Rebeca López Vivar

Expediente 358/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
358/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Rebeca López Vivar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintidós. Del contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a las partes a efecto de formular manifestación en relación a la forma en que la autoridad responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, conforme al apercibimiento realizado en auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, se procede a calificarlo. En sentencia de dos de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo a Rebeca Lara Vivar; para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente todo lo actuado en el expediente 1852/2021, relativo al juicio de divorcio incausado de origen, a partir del instructivo de veintidós de enero de dos mil veintidós, y, 2. Ordene nuevamente el emplazamiento de Rebeca López Vivar, en el domicilio señalado para tal efecto, ordenando que se cumplan con todas las exigencias previstas en la ley. Concesión que debe hacerse extensiva a los demás actos que se reclaman, pues todas las actuaciones llevadas a cabo con posterioridad a la diligencia de emplazamiento son nulas, por no haberse respetado las formalidades de dicha figura." Mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión de amparo. Así, por oficio recibido en auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, la Jueza Primero Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, remitió copia certificada del auto de treinta de septiembre del presente año, por el cual se desprende que dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente 1852/2021, relativo al juicio de divorcio incausado de origen, a partir del instructivo de veintidós de enero de dos mil veintidós, y, ordenó nuevamente el emplazamiento de Rebeca López Vivar, en el domicilio señalado para tal efecto, cumpliendo con las exigencias previstas en la ley para lograr su emplazamiento. A dichas documentales, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede pleno valor probatorio. En esas condiciones, es evidente que la responsable acató los efectos del fallo protector, porque se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Por tanto, y una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, según lo establecido en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se concedió el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de la Jueza Primero Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por el cual informa el cumplimiento que ha dado a la ejecutoria de amparo y adjunta las constancias con que lo acredita. En tales condiciones, con lo anterior dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos Estado de México, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo; en específico deberá realizar lo siguiente: 1. Deje insubsistente todo lo actuado en el expediente ***, relativo al juicio de divorcio incausado de origen, a partir del instructivo de veintidós de enero de dos mil veintidós, y, 2. Ordene nuevamente el emplazamiento de ***, en el domicilio señalado para tal efecto, ordenando que se cumplan con todas las exigencias previstas en la ley. Concesión que debe hacerse extensiva a los demás actos que se reclaman, pues todas las actuaciones llevadas a cabo con posterioridad a la diligencia de emplazamiento son nulas, por no haberse respetado las formalidades de dicha figura. Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En el entendido que si necesita alguna prórroga para su cumplimiento, o bien se encuentre en vías de cumplimiento, lo deberá solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido anteriormente, señalando la razón que tenga y tiempo requerido, para que este juzgado atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerde lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requiere prórroga alguna; incluso se le requiere para que en el mismo término, señale, si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ella vinculada con el cumplimiento, para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informa, se entenderá que no existe. En la inteligencia de que, para dar celeridad a la integración de este asunto la información puede ser enviada al fax (5553870500 extensión 1232); o al correo (2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx); confirmando en la extensión 1231. Se hace del conocimiento de la autoridad señalada que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Notifíquese.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 358/2022-VI; R e s u l t a n d o Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Naucalpan de Juárez, Estado de México, recibido el treinta de marzo siguiente en este Juzgado, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades, por el acto que se describirá en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. Mediante auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, verificó el emplazamiento del tercero interesado y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 35 y 37 primer párrafo, de la Ley de Amparo; toda vez que se reclaman actos cuya ejecución tuvo lugar dentro del ámbito territorial donde ejerce su jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera que la parte quejosa reclama lo siguiente: - La diligencia de emplazamiento de veintidós de enero de dos mil veintidós, que se le practicó dentro del juicio de divorcio incausado ********************del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México y, como consecuencia, todo lo actuado dentro de dicho sumario. Tercero. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México y notificadora de su adscripción, al momento de rendir su informe con justificación aceptaron la existencia del acto que se les atribuye; de ahí que, se tenga por cierto el acto reclamado. Certeza que se corrobora con la documental que acompañó a su informe justificado el Juez responsable, consistente en copia certificada del juicio natural, misma que en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hace prueba plena para tener por acreditada la existencia de los actos reclamados. Misma determinación debe tomarse respecto de la autoridad responsable Oficial del Registro Civil 01 del municipio de Tecámac, Estado de México, pues no obstante que al rendir su informe justificado haya negado el acto se le reclama, lo cierto es que le asiste el carácter de autoridad ejecutora, por lo que está en aptitud de cumplir con el mandato que se emitió en el sumario de origen en cualquier tiempo. En efecto, de las citadas constancias es posible advertir que le fue girado un oficio que contiene la orden del juez responsable de asentar en el acta de matrimonio de la quejosa una anotación marginal relativa a la disolución decretada el catorce de marzo de dos mil veintidós; comunicación oficial que se aprecia fue recibida por dicha autoridad el veinticuatro de marzo siguiente; de ahí que, se insiste, deba tenerse por cierto el acto que a ella se atribuye. Cuarto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. Quinto. Estudio del asunto. No se transcriben los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues con ello no se infringen disposiciones de la Ley de Amparo, ni se le deja en estado de indefensión. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" Sentado lo anterior, como motivo de disenso la parte quejosa esencialmente aduce que no ha sido debidamente emplazada al juicio de divorcio instaurado en su contra por parte de autoridad competente; lo que resulta sustancialmente fundado, aunque suplida en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia número 149/2000, sustentada por el Pleno de Máximo Tribunal del País, visible en la página 22, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." En principio es oportuno precisar que la finalidad que se persigue con la diligencia de emplazamiento en todo juicio es que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora, así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio, al ser considerado de orden público y de trascendental importancia, tal y como lo estableció en su momento la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia registrada con el número 247, que puede ser consultada en las páginas 168 y 169, Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." De ahí que, el emplazamiento guarde relación con la garantía de audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, al implicar el derecho de todo gobernado para que, previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarlo de su propiedad, de sus posesiones o de sus derechos, se le dé la oportunidad de defenderse en juicio. El debido respeto a dicha garantía impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga (ante tribunales previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho) y que pueda culminar con un acto privativo, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que son las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional para otorgar al posible afectado por el acto privativo, una razonable oportunidad de defensa. Así, de no acatar esas condiciones fundamentales, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que no es otra cosa que evitar la indefensión del afectado, pues la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad. En tal virtud, es indudable que las formalidades de que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse; para tal efecto, debe partirse de la base de que en la demanda el actor señale con precisión el domicilio de la parte demandada, para efectos de que en ese lugar se realice el emplazamiento a juicio; esto, ya que el demandado debe necesariamente ser oído, en virtud del principio de contradicción; asimismo, se exige que el demandante adjunte a su demanda copias de ésta y de los documentos fundatorios de la misma, los cuales tendrán que ser debidamente cotejados y autorizados por la autoridad jurisdiccional, para constituirse en las copias de traslado, cuya entrega deberá hacer constar el actuario en la propia diligencia; aspecto que se advierte no fue cumplido en la diligencia de emplazamiento reclamada, lo que constituye una violación manifiesta de la ley, como se verá a continuación. Sobre la formalidad de entregar copias simples del traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con su original y demás documentos que se adjuntan a ésta, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 107/2020, sostuvo, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1. Que teniendo en cuenta que el emplazamiento es un acto procesal de significativa importancia en toda controversia de carácter judicial, dado que constituye el medio por el cual se hace del conocimiento del enjuiciado la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándole la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación a fin de ejercer plenamente su derecho a la defensa, arribó a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás "documentos que se adjunta a ésta", tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el actuario tiene el imperativo legal de describir en el acta de emplazamiento qué anexos fueron los que se entregaron a la persona con quién se entendió la diligencia respectiva, por lo que, de no satisfacerse tal requisito, ello ocasionará la invalidez del emplazamiento. 2. Sobre el particular, expuso que si bien el enunciado normativo analizado (relativo a que el actuario o notificador, al efectuar el emplazamiento deberá correr traslado con la "demanda y demás documentos" que se adjuntan a ésta) no contiene la orden expresa de que el diligenciario describa en el acta de emplazamiento cuáles son esos anexos documentales con los que corrió traslado; los artículos aplicados por los órganos contendientes no deben interpretarse sólo de manera literal o gramatical; pues los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretase de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica, pues es mediante el emplazamiento que las autoridades cumplen en un proceso jurisdiccional con los referidos derechos, reconocidos en el artículo 14 constitucional. 3. Que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, en la jurisprudencia P./J. 47/95, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en i) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; iii) la oportunidad de alegar; y, iv) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 4. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 5. Que en el proceso jurisdiccional, esa primera formalidad esencial se denomina generalmente "emplazamiento", que consiste en una notificación mediante la cual, de manera cierta, se hace saber a la parte demandada: a) La existencia de un juicio promovido en su contra, b) La información que se desprende de la demanda y documentos que se anexan a ella, a fin de que esté en aptitud de ejercer plenamente su derecho a la defensa, a través de la contestación de la demanda; y, c) El plazo que tiene para ello. 6. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio; por ende, la falta de observancia de las formalidades en el emplazamiento trae como consecuencia su nulidad, pues debe garantizarse que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio entablado en su contra y de sus consecuencias; sólo así tendrá oportunidad de defenderse. 7. Bajo esa lógica, concluyó que cuando una ley procesal establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, ello implica que, a través de la exigencia de tal formalidad (entrega de copias de los documentos que se adjuntan a la demanda), la legislación procesal busca que se observen las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. 8. Que la finalidad de que, al practicarse el emplazamiento se corra traslado con la copia de los documentos que la parte actora adjuntó a su demanda, no es otra que la de garantizar que la persona emplazada tenga conocimiento cierto y completo, no sólo de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción; a fin de estar en condiciones de contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. 9. Por su parte, cuando el actuario, al practicar el emplazamiento, sólo certifica que corrió traslado con las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda, sin precisar cuáles son éstos, no permite al enjuiciado tener certeza respecto a que la información que obtiene de las copias con las que se le corrió traslado es consistente con la que se desprende de los documentos que se adjuntaron a la demanda, menos aún si está completa, por lo que la diligencia de emplazamiento no cumplió su objetivo constitucional de hacer saber de manera cierta al demandado aquella información que le permitirá ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. 10. Bajo esas consideraciones, la Primera Sala arribó a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento, entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa el actuario o notificador indica, describa o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Las anteriores consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia número 1a./J. 39/2020 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 204, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del Emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." Del contenido de dicho criterio se deriva la premisa de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y "demás documentos que se adjuntan a ésta" ello constituye una formalidad esencial para su validez, por lo que el actuario en el acta relativa que al efecto levante debe indicar, describir o establecer cuáles son esos documentos que se adjuntaron a la demanda con los que corrió traslado, a fin de no transgredir los derechos de audiencia, defensa, legalidad y certeza jurídica, así como de recibir impartición de justicia en los términos y plazos que fijan las leyes. Precisado lo anterior, teniendo en consideración que el emplazamiento se llevó en Ecatepec de Morelos, por la notificadora adscrita al juzgado del conocimiento, es aplicable el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual en su artículo 1.175, literalmente exige que el notificador al emplazar deba actuar "entregándole y corriéndole traslado con el escrito de demanda y demás documentos presentados con la misma."; por lo tanto, resulta exactamente aplicable el criterio en comento conforme a las reglas de emplazamiento. Lo cual implica que, con el fin de garantizar que la persona emplazada tenga conocimiento cierto y completo, no solo de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales el accionante sustenta su acción, el fedatario judicial deberá certificar o asentar en el acta relativa, a través de la razón que corresponda, precisando puntualmente, cuáles son los documentos con los que corrió traslado. Lo cual, no ocurrió en la especie. Es así, ya que del instructivo de notificación que se reclama no se aprecia que se hubiera asentado que se corrió traslado o entregaron copias de la demanda y sus anexos debidamente cotejadas y selladas a la interesada. Igualmente, en la razón de notificación se aprecia que la notificadora responsable solamente precisó lo siguiente: ".Dadas las circunstancias anteriores y toda vez que la persona interesada se identifica formalmente, llevo a cabo la diligencia de citación; por lo que doy lectura íntegra al auto que ordena la diligencia y con las copias simples selladas y cotejadas le corro traslado." Destacado lo anterior, es inconcuso que a la ahora quejosa sólo se le corrió traslado con copias simples exhibidas debidamente selladas y cotejadas, sin que se haya precisado cuáles son éstas, lo que afecta su legalidad al no permitir a la demandada conocer con fidelidad los términos, pretensiones y hechos en que se basa la demanda en su contra, afectando el derecho de audiencia y defensa, el de legalidad y certeza jurídica; de ahí que no sea necesario abordar el análisis de los demás requisitos, porque la ausencia de dicha formalidad, torna inválido el referido llamamiento a juicio, conforme a los lineamientos de la ejecutoria citada, al constituir una violación manifiesta de la ley que deja sin defensa al quejoso. No pasa desapercibido que la diligencia se practicó en el mismo domicilio que la quejosa señala para oír y recibir notificaciones en el presente juicio de amparo, así como que acudió al juicio de origen el veintidós de marzo de este año, es decir, previo a la instauración de este contradictorio constitucional (veintinueve de marzo de la presente anualidad); sin embargo, aun cuando se considerara que se hubiera entendido la diligencia con la impetrante, ésta no dejaría de tener un defecto en su realización que lo torna inválido, mismo que ya fue señalado y, por otro lado, la comparecencia de la quejosa al juicio natural fue con posterioridad al dictado de la resolución que disolvió el vínculo matrimonial. En ese tenor, se concluye que dicha forma de actuar incumple con los requisitos previstos en la legislación adjetiva civil de la entidad, lo que es suficiente para considerar que la diligencia de emplazamiento fue incorrectamente realizada; por lo que es evidente que se dejó a la parte quejosa en estado de indefensión, circunstancia que constituye una violación al principio de legalidad que impide que se constituya la relación jurídico procesal entre el actor y demandado. En tal virtud, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal que solicita la quejosa, para el efecto de que el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México: 1. Deje insubsistente todo lo actuado en el expediente ********************relativo al juicio de divorcio incausado de origen, a partir del instructivo de veintidós de enero de dos mil veintidós, y, 2. Ordene nuevamente el emplazamiento de ********************, en el domicilio señalado para tal efecto, ordenando que se cumplan con todas las exigencias previstas en la ley. Concesión que debe hacerse extensiva a los demás actos que se reclaman, pues todas las actuaciones llevadas a cabo con posterioridad a la diligencia de emplazamiento son nulas, por no haberse respetado las formalidades de dicha figura. Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos reclamados en esta instancia constitucional, por las razones señaladas en el último punto considerativo de este fallo. Notifíquese, vía electrónica a la quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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