Rebeca González Alcocer

Expediente 538/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
538/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
14/05/2018

Partes del expediente

  • Rebeca González Alcocer

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como constancia, el oficio de cuenta signado por el Secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias remitidas a través del oficio 10954/2018, e informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado. Por tanto; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este asunto como total y legalmente concluido. En consecuencia, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, los presentes autos son susceptibles de DESTRUCCIÓN dentro del término de seis meses contados a partir de esta fecha, al haberse determinado que a este órgano jurisdiccional no le corresponde el conocimiento del asunto. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...IV

  2. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase promoviendo demanda de amparo a ******** por propio derecho y ésta última, también ostentándose como albacea de la sucesión a bienes de ****, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 538/2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA. De la lectura integral de la demanda de cuenta, se revela que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de cinco de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 966/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en la cual se decretó la caducidad de dicho juicio ordinario civil. Establecido lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer y resolver en definitiva de la demanda de amparo. En efecto, el artículo 170, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establece de forma categórica la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo en que el acto reclamado lo constituya una sentencia definitiva dictada por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, o bien una resolución dictada por los mismos tribunales, que tenga por consecuencia poner fin al juicio sin haber decidido en lo principal. Además, se hace pertinente indicar que por sentencia definitiva y por resolución que ponga fin al juicio, se debe atender a la interpretación auténtica que da la propia Ley de Amparo en su artículo 170, fracción I, párrafo segundo, que literalmente establece lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido (.) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" De la transcripción que antecede, se deduce que cuando el peticionario de amparo pretenda impugnar en un juicio de amparo un acto de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo de los que menciona el artículo 170 de la Ley de la Materia, en relación a lo que prevé el numeral 47 de la invocada legislación, deberá promover tal juicio constitucional en la vía directa ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, por conducto de la autoridad responsable, pues de lo contrario, si entabla demanda de amparo en la vía indirecta ante un Juez de Distrito, éste debe declararse incompetente en términos del ordinal citado en último término. En esas condiciones, es claro que corresponde el estudio de la demanda al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, dado que el acto que la parte quejosa reclama es la resolución de cinco de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 966/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en la cual se decretó la caducidad de dicho juicio ordinario civil; esto es, el acto que aquí se reclama constituye una resolución que pone fin al juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia con número de registro 185437, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVI, Diciembre de 2002, materia administrativa, diciembre de dos mil dos, visible en la página 236, misma que dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Ello, aun y cuando en contra de la citada resolución, los quejosos hicieron valer el recurso de apelación que la ley le concede, de conformidad con el capítulo tercero, artículos 684 y 686 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que dicen: "Artículo 684. El proceso caduca en los siguientes casos: (.) IV. Cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento, no se haya efectuado ningún acto procesal, ni promoción durante un plazo mayor de seis meses, así sea con el solo fin de pedir el dictado de la resolución pendiente. Artículo 686. (.) La resolución que se dicte es apelable en ambos efectos." Conviene citar al caso, en lo conducente, la jurisprudencia J/8 K, sustentada por el Pleno del Trigésimo Segundo Circuito, con número de registro 2006612, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, libro 7, junio de dos mil catorce, visible en la página 854, misma que dice: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO." Por las anteriores consideraciones, en cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en concordancia con el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena enviarla al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil en turno del Vigésimo Segundo Circuito, a efecto de que en caso de que exista concordancia con la consideraciones expuestas en este auto, provea lo conducente. Apoya a lo anterior, la tesis aislada con número de registro 2002115, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, libro XIV, noviembre de dos mil doce, visible en la página 1841, misma que dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA AL DICTARSE LA SENTENCIA DEFINITIVA Y ÉSTA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA NO ES APELABLE, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 2, octubre de 2011, página 709, de rubro: "CADUCIDAD EN EL JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN.", estableció que contra la resolución que decreta la caducidad de la instancia en el procedimiento en materia mercantil, en los asuntos que por razón de cuantía no son apelables, procede el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio; sin embargo, tal supuesto opera únicamente cuando la declaratoria de caducidad se dicta dentro de la secuela del procedimiento, pero si la misma se decreta precisamente al dictar la sentencia definitiva y ésta por razón de cuantía no es apelable, procede en su contra el juicio de amparo en la vía directa, ya que independientemente de que dicha resolución no decidió la controversia de fondo porque no analizó las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, formalmente se trata de una sentencia definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, máxime que el citado recurso de revocación procede únicamente contra autos y decretos, lo que excluye la procedencia de ese medio de impugnación contra las sentencias definitivas." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitándole atentamente al Tribunal Colegiado que por razón de turno conozca del presente asunto, solicitándole de la manera más atenta, acuse de recibo y comunique la determinación que en su caso tenga a bien tomar. SE ORDENA FORMAR TOMOS DE PRUEBAS. Con las documentales que anexó la pate quejosa a su demanda de amparo fórmense por separado los cuadernos de pruebas correspondientes, los cuales serán identificados como Tomo I, II y III, mismos que deberán remitirse al Tribunal de Alzada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta y como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, mientras que las diversas personas que indica en su ocurso, en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo, en virtud de que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.... NP

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