Rebeca Lizeth Lárraga Olguín

Expediente 442/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
442/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • Rebeca Lizeth Lárraga Olguín

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, a la parte quejosa que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de diciembre de dos mil veinte IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por ..... contra actos del Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 17 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 442/2020 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que la quejosa señaló como autoridad responsable al Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad y como acto reclamado las violaciones al procedimiento derivado de la nula fundamentación y motivación de los autos dictados en el incidente de pensión alimenticia 505/2019, específicamente el auto de veinticuatro de noviembre pasado, en donde fueron desechadas las pruebas ofertadas por la promovente de amparo. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto la notoria e indudable improcedencia de la demanda que se recibe por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con las fracciones III y VI de dicho numeral, todos de la Ley de Amparo. En efecto, en los artículos 113, 61, fracción XXlll, 107, fracción V y 172, fracciones III, VI y XII, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de amparo. Es así dado que la parte quejosa, reclama específicamente el auto de veinticuatro de noviembre pasado, en donde fueron desechadas las pruebas que ofreció dentro del incidente de pensión alimenticia 505/2019, asimismo, precisa que por acuerdo ocho de diciembre de dos mil veinte el juez responsable declaró improcedente el recurso de revocación promovido por Rebeca Lizeth Lárraga Olguín, el cual fue presentado en contra del proveído señalado en primer término. Por lo que al ser ello así, el auto que por esta vía de amparo se combate, en todo caso, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, si se toma en consideración que del análisis de los antecedentes del acto reclamado, no se advierte que se haya dictado interlocutoria en el incidente de pensión alimenticia derivado del juicio de origen, máxime que el acto de que se duele la impetrante son los autos en donde le fueron desechadas las pruebas que ofreció en el incidente señalado con antelación y el diverso en donde el juez responsable declaró improcedente el recurso de revocación que promovió la quejosa en contra del aquél en donde le fueron desechadas las pruebas de su intención; sin embargo, como se citó anteriormente, se traduce en una violación procesal, por lo que, en caso de no resultarle favorable la resolución que en dicho procedimiento se dicte, podrá alegarse vía concepto de violación en el juicio de amparo indirecto que en su caso se promueva contra la resolución respectiva. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de transgresiones son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable, dado que en este caso se trata una determinación que versa sobre el periodo de ofrecimiento de pruebas. En consecuencia, los actos reclamados que por esta vía impugna la parte quejosa, no deben reclamarse en amparo indirecto pues, como ya se apuntó, al no haberse dictado aún resolución definitiva en el incidente de pensión alimenticia, no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatido en amparo indirecto en caso de que se dicte una resolución desfavorable a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." También la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Décima Época visible en la página 1539, libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').', sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.', en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos '... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...'. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con las fracciones III y VI de dicho numeral, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos al licenciado Luis Alberto Vigil Gómez, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa."

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de enero de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, fue notificado por lista de acuerdos de veintiocho siguiente. Asimismo, del contenido de la circular número CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso Especial, se desprende que en sesión celebrada de manera extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación a los contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en la cual se determinó tomar medidas especiales, decretándose la suspensión de los procedimientos jurisdiccionales en ese periodo de tiempo, en el que se comprende la fecha en que se notificó por lista el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte. REGULARIZA. En ese sentido, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, se regulariza el procedimiento en el presente sumario, y se ordena que el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se notifique personalmente a la parte quejosa en el domicilio que para tal efecto señaló. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de diciembre de dos mil veinte IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por ..... contra actos del Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 17 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 442/2020 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que la quejosa señaló como autoridad responsable al Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad y como acto reclamado las violaciones al procedimiento derivado de la nula fundamentación y motivación de los autos dictados en el incidente de pensión alimenticia 505/2019, específicamente el auto de veinticuatro de noviembre pasado, en donde fueron desechadas las pruebas ofertadas por la promovente de amparo. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto la notoria e indudable improcedencia de la demanda que se recibe por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con las fracciones III y VI de dicho numeral, todos de la Ley de Amparo. En efecto, en los artículos 113, 61, fracción XXlll, 107, fracción V y 172, fracciones III, VI y XII, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de amparo. Es así dado que la parte quejosa, reclama específicamente el auto de veinticuatro de noviembre pasado, en donde fueron desechadas las pruebas que ofreció dentro del incidente de pensión alimenticia 505/2019, asimismo, precisa que por acuerdo ocho de diciembre de dos mil veinte el juez responsable declaró improcedente el recurso de revocación promovido por Rebeca Lizeth Lárraga Olguín, el cual fue presentado en contra del proveído señalado en primer término. Por lo que al ser ello así, el auto que por esta vía de amparo se combate, en todo caso, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, si se toma en consideración que del análisis de los antecedentes del acto reclamado, no se advierte que se haya dictado interlocutoria en el incidente de pensión alimenticia derivado del juicio de origen, máxime que el acto de que se duele la impetrante son los autos en donde le fueron desechadas las pruebas que ofreció en el incidente señalado con antelación y el diverso en donde el juez responsable declaró improcedente el recurso de revocación que promovió la quejosa en contra del aquél en donde le fueron desechadas las pruebas de su intención; sin embargo, como se citó anteriormente, se traduce en una violación procesal, por lo que, en caso de no resultarle favorable la resolución que en dicho procedimiento se dicte, podrá alegarse vía concepto de violación en el juicio de amparo indirecto que en su caso se promueva contra la resolución respectiva. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de transgresiones son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable, dado que en este caso se trata una determinación que versa sobre el periodo de ofrecimiento de pruebas. En consecuencia, los actos reclamados que por esta vía impugna la parte quejosa, no deben reclamarse en amparo indirecto pues, como ya se apuntó, al no haberse dictado aún resolución definitiva en el incidente de pensión alimenticia, no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatido en amparo indirecto en caso de que se dicte una resolución desfavorable a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." También la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Décima Época visible en la página 1539, libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').', sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.', en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos '... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...'. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con las fracciones III y VI de dicho numeral, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos al licenciado Luis Alberto Vigil Gómez, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, a la parte quejos,a que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de diciembre de dos mil veinte IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por ..... contra actos del Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 17 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 442/2020 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que la quejosa señaló como autoridad responsable al Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad y como acto reclamado las violaciones al procedimiento derivado de la nula fundamentación y motivación de los autos dictados en el incidente de pensión alimenticia 505/2019, específicamente el auto de veinticuatro de noviembre pasado, en donde fueron desechadas las pruebas ofertadas por la promovente de amparo. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto la notoria e indudable improcedencia de la demanda que se recibe por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con las fracciones III y VI de dicho numeral, todos de la Ley de Amparo. En efecto, en los artículos 113, 61, fracción XXlll, 107, fracción V y 172, fracciones III, VI y XII, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de amparo. Es así dado que la parte quejosa, reclama específicamente el auto de veinticuatro de noviembre pasado, en donde fueron desechadas las pruebas que ofreció dentro del incidente de pensión alimenticia 505/2019, asimismo, precisa que por acuerdo ocho de diciembre de dos mil veinte el juez responsable declaró improcedente el recurso de revocación promovido por Rebeca Lizeth Lárraga Olguín, el cual fue presentado en contra del proveído señalado en primer término. Por lo que al ser ello así, el auto que por esta vía de amparo se combate, en todo caso, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, si se toma en consideración que del análisis de los antecedentes del acto reclamado, no se advierte que se haya dictado interlocutoria en el incidente de pensión alimenticia derivado del juicio de origen, máxime que el acto de que se duele la impetrante son los autos en donde le fueron desechadas las pruebas que ofreció en el incidente señalado con antelación y el diverso en donde el juez responsable declaró improcedente el recurso de revocación que promovió la quejosa en contra del aquél en donde le fueron desechadas las pruebas de su intención; sin embargo, como se citó anteriormente, se traduce en una violación procesal, por lo que, en caso de no resultarle favorable la resolución que en dicho procedimiento se dicte, podrá alegarse vía concepto de violación en el juicio de amparo indirecto que en su caso se promueva contra la resolución respectiva. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de transgresiones son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable, dado que en este caso se trata una determinación que versa sobre el periodo de ofrecimiento de pruebas. En consecuencia, los actos reclamados que por esta vía impugna la parte quejosa, no deben reclamarse en amparo indirecto pues, como ya se apuntó, al no haberse dictado aún resolución definitiva en el incidente de pensión alimenticia, no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatido en amparo indirecto en caso de que se dicte una resolución desfavorable a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." También la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Décima Época visible en la página 1539, libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').', sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.', en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos '... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...'. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con las fracciones III y VI de dicho numeral, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos al licenciado Luis Alberto Vigil Gómez, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa."

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