comento, en la que en su único punto resolutivo se determinó: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de inconformidad.". Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes; asimismo, adjúntese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de inconformidad al presente cuaderno principal, previo desglose de las copias que se obtuvieron para formarlo, toda vez que obran los originales en autos y es innecesaria su conservación y acúsese el recibo correspondiente. Aparte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo Vigésimo Primero, fracción IV, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de depuración, después de transcurridos cinco años, por haberse concedido el amparo a la parte quejosa. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Ahora, atento al estado de autos se advierte que la autoridad responsable el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad, adjuntó al oficio UAJ-183/2016 de veintisiete de abril de dos mil dieciséis (foja 536), un tomo de prueba consistente en copia certificada de lo siguiente: 1] Del expediente T.A.A.44-468/2015 de su índice. De igual forma, que la autoridad Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, adjunto a su oficio 1301/2015 de veintitrés de octubre de dos mil quince: 1] Un disco óptico certificado que contiene las constancias del expediente 178/2014 de su índice. Atento a ello, y toda vez que en la propia fecha se está ordenando el archivo de este asunto, al ser innecesaria la retención del tomo de prueba de referencia así como el disco óptico, devuélvanse a las autoridades en comento, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del que se advierte que acusa recibo de los autos del juicio de amparo 516/2015 del índice de este Órgano Jurisdiccional, y que admitió a trámite el recurso de inconformidad planteado por la quejosa mismo que radicó con el número de toca 15/2016 de su índice, de lo que este Juzgado toma conocimiento.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa *****, mediante el cual promueve recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintiocho de junio del año en curso, por virtud del cual este órgano jurisdiccional declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I, y 202, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de inconformidad en comento; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fuera modificado mediante instrumento normativo de nueve de septiembre de dos mil trece, determinó que los recursos de inconformidad interpuestos en los términos de las fracciones I y III del artículo 201 de la ley de la materia, conocerían los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese contexto, una vez que se encuentren debidamente integrados los autos del expediente en que se actúa, remítase el escrito de presentación del recurso que nos ocupa junto con el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Turno, con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para la substanciación del recurso de mérito, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, remitió el oficio UAJ-272/2016, con la transcripción del acuerdo de quince de junio del año en curso, que obra en el juicio agrario 486/2015 de su índice, en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto; por lo que en auto de veinte de junio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no realizar argumento alguno al respecto, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En razón de lo anterior y en atención a la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que feneció el plazo de tres días concedido a la parte tercera interesada, sin que hubiera realizado manifestación alguna al respecto; por consiguiente, este Juzgado procede a resolver, y analizar si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En auto de trece de junio de dos mil dieciséis, la sentencia emitida en este juicio de amparo causó ejecutoria y, como consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, diera cumplimiento a la resolución de amparo concedido por este órgano jurisdiccional, requerimiento que le fue debidamente notificado el catorce de junio de la presente anualidad, tal como se advierte de la foja 564. Mediante oficio UAJ-272/2016 presentado en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la autoridad responsable informó del cumplimiento dado al fallo protector, con la transcripción del acuerdo de quince de junio del año en curso que obra en el juicio agrario 486/2015 de su índice. Conviene precisar que al referido oficio se le otorga valor probatorio pleno, por tratarse de un documento público, ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que tal documental fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Ahora, se tiene que el efecto de la concesión del amparo fue que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Deje insubsistente el auto de seis de julio de dos mil quince, dictado en los autos del juicio agrario 468/2015. Dicte otro en el que, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada determine si acepta o no la competencia declinada, la cual podrá ser en el mismo sentido o diverso, pero purgando los vicios que se destacaron. Ahora, de la transcripción aportada en vía de cumplimiento por el Tribunal responsable, se advierte que la misma acató la ejecutoria de amparo, toda vez que el quince de junio de dos mil dieciséis, en primer lugar dejó insubsistente el acuerdo de seis de junio de dos mil quince, y en segundo lugar emitió otro acuerdo, en el que se pronunció de manera fundada y motivada sobre la aceptación de la competencia declinada, lo que se corrobora con lo siguiente: "[.] Al respecto, con fundamento en el artículo 77 y 192 de la Ley de Amparo, 185, 189 y 192 de la Ley Agraria, este tribunal acuerda: Primero. Se recibe el oficio de cuenta, glósense con este proveído al cuadernillo de amparo 27/2015 y este a su vez, agréguese al expediente agrario 468/2015 para que obren como corresponde. Segundo. En estricto acatamiento a la ejecutoria amparadora y con fundamento en lo que señalan los artículos 103 y 107 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, este unitario deja sin efecto el acuerdo de seis de julio de dos mil quince, emitido en el expediente 468/2015 y que constituyó el acto reclamado en amparo y, en su lugar se ordena la emisión de un nuevo acuerdo, atendiendo a las consideraciones advertidas por la autoridad federal en su ejecutoria de mérito. Tercero. En cumplimiento de la ejecutoria de la vista, este unitario se pronuncia respecto del oficio remitido con folio 4694, ingresado el ocho de junio de dos mil quince, suscrito por la Secretaria de Acuerdos de la Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de justicia del Estado, con sede en Cancún, Quintana Roo, con el que remite resolución emitida en el toca civil 111/2014, relativo al expediente 178/2014, así como dicho sumario civil; ahora bien, del estudio del oficio, resolución anotada por la autoridad oficiante y los documentos que contiene, resulta lo siguiente: Mediante escrito presentado el catorce de abril de dos mil catorce, ante el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, Rebeca Rangel González, demandó a Clotilde García Lugo: la declaración judicial de terminación de contrato civil de aparcería rural, respecto del inmueble denominado: "Santa Librada " o "Predio Costero", en consecuencia la desocupación y entrega del predio, el pago de los frutos obtenidos, pago de dinero en caso de estar arrendado y pago de gastos y costas; argumentando en síntesis, que celebró contrato de aparcería rural en calidad de propietaria, de un inmueble denominado Santa Librada, en el que en la cláusula segunda convinieron su duración de manera indefinida a partir de la firma y daría por terminado al ser notificados por la propietaria con treinta días de anticipación; que notificó la terminación del contrato a Clotilde García Lugo, sin que tuviera la necesidad de notificar a los diversos aparceros, ya que fallecieron. Por acuerdo de quince de abril de dos mil catorce, el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, radicó y admitió la demanda, ordeno (sic) correr traslado y emplazar a la demandada. Por escrito recibido el cuatro de junio de dos mil catorce, la demandada Clotilde García Lugo, contestó la demanda, opuso excepciones y defensas, entre éstas la de incompetencia por razón de la materia y respecto a los hechos manifestó que nunca firmó contrato de aparcería rural y que su contraria no es propietaria del inmueble, ya que su título se declaró nulo por el tribunal agrario y por eso carece de interés jurídico y que reconoce que se le notificó de la terminación de dicho instrumento. En audiencia de once de agosto de dos mil catorce, el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, en atención a la excepción de incompetencia planteada, con fundamento en el artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, ordenó, previa vista a la parte actora, remitir los autos a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado para la sustanciación de la incompetencia. Por resolución de veintiséis de mayo de dos mil quince, la Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de justicia del Estado, con sede en Cancún, Quintana Roo, emitida en el toca civil 111/2014, determinó fundada la excepción de incompetencia planteada y ordenó remitir los autos a este Unitario, considerando esencialmente que el predio "Santa Librada" o "Predio Costero", al momento del acto contractual de aparcería del que se demanda su terminación -quince de noviembre de mil novecientos ochenta y seis- se encontraba sujeto al régimen de terrenos baldíos o nacionales, por lo que en realidad el documento basal de la acción fue un negocio jurídico sobre terrenos nacionales, considerando que ya se había iniciado el procedimiento de enajenación de terreno nacional ante la Secretaria de la Reforma Agraria (hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). Mediante proveído de seis de julio de dos mil quince, este Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, admitió la competencia declinada, en términos del mismo proveído. Inconforme con la resolución de este Tribunal, respecto de admitir la competencia del asunto planteado, Rebeca Rangel González, promovió amparo indirecto que se radicó con número de expediente 516/2015 del Juzgado Sexto de Distrito; seguido el juicio de derechos fundamentales la autoridad de amparo resolvió conceder la Justicia de la Unión a favor de la quejosa, para los efectos que han quedado precisados en la vista de este proveído, por lo que con fundamento en los artículos 27, Fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 168 de la Ley Agraria y 28, 30 y 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se procede a estudiar la inhibitoria por la incompetencia en razón de la materia remitida por la Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de justicia del Estado, con sede en Cancún, Quintana Roo, emitida en el toca civil 111/2014. Cuarto. De la revisión del sumario remitido por la autoridad civil del fuero común, se tiene que la parte actora en el juicio 178/2014 ofreció como medios de prueba las siguientes: Documental privada, consistente en contrato de aparcería rural de quince de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, celebrado por Rebeca Rangel González, con Eraclio Vivas Suárez, Marcos Ariel Vivas Lugo y Clotilde García Lugo, por el predio "Santa Librada"; con el que se acredita el acto contractual que contiene el mismo. Documental privada, consistente en escritura pública quince mil ochocientos veintisiete, levantada ante el Notario público Número treinta y cuatro del Estado de Quintana Roo, en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de solidaridad, el veinte de septiembre de dos mil trece, que acredita la diligencia notarial por medio de la cual Rebeca Rangel González, notifica a Clotilde García Lugo, por conducto del notario anotado, que da por terminado el contrato de aparcería rural de quince de noviembre de mil novecientos ochenta y seis. Documental privada, consistente en acta quinientos veintiuno, levantada ante el Notario Público número Cincuenta y ocho de la ciudad de Mérida, Yucatán, de veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, con el que se acredita el acto jurídico contenido en dicho instrumento, relativo a Ia cesión de derechos respecto de los derechos del predio solicitado ante la Secretaria de la Reforma Agraria en el expediente administrativo de enajenación de terrenos nacionales ciento doce mil trescientos noventa y seis; que celebraron Eracleo Vivas Suárez, como albacea de la sucesión de Librada Lugo de Vivas y Marcos Ariel Vivas Lugo, con Rebeca Rangel González. Documentales públicas, consistentes en actas de defunción de Eracleo Vivas Suárez y Marcos Ariel Vivas Lugo, expedidas por el Oficial del Registro Civil de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, que tienen pleno valor para acreditar el fallecimiento de los anotados, al ser expedidas por autoridad plenamente facultada para la expedición de constancias del estado civil en términos de los artículos 50 y 118 del Código Civil Federal. Documental Pública, consistente en título de propiedad número 960384 expedido por la Secretaría de la reforma Agraria, que para efectos de calificar la competencia de éste tribunal, solo acredita que dicho documento se expidió dentro del expediente de enajenación de terrenos nacionales número 112396; esto es así ya que ante este unitario y como hecho notorio resolvió la nulidad de dicho título. Por su parte, en el procedimiento civil Ia demandada Clotilde García Lugo, para sustentar su excepción de incompetencia ofreció como medios de convicción: Documentales públicas, consistente en sentencia de ocho de diciembre de dos mil diez, emitida por este Tribunal unitario Agrario Distrito 44 en el juicio agrario 298/2007, que declaró la nulidad del título de propiedad 960384, expedido a Rebeca Rangel González; así como acuerdo que Ia declara firme de diez de diciembre de dos mil doce. Periciales en materias de caligrafía, grafoscopía y documentoscopía, que en nada tienen que ver con la determinación de si se acepta o no la competencia que remite la Sala Civil del Tribunal del Estado. Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, dichas pruebas no tienen vida propia ya que se derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos, resultando aplicable al respecto el criterio del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice: "PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." La valoración de las probanzas descritas se hizo con base en el artículo 168 y 189 de la Ley Agraria, así como en los diversos 129, 202, 203, 208 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 167 de la Ley Agraria. Quinto. Hecho el estudio y valoración de las pruebas obrantes en el expediente, se aborda el análisis de la incompetencia por materia planteada por la Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Cancún. Quintana Roo, emitida en el toca civil 111/2014, considerando este unitario aceptar la competencia planteada por la autoridad oficiante. En efecto, en el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos Ies corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Tal situación da lugar a que surjan conflictos de competencia, los cuales deben resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda; prescindiendo en todo caso, del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia. Conforme al criterio jurisprudencial transcrito, cuando surge un conflicto de competencia, como en el caso que se analiza, ésta debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, la cual, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de lo siguiente: 1) Las pretensiones reclamadas. 2) Los hechos narrados. 3. Las pruebas aportadas. 4. Los preceptos legales en que se apoye la demanda (cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo). Con apoyo en ese criterio jurídico de observancia obligatoria, se arriba a la conclusión de que las pretensiones reclamadas por Rebeca Rangel González, derivan del documento base de la acción, consistente en la terminación del contrato de aparcería rural de quince de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, lo cual constituye un derecho personal, es decir, una relación de derecho por virtud de la cual una persona tiene la facultad de obtener de una cosa, exclusivamente, y en una forma oponible a todos, toda la utilidad que produce o parte de ella: sin embargo, deriva de la presunta posesión que fue objeto del pacto de voluntades: esto es, aun cuando el conflicto en relación al contrato de aparcería en(sic) de naturaleza eminentemente civil;,(sic) la acción derivada o como de (sic) consecuencia, relativa a la desocupación y entrega del inmueble denominado Santa Librada o Predio Costero, si se encuentra sujeta al régimen agrario, ya que al momento de suscribir el contrato de aparcería rural, se encontraba pendiente de resolución el procedimiento de enajenación de terrenos nacionales en el que Rebeca Rangel González adquirió los derechos para continuar con dicho trámite administrativo. No es óbice a lo anterior que la pretensión principal trata de la resolución de un acto jurídico entre particulares, basado en las obligaciones contraídas en dicho instrumento, sin que exista resolución que haya nulificado el documento base de la acción en el asunto planteado en la vía ordinaria civil, ya que como se reitera, se suscribió cuando se encontraba en trámite la enajenación de dicho predio en la Secretaria de la Reforma Agraria, por contrato de cesión de derechos de veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro que exhibe la accionante. Asimismo, no tiene que ver el hecho que Clotilde García Lugo, señale que existe resolución de este mismo Unitario, que nulificó el título de propiedad 960384, expedido en el año dos mil uno, ya que se tratan situaciones distintas en el juicio agrario 298/2007 y no tiene que ver con la decisión de este tribunal de admitir la competencia planteada por que la relación entre las partes aun cuando son las mismas; las situaciones planteadas, se vinculan a un proceso agrario debido al procedimiento administrativo de enajenación de terrenos nacionales expediente 112396. Así pues, del análisis que se hace a las pretensiones reclamadas por la parte actora, hechos narrados, pruebas aportadas y preceptos legales invocados, este Tribunal Unitario Agrario distrito 44, llega a la conclusión que es legalmente competente para conocer y resolver el asunto que remite la Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Cancún, Quintana Roo, emitida en el toca civil 111/2014, toda vez que conforme a lo señalado en el artículo 160, último párrafo y 163 de la Ley Agraria los tribunales agrarios son competentes para resolver controversias que involucren terrenos baldíos y nacionales en el caso que tengan que ver con determinaciones entre la autoridad agraria en procedimientos de enajenación de terrenos nacionales y los particulares, o entre éstos, pero dentro de un procedimiento administrativo de enajenación de terrenos nacionales, lo que sucede en este asunto. Esto es, los artículos 160 y 163 de la Ley Agraria, en relación con el artículo 18, fracción XIV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que determinan la competencia de este tribunal en materia de terrenos nacionales, respecto de actos jurídicos entre partes, relativos a la posesión; asimismo, el contrato de aparcería rural, aun cuando es un contrato de naturaleza civil, se puede llevar a la materia agraria, lo que ocurre en el asunto que remite la autoridad civil del fuero común ya que la acción planteada aun cuando no deriva una determinación de autoridad en materia agraria, si se efectuó cuando se encontró en terrenos nacionales y ya se había instaurado el procedimiento administrativo de enajenación de terrenos nacionales ante la autoridad administrativa agraria; por lo que se concluye aceptar la competencia planteada por la Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de justicia del Estado, con sede en Cancún, Quintana Roo, y por tanto el conflicto es de competencia agraria. De la transcripción que antecede, se advierte que la autoridad responsable en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria emitida en el presente asunto, respecto al primer punto dejó sin efectos el punto de acuerdo de seis de julio de dos mil quince, emitido en autos del expediente 468/2015. Por otro lado, por lo que ve al segundo punto, se advierte que se tiene por cumplido [2. Dicte otro en el que, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada determine si acepta o no la competencia declinada, la cual podrá ser en el mismo sentido o diverso, pero purgando los vicios que se destacaron.], toda vez que el Tribunal responsable, emitió otro acuerdo de quince de junio de dos mil dieciséis, en la que se pronunció sobre la aceptación de la competencia declinada, fundando y motivando su proceder. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector y, por tal motivo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sin exceso ni defecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. Manifestaciones realizadas por la quejosa en relación al cumplimiento dado al fallo protector. La parte quejosa presentó un escrito en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual hizo manifestaciones respecto de la vista concedida en auto de veinte de los corrientes, al tenor siguiente: "[. En su oportunidad deberá declararse que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, no dio cumplimiento a la ejecutoria de fecha 25 de mayo de 2016, pronunciada por su Señoría, toda vez que en la ejecutoria de referencia se señaló a fojas 22 y 23, que el acto reclamado carecía de motivación suficiente dado que la autoridad responsable no realizó un análisis de la acción intentada, de los antecedentes y de las constancias aportadas en el juicio ordinario civil, limitándose a señalar que el documento fundamental contenía un contrato de aparcería rural del predio en disputa de fecha 15 de noviembre de 1986, que era anterior a la expedición del título propiedad a favor de la actora que fue el 19 de abril de 2001, por lo cual comprendía terrenos baldíos propiedad de la nación que no habian sido adjudicados legalmente, pero sin pronunciarse sobre la naturaleza de la acción, de los antecedentes de la demanda, de las constancias aportadas en el expediente para así estar en aptitud de admitir o, en su caso, rechazar la competencia planteada. Ahora bien, a fojas 3 y 4 del oficio UAJ-272/2016 de fecha 17 de julio (sic) de 2016, emitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, Lic. Francisco Javier Pérez Rosas, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria emitida por su Señoría, señala que dicho Unitario acepta la competencia planteada por la autoridad oficiante, ya que el contrato de aparcería rural se suscribió cuando se encontraba en trámite la enajenación de dicho predio en la Secretaría de la Reforma Agraria, por contrato de cesión de derechos de 23 de mayo de 1984, exhibido por la accionante, por lo que dicho Tribunal llega a la conclusión de que es competente para conocer del asunto que le remite la Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado , con sede en Quintana Roo, en el Toca Civil 111/2014, ya que en base a lo dispuesto160 (sic), último párrafo y 163 de la Ley Agraria los Tribunales agrarios son competentes para resolver controversias que involucren terrenos baldíos y nacionales en el caso que tengan que ver con determinaciones entre la autoridad agraria en procedimientos de enajenación de terrenos nacionales y los particulares, o entre estos, pero dentro de un procedimiento administrativo de enajenación de terrenos nacionales. Asimismo, señala la autoridad responsable que para llegar a dicha conclusión nada tiene que ver que el contrato de aparcería rural sea un contrato de naturaleza civil, ya que puede ser llevado a la materia agraria, lo que así ocurre porque lo remite la autoridad civil del fuero común, ya que dicho contrato se celebró cuando se encontró en terrenos nacionales y ya se había instaurado el procedimiento administrativo de enajenación de terrenos nacionales ante la autoridad administrativa agraria, por lo que concluye aceptarla competencia planteada. Con lo antes señalado la autoridad responsable no da cumplimiento con la ejecutoria pronunciada por su Señoría ya que DE NINGUNA MANERA PUEDE CONSIDERARSE QUE REALIZÓ UN ANÁLISIS DE LA ACCIÓN INTENTADA, DE LOS ANTECEDENTES Y DE LAS CONSTANCIAS APORTADAS EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL, como lo ordenó su Señoría, ya que en el supuesto análisis de la acción intentada, solo aduce que "... el contrato de aparcería rural es un contrato de naturaleza civil, se puede llevar a la materia agraria...", sin que en ningún momento haga manifestación alguna con relación a que el contrato de aparcería rural civil basal, tiene por objeto un terreno cuya propiedad derivó del contrato preliminar de compraventa celebrado ante la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y del pago del precio efectuado, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la entonces Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, siendo claro que al tratarse de un contrato cuya figura se encuentra prevista en los artículos 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923 y 2924 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la competencia para la resolución del juicio principal, corresponde a la juzgadora Civil de Primera Instancia del Distrito de Cozumel, Quintana Roo, y no a la autoridad responsable, máxime que en ninguna parte del oficio UAJ-272/2016, el Tribunal Agrario hace referencia a la acción personal que la suscrita ejercita en contra de CLOTILDE GARCIA LUGO, al reclamarse la terminación del contrato de aparcería civil y la desocupación y entrega del inmueble objeto de aparcería, acción personal que es independiente de las condiciones reales de dicho inmueble, siendo aplicable al caso concreto el siguiente criterio: [.]" En relación a lo expuesto por la parte quejosa, es preciso señalar que los efectos de la concesión se limitaron a que la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, dejara insubsistente el auto de seis de julio de dos mil quince, dictado en autos del juicio agrario 468/2015, que contenía la aceptación de la incompetencia declinada a su favor, sin que se encontrase debidamente fundada y motivada, y emitiera un nuevo acuerdo en el que de manera fundada y motivada determinara si aceptaba o no la competencia declinada a su favor, debiendo expresar las circunstancias y fundamentos que tomó en consideración. En ese tenor, dígase a la parte quejosa que, en virtud de lo expuesto en este proveído, se advierte que mediante oficio UAJ-272/2016 de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que contenía la transcripción del proveído de quince de junio del año en curso, dejó insubsistente el acuerdo de seis de julio de dos mil quince, y en el mismo se pronunció sobre el nuevo acuerdo en el que de manera detallada, fundada y motivada, aceptó la competencia declinada a su favor por la Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Cancún, exponiendo sus fundamentos y razonamientos en el mismo. En atención a lo expuesto se tiene que la autoridad responsable acató lo ordenado por este órgano jurisdiccional; motivo por el cual, como quedó establecido, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo quedó satisfecho, sin que se advierta defecto en el mismo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa y tercera interesada por el término de quince días a fin de que si es su deseo interpongan recurso de inconformidad contra el presente proveído, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal.
Quedan 34 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes
- Raymundo Tamay Puc89/2022
- Rebeca Acosta López399/2019
- REBECA LUCAS HERNÁNDEZ y Otros.315/2014
- Rebeca O Rebecca Rangel González591/2013
- Rebeca Rangel González406/2012
- Rebeca Rangel Gonzalez586/2016
- Rebeca Rangel González398/2013
- Rebeca Rangel González55/2014
- Red Feminista Quintanarroense15/2021
- Red Feminista Quintanarroense16/2021
- Red Feminista Quintanarroense17/2021
- Red Feminista Quintanarroense18/2021