Rebeca Josefina Rojo Salazar
Expediente 716/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 716/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rebeca Josefina Rojo Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, y a lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Ahora bien, tomando en consideración que la concesión de la protección constitucional realizada en la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil diecinueve, se decretó para el siguiente efecto: Consiguientemente, al no haberse ajustado a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución del asunto en cuestión, las autoridades responsables de que se trata vulneró en perjuicio de la quejosa el artículo 17 constitucional y por tanto, acorde a la finalidad del juicio constitucional, y atendiendo a los actos reclamados analizados en esta sentencia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que en acatamiento a los principios de inmediatez y celeridad que rigen proceso laboral inmerso en el artículo 17 Constitucional, para que las autoridades responsables: Deberá realizar por todos los medios a su alcance la gestión de todos los actos tendientes a recabar la documental de informes, ajustándose a previsto por la disposición 688 y 873-I, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, en el entendido de que deberá actuar de conformidad con lo previsto por este último artículo de la Ley Federal del Trabajo, hasta que se logre su desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas a las partes y concluir dicha etapa probatoria; ya que deberá realizar las gestiones necesarias, inclusive haciendo uso de los medios de apremio a fin de desahogar tal diligencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales. Asimismo, sin que la concesión del amparo proceda hacerla extensiva a las subsecuentes etapas procesales en el juicio de origen, sino que debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. En síntesis, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, logre su desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas a las partes y concluir dicha etapa probatoria; ya que deberá realizar las gestiones necesarias, inclusive haciendo uso de los medios de apremio a fin de desahogar tal diligencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, dentro de los autos del juicio laboral *** de su índice, con lo cual quedaría cumplida la sentencia constitucional. Resolución que mediante proveído de veinte de septiembre de la presente anualidad, se declaró que causó ejecutoria, requiriendo su cumplimiento a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato. El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante oficio recepcionado en este Juzgado Federal el veintiséis de septiembre pasado, acompañó el auto de veintitrés del mes y año en mención, pronunciado dentro del expediente laboral ****, de su índice, en el cual se puso a la vista de las partes por el termino de tres días el informe solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que expresarán lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les tendrá por perdido su derecho a realizar manifestación alguna, dando complimiento a la ejecutoria. En tal virtud, este Órgano de Control Constitucional, estima que la autoridad responsable, ha dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria dictada en el presente Juicio de Amparo, toda vez que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, emitió el auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, de conformidad con los lineamientos establecidos en la sentencia pronunciada por este órgano de control constitucional. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la citada Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, de conformidad con lo que establece el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a ésta, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; y, con fundamento en el numeral 196 de la Legislación invocada, se ordena el ARCHIVO del presente juicio. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, al que anexa copia autógrafa del acuerdo de veintitrés de los corrientes, emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, previo a pronunciar sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del oficio de cuenta y sus anexos, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga.
- Principal
Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil diecinueve; en la cual en su único resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Josefina Rojo Salazar; por tanto, con fundamento en el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en relación con su numeral 2°, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro que para dicho efecto se lleva en este Juzgado Federal. Ahora bien, la protección constitucional fue para los siguientes efectos: "Consiguientemente, al no haberse ajustado a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución del asunto en cuestión, las autoridades responsables de que se trata vulneró en perjuicio de la quejosa el artículo 17 constitucional y por tanto, acorde a la finalidad del juicio constitucional, y atendiendo a los actos reclamados analizados en esta sentencia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que en acatamiento a los principios de inmediatez y celeridad que rigen proceso laboral inmerso en el artículo 17 Constitucional, para que las autoridades responsables: 1) Deberá realizar por todos los medios a su alcance la gestión de todos los actos tendientes a recabar la documental de informes, ajustándose a previsto por la disposición 688 y 873-I , fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, en el entendido de que deberá actuar de conformidad con lo previsto por este último artículo de la Ley Federal del Trabajo, hasta que se logre su desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas a las partes y concluir dicha etapa probatoria; ya que deberá realizar las gestiones necesarias, inclusive haciendo uso de los medios de apremio a fin de desahogar tal diligencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales. Asimismo, sin que la concesión del amparo proceda hacerla extensiva a las subsecuentes etapas procesales en el juicio de origen, sino que debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral". Por tanto, respecto del referido punto de concesión, con fundamento en los artículos 192 y 193 ambos de la Ley de Amparo actual, requiérase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la presente ejecutoria, y una vez hecho lo anterior, remita a este Órgano de Control Constitucional, las constancias que acrediten lo anterior. En el entendido de que en caso de no cumplir con dicho mandato sin causa justificada, o no exponer motivo legal que le impida hacerlo o bien acredite que se encuentra en vías de cumplimiento, dentro del lapso concedido para dicho efecto, se le impondrá una multa que se determinará desde luego, aunado a que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación de la autoridad contumaz, ello en términos del párrafo segundo del ordinal 192 de la Ley de la Materia. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, resulta innecesaria la retención de las copias fotostáticas certificadas del expediente laboral *** en un tomo, pruebas que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, acompaño a su informe con justificación; por tanto, devuélvanse, a su lugar de origen, sin que sea necesario acusar recibo, siendo suficiente para tal efecto la constancia de acuse recibo del oficio respectivo.
- Principal
En esta fecha, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual una vez concluida en todas sus etapas, se resolvió: UNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, por su propio derecho, contra las autoridades especificadas en el resultando primero, por los actos, motivos y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia
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