Rebeca Leyva Gutierrez
Expediente 227/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rebeca Leyva Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo de que se trata. Queda firme En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la comparecencia de ocho de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual, las quejosas ratifican el escrito recibido en este órgano jurisdiccional el tres de marzo de dos mil veintitrés, registrado bajo el folio 3198; por tanto, al respecto se provee. Desechamiento de la demanda. En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y su Segunda Secretaría, lo siguiente: a) El auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio civil 92/2021, en el que, entre otras, se admitió la prueba pericial en materia de valuación, asimismo, se le dio vista a la parte demanda, aquí parte quejosa, a fin de que propusiera nuevos puntos o cuestiones sobre los que debería versar dicha pericial y de considerarlo necesario designara a un perito de su parte, con el apercibimiento que de no hacerlo así, la citada prueba se perfeccionaría con el dictamen del perito que en su caso, tuviera a bien señalar el Juzgado responsable. b) El auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio civil 92/2021, en el que, se requirió a las partes, a fin de que realizaran el pago de $9,140.90 (nueve mil ciento cuarenta pesos 90/100 Moneda Nacional), al perito en materia de valuación designado por el Juzgado, con el apercibimiento de no hacerlo así, se les impondría una multa consistente en diez Unidades de Medida y Actualización por desacato a una orden judicial. c) El acuerdo de trece de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio civil 92/2021, mediante el cual, se hizo efectivo el apercibimiento de multa a la parte actora, decretado en el diverso de diez de noviembre de dos mil veintidós; y, d) El auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio civil 92/2021, en el que la responsable se negó acordar de conformidad la petición formulada por la parte actora en el escrito identificado con folio 420, bajo el argumento de que en auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se había admitido la probanza de referencia, a efecto de resolver los motivos de disenso en la controversia de origen, con las precisiones y apercibimiento ahí indicados, sin que dicha parte procesal hubiera dado cumplimiento a la vista que le fue concedida ni manifestado objeción u oposición al desahogo de la probanza, por lo que consideró se trataba de un acto consentido, al no haberse impugnado mediante el recurso idóneo el auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno. En ese sentido, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones legales que a continuación se expondrán. Para arribar a la citada determinación, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible llegar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora bien, por lo que hace a los actos reclamados precisados en los incisos a), b) y c), consistentes en los autos de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, diez de noviembre de dos mil veintidós y trece de enero de dos mil veintitrés, dictados en el juicio civil 92/2021, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, en su fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la Materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computarán de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado a la parte quejosa la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la Materia para promover la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)". Ahora bien, del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que los autos reclamados fueron notificados de la siguiente manera: Auto Fecha de notificación 08/12/2021 17/12/2021 10/11/2022 10/11/2022 13/01/2023 13/01/2023 Ahora, conforme al artículo 144 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos se advierte que la notificación surte efectos desde el día siguiente al de su notificación. "ARTICULO 144.- Cómputo de los plazos. Los plazos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación personal o a través de la lista o del Boletín Judicial." Por tanto, es evidente que la parte quejosa tuvo conocimiento de los autos reclamados desde el momento de la notificación de los acuerdos de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, diez de noviembre de dos mil veintidós y trece de enero de dos mil veintitrés, esto es; el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, diez de noviembre de dos mil veintidós y trece de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, por lo que transcurrió de la siguiente manera: Auto Fecha de notificación Término Días inhábiles 08/12/2021 17/12/2021 Del 20/12/2021 al 07/01/2022 25 y 26 de diciembre de 2021 y 1 y 2 de enero de 2022 10/11/2022 10/11/2022 Del 11/11/2022 al 02/12/2022 12, 13, 19, 20, 21, 26 y 27 de noviembre de 2022 13/01/2023 13/01/2023 Del 16/01/2023 al 03/02/2023 21, 22, 28 y 29 de enero de 2023 En consecuencia, debe decirse que el cómputo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo (quince días), empezó a contar a partir del día siguiente a aquel en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo que el término para interponer la misma, transcurrió en exceso, tal y como quedó precisado en la tabla que antecede. Luego, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el veinte de febrero de dos mil veintitrés (tal y como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos), la misma resulta notoriamente extemporánea, y por ende los actos reclamados antes citados, deben tenerse por tácitamente consentidos para los efectos de este juicio de amparo, lo que hace que se actualice en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada. Máxime que el acto ya precisado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de la Materia. Sirve de sustento el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.2o. J/21, consultable en la página número 291, Tomo II, Agosto de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". En consecuencia, al quedar demostrado que la demanda en cuestión se hizo valer fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados precisados en los incisos a), b) y c), consistentes en los acuerdos de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, diez de noviembre de dos mil veintidós y trece de enero de dos mil veintitrés, emitidos en juicio de origen. Por otra parte, este Juzgado Federal advierte que, respecto del acto reclamado consistente en el auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio civil 92/2021, en el que la responsable se negó acordar de conformidad la petición solicitada por la parte actora en el escrito identificado con folio 420, bajo el argumento de que en auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se había admitido la probanza de referencia, a efecto de resolver los motivos de disenso en la controversia de origen, con las precisiones y apercibimiento ahí indicados, sin que dicha parte procesal hubiera dado cumplimiento a la vista que le fue concedida ni manifestado objeción u oposición al desahogo de la probanza, por lo que consideró se trataba de un acto consentido, al no haberse impugnado mediante el recurso idóneo el auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, y con la jurisprudencia 17, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a foja 12, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo epígrafe y tenor es: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son, sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.". En efecto, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Por su parte, el artículo 217 de la Ley de la Materia, señala: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". Lo anterior es así, ya que de las manifestaciones que realiza la parte promovente de amparo en su escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: 1) Por auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio civil 92/2021, entre otras, se admitió la prueba pericial en materia de valuación, asimismo, se le dio vista a la parte demanda, aquí parte quejosa, a fin de que propusiera nuevos puntos o cuestiones sobre los que debería versar dicha pericial y de considerarlo necesario designara a un perito de su parte, con el apercibimiento que de no hacerlo así, la citada prueba se perfeccionaría con el dictamen del perito que en su caso, tuviera a bien señalar el Juzgado responsable. 2) Mediante auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio civil 92/2021, se requirió a las partes, a fin de que realizaran el pago de $9,140.90 (nueve mil ciento cuarenta pesos 90/100 Moneda Nacional), al perito en materia de valuación designado por el Juzgado, con el apercibimiento de no hacerlo así, se les impondría una multa consistente en diez Unidades de Medida y Actualización por desacato a una orden judicial. 3) En acuerdo de trece de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio civil 92/2021, la responsable hizo efectivo el apercibimiento de multa a la parte actora, decretado en el diverso de diez de noviembre de dos mil veintidós, al no existir documento alguno que justificara el pago del perito designado por el Juzgado responsable; y, d) Finalmente, en auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio civil 92/2021, se negó a acordar de conformidad la petición realizada por la parte actora en el escrito identificado con folio 420, en el que pidió ser oído en juicio, debido a la sanción económica impuesta en auto de trece de enero del presente año. Lo anterior, bajo el argumento de que en auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se había admitido la probanza de referencia, a efecto de resolver los motivos de disenso en la controversia de origen, con las precisiones y apercibimiento ahí indicados, sin que dicha parte procesal hubiera dado cumplimiento a la vista que le fue concedida ni manifestado objeción u oposición al desahogo de la probanza, por lo que consideró se trataba de un acto consentido, al no haberse impugnado mediante el recurso idóneo el auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, se advierte que, en el presente asunto, se reclama el auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Sin embargo, lo cierto es que esa determinación no es la primera que se emite en relación al desahogo de la prueba pericial en materia de valuación, puesto que por auto de trece de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio civil 92/2021, la responsable hizo efectivo el apercibimiento de multa a la parte actora, decretado en el diverso de diez de noviembre de dos mil veintidós, ello, al no existir documento alguno que justificara el pago del perito designado por el Juzgado responsable. De ahí que las promoventes de amparo, tuvieron la oportunidad de inconformarse del auto de trece de enero de dos mil veintitrés, desde la notificación de dicho proveído (trece de enero del presente año), al ser éste en su caso el que le afectó en primer término, pudiendo interponer el recurso ordinario que procediera, o bien, acudir al juicio de amparo a deducir sus derechos; circunstancia que realizó empero de manera extemporánea. Por lo que, lo resuelto por la autoridad responsable en el acuerdo de trece de enero de dos mil veintitrés, subsiste y, en todo caso, esa determinación es la que debió atacarse en tiempo y forma por la parte quejosa. De lo antes expuesto se concluye que la autoridad responsable, en el auto que se reclama de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, únicamente es una consecuencia del diverso de trece de enero de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable hizo efectivo el apercibimiento de multa decretado en el diverso de diez de noviembre de dos mil veintidós, al no existir documento alguno que justificara el pago del perito designado por el Juzgado responsable. Lo anterior, con motivo del auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio civil 92/2021, en el que se admitió la prueba pericial en materia de valuación, en los términos ahí precisados, sin que éstos hayan sido impugnados de manera oportuna por la parte quejosa, de ahí que se consideren actos consentidos. En ese sentido, se estima que el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, es una consecuencia directa de los diversos actos consentidos citados con antelación. Consecuentemente, es innegable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 17, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a fojas 12 del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", transcrita con antelación. Cobra exacta aplicación al caso, por las razones que la informan, la tesis XXI.4o.6 K, del otrora Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 971, del Tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro: 182264, que refiere: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada.". De ahí que, en términos del ordinal 113 de la legislación en consulta, proceda DESECHAR POR NOTORIA E INDUDABLEMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Notifíquese personalmente.
- Principal
Notifíquese personalmente. Cuernavaca, Morelos, a seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito aparentemente signado por las quejosas *********, mediante el cual pretenden desahogar la prevención efectuada en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés; sin embargo, toda vez que las firmas que calzan el escrito de cuenta difieren notablemente de las estampadas en su escrito inicial de demanda, requiérase a la parte promovente a efecto de que cumpla con el siguiente requerimiento: Con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a **********, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, comparezcan ante este órgano de control constitucional (sito en Boulevard del Lago, número 103, edificio B, primer piso, colonia Villas Deportivas, en Cuernavaca, Morelos), con identificación vigente que cuente con fotografía (INE, PASAPORTE O CÉDULA PROFESIONAL). Lo anterior, para que manifiesten sí reconocen como suyas las firmas que obran en el escrito de cuenta y así estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho proceda. Se apercibe a las promoventes que, de no acudir en el plazo señalado, se tendrá por no presentado el escrito de mérito. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida a nombre de Rebeca Leyva Gutiérrez, Mara Leyva Gutiérrez y Sara Gutiérrez Bernal, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 227/2023-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de la parte quejosa a Rebeca Leyva Gutiérrez por así haberlo solicitado la parte quejosa. Prevención de la demanda. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido del líbelo de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, en relación con el numeral 108, de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: Por tanto, la parte quejosa deberá precisar de forma clara y concreta, lo que pretende reclamar en el presente juicio de amparo, es decir: El auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se negó su petición de ser oídos en justicia (deberá exhibir copia de la citada determinación o transcribirla en su totalidad, así como indicar la fecha de conocimiento del mismo); Auto de trece de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se hace efectivo el apercibimiento de multa consistente en diez unidades de medida y actualización, (deberá exhibir copia de la citada determinación o transcribirla en su totalidad, así como indicar la fecha de conocimiento del mismo); Auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se le apercibió con el pago de los honorarios de un perito (deberá exhibir copia de la citada determinación o transcribirla en su totalidad, así como indicar la fecha de conocimiento del mismo); o, Auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se admitió la prueba pericial, (deberá exhibir copia de la citada determinación o transcribirla en su totalidad, así como indicar la fecha de conocimiento del mismo). Se hace del conocimiento de la parte quejosa, de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad judicial, tal como lo establece la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y" (Énfasis añadido) SEGUNDO. Del capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, se desprende que las quejosas fueron demandadas por Ascensión Pacheco Godínez, parte actora en el juicio de origen; por tanto, con fundamento en la fracción II del artículo 108 de la Ley de Amparo, deberá precisar el domicilio del tercero interesado y si no lo conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. TERCERO. Deberá exhibir dos copias de su demanda de amparo, toda vez que únicamente exhibió tres, y son necesarias cinco para distribuirse de la siguiente manera: Dos para las autoridades señaladas como responsables; Una para la parte tercera interesada; Una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; Una para formar el cuadernillo del incidente de suspensión. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 170, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS." CUARTO.- De igual forma, se hace notar a la promovente que deberá exhibir cinco copias de su escrito aclaratorio, las cuales son para distribuirse de la siguiente manera: Dos para las autoridades señaladas como responsables; Una para la parte tercera interesada; Una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; Una para formar el cuadernillo del incidente de suspensión. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril 2001, página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir íntegramente con lo requerido de este proveído, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, la parte quejosa señala como domicilio procesal la aplicación denominada whatsapp con el número telefónico que refiere, sin embargo, dicho medio de comunicación no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo, por tanto, con base en el arábigo 26, fracción III, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en lugar visible de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio procesal. No obstante, se toma del conocimiento el número telefónico que proporciona, el cual puede ser tomado en consideración en caso de estimarse necesario establecer contacto con dicha parte procesal. Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que indica, y con facultades amplias únicamente a ********************en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Disponibilidad del Portal de Servicios en Linea del Poder Judicial de la Federación. Se exhorta a las partes del presente asunto, para que promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se podrá brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos; por lo tanto, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese personalmente.
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