Rebeca Lopez Torres

Expediente 1195/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1195/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2017

Partes del expediente

  • Rebeca Lopez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida ***, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1195/2017. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo se desprende que la promovente reclama lo siguiente: ".el acuerdo recaído al escrito de diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete dentro de la causa penal número 182/2016 presentado por la hoy quejosa a través del Ministerio Público adscrito, donde se ventila el juicio donde la hoy quejosa tengo el carácter de agraviada." Precisado lo anterior, este Juzgador advierte que respecto a dichos actos, es notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. De lo transcrito se conoce cuáles son las resoluciones en materia penal respecto de las que procede el recurso de apelación, en el caso concreto, el proveído que constituye el acto reclamado por la impetrante de amparo es el acuerdo recaído al escrito de diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete dentro de la causa penal 182/2016 del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, donde la parte quejosa manifiesta tener el carácter de agraviada, en dicho escrito la aquí promovente nombró diversos asesores jurídicos con la finalidad de que éstos la asesoraran y pudieran coadyuvar con el ministerio público, manifestando que la responsable solo autoriza para recibir notificaciones a uno de los nombrados por ella siendo omisa en cuanto a los demás profesionistas y en cuanto a sus atribuciones conferidas, el cual, si bien no encuadra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla; sin embargo, el diverso artículo 267 del ordenamiento legal en cita establece que cuando el Código en mención no conceda el de apelación procederá el recurso de revocación, lo que lleva a concluir que si la resolución o acuerdo materia de estudio no es apelable en conformidad con el artículo 273 anteriormente referido, es indudable que en contra de dicha resolución procede el recurso de revocación. Conforme con lo expuesto, se colige que el acto reclamado por la parte quejosa es impugnable a través del recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por no encuadrar dentro de las hipótesis a que se refiere el artículo 273 del mismo cuerpo de leyes. En el contexto que antecede, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede obtener la confirmación, modificación o revocación del auto que se reclama a través del presente juicio de amparo, el cual estaba obligada a agotar al no ser extraño al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Así, se advierte que la inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hace ver la promovente del amparo. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación aludido por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, así como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida ***, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1195/2017. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo se desprende que la promovente reclama lo siguiente: ".el acuerdo recaído al escrito de diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete dentro de la causa penal número 182/2016 presentado por la hoy quejosa a través del Ministerio Público adscrito, donde se ventila el juicio donde la hoy quejosa tengo el carácter de agraviada." Precisado lo anterior, este Juzgador advierte que respecto a dichos actos, es notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. De lo transcrito se conoce cuáles son las resoluciones en materia penal respecto de las que procede el recurso de apelación, en el caso concreto, el proveído que constituye el acto reclamado por la impetrante de amparo es el acuerdo recaído al escrito de diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete dentro de la causa penal 182/2016 del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, donde la parte quejosa manifiesta tener el carácter de agraviada, en dicho escrito la aquí promovente nombró diversos asesores jurídicos con la finalidad de que éstos la asesoraran y pudieran coadyuvar con el ministerio público, manifestando que la responsable solo autoriza para recibir notificaciones a uno de los nombrados por ella siendo omisa en cuanto a los demás profesionistas y en cuanto a sus atribuciones conferidas, el cual, si bien no encuadra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla; sin embargo, el diverso artículo 267 del ordenamiento legal en cita establece que cuando el Código en mención no conceda el de apelación procederá el recurso de revocación, lo que lleva a concluir que si la resolución o acuerdo materia de estudio no es apelable en conformidad con el artículo 273 anteriormente referido, es indudable que en contra de dicha resolución procede el recurso de revocación. Conforme con lo expuesto, se colige que el acto reclamado por la parte quejosa es impugnable a través del recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por no encuadrar dentro de las hipótesis a que se refiere el artículo 273 del mismo cuerpo de leyes. En el contexto que antecede, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede obtener la confirmación, modificación o revocación del auto que se reclama a través del presente juicio de amparo, el cual estaba obligada a agotar al no ser extraño al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Así, se advierte que la inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hace ver la promovente del amparo. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación aludido por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, así como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano