Rebeca Núñez Sesma

Expediente 355/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
355/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
22/08/2017

Partes del expediente

  • Rebeca Núñez Sesma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Advirtiéndose de la constancia secretarial de cuenta, que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de catorce de agosto de dos mil diecisiete que le fue notificado personalmente a su autorizado el quince de agosto del año en curso (foja 271 reverso), el cual feneció el veintiuno de agosto del presente año. En dicho proveído, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto al oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, al que acompañó copia certificada de auto de ocho de agosto de dos mil diecisiete, así como sus respectivas notificaciones, dentro del juicio contencioso administrativo 368/2017 de su índice; con el apercibimiento que de no hacer declaración alguna, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio, respecto al cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Por consiguiente, una vez transcurrido el término concedido, se procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, marzo de dos mil, Novena Época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." -Efectos de la Sentencia- Al respecto, debe decirse que el catorce de julio de dos mil diecisiete (fojas 238 a 250), se dictó sentencia constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de Rebeca Núñez Sesma, para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad: 1. Sólo en caso de que haya causado ejecutoria esta sentencia con anterioridad al veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, que se señaló para la audiencia de pruebas y alegatos y legalmente se esté en oportunidad para notificar a las partes: deje sin efecto dicha data y la reprograme de inmediato con fecha anterior al veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. 2. En caso de que la responsable no haya llevado a cabo la audiencia de pruebas y alegatos en alguna de las dos fechas a que se hace referencia en el punto inmediato anterior, señale nueva fecha dentro del término legal que para ello establece el numeral 49 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. Sentencia que causo ejecutoria el dos de agosto de dos mil diecisiete (fojas 260 a 262), requiriendo a la autoridad responsable por el cumplimiento a la misma. -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- A efecto de cumplir con la sentencia, la autoridad responsable Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, envió oficio al que acompañó copia certificada del acuerdo de ocho de agosto de dos mil diecisiete, así como sus respectivas constancias de notificación dentro del juicio contencioso administrativo 368/2016 (fojas 266 a 269); documental a la cual de conformidad con lo que señala el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el numeral 2 de la propia legislación, tiene pleno valor probatorio. De las documentales de referencia, se advierte que el ocho de agosto de dos mil diecisiete, el Tribunal Contencioso Administrativo, emitió auto dentro del expediente 368/2016, donde dejó sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos y en su lugar fijó las diez horas con cuarenta minutos del quince de agosto de dos mil diecisiete. En consecuencia, se aprecia que la citada autoridad responsable, realizó todos los actos a los que se le obligó en la ejecutoria de amparo, pues dejó sin efectos la fecha que había señalado para la para la audiencia de pruebas y alegatos y señaló nueva fecha dentro del término legal que para ello establece el numeral 49 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. Ello implicó que se dejara de vulnerar el derecho humano de la parte quejosa, referente al debido proceso; y se dio cumplimiento además, a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que el fallo protector ha quedado cumplido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, el presente proveído para los efectos del precepto 202 de la Ley de Amparo. Asimismo, en acatamiento al segundo párrafo del artículo undécimo del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, ni se exhibieron documentos originales; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de depuración a partir del veintitrés de agosto dos mil veintidós, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia, en virtud de haberse concedido a la quejosa la protección constitucional, en términos de la fracción IV del precepto aludido. En virtud de lo antes expuesto, se procede a ordenar el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, juicios de amparo, en la carátula de este expediente, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al presente proveído, se gira el oficio siguiente: 14772

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, remitido por el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de fecha dos de agosto de dos mil diecisiete (foja 260 a 262), con relación a la ejecutoria de amparo en el presente juicio. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo dése vista a la parte quejosa con dichas constancias, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento de referencia, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro de dicho término este tribunal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base a los elementos que obren en el expediente y los demás aportados por la autoridad. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, marzo de dos mil, Novena Época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  3. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido la sentencia de catorce de julio de dos mil diecisiete (fojas 238 a 250), en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia que ampara y protege a , ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que pase inadvertido que a la presente data, la autoridad responsable Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, no le ha transcurrido el plazo a que hace referencia el artículo 86 de la Ley de Amparo; sin embargo, la presente determinación en modo alguno le depara perjuicio al tener el carácter de autoridad jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 22/2003, visible en la página 23, Tomo XVIII, Julio de 2003, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro 183709 de rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Cabe precisar que la concesión del amparo fue para que la autoridad responsable Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, llevara a cabo los siguientes efectos: 1. Sólo en caso de que haya causado ejecutoria esta sentencia con anterioridad al veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, que se señaló para la audiencia de pruebas y alegatos y legalmente se esté en oportunidad para notificar a las partes: deje sin efecto dicha data y la reprograme de inmediato con fecha anterior al veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. 2. En caso de que la responsable no haya llevado a cabo la audiencia de pruebas y alegatos en alguna de las dos fechas a que se hace referencia en el punto inmediato anterior, señale nueva fecha dentro del término legal que para ello establece el numeral 49 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días siguientes en el que reciba el oficio en el que se le solicita, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $7,549.00 pesos (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establece el artículo 258, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193 de la mencionada ley, en caso de incumplimiento, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, haciéndole saber que el incumplimiento al fallo actualiza el delito previsto en el numeral 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que está sancionado con pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, y en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: "Articulo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. [.] En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. [.]" "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual no será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. [.]" En cumplimiento al presente proveído, se gira el oficio siguiente: 13971.

  4. Principal

    .....................RESUELVE. PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE AL QUEJOSO DE MÉRITO................SEGUNDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO..........

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