Rebeca Pineda Patiño

Expediente 511/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 40 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
511/2020
Año
2020
Actuaciones
40
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Rebeca Pineda Patiño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Agréguese a los autos la promoción de cuenta signada por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante la cual comunica el proveído dictado el cuatro de julio de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 359/2022 de su consecutivo, por el que el tribunal de su adscripción admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, contra la sentencia dictada el veintinueve de abril de dos mil veintidós; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    ::.Téngase por recibida la promoción de cuenta mediante la cual el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que por una parte se sobreseyó el presente asunto y por la otra se concedió el amparo solicitado, a lo que se acuerda: Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la autoridad responsable en cita; glósese a este expediente una impresión del escrito de expresión de agravios y córrase traslado a las demás partes con impresión de dicho ocurso. Asimismo, una vez que se encuentre integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse físicamente los autos del presente juicio de amparo y el original del escrito de cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la sustanciación del referido medio de impugnación. En ese orden, intégrese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo para los efectos legales correspondientes, antes de que se remitan los autos originales a la superioridad.

  3. Principal

    5 Cancún, Quintana Roo, veintinueve de abril de dos mil veintidós. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 511/2020-V, promovido por Rebeca Pineda Patiño, por propio derecho, contra actos del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno en la misma fecha a este juzgado de distrito, Rebeca Pineda Patiño, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Ayuntamiento, 1] Tesorero Municipal, ambos del 2] Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo y 3] Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Benito Juárez, Quintana Roo, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Los actos que se reclaman de las autoridades responsables son: - - - 1) La falta de NOTIFICACIÓN o EMPLAZAMIENTO a juicio o procedimiento alguno que diera lugar al embargo, remate y posterior adjudicación sobre la casa habitación marcada con el lote 8, Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9, supermanzana 56 de esta Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con folio electrónico número 144683 de la Oficina Registral de Cancún, Quintana Roo. - - - 2) El ilegal PROCEDIMIENTO seguido en mi contra sin haber sido llamada a juicio.- - - 3) El ilegal REMATE que realizaron sobre la casa habitación marcada con el lote 8, Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9, supermanzana 56 de esta Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con folio electrónico número 144683 de la Oficina Registral de Cancún, Quintana Roo. - - - 4) La ilegal ADJUDICACIÓN que realizaron a favor del tercero interesado respecto de la casa habitación marcada con el lote 8, Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9, supermanzana 56 de esta Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con folio electrónico número 144683 de la Oficina Registral de Cancún, Quintana Roo. - - - 5) La ilegal INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE LA ADJUDICACIÓN POR REMATE, como consecuencia lógica jurídica del ilegal remate y adjudicación que se reclama mediante este juicio de amparo, consistentes en la inscripción de la Adjudicación por Remate de fecha 08 de abril de 2020, y que se desprende de la impresión fotográfica tomada a la pantalla del equipo de consulta del propio Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, que se adjunta, para el efecto que las cosas vuelvan al estado en el que se encontraban con anterioridad y se ordene la reinscripción de la propiedad a favor de la hoy quejosa." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida la demanda de amparo el seis de agosto de dos mil veinte, ante este juzgado de distrito, en auto siete siguiente (fojas 30 a 38), se ordenó formar el expediente que fue registrado bajo el número 511/2020-V; se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló los pedimentos números 177 y 51 (fojas 203 a 206 y 623 a 626); se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se reconoció el carácter de tercera interesada a CI Banco, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, quien en su oportunidad fue emplazada (foja 50) y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Se previene a parte quejosa, cumple prevención, se desecha parcialmente, se admite ampliación de demanda y se sustituye tercera interesada. Mediante acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veinte (fojas 100 a 104), este juzgado de distrito, al advertir la participación de nuevas autoridades así como la existencia de nuevos actos reclamados, previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo adicionarlos a la litis constitucional; luego, mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veinte (fojas 200 a 202), la quejosa desahogó el requerimiento antes mencionado, refiriendo que sí era su deseo señalar los nuevos actos y autoridades que se le indicaron, por lo que en auto de once de septiembre de dos mil veinte, se desechó parcialmente respecto a diversos actos señalados por la quejosa en su escrito y se admitió la adición a la litis respecto de los siguientes actos y autoridades: Del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo: a) El oficio TM/DICYC/1200-114 BIS/2017 emitida el doce de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual determina un crédito fiscal derivado de la omisión de pago del impuesto predial e impuesto adicional para el Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia, Desarrollo Social y Promoción de la Cultura en relación al bien inmueble ubicado en el lote 8 (ocho), Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9 (nueve), supermanzana 56 (cincuenta y seis), en esta ciudad con folio electrónico número 144683. Del Notificador-Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. b) Notificación de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se notifica a la contribuyente la liquidación del crédito fiscal emitida por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, en la que se hace saber al contribuyente el crédito fiscal derivado de la omisión de pago del impuesto predial e impuesto adicional para el Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia, Desarrollo Social y Promoción de la Cultura c) La notificación de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, del mandamiento de ejecución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Director de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, en el que se requiere al contribuyente el pago del crédito fiscal, con el apercibimiento que de no hacerlo se embargarían bienes suficientes para cubrir dicho crédito. d) Acta de requerimiento de pago y embargo levantada el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, correspondiente al mandamiento de ejecución de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete suscrito por el Director de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. El Director de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. e) Mandamiento de ejecución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se requiere al contribuyente el pago del crédito fiscal, con el apercibimiento que de no hacerlo se embargarían bienes suficientes para cubrir dicho crédito. f) Oficio DICYC/634/2018 de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, del que se advierte el remate público en primera almoneda del inmueble ubicado en el lote 8 (ocho), Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9 (nueve), supermanzana 56 (cincuenta y seis), en esta ciudad con folio electrónico número 144683, con el fin de hacer efectivo el crédito fiscal adeudado por la aquí quejosa Rebeca Pineda Patiño y Azael Abraham Rodríguez Zapata. g) Oficio DICYC/876/2018 de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, en el que se hizo constar que se fincó el remate del inmueble citado en favor de "CI Banco, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple", en su carácter de fiduciario en el fideicomiso F/430, por lo que se adjudicó el mismo a favor de la referida institución bancaria libre de todo gravamen. Por ello, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación en relación con la ampliación de demanda y se ordenó correr traslado con dicha ampliación a las demás partes; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete. Asimismo, se sustituyó a la tercera interesada "CI Banco, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple", en su carácter de fiduciario en el fideicomiso F/430, en su lugar se reconoció dicho carácter a Jocelyn Romero Rodríguez, y se ordenó su emplazamiento, el cual en su oportunidad se realizó (foja 646). CUARTO. Segunda ampliación de demanda, prevención, admisión y audiencia constitucional. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veinte (fojas 497 a 509) ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, remitido el treinta siguiente a este juzgado de distrito, la quejosa Rebeca Pineda Patiño amplió su demanda de amparo respecto nuevos conceptos de violación; al respecto, por acuerdo de tres de noviembre siguiente (fojas 510 a 513), se previno la ampliación; luego, mediante ocurso exhibido el diez de noviembre de dos mil veinte (foja 516), desahogó la prevención en comento y se admitió a trámite la ampliación; por ello, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación en relación a la ampliación de demanda y se ordenó correr traslado con dicha ampliación a la tercera interesada; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete. QUINTO. Recurso de revisión. Mediante sentencia dictada el siete de abril de dos mil veintiuno (fojas 695 a 746), por una parte se decretó el sobreseimiento y por la otra se concedió el amparo solicitado, la cual fue impugnada por la parte tercera interesada Jocelyn Romero Rodríguez mediante recurso de revisión presentado el veinte de abril del mismo año ante la Oficina de Correspondencia común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad y remitido el veintiuno siguiente a este juzgado de Distrito (fojas 777 a 788). SEXTO. Reposición de procedimiento. Del recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, siendo registrado bajo el número 171/2021; luego, por resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós (fojas 844 a 855), el tribunal de alzada ordenó reponer el procedimiento para que en su oportunidad se resolviera lo que en derecho corresponda, en el entendido de que si la audiencia y la sentencia se emite en un mismo acto y de forma seguida deben contener las firmas respectivas; pero si ello acontece de dos momentos, cada actuación deberá firmarse por los funcionarios intervinientes. SÉPTIMO. Reanudación de procedimiento. Por acuerdo de siete de abril de dos mil veintidós (fojas 856 y 857), se tuvo por recibido el testimonio de la resolución de la superioridad, se reanudó el procedimiento, se hizo lo anterior del conocimiento de las partes; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que fue desahogada en sus dos primeras etapas en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman actos de autoridades administrativas con ejecución en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, su ampliación y demás constancias de autos, se hacen consistir en: 1] Del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo: a) El oficio TM/DICYC/1200-114 BIS/2017 emitido el doce de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual determina a Rebeca Pineda Patiño, Azael Abraham Rodríguez Zapata, Viveica Sociedad Anónima de Capital Variable y/o propietario o poseedor del bien inmueble ubicado en "SMZ 56 MZ 09 LT 08 CALLE ITZAMZÁ CANCÚN QUINTANA ROO" un crédito fiscal derivado de la omisión de pago del impuesto predial por los períodos del primer bimestre de dos mil catorce al quinto bimestre de dos mil diecisiete e impuesto adicional para el Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia, Desarrollo Social y Promoción de la Cultura en relación al bien inmueble ubicado en el lote 8 (ocho), Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9 (nueve), supermanzana 56 (cincuenta y seis), en esta ciudad con folio electrónico número 144683. 2] Del Notificador-Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. b) Notificación de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, previo citatorio de dieciocho del mismo mes y año, por el que se notifica a los contribuyentes la liquidación del crédito fiscal emitido por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo antes citado. c) La notificación de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, previo citatorio de veinte del mismo mes y año, del mandamiento de ejecución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Director de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, en el que se requiere a los contribuyentes el pago del crédito fiscal, con el apercibimiento que de no hacerlo se embargarían bienes suficientes para cubrir dicho crédito. d) Acta de requerimiento de pago y embargo levantada el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, correspondiente al mandamiento de ejecución de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete suscrito por el Director de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. 3] El Director de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. e) Mandamiento de ejecución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se requiere al contribuyente el pago del crédito fiscal, con el apercibimiento que de no hacerlo se embargarían bienes suficientes para cubrir dicho crédito. f) Oficio DICYC/634/2018 de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, del que se advierte el remate público en primera almoneda del inmueble ubicado en el lote 8 (ocho), Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9 (nueve), supermanzana 56 (cincuenta y seis), en esta ciudad con folio electrónico número 144683, con el fin de hacer efectivo el crédito fiscal adeudado por la aquí quejosa Rebeca Pineda Patiño y Azael Abraham Rodríguez Zapata. g) Oficio DICYC/876/2018 de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, en el que se hizo constar que se fincó el remate del inmueble citado en favor de "CI Banco, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple", en su carácter de fiduciario en el fideicomiso F/430, por lo que se adjudicó el mismo a favor de la referida institución bancaria libre de todo gravamen. 4] Del Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de Benito Juárez Quintana Roo: h) La inscripción de la adjudicación del inmueble ubicado en el lote 8 (ocho), Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9 (nueve), supermanzana 56 (cincuenta y seis), en su folio electrónico 144683 del índice de la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Benito Juárez, Quintana Roo. 5] Del Ayuntamiento y del 1] Tesorero Municipal, ambos de Benito Juárez, Quintana Roo: i) La falta de emplazamiento al procedimiento en el que se haya ordenado el procedimiento de remate y adjudicación del bien inmueble ubicado en el lote 8 (ocho), Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9 (nueve), supermanzana 56 (cincuenta y seis), en esta ciudad con folio electrónico número 144683, así como todo lo ahí actuado, incluyendo su remate y adjudicación. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. El 5] Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, por conducto del Síndico Municipal (foja 51) y el 1] Tesorero Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo (foja 52), al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se le reclaman, precisados en el considerando tercero, inciso i), de esta sentencia. Sin que obste que la parte quejosa haya ofrecido las siguientes pruebas documentales: a) Impresión sin certificar de captura de pantalla de lo que parece ser una consulta electrónica del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, en el que se aprecia el número de la escritura pública buscada P.A 1,552 de fecha de escritura cinco de junio de dos mil quince (foja 8). b) Impresión sin certificar de captura de pantalla de lo que parece ser una consulta electrónica del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, en el que se aprecia la fecha de cancelación de gravamen veinticinco de enero de dos mil quince (foja 9). Documentales que cuentan con valor indiciario en términos de los artículos 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, demuestran que probablemente sean una reproducción de su original, y de haberse exhibido en original o en fotocopia certificada se comprobaría únicamente la inscripción de una escritura de adjudicación en el folio electrónico relativo al bien inmueble defendido por la quejosa, así como la cancelación de un gravamen. c) Fotocopia certificada del primer testimonio de la escritura pública treinta y seis mil trescientos sesenta y seis de dieciséis de diciembre de dos mil tres del protocolo de la Notaría Pública Tres del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún Quintana Roo, con residencia en Cancún (fojas 11 a 27), documental a la que se concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que la quejosa es la propietaria del bien inmueble que aquí defiende. d) Fotocopia certificada de las constancias que integran el procedimiento administrativo 601205600900800000, que remitió el Director de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, como apoyo a su informe justificado (fojas 235 a 355) y que la parte quejosa hizo suyas, a la que se otorga valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las cuales no se aprecia que las autoridades citadas hayan incurrido en la omisión de notificarle el inicio de ese procedimiento, ni tampoco que ellas hayan sustanciado la fase de ejecución coactiva, sino que esas actos le son atribuibles a otras autoridades, como se expondrá en el considerando siguiente. Luego, con las documentales relacionadas no se demuestra la existencia de los actos reclamados a las citadas autoridades. Asimismo, en términos de los artículos 190 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no existe presunción legal o humana en favor de la parte quejosa que acredite la existencia de los actos en estudio. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo. En ese orden, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que desvirtúe la afirmación de la autoridad señalada como responsable, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados precisados en el inciso i) del considerando tercero por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia de los actos reclamados. El 1] Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, al rendir su informe justificado en relación con la ampliación de demanda (foja 227), convino en la existencia del acto reclamado precisado en el considerando tercero, inciso a), de este fallo. Por su parte, el 4] Delegado en Benito Juárez del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, al rendir su informe justificado en relación a la ampliación de demanda (foja 56 y 57), convino en la existencia del acto que se le reclama, precisado en el considerando tercero, inciso h), de esta sentencia. Por otro lado, la 3] Director de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo (fojas 228 a 234 y 542 a 545) y el 2] Coordinador de Notificadores de su adscripción (fojas 359 a 365, 546 a 549), al rendir sus respectivos informes justificados no se pronunciaron expresamente sobre la certeza de los actos que se les atribuyen, precisados en el considerando tercero, incisos b), c), d), e), f) y g); sin embargo, realizan manifestaciones que revelan su existencia. En todo caso, la existencia de los actos reclamados está acreditada con la fotocopia certificada de las constancias que integran el procedimiento administrativo 601205600900800000, que remitió el 3] Director de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, como apoyo a su informe justificado (fojas 235 a 355), a la que se otorgó valor probatorio pleno en el considerando que antecede, así como la diversa fotocopia certificada remitida por el 4] Delegado en Benito Juárez del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, por conducto de la Subdelegada, al rendir informe justificado (fojas 58 a 81 y 87 a 99); documental pública a la que se confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, de las que se advierte lo siguiente: 1. Mediante resolución TM/DICYC/1200-114 BIS/2017 emitida el doce de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 235 a 241), el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo determinó un crédito fiscal contra Rebeca Pineda Patiño, Azael Abraham Rodríguez Zapata, Viveica Sociedad Anónima de Capital Variable y/o propietario o poseedor del bien inmueble ubicado en "SMZ-56 MZ09 LT 08 CALLE ITZAMZÁ CANCÚN QUINTANA ROO", por la omisión de pagar el impuesto predial del primer bimestre de dos mil catorce al quinto bimestre de dos mil diecisiete y el impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, en relación inmueble ubicado en el lote 8 (ocho), Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9 (nueve), supermanzana 56 (cincuenta y seis), en esta ciudad con clave catastral 601205600900800000. 2. El diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 246 a 249), previo citatorio de dieciocho de dicho mes y año (fojas 243 a 245), el Notificador-Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, notificó a la quejosa y demás contribuyenes el crédito fiscal mencionado vía instructivo. 3. El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 250 y 251), fue emitido el mandamiento de ejecución PAE/DICYC/1216-114 BIS/2017, por el Director de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, en el que ordenó requerir a los contribuyentes el pago del crédito fiscal por la cantidad de $13,562.51 (tres mil quinientos sesenta y dos pesos, con cincuenta y un centavos, moneda nacional), con el apercibimiento que de no hacerlo se embargarían depósitos, cuentas bancarias o bienes suficientes para cubrir dicho crédito. 4. El veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 255 a 258), previo citatorio del día anterior (fojas 252 a 254), el Notificador-Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, notificó a la quejosa el mandamiento de ejecución mediante instructivo y trabó embargo sobre el inmueble señalado en el numeral 1 que antecede. 5. El cuatro de mayo de dos mil diecisiete (fojas 331 a 344), el Director de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, celebró la audiencia de remate del inmueble embargado, en la cual declaró fincado dicho remate a favor de Ci Banco, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, a quien previno para que cubriera el adeudo que motivó el embargo a efecto de proveer sobre la adjudicación. 6. El diecisiete de mayo de dos mil diecisiete (fojas 347 y 348), el Director de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, declaró firme el remate del inmueble a favor de Ci Banco, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, ordenó la cancelación de la hipoteca y citó al contribuyente para que dentro del término de diez días otorgara la escritura de venta, con el apercibimiento que de no hacerlo, se haría en su rebeldía. 7. Derivado de lo anterior, se formalizó la escritura pública mil ciento cincuenta y dos, de cinco de junio de dos mil dieciocho, ante la Notaría Pública Ciento Catorce del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, que contiene la adjudicación efectuada en el procedimiento administrativo de ejecución 601205600900800000; dicho acto jurídico se inscribió el cuatro de agosto de dos mil dieciocho, ante la Delegación en Benito Juárez del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, en el folio electrónico 144683 (fojas 87 reverso a 99). 8. Mediante escritura pública tres mil quinientos cuatro de trece de julio de dos mil veinte del protocolo de la Notaría Pública Ciento Catorce, la sociedad tercera interesada "CI Banco, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple", en su carácter de fiduciario en el fideicomiso F/430, transmitió ad corpus en favor de Jocelyn Romero Rodríguez, quien adquirió de plena propiedad el lote 8 (ocho), Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9 (nueve), supermanzana 56 (cincuenta y seis), en esta ciudad (fojas 72 a 80) En consecuencia, son ciertos los actos reclamados precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEXTO. Estudio de las causales de improcedencia. Las autoridades responsables 3] Director de Ingresos Coordinados y Cobranzas de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (fojas 228 a 234 y 542 a 545), 2] Notificador-Ejecutor de su adscripción (fojas 359 a 365 y 546 a 549), y 1] Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo (foja 227), y la tercera interesada Jocelyn Romero Rodríguez (fojas 653 a 657) hacen valer las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, XIII, XVI, XVII, XVIII y XX de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Debido a que aducen lo siguiente: 1. La quejosa no agotó el recurso de revocación previsto en los artículos 95 y 96 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo ni el juicio contencioso local. 2. Los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, en virtud de que la quejosa no promovió la demanda de amparo dentro del término previsto en la ley de la materia, toda vez que tuvo conocimiento del procedimiento de ejecución mediante las notificaciones que se le practicaron dentro de dicho procedimiento. 3. Los actos reclamados se han consumado de manera irreparable y se actualiza un cambio de situación de jurídica, en atención a que el inmueble fue adjudicado y posteriormente trasmitido en propiedad a diversa persona. 4. El crédito fiscal reclamado no causa afectación al interés jurídico de la parte quejosa, ya que no acredita haber realizado el pago correspondiente, antes de que se emitiera la determinación del propio crédito fiscal. Sin embargo, las causales de improcedencia invocadas por las responsables son infundadas. ? Definitividad No opera la citada causal de improcedencia, habida cuenta que en el particular se actualiza el supuesto de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la parte aquí impetrante compareció a este juicio de amparo bajo el carácter de tercero extraño por equiparación, alegando violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la prerrogativa de audiencia, con motivo del expediente administrativo 601205600900800000, de la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranzas de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Conviene señalar que para los efectos del juicio de amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto; asimismo, la parte que no fue emplazada o fue emplazada incorrectamente. La razón de la existencia de ese concepto radica en salvaguardar los derechos de una persona que se vean afectados con motivo de un juicio, sin haber tenido oportunidad de defenderse en él, derivado del desconocimiento de la contienda, por lo que se permite la promoción del juicio de amparo a fin de que la persona cuente con la oportunidad de ofrecer pruebas en relación con el emplazamiento defectuoso o de su omisión. Sin que dentro de ese procedimiento exista constancia alguna, en cualquiera de sus etapas, que acredite su comparecencia al mismo que revele un conocimiento previo de su parte, respecto de los actos reclamados; bajo esas circunstancias, prevalece el carácter de tercero extraño por equiparación con que se ostenta la parte quejosa y, en consecuencia, no existe obligación de su parte de agotar el medio de impugnación, ni de ejercer acción alguna como lo arguyen las autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2003074 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 11/2013 (10a.) Página: 1242 JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente." ? Consentimiento tácito De igual manera, no asiste razón a las autoridades responsables y tercera interesada cuando argumentan que la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, ello porque el cómputo se hace depender de las diversas notificaciones que se verificaron en el procedimiento de origen, las cuales no pueden servir de sustento para tal efecto, porque precisamente esas actuaciones son las reclamadas en este juicio de amparo. ? Consumación irreparable y cambio de situación jurídica. Igualmente resultan infundadas las manifestaciones de las autoridades responsables, en el sentido de que el presente juicio resulta improcedente porque el bien materia de litis ya se adjudicó a favor de un tercero. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación estableció que tratándose de terceros extraños al procedimiento, procede el juicio de amparo respecto de un procedimiento en el cual no se le escuchó, aun cuando los bienes materia de éste se hayan adjudicado a un tercero adquirente de buena fe, como se deprende de la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 167343 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Abril de 2009 Materia(s): Común Tesis: P./J. 25/2009 Página: 11 TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ÉSTE RESPECTO DE UN JUICIO EN EL CUAL NO SE LE ESCUCHÓ AUN CUANDO LOS BIENES MATERIA DE ÉSTE SE HAYAN ADJUDICADO A UN TERCERO ADQUIRENTE DE BUENA FE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el artículo 80 del propio ordenamiento legal, permite afirmar que el juicio de garantías persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada. Por ello, la adjudicación de un bien a favor de un tercero adquirente de buena fe, no puede considerarse como un acto consumado de manera irreparable en virtud de que (i) existe tanto la posibilidad material como jurídica de restituir al quejoso en el goce de la garantía violada y, (ii) el tercero adquirente con la calidad antes mencionada cuenta con los medios legales idóneos para defenderse ante un posible desposeimiento jurídico de un inmueble justamente adquirido por título oneroso. Por lo anterior, resulta procedente el juicio de amparo promovido por un tercero extraño a juicio aun cuando los bienes materia del juicio natural respectivo hayan sido previamente adjudicados a un tercero adquirente de buena fe." Por tanto, el contenido de la jurisprudencia en cita se adecua exactamente al caso en análisis, ya que aun cuando el inmueble fue adjudicado al tercero interesado, existe la posibilidad jurídica y material de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental, en el caso el derecho de audiencia. De ahí que basta la invocación de dicho criterio, para dar contestación a tal planteamiento. ? Interés jurídico Por último, es infundada la causal de improcedencia invocada por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, en el sentido de que el crédito fiscal reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso en razón de que no acredita haber realizado el pago correspondiente antes de la determinación del crédito fiscal. Se afirma lo anterior, toda vez que en la resolución TM/DICYC/1200-114 BIS/2017 de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 235 a 241), se fincó un crédito fiscal contra la aquí quejosa Rebeca Pineda Patiño por la omisión de pagar el impuesto predial y el impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, por lo cual resulta evidente que la quejosa cuenta con interés jurídico para controvertir un acto que afecta su patrimonio de manera directa e inmediata. Además, como se pudo apreciar de los antecedentes relatados en el considerando quinto de este fallo, se inició un procedimiento administrativo de ejecución contra la aquí quejosa, que culminó con la adjudicación del inmueble que era copropietaria la peticionaria Rebeca Pineda Patiño, tal y como se desprende de la fotocopia certificada de la escritura pública mil quinientos cincuenta y dos , de cinco de junio de dos mil dieciocho, del protocolo de la Notaría Pública Ciento Catorce del Estado de Quintana Roo (fojas 87 reverso a 99), a la que se otorgó pleno valor probatorio con antelación; por lo cual, la determinación del crédito fiscal reclamada sí afecta el interés jurídico de la parte quejosa, al incidir en su esfera jurídica patrimonial. Al respecto resulta aplicable la siguiente jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En ese orden de ideas, toda vez que las partes no hicieron valer un diverso motivo de improcedencia y al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por las que no se surte alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no se tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Octava Época No. Registro: 205800 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 Genealogía: Gaceta número 42, junio de 1991, página 19. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 285, página 191. IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia, procede el estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en la demanda de amparo y su ampliación. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda y ampliaciones, que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. OCTAVO. Estudio de fondo del asunto. Por cuestión de orden y método, en primer lugar se estudiarán los conceptos de violación hechos valer contra el acto reclamado precisado en el inciso b), del considerando tercero de esta sentencia, consistente en la notificación de la resolución determinante del crédito fiscal, en forma previa al examen de los conceptos de violación alegados contra la indicada resolución TM/DICYC/1200-114 BIS/2017 de doce de septiembre de dos mil diecisiete, precisada en el inciso a) del propio considerando tercero, pues la quejosa alega que tuvo conocimiento de la misma durante el trámite del amparo. Los conceptos de violación son fundados, aunque suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. En el considerando tercero, inciso b), se precisa que la quejosa reclama del 2] Notificador-Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, la notificación efectuada el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, previo citatorio de dieciocho de dicho mes y año (fojas 243 a 249), por la que se notificó la resolución TM/DICYC/1200-114 BIS/2017 emitida el doce de septiembre de dos mil diecisiete, por el 1] Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, en la cual se le determinó un crédito fiscal. Al respecto, el impetrante de derechos señala que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no se respetó su derecho de audiencia y debido proceso, ya que no se cumplieron las formalidades del procedimientos que establecen los artículos 110 y 112 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, aunado a que el Notificador-Ejecutor no se cercioró correctamente del domicilio donde realizó la notificación. Lo anterior es fundado, en la medida que se suple la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, en razón que la notificación de un crédito fiscal constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa y su falta de verificación o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, por lo que se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento, al afectar la oportunidad de defenderse. Resulta oportuno citar la jurisprudencia de rubro y texto: "Época: Décima Época Registro: 2000428 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 18/2011 (10a.) Página: 170 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Al ser una formalidad esencial en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias cuando el quejoso no es emplazado al mismo o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley, -lo que le ocasiona el desconocimiento total del procedimiento-, debe equiparársele a un tercero extraño, debido a que esa situación constituye una violación manifiesta a la ley que le produce indefensión, siendo obligatorio para los tribunales de amparo suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, con fundamento en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. En esta circunstancia es factible que promueva el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima inconstitucional, en razón de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente y, en ningún caso, a los terceros extraños por equiparación, pues en relación con ellos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del juicio de amparo." Previo al análisis de fondo resulta menester destacar que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de previa audiencia que debe regir en todo procedimiento que tienda a privar a los gobernados de su vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos. En el aspecto jurisdiccional, implica que la parte demandada tenga conocimiento de la reclamación existente en su contra, a efecto de darle oportunidad de hacer valer sus derechos y defender sus intereses a través de la contestación de la demanda, del ofrecimiento de pruebas, de la expresión de alegatos de su intención y de la interposición de los medios de impugnación, sustancialmente. Lo que se logra mediante el debido emplazamiento o llamamiento a juicio, en el que la autoridad debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos que al efecto prevea la legislación aplicable. Ahora, para la plena satisfacción de ese derecho, en forma previa al acto privativo de los derechos fundamentales, el dispositivo constitucional citado exige la existencia de un "juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: a) Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. b) Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. c) Oportunidad de alegar. d) Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Se sustenta lo anterior con la jurisprudencia de datos de localización y texto siguiente: "No. Registro: 200,234 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Común Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Diciembre de 1995 Tesis: P./J. 47/95 Página: 133 FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Conforme a lo expuesto en el citado criterio jurisprudencial, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituyen una formalidad esencial del procedimiento, que de no respetarse impide u obstaculiza una adecuada defensa para el gobernado. Puntualidades que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal ha identificado como un "núcleo duro", las cuales deben observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional; sin embargo, también estableció un diverso "núcleo de garantías", que resulta aplicable en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado, identificado comúnmente como el elenco de garantías mínimas que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto, el cual se identifica en dos especies: La primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera. La segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable. Formalidades que indiscutiblemente integran el principio general del "debido proceso", al permitir que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Es destacable la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2005716 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.) Página: 396 DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Expuesto lo anterior, para el caso de estudio resulta imprescindible denotar que el capítulo II del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, establece las formalidades que deben cumplir las notificaciones en materia fiscal municipal local, los cuales se definen en los artículos 108 a 113, que establecen: "Artículo 108.- Las notificaciones de los actos administrativos se harán: I. A las autoridades por medio de oficio y excepcionalmente por la vía telegráfica, cuando se trate de resoluciones o acuerdos que exijan cumplimiento inmediato; II. A los particulares: a) Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos; b) Por correo certificado con acuse de recibo cuando se trate de actos distintos de los señalados en el inciso anterior, o cuando los previstos en la fracción anterior no pudieran ser notificados personalmente por no haberse señalado domicilio para recibir notificaciones en la localidad que sea sede de la autoridad fiscal municipal; c) Por telegrama cuando se trate de actos distintos a los señalados en el inciso ala) anterior; d) Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse se oponga a la diligencia de notificación o desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al registro municipal de contribuyentes, después de la notificación de la orden de visita, o bien, después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos, o tratándose de personas morales que hubieran realizado actividades por las que deban pagar contribuciones, haya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en que legalmente se tenga obligación de presentar dicho aviso. e) Por edictos, únicamente en caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión, hubiere desaparecido, se ignore su domicilio o que éste o el de su representante no se encuentren en el territorio municipal; f) Por instructivo, solamente los casos que señala este Código y con las formalidades a que se refiere el segundo párrafo del artículo 111." "Artículo 109.- Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en que fueron hechas y deberá proporcionarse al interesado original del acto administrativo que se notifique y de la constancia de notificación. Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales por comparecencia del contribuyente en sus oficinas, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre, datos de identificación y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de notificación sin se (sic) por ello se afecte la validez de la notificación. La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquélla en que debiera surtir sus efectos la notificación de acuerdo con lo establecido en este artículo. El cómputo de los plazos de las notificaciones se sujetará a las reglas siguientes: I. Empezarán a correr a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación; II. Si están fijados en días, se computarán sólo los hábiles, entendiéndose por éstos aquéllos en que se encuentren abiertas al público las oficinas de la Tesorería Municipal durante el horario normal de labores III. Si están señalados en períodos o tienen una fecha determinada para su extinción, se comprenderán los días inhábiles; no obstante, si el último día del plazo o fecha determinada es inhábil, el término se prorrogará hasta el siguiente día hábil; y IV. Cuando los plazos se fijen por meso por año sin especificar que sean de calendario, se entenderá en el primer caso que el plazo vence el mismo día del mes de calendario posterior a aquél en que se inició y en el segundo caso, el término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario a aquél en que se inició. Cuando no exista el mismo día en los plazos que se fijen por mes, éste se prorrogará hasta el primer día hábil del siguiente mes de calendario." "Artículo 110.- Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a quienes debe notificarse se presentan en las mismas; excepción hecha de las notificaciones que den origen al procedimiento administrativo de ejecución; las de requerimiento de cumplimiento de obligaciones fiscales y/o las que impongan sanciones a los contribuyentes, las que invariablemente deberán ser practicadas en el domicilio de los mismos. También se podrán efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado en el padrón de contribuyentes municipal, salvo que hubiere designado otro para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso de un procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones relacionadas con el trámite o la resolución de los mismos. Toda notificación personal, realizada con quien debe entenderse, será legalmente válida aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales. En los casos de sociedades en liquidación, cuando se hubieren nombrado a varios liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas, podrán practicarse válidamente con cualquiera de ellos. "Artículo 111.- Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que le espere a una hora fija del día siguiente o para que acuda a notificarse dentro del plazo de seis días hábiles a las oficinas de las autoridades fiscales. Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y si la persona citada o su representante legal no esperare al notificador, éste practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de encontrarse cerrado el domicilio del deudor, a pesar del citatorio, o que las personas que se encuentren en el mismo o los vecinos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia, para dar cuenta a la autoridad emisora de dicho acto. Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales o notificaciones de créditos fiscales, se cobrará a quien incurra en el incumplimiento, en concepto de honorarios por notificación, el equivalente a un dos por ciento del crédito fiscal omitido, debiendo cubrirse conjuntamente con el cumplimiento de la obligación requerida. En caso de que el dos por ciento sea inferior a dos veces el S.M.G. diario vigentes en el estado, se cobrará esta cantidad por concepto de honorarios." "Artículo 112.- Las notificaciones por estrados se harán fijando durante cinco días hábiles el documento que se pretenda notificar, en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación, La autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del sexto día hábil siguiente a aquél en el que se hubiera fijado el documento y comenzará a surtir sus efectos ese mismo día." "Artículo 113.- Las notificaciones por edictos se harán mediante publicaciones por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación en la entidad, o por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Estado, y contendrá un resumen de los actos que se notifican. En este caso, se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación." Al respecto, el legislador ordinario estableció que las notificaciones de los actos administrativos, tratándose de las autoridades se harán por medio de oficio y excepcionalmente en la vía telegráfica; caso contrario de los particulares, de quienes procuró distintas formas para sus debidos llamamientos, como lo son: i. Personalmente. ii. Por correo certificado con acuse de recibo. iii. Por telegrama. iv. Por estrados. v. Por edictos. vi. Por instructivo. Tratándose de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos, su notificación deberá realizarse de manera personal; sin embargo, en los casos en que éstas no pudiera realizarse debido a que no se señaló domicilio para recibir notificaciones en la localidad que sea sede de la autoridad fiscal municipal, se practicarán por correo certificado con acuse de recibo. En los casos en que la notificación se realice directamente por las autoridades fiscales en sus oficinas, con motivo de la comparecencia del contribuyente, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre, datos de identificación y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia, y en caso de que éste no desee firmar, se hará constar en el acta de notificación sin que ello afecte la validez de la notificación. Toda notificación personal será legalmente válida aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales, siempre y cuando sea realizada con la persona con quien deba entenderse. En los casos de sociedades en liquidación, cuando se hubieren nombrado a varios liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas, podrán practicarse válidamente con cualquiera de ellos. Cuando se trate de la notificación del inicio del procedimiento administrativo de ejecución, el requerimiento de cumplimiento de obligaciones fiscales y/o las que impongan sanciones a los contribuyentes, éstas deberán ser practicadas exclusivamente en el domicilio de los mismos. En los casos que la notificación no se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos, su notificación podrá realizar por medio de telegrama. La notificación mediante estrados ocurrirá siempre y cuando la persona a quien deba notificarse actualice alguna de las siguientes hipótesis: a) Se oponga a la diligencia de notificación; b) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al registro municipal de contribuyentes, (1) una vez que se le realizó de la notificación de la orden de visita, o bien, (2) después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal, pero antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos; o, c) Tratándose de personas morales que hubieran realizado actividades por las que deban pagar contribuciones, y haya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en que legalmente se tenga obligación de presentar dicho aviso, los cuales se fijarán durante cinco días hábiles con el documento que se pretenda notificar, en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación, dejando constancia de ello en el expediente respectivo, teniéndose como fecha de notificación la del sexto día hábil siguiente a aquél en el que se hubiera fijado el documento y comenzará a surtir sus efectos ese mismo día. Exclusivamente en los casos en que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión, hubiere desaparecido, se ignore su domicilio o que éste o el de su representante no se encuentren en el territorio municipal, se realizará por edictos; los cuales se publicarán por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación en la entidad, o por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Estado, y contendrán un resumen de los actos que se notifican, tendiéndose fecha de notificación la de la última publicación. Finalmente, solamente en los casos que señala este código y con las formalidades a que se refiere el segundo párrafo de su artículo 111, las notificaciones se podrán realizar mediante instructivo, esto es, en los casos en que la notificación se deba practicar personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar. Situación en la que se deberá dejar citatorio previo en el domicilio, para que la persona buscada espere al notificador en (1) una hora fija del día siguiente o (2) para que acuda a notificarse dentro del plazo de seis días hábiles a las oficinas de las autoridades fiscales. En el primer caso, de encontrarse cerrado el domicilio del deudor, a pesar del citatorio, o que las personas que se encuentren en el mismo o los vecinos se negasen a recibir la notificación, la notificación personal se podrá realizar por medio de instructivo, el cual se fijará en un lugar visible de dicho domicilio, debiendo asentarse razón de tal circunstancia, para dar cuenta a la autoridad emisora del acto. De ser la segunda hipótesis, es decir, de no comparecer a notificarse dentro del plazo de seis días hábiles a las oficinas de las autoridades fiscales, se deberá practicar por correo certificado con acuse de recibo. En el particular, en el citatorio y la notificación del crédito fiscal de dieciocho y diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, respectivamente, el Notificador-Ejecutor responsable, asentó lo siguiente: Citatorio de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 243 a 245): Acta de notificación de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 246 a 249): De lo anterior, se advierte que el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, el citado ejecutor refirió: a) Que se constituyó en el domicilio de la parte quejosa; b) Que no fue atendido por persona alguna; y, c) Que nadie atendió a su llamado, por lo que procedió a notificar vía instructivo. Lo anterior evidencia que el acta de citatorio de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete y, por consecuencia, la respectiva notificación del crédito fiscal, no cumplieron con las formalidades del artículo 111 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Quintana Roo, porque en la referida acta de entrega de citatorio de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, asentó que se constituyó en el domicilio adjunto para llevar a cabo la notificación del crédito fiscal, el cual describió; sin embargo, de la lectura de la diligencia se advierte que el funcionario no intentó entenderla con algún vecino del lugar, pues únicamente procedió a fijar el citatorio por medio de instructivo en el domicilio colindante. Seguidamente, el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 255 a 258) el mencionado Notificador-Ejecutor de nueva cuenta hizo constar su comparecencia en el domicilio de la quejosa, en la que manifestó cerciorarse de que se encontraba en el domicilio correcto porque el mapa de la ciudad se lo indicaba y por las nomenclaturas del cruce de las calles de ese domicilio, acto procesal en el que destacó que nadie atendió a su llamado, por lo que procedió a realizar la notificación respectiva por medio de instructivo; en consecuencia, de la diligencia en comento no se desprende que haya intentado entender la diligencia con un vecino tal y como lo señala el artículo 111 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo. De lo antes expuesto, se evidencia el incorrecto actuar del Notificador-Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, en razón que no se cumplieron a cabalidad las formalidades establecidas en el Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, precisamente en los numerales 108, fracción II, inciso f) y 111, en lo relativo a las notificaciones por instructivo. Se estima así, en razón que tal y como ya se adelantó, dichos preceptos establecen puntualmente que en los casos en que una notificación se deba practicar personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, en efecto, se deberá dejar citatorio previo en el domicilio, para que la persona buscada espere al notificador en una hora fija del día siguiente o para que acuda a notificarse dentro del plazo de seis días hábiles a las oficinas de las autoridades fiscales. Esto es, de encontrarse cerrado el domicilio del deudor, a pesar del citatorio, o que las personas que se encuentren en el mismo o los vecinos se negasen a recibir la notificación, es decir, una vez agotados todos los medios que tuviere a su alcance para localizar a alguna persona en dicho inmueble o en su entorno vecinal, solo así, la notificación personal se podrá realizar por medio de instructivo. Circunstancia que en el caso no aconteció, pues al momento de realizar la notificación reclamada, fue omiso en agotar la posibilidad de practicar dicha actuación con algún vecino del lugar, ya que simplemente se dirigió al domicilio adjunto, omitiendo describir su ubicación, y sin buscar a persona alguna en ese domicilio, procedió a dejar el citatorio por instructivo, inclusive sin aclarar en qué domicilio fijó ese instructivo, si en el buscado o en el adjunto del vecino. En tales condiciones, resulta que el acto en estudio, es violatorio del derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, ya que el proceder de las autoridades responsables no se ajustó a las formalidades esenciales del procedimiento, lo que en sí mismo se considera violatorio de la ley, lo cual produjo que la parte quejosa, no haya tenido oportunidad de conocer el procedimiento instaurado, oponer excepciones y defensas que estimara pertinentes, así como ofrecer las pruebas que considerara convenientes para acreditar sus excepciones, y a la vez, interponer los medios de impugnación que procedieran. Por ende, asiste razón a la parte quejosa cuando afirma que notificación de la resolución TM/DICYC/1200-114 BIS/2017 emitida el doce de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 235 a 241), por la que se determinó un crédito fiscal, no cumple con las formalidades precisadas en el artículo 111 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, de ahí que el acto en estudio resulta inconstitucional por violación al derecho de audiencia de la quejosa reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En segundo lugar, como se anunció al inicio de este considerando, procede estudiar los conceptos de violación esgrimidos contra el diverso acto reclamado en el inciso a) del considerando tercero, dado que la notificación del crédito fiscal que se determinó a cargo de la parte quejosa resultó ilegal; de ahí, que se estime oportuna su impugnación en esta vía constitucional dado que la parte quejosa lo conoció en el trámite del amparo dado su carácter de tercero extraño por equiparación. Ahora, en el segundo concepto de violación (fojas 505 a 509) expresado en la segunda ampliación de la demanda, se aprecia que la quejosa aduce dos motivos de inconformidad contra la resolución determinante del crédito fiscal, una violación de fondo y otra de forma, y para una mayor claridad se estudiará en primer término la violación de fondo. En ese orden, la quejosa aduce que la autoridad responsable aplicó en su perjuicio el impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia desarrollo social y promoción de la cultura, previsto en el artículo 46-Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, adicionado mediante decreto 235, publicado el en Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el veintiuno de diciembre de dos mil doce, y que entró en vigor al día siguiente de conformidad con su artículo transitorio primero, porque soslaya el principio de proporcionalidad prescrito por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Al caso, la impetrante manifestó que resulta aplicable la tesis aislada de rubro "IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO TURÍSTICO, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA. EL ARTÍCULO 46-BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 235, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE LO PREVÉ, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA." En ese tenor, es sustancialmente fundado el concepto de violación en consulta, y suficiente para conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, pues derivado del criterio precisado en el párrafo anterior, se advierte que prevé el mismo supuesto contenido en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA." Esto es, el acto reclamado se trata de la determinación de un crédito fiscal relativo a un impuesto que fue declarado inconstitucional por el Alto Tribunal del País, a luz de la jurisprudencia en mención que se estima temática. En efecto, la jurisprudencia 2a./J. 126/2013 (10a.), que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta aplicable al impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, contenido en artículo 46-Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo. Para corroborar lo anterior, en primer término, debe tenerse en cuenta el contenido de dicha jurisprudencia, que es del tenor que sigue: "Época: Décima Época Registro: 2004487 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 126/2013 (10a.) Página: 1288 IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Los preceptos citados, al establecer un impuesto adicional a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos por concepto de impuestos y derechos municipales en la mencionada entidad federativa, ya sea en su carácter de responsables directos o solidarios, violan el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, ya que no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, como operan las "sobretasas" u otras contribuciones adicionales -cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica-, sino que fue estructurado para gravar globalmente todos los pagos de contribuciones municipales efectuados por los causantes, por lo que su hecho imponible se materializa al momento de cumplir con esa obligación tributaria. Por consiguiente, el aludido gravamen adicional no participa de la misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio, pues no se circunscribe a una sola contribución mediante el pago de un doble porcentaje, sino que tiene por objeto gravar todos los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate del Estado de Morelos, por lo que es inconcuso que dicho actuar no refleja la capacidad contributiva de los causantes." Luego, para advertir si en efecto resulta aplicable el citado criterio al precepto tildado de inconstitucionalidad, respecto de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, es necesario señalar que la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, en la contradicción de tesis 114/2013, génesis de la referida jurisprudencia, en el quinto considerando relativo al fondo del asunto, en esencia, sostuvo lo siguiente: i. De acuerdo con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, las contribuciones deben fijarse de acuerdo con la capacidad de cada sujeto pasivo, esto es, en función de su potencialidad real para contribuir a los gastos públicos. Por ende, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes. ii. En consecuencia, la potestad tributaria implica para el legislador la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva. iii. Además, el principio de proporcionalidad tributaria consiste en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. iv. De conformidad con lo expuesto, también el legislador cuenta con un margen de libre configuración para el diseño del sistema impositivo, para lo cual puede valerse de cualquiera de los modelos o instrumentos tributarios, siempre y cuando la asignación impositiva se lleve a cabo dentro de los parámetros constitucionales permitidos. v. Precisado lo anterior, procedía analizar el tema de las contribuciones denominadas como sobretasas, que son las que recaen sobre algunos de los tributos previamente establecidos y tienen como característica que los recursos obtenidos se destinan a un fin específico. vi. En efecto, la sobretasa aprovecha la existencia de un nivel impositivo primario, respecto del cual comparte los mismos elementos constitutivos aplicando únicamente un doble porcentaje a la base imponible, por lo que tiene como finalidad principal recaudar más recursos en un segundo nivel impositivo para destinarlo a una actividad específica. vii. Respecto a la tasa adicional o sobretasa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que ésta difiere de los impuestos adicionales, en virtud de que la primera participa de los mismos elementos constitutivos del tributo y solamente se aplica un doble porcentaje a la base gravable; mientras que en los segundos el objeto imponible es diferente, aunque puede participar de alguno de los elementos del impuesto primario. viii. En ese sentido, los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos establecían un impuesto adicional y no una sobretasa, a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos de impuestos y derechos municipales en esa entidad federativa, ya sea en su carácter de responsables directos o solidarios. ix. Si dicho impuesto adicional tiene por objeto gravar el cumplimiento de la mencionada obligación tributaria, dado que la base sobre la cual se calcula el monto del impuesto adicional, se conforma con el importe de los pagos de las contribuciones municipales referidas, al cual debe aplicarse la tasa del 25%, la expresión económica elegida por el legislador local para diseñar el hecho imponible, no refleja la capacidad contributiva de los causantes, por lo que los numerales citados violaban el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al no existir congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de dichos sujetos pasivos. x. Luego, el impuesto adicional no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza, que estuviera previamente sujeta a imposición a través de un impuesto primario, como lo hacen las sobretasas u otras contribuciones adicionales, cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica, sino que fue estructurado para gravar de manera global todos los pagos de contribuciones municipales que efectúen los causantes, por lo que su hecho imponible se materializa precisamente al momento de cumplir con esa obligación tributaria. De ahí que no puede estimarse que participe de la misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio sobre el que se calcula su monto, pues no se encuentra circunscrito a una sola contribución mediante el pago de un doble porcentaje, sino que tiene por objeto todos los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales. En esa línea de pensamiento, se sigue que la tesis jurisprudencial de título y subtítulo "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA", resulta aplicable al caso concreto (aplicación temática), a la luz de la premisa de inconstitucionalidad de un impuesto adicional que fija su base gravable en relación con el importe de contribuciones municipales que paga el contribuyente, dado que dicha expresión económica elegida por el legislador para diseñar el hecho imponible, no refleja la capacidad contributiva del causante, por lo que transgrede el principio de proporcionalidad tributaria. Ahora, conviene recordar que en el caso en particular, el artículo 46 Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, es el siguiente: "Artículo 46-BIS. Son sujetos de este impuesto, los contribuyentes de impuestos y derechos municipales. Este impuesto se causará a razón del 10% sobre el monto de los impuestos y derechos a cargo del contribuyente. Por los derechos que presta el Registro Civil, únicamente se cobrará el 5% de este impuesto. No son sujetos del pago de este impuesto, los contribuyentes de los siguientes gravámenes: El impuesto Predial y sus Rezagos por los predios urbanos que sean de la propiedad del contribuyente y estén destinados, total y exclusivamente, para el uso habitacional del mismo sujeto pasivo de dicho impuesto. Ninguna persona podrá gozar de este beneficio para más de un inmueble de su propiedad o posesión. El Derecho de Alumbrado Público. El Impuesto a Músicos y Cancioneros Profesionales. El pago de este impuesto se hará en el momento en que se realicen los pagos de impuestos y derechos." El artículo transcrito, establece los elementos de la contribución denominada "impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura", pues fija (a) quiénes serán sujetos de aquél (los contribuyentes de impuestos y derechos municipales), el (b) objeto que gravará (los impuestos y derechos a cargo del contribuyente), el (c) procedimiento para calcular la base y la tasa que servirá para arribar al importe final (10% sobre el monto de las contribuciones a cargo del contribuyente), así como la (d) forma y época de pago (el pago de este impuesto se hará en el momento en que se realicen los pagos de impuestos y derechos). Por lo tanto, la expresión económica que el legislador consideró como hecho imponible del impuesto en cuestión, lo constituyen los pagos de contribuciones municipales que efectúe el causante. En este tenor, el impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, previsto en el artículo 46-Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, incurre en idéntico vicio al señalado en el criterio contenido en la multirreferida jurisprudencia 2a./J. 126/2013, esto es, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, al no existir congruencia entre el mecanismo impositivo que prevé y la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Robustece lo anterior, en la esencia jurídica, la tesis aislada que también citó la parte quejosa, con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2007889 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV Materia(s): Constitucional Tesis: XXVII.3o.8 A (10a.) Página: 2969 IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO TURÍSTICO, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA. EL ARTÍCULO 46-BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 235, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE LO PREVÉ, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El artículo 46-BIS de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo (para el ejercicio fiscal de 2013), adicionado mediante Decreto Número 235, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 21 de diciembre de 2012, que prevé el impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, a razón del 10% sobre el monto de los impuestos y derechos municipales a cargo del contribuyente, viola el principio de proporcionalidad tributaria, consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que dicho impuesto adicional cuenta con todos los elementos para ser considerado como un impuesto y no como una tasa adicional o sobretasa del que le sirve de base, pues no está establecido en cada uno de los ordenamientos que prevén los supuestos de causación de los impuestos y derechos municipales, sino que está en un ordenamiento diverso (Ley de Hacienda), en la que se señalan los sujetos pasivos, el objeto, el hecho imponible, la base gravable, tasa y época de pago, identificándose que el objeto del impuesto adicional es el pago de impuestos y derechos municipales, elementos que difieren de los correspondientes a los impuestos principales. Luego, mientras que en los impuestos y derechos municipales (predial, diversiones, videojuegos, espectáculos públicos, adquisición de bienes inmuebles, uso y tenencia de vehículos que no consuman gasolina ni otro derivado del petróleo y sobre juegos permitidos rifas y loterías, etc.), se gravan los ingresos y el patrimonio del contribuyente, en el impuesto adicional se grava el monto del pago de un tributo, sin atender a la operación o actividad económica que le dio origen; lo que no es proporcional, dado que el gobernado que pague más impuestos y derechos municipales erogará una cantidad superior por concepto de impuesto adicional que aquel que pague menos impuestos y derechos municipales, sin que esto atienda a su capacidad contributiva, ya que no se toma en consideración la manifestación de su riqueza, sino que se atiende a un elemento ajeno, como lo es el monto del pago de un impuesto o derecho municipal, es decir, una erogación que no modifica positivamente su patrimonio, sino que lo disminuye, aunado a que implica la imposición de una carga extra en su obligación tributaria." Ahora, de la fotocopia certificada de la resolución TM/DICYC/1200-114 BIS/2017 emitida el doce de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 235 a 241), se advierte que el tesorero responsable determinó un crédito fiscal por omisión en el entero del impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, previsto en el artículo 46-Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, en relación a la omisión de pago del impuesto predial del inmueble que defiende la parte quejosa en este asunto del primer bimestre de dos mil catorce al quinto bimestre de dos mil diecisiete. Por tanto, al haberse aplicado en perjuicio de la parte quejosa un impuesto cuyo mecanismo de recaudación es idéntico a uno diverso declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previsto por el artículo 46 Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, en la resolución TM/DICYC/1200-114 BIS/2017 emitida el doce de septiembre de dos mil diecisiete, por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, es evidente que se que viola en perjuicio de la parte quejosa el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, como se adelantó, respecto a la determinación del crédito fiscal en relación con el impuesto predial determinado en la resolución TM/DICYC/1200-114 BIS/2017 emitida el doce de septiembre de dos mil diecisiete, por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, también se aprecia una violación formal en su emisión, dado que dicho acto no se encuentra debidamente fundado y motivado. Lo anterior, transgrede en su perjuicio el derecho fundamental de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que la autoridad responsable omitió plasmar la cantidad líquida por la que determinó el impuesto predial de los bimestres primero de dos mil catorce al bimestre quinto de dos mil diecisiete en relación al bien inmueble ubicado en el lote 8 (ocho), Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9 (nueve), supermanzana 56 (cincuenta y seis), en esta ciudad y el diverso adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, cantidad liquida que aduce son necesarias para realizar el cálculo y determinación para determinar la cuantía de las actualizaciones y recargos, e incluso refiere que se limita a plasmar los fundamentos legales, no así la forma en que determinó la cuantía de los impuestos causados; asimismo, tampoco obra el diverso documento que se dice contenía el resumen y cálculos del crédito fiscal denominado "Liquidación de Obligaciones" y que en la resolución se indicaba formaba parte integrante de la misma. Dicho motivo de inconformidad resulta fundado. Para demostrar lo anterior, hay que tomar en cuenta que el artículo 16, de la Constitución General de la República, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.." De la lectura de la norma constitucional en cita, se advierte que todo acto de molestia, además de emitirse por escrito y encontrarse debidamente fundado y motivado, debe provenir de autoridad competente, con la excepción de que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento al derecho fundamental de legalidad. En efecto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 16 constitucional, para que se cumpla el imperativo constitucional de fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los siguientes requisitos: - Emitirse por escrito salvo que se origine en juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, en los que bastará que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido. - Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). - Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). - Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia que a continuación se copia: "No. Registro: 910,973 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa Séptima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice 2000 Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN Tesis: 40 Página: 46 Genealogía: APÉNDICE AL TOMO XXXVI NO APA PG. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En ese orden de ideas, cuando el artículo 16 de la Constitución Federal previene que nadie puede ser molestado en su persona, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, exige a las autoridades no que simplemente expresen, según su criterio, las razones que tomaron en consideración para emitir sus resoluciones, pues ello no constituye garantía para el particular; por el contrario, lo que dicho artículo exige es que se citen los preceptos legales en que se apoyaron y que además expresen y detallen sin dejar duda, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tomado en consideración para la emisión de sus determinaciones, haciendo ver que no son arbitrarios; forma de justificación tanto más necesaria, en cuanto que dentro de nuestro régimen constitucional, las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente les atribuye la ley. Se afirma lo anterior, porque la motivación y fundamentación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a fin de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la arbitrariedad de tales decisiones que inciden en detrimento del gobernado y que permitan a éste impugnar la decisión de autoridad ante el órgano respectivo, a fin de determinar si son fundados o no, los motivos de inconformidad aducidos por el gobernado. Ahora, la peticionara del amparo aduce que el Tesorero Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, al emitir la resolución TM/DICYC/1200-114 BIS/2017 emitida el doce de septiembre de dos mil diecisiete, omitió plasmar la cantidad líquida por la que determinó el impuesto predial de los bimestres primero de dos mil catorce al bimestre quinto de dos mil diecisiete en relación al bien inmueble ubicado en el lote 8 (ocho), Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9 (nueve), supermanzana 56 (cincuenta y seis), en esta ciudad y el diverso adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, cantidad liquida que aduce son necesarias para realizar el cálculo y determinación para determinar la cuantía de las actualizaciones y recargos, e incluso refiere que se limita a plasmar los fundamentos legales, no así la forma en que determinó la cuantía de los impuestos causados; asimismo, tampoco obra el diverso documento que se dice contenía el resumen y cálculos del crédito fiscal denominado "Liquidación de Obligaciones" y que en la resolución se indicaba formaba parte integrante de la misma. Asiste razón a la parte quejosa, pues son ciertos los vicios formales que invoca, lo que genera que no se tenga certeza jurídica de las cantidades determinadas en el crédito fiscal reclamado, por lo que resulta evidente la indebida fundamentación y motivación de la resolución reclamada, que viola el derecho de legalidad de la parte quejosa. En tales condiciones, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por Rebeca Pineda Patiño, por propio derecho, contra los actos reclamados del 1] Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo y del 2] Notificador-Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, precisados en los incisos a) y b), del considerando tercero de esta sentencia, consistentes en la resolución TM/DICYC/1200-114 BIS/2017 emitida el doce de septiembre de dos mil diecisiete, así como su notificación. En consecuencia, toda vez que se declaró inconstitucional el crédito fiscal y su notificación reclamados, la concesión del amparo debe hacerse extensiva a todos aquéllos actos que tuvieron su origen en dichos actos. Sobre esa base, la protección constitucional conferida se hace extensiva a los actos precisados en el considerando tercero incisos c), d), e), f) g) y h), toda vez que son consecuencia directa del crédito fiscal y su notificación que resultaron ser violatorios de derechos fundamentales, por lo que constituyen actos viciados de origen; por ende, también son inconstitucionales y carecen de validez. Al resultar fundados los conceptos de violación analizados, es innecesario entrar al estudio de los diversos motivos de inconformidad hechos valer en la demanda de amparo y su ampliación; esto, porque sería ocioso su examen ya que en nada mejoraría los efectos de la protección constitucional aquí otorgada. Resulta aplicable la jurisprudencia que enseguida se cita. "Séptima Época Registro: 917641 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 107 Página: 85 Genealogía: INFORME 1982, PARTE II, PÁGINA 8, TERCERA SALA, TESIS 3. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 74, fracción V y 77, fracción I de la Ley de Amparo, en cumplimiento a esta sentencia, las autoridades responsables deberán realizar lo siguiente: 1] El Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo: a) Dejar insubsistente la resolución TM/DICYC/1200-114 BIS/2017 emitida el doce de septiembre de dos mil diecisiete, por la omisión de pagar el impuesto predial por los bimestres primero de dos mil catorce a quinto de dos mil diecisiete y el diverso adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, en relación al inmueble ubicado en el lote 8 (ocho), Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9 (nueve), supermanzana 56 (cincuenta y seis), en su folio electrónico 144683 del índice de la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Benito Juárez, Quintana Roo, en esta ciudad, con clave catastral 601205600900800000; sin que ello impida a la autoridad tributaria ejercer sus facultades de comprobación que conforme a derecho correspondan. b) Emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que: (i) Se abstenga de determinar crédito fiscal alguno respecto al impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, derivado de la omisión de pago del impuesto predial por los bimestres primero de dos mil catorce a quinto de dos mil diecisiete en relación al inmueble ubicado en el lote 8 (ocho), Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9 (nueve), supermanzana 56 (cincuenta y seis), en su folio electrónico 144683 del índice de la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Benito Juárez, Quintana Roo, en esta ciudad, con clave catastral 601205600900800000. (ii) En su caso de insistir en determinar algún crédito fiscal por la omisión de pagar el impuesto predial por los bimestres primero de dos mil catorce a quinto de dos mil diecisiete respecto del inmueble citado, con libertad de jurisdicción deberá fundar y motivar esa actuación, señalando de forma pormenorizada los fundamentos, forma en que llevó a cabo las operaciones aritméticas aplicables y detalle claramente la fuente de las que obtuvo los datos en que funde el crédito fiscal, así como sus accesorios. 3] El Director de Ingresos Coordinados y Cobranza del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, dentro del expediente 601205600900800000, deberá: c) Dejar sin efecto la notificación por cédula de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, previo citatorio de veinte de dicho mes y año, mediante la cual se le comunicó la resolución TM/DICYC/1200-114 BIS/2017 emitida el doce de septiembre de dos mil diecisiete por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, por la que se le determinó un crédito fiscal. d) Como consecuencia natural de lo anterior, deje insubsistente todos los efectos jurídicos que se realizaron con motivo del procedimiento administrativo que instauró, incluyendo el mandamiento de ejecución y su notificación, así como todos los actos subsecuentes (embargo, remate, adjudicación y escrituración), restituyendo las cosas en el estado que guardaban, respecto del cincuenta por ciento del inmueble ubicado en el lote 8 (ocho), Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9 (nueve), supermanzana 56 (cincuenta y seis), en su folio electrónico 144683 del índice de la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Benito Juárez, Quintana Roo, en esta ciudad, con clave catastral 601205600900800000, propiedad de la solicitante del amparo. 4] El Delegado en Benito Juárez del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo: e) Dejar insubsistente los movimientos registrados en el folio electrónico 144683, con motivo del procedimiento administrativo de ejecución 601205600900800000 del índice de la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. Lo anterior, debido a que los efectos de la sentencia implican también dejar insubsistente el crédito fiscal y todo lo actuado con posterioridad respecto a los contribuyentes Azael Abraham Rodríguez Zapata, Viveica Sociedad Anónima de Capital Variable y/o propietario o poseedor del bien inmueble ubicado en "SMZ-56 MZ 09 LT 08 CALLE ITZAMZÁ CANCÚN QUINTANA ROO" a pesar de que no promovieron el juicio de amparo al no poder subsistir el acto de forma autónoma respecto a ellos, debido a que términos del artículo 19 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo vigente en la época de la determinación del débito fiscal, el impuesto predial que se dice se liquidó afecta directamente al predio sea quien fuera su propietario o poseedor, de ahí que al ser una contribución real, sólo puede existir una determinación de la misma respecto de un período y predio específico. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rebeca Pineda Patiño, por propio derecho, contra los actos reclamados del 5] Ayuntamiento y del 1] Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, precisados en el considerando tercero inciso i) en términos de lo expuesto en el cuarto de esta sentencia SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Rebeca Pineda Patiño, por propio derecho, contra los actos que reclama del 1] Tesorero Municipal, 3] Director de Ingresos Coordinados y Cobranza, 2] Notificador-Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza, todos del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo y 4] Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cancún, Quintana Roo, precisados en el considerando tercero, incisos a), b), c), d), e), f), g) y h), por los motivos expuestos en el diverso octavo. TERCERO. El amparo concedido a Rebeca Pineda Patiño es para el efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente: 1] El Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo: a) Dejar insubsistente la resolución TM/DICYC/1200-114 BIS/2017 emitida el doce de septiembre de dos mil diecisiete, por la omisión de pagar el impuesto predial por los bimestres primero de dos mil catorce a quinto de dos mil diecisiete y el diverso adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, en relación al inmueble ubicado en el lote 8 (ocho), Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9 (nueve), supermanzana 56 (cincuenta y seis), en su folio electrónico 144683 del índice de la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Benito Juárez, Quintana Roo, en esta ciudad, con clave catastral 601205600900800000; sin que ello impida a la autoridad tributaria ejercer sus facultades de comprobación que conforme a derecho correspondan. b) Emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que: (i) Se abstenga de determinar crédito fiscal alguno respecto al impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, derivado de la omisión de pago del impuesto predial por los bimestres primero de dos mil catorce a quinto de dos mil diecisiete en relación al inmueble ubicado en el lote 8 (ocho), Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9 (nueve), supermanzana 56 (cincuenta y seis), en su folio electrónico 144683 del índice de la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Benito Juárez, Quintana Roo, en esta ciudad, con clave catastral 601205600900800000. (ii) En su caso de insistir en determinar algún crédito fiscal por la omisión de pagar el impuesto predial por los bimestres primero de dos mil catorce a quinto de dos mil diecisiete respecto del inmueble citado, con libertad de jurisdicción deberá fundar y motivar esa actuación, señalando de forma pormenorizada los fundamentos, forma en que llevó a cabo las operaciones aritméticas aplicables y detalle claramente la fuente de las que obtuvo los datos en que funde el crédito fiscal, así como sus accesorios. 3] El Director de Ingresos Coordinados y Cobranza del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, dentro del expediente 601205600900800000, deberá: c) Dejar sin efecto la notificación por cédula de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, previo citatorio de veinte de dicho mes y año, mediante la cual se le comunicó la resolución TM/DICYC/1200-114 BIS/2017 emitida el doce de septiembre de dos mil diecisiete por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, por la que se le determinó un crédito fiscal. d) Como consecuencia natural de lo anterior, deje insubsistente todos los efectos jurídicos que se realizaron con motivo del procedimiento administrativo que instauró, incluyendo el mandamiento de ejecución y su notificación, así como todos los actos subsecuentes (embargo, remate, adjudicación y escrituración), restituyendo las cosas en el estado que guardaban, respecto del cincuenta por ciento del inmueble ubicado en el lote 8 (ocho), Calle Itzamna, del Fraccionamiento denominado "Sol del Mayab", manzana 9 (nueve), supermanzana 56 (cincuenta y seis), en su folio electrónico 144683 del índice de la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Benito Juárez, Quintana Roo, en esta ciudad, con clave catastral 601205600900800000, propiedad de la solicitante del amparo. 4] El Delegado en Benito Juárez del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo: e) Dejar insubsistente los movimientos registrados en el folio electrónico 144683, con motivo del procedimiento administrativo de ejecución 601205600900800000 del índice de la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. Lo anterior, debido a que los efectos de la sentencia implican también dejar insubsistente el crédito fiscal y todo lo actuado con posterioridad respecto a los contribuyentes Azael Abraham Rodríguez Zapata, Viveica Sociedad Anónima de Capital Variable y/o propietario o poseedor del bien inmueble ubicado en "SMZ-56 MZ 09 LT 08 CALLE ITZAMZÁ CANCÚN QUINTANA ROO" a pesar de que no promovieron el juicio de amparo al no poder subsistir el acto de forma autónoma respecto a ellos, debido a que términos del artículo 19 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo vigente en la época de la determinación del débito fiscal, el impuesto predial que se dice se liquidó afecta directamente al predio sea quien fuera su propietario o poseedor, de ahí que al ser una contribución real, sólo puede existir una determinación de la misma respecto de un período y predio específico. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, hasta el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permiten, ante Lourdes Cuevas Santiago, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Notificación personal a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público adscrito del auto de siete de abril de dos mil veintidós.

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