Rebeca Gomez Ibañez
Expediente 510/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rebeca Gomez Ibañez
- Titular de la Delegacion del Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos del juicio de amparo 510/2021-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer el juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte QUEJOSA, el auto y/o resolución del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 510/2021-II, promovido por REBECA GÓMEZ IBAÑEZ y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito recibido el tres de abril de dos mil veintiuno, por el Secretario de guardia del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, REBECA GÓMEZ IBAÑEZ solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades. SEGUNDO. Mediante auto de tres de abril de abril del año en curso, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos admitió trámite la demanda de amparo, radicándola con el número 298/2021, requirió a las autoridades responsables el informe justificado; dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El treinta de abril del año en curso el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos se declaró incompetente por razón de turno (antecedente directo) y ordenó remitir los autos a este órgano. En consecuencia, en oposición a lo anterior y al tratarse de diversos actos atribuidos a distintas autoridades, este juzgado no aceptó la competencia planteada y ordenó la remisión de los autos al tribunal en mención. CUARTO. Por auto de veintiuno de mayo del año que transcurre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, insistió que este órgano debía conocer respecto de la incompetencia planteada e informó que realizó consulta a la Creación de Nuevos Órganos. QUINTO. El uno de julio del dos mil veintiuno este juzgado se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, convalidando todas las actuaciones practicadas por el órgano declinante, se admitió la demanda, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción, I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, menciona que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ejercerán jurisdicción en el territorio que conforma dicha entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a autoridades residentes en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado del Titular y Delegado del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos y Director del Hospital General Regional Con Medicina Familiar Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social es: La negativa de otorgar resguardo domiciliario, denominado por la quejosa como "licencia con goce de sueldo", incumpliendo con el Decreto de la Secretaría de Salud Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en cuanto otorgarle dicho beneficio al ubicarse como persona vulnerable a causa del virus SAR´S CoV-19. Lo anterior es así, pues no obstante que refiera haber solicitado licencia con goce de sueldo a partir de la valoración médica a la que hace referencia, con base en la normativa cuya inaplicación combate, acorde a los motivos que esgrime como conceptos de violación, se concluye que se refiere a la figura concedida bajo el concepto de "resguardo domiciliario", que la Secretaría de Salud concedió en el caso de personas catalogadas como vulnerables a virtud del fenómeno de salud a que se hace mención; de ahí que se precise el acto reclamado en los términos indicados. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Titular y Delegado del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues así lo manifestó expresamente al rendir su respectivo informe justificado. Además dicha autoridad señaló que por disposición del artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, las Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el eficaz desempeño de sus atribuciones, se integrarán con las Jefaturas Unidades Administrativas que serán autorizadas por la Dirección General o la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, éstas tendrán a su cargo el desempeño de las atribuciones que les señalen los manuales de organización respectivos. Por lo que, todo lo relacionado con los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, es responsabilidad directa del área o dependencia a la que se encuentre adscrito físicamente el trabajador o trabajadora para el desempeño de sus actividades laborales. Por ello en el caso de la quejosa, REBECA GÓMEZ IBAÑEZ, es responsabilidad directa del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número Uno de Cuernavaca. Lo anterior sin que la quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Por tanto, si la peticionaria de amparo no acreditó con prueba alguna que haya existido el acto reclamado a la autoridad indicada al inicio del considerando, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de la misma, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la responsable Director del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que si bien negó el acto reclamado al rendir su informe con justificación, lo cierto es que de la lectura íntegra del mismo se desprende su existencia, de ahí que deba tenerse por cierto. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Octava Época, registro 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Lo que además se corrobora con las constancias que adjuntó la citada responsable Director del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social a su informe de ley, de las que se desprende copia certificada de la opinión técnico-médica para el retorno al trabajo presencial de trabajadores IMSS expedida a nombre de la quejosa el seis de agosto de dos mil veinte por dicho Instituto, ordenando a la quejosa a reincorporarse a sus labores como enfermera intensivista adscrita a dicho nosocomio; entre otras constancias. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Asimismo, por las consideraciones expuestas en su contenido, sirve de apoyo a lo anterior la tesis (XI Región)2o.12 A (10a.), con registro digital 2017512, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2588, de rubro: "AMPARO CONTRA LA NEGATIVA VERBAL A RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN PARA INICIAR UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO. SI EN SU INFORME JUSTIFICADO LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXPRESA LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS POR LOS QUE ACTUÓ DE ESA FORMA Y EL QUEJOSO LOS IMPUGNÓ DESDE SU DEMANDA, PROCEDE EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. Asimismo, de los dispositivos legales previamente transcritos se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular resultan ilustrativas la tesis 2a. XXXVI/99 publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, Página: 307, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. Así como la tesis 2a. CCIV/2001, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Página: 39, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Respecto a la primera nota distintiva indicada, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 56/2021 determinó que el acto reclamado que se atribuye al patrón consistente en la negativa de autorizar el resguardo domiciliario en el contexto de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador ubicado en una situación de vulnerabilidad tiene naturaleza laboral, toda vez que, la medida solicitada se encuentra orientada a tutelar el desempeño del trabajo en un entorno de salud, seguridad e higiene y en el marco del derecho al trabajo digno y decente, dado que el permiso para que una persona trabajadora obtenga el resguardo domiciliario con el objeto de dejar de acudir a su centro de trabajo como medida preventiva de contagio del virus SARS-CoV2 constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre un empleador-trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio sino como sujeto dentro de una relación de trabajo. Estableció, que no era obstáculo para llegar a esa conclusión el contenido del normativo 5, fracción II, de la Ley de Amparo en la parte que autoriza la posibilidad de que los particulares puedan tener el carácter de autoridad cuando afecten derechos de manera unilateral y obligatoria como consecuencia de las funciones determinadas por una norma general, porque si bien los diversos acuerdos y lineamientos que obligan o facultan a las dependencias públicas y empleadores a autorizar el resguardo domiciliario y el trabajo a distancia como medida de prevención de contagio del virus SARS-CoV2 en favor de las personas ubicadas en un grupo de riesgo fueron emitidos por autoridades administrativas, lo cierto es que su cumplimiento se ubica en el marco de una relación de trabajo y son exigibles a la parte patronal en términos de los artículos 132, fracción XIX Bis, y 512-D Ter, de la Ley Federal del Trabajo. De las mencionadas consideraciones derivó la jurisprudencia pendiente de publicación de rubro y texto: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente.". En tales condiciones, si lo que se duele la quejosa la negativa de otorgarle resguardo domiciliario, denominada por ella como "licencia con goce de sueldo", incumpliendo con el Decreto de la Secretaría de Salud Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en cuanto otorgarle dicho beneficio al ubicarse como persona vulnerable a causa del virus SAR´S CoV-19. En ese sentido, como lo explicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis invocada, las actuaciones reclamadas no pueden considerarse como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues es evidente que la relación establecida entre la peticionaria de amparo y el Hospital General Regional con Medicina Familiar Número Uno de Cuernavaca, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social señalado como responsable, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en la cual, las partes se encuentran en un plano de igualdad en cuanto existe una relación de patrón-trabajador entre ambas. Es decir, los actos reclamados se generaron a partir del vínculo jurídico que existe entre un empleador-trabajador, por lo que se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo por lo que, el juicio de amparo se torna improcedente Sin que represente obstáculo a lo anterior, el hecho de que la citada jurisprudencia se encuentre pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación, ya que ello, no impide que este órgano jurisdiccional la aplique, pues al respecto el criterio establecido en la citada contradicción de tesis aplicable al caso en concreto, ya que el punto jurídico que se resolvió consistió en: "¿La negativa de autorizar al trabajador de instituciones de salud pública, el resguardo domiciliario como medida preventiva de contagio del virus SARS-CoV2, por encontrarse el quejoso en una situación de vulnerabilidad constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo?.". Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis 2a. XCVIII/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia da la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, página 2085, número de registro 2010155, de rubro y texto: JURISPRUDENCIA. FORMA EN LA QUE DEBEN ACTUAR LOS TRIBUNALES DE AMPARO CUANDO LA ESTABLECIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE ENCUENTRE PENDIENTE DE PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Ante la hipótesis de que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación, se contraponga a la emitida por algún Pleno de Circuito de la República Mexicana, y publicada formalmente conforme al Acuerdo General 19/2013 (*) del Pleno del Alto Tribunal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá ponderar caso por caso su aplicación, atendiendo a las particularidades del asunto y tomando en cuenta que la jurisprudencia no tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; lo cual implicará que el operador jurídico justifique esta situación de manera razonable, consistente y uniforme, con la consecuencia legal de que este ejercicio argumentativo, debidamente justificado, en ningún caso implicará contravención al artículo 217 de la vigente Ley de Amparo. En este contexto procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del arábigo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II, del diverso 5, de la propia legislación. SEXTO. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO.". SÉPTIMO. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO por los motivos expuestos en el tercer y quinto considerando de esta sentencia. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos hoy veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, en que las labores de este Juzgado así lo permitieron, asistida del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 510/2021-II, promovido por REBECA GÓMEZ IBAÑEZ y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito recibido el tres de abril de dos mil veintiuno, por el Secretario de guardia del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, REBECA GÓMEZ IBAÑEZ solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades. SEGUNDO. Mediante auto de tres de abril de abril del año en curso, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos admitió trámite la demanda de amparo, radicándola con el número 298/2021, requirió a las autoridades responsables el informe justificado; dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El treinta de abril del año en curso el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos se declaró incompetente por razón de turno (antecedente directo) y ordenó remitir los autos a este órgano. En consecuencia, en oposición a lo anterior y al tratarse de diversos actos atribuidos a distintas autoridades, este juzgado no aceptó la competencia planteada y ordenó la remisión de los autos al tribunal en mención. CUARTO. Por auto de veintiuno de mayo del año que transcurre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, insistió que este órgano debía conocer respecto de la incompetencia planteada e informó que realizó consulta a la Creación de Nuevos Órganos. QUINTO. El uno de julio del dos mil veintiuno este juzgado se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, convalidando todas las actuaciones practicadas por el órgano declinante, se admitió la demanda, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción, I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, menciona que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ejercerán jurisdicción en el territorio que conforma dicha entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a autoridades residentes en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado del Titular y Delegado del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos y Director del Hospital General Regional Con Medicina Familiar Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social es: La negativa de otorgar resguardo domiciliario, denominado por la quejosa como "licencia con goce de sueldo", incumpliendo con el Decreto de la Secretaría de Salud Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en cuanto otorgarle dicho beneficio al ubicarse como persona vulnerable a causa del virus SAR´S CoV-19. Lo anterior es así, pues no obstante que refiera haber solicitado licencia con goce de sueldo a partir de la valoración médica a la que hace referencia, con base en la normativa cuya inaplicación combate, acorde a los motivos que esgrime como conceptos de violación, se concluye que se refiere a la figura concedida bajo el concepto de "resguardo domiciliario", que la Secretaría de Salud concedió en el caso de personas catalogadas como vulnerables a virtud del fenómeno de salud a que se hace mención; de ahí que se precise el acto reclamado en los términos indicados. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Titular y Delegado del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues así lo manifestó expresamente al rendir su respectivo informe justificado. Además dicha autoridad señaló que por disposición del artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, las Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el eficaz desempeño de sus atribuciones, se integrarán con las Jefaturas Unidades Administrativas que serán autorizadas por la Dirección General o la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, éstas tendrán a su cargo el desempeño de las atribuciones que les señalen los manuales de organización respectivos. Por lo que, todo lo relacionado con los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, es responsabilidad directa del área o dependencia a la que se encuentre adscrito físicamente el trabajador o trabajadora para el desempeño de sus actividades laborales. Por ello en el caso de la quejosa, REBECA GÓMEZ IBAÑEZ, es responsabilidad directa del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número Uno de Cuernavaca. Lo anterior sin que la quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Por tanto, si la peticionaria de amparo no acreditó con prueba alguna que haya existido el acto reclamado a la autoridad indicada al inicio del considerando, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de la misma, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la responsable Director del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que si bien negó el acto reclamado al rendir su informe con justificación, lo cierto es que de la lectura íntegra del mismo se desprende su existencia, de ahí que deba tenerse por cierto. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Octava Época, registro 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Lo que además se corrobora con las constancias que adjuntó la citada responsable Director del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social a su informe de ley, de las que se desprende copia certificada de la opinión técnico-médica para el retorno al trabajo presencial de trabajadores IMSS expedida a nombre de la quejosa el seis de agosto de dos mil veinte por dicho Instituto, ordenando a la quejosa a reincorporarse a sus labores como enfermera intensivista adscrita a dicho nosocomio; entre otras constancias. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Asimismo, por las consideraciones expuestas en su contenido, sirve de apoyo a lo anterior la tesis (XI Región)2o.12 A (10a.), con registro digital 2017512, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2588, de rubro: "AMPARO CONTRA LA NEGATIVA VERBAL A RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN PARA INICIAR UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO. SI EN SU INFORME JUSTIFICADO LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXPRESA LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS POR LOS QUE ACTUÓ DE ESA FORMA Y EL QUEJOSO LOS IMPUGNÓ DESDE SU DEMANDA, PROCEDE EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. Asimismo, de los dispositivos legales previamente transcritos se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular resultan ilustrativas la tesis 2a. XXXVI/99 publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, Página: 307, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. Así como la tesis 2a. CCIV/2001, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Página: 39, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Respecto a la primera nota distintiva indicada, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 56/2021 determinó que el acto reclamado que se atribuye al patrón consistente en la negativa de autorizar el resguardo domiciliario en el contexto de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador ubicado en una situación de vulnerabilidad tiene naturaleza laboral, toda vez que, la medida solicitada se encuentra orientada a tutelar el desempeño del trabajo en un entorno de salud, seguridad e higiene y en el marco del derecho al trabajo digno y decente, dado que el permiso para que una persona trabajadora obtenga el resguardo domiciliario con el objeto de dejar de acudir a su centro de trabajo como medida preventiva de contagio del virus SARS-CoV2 constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre un empleador-trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio sino como sujeto dentro de una relación de trabajo. Estableció, que no era obstáculo para llegar a esa conclusión el contenido del normativo 5, fracción II, de la Ley de Amparo en la parte que autoriza la posibilidad de que los particulares puedan tener el carácter de autoridad cuando afecten derechos de manera unilateral y obligatoria como consecuencia de las funciones determinadas por una norma general, porque si bien los diversos acuerdos y lineamientos que obligan o facultan a las dependencias públicas y empleadores a autorizar el resguardo domiciliario y el trabajo a distancia como medida de prevención de contagio del virus SARS-CoV2 en favor de las personas ubicadas en un grupo de riesgo fueron emitidos por autoridades administrativas, lo cierto es que su cumplimiento se ubica en el marco de una relación de trabajo y son exigibles a la parte patronal en términos de los artículos 132, fracción XIX Bis, y 512-D Ter, de la Ley Federal del Trabajo. De las mencionadas consideraciones derivó la jurisprudencia pendiente de publicación de rubro y texto: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente.". En tales condiciones, si lo que se duele la quejosa la negativa de otorgarle resguardo domiciliario, denominada por ella como "licencia con goce de sueldo", incumpliendo con el Decreto de la Secretaría de Salud Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en cuanto otorgarle dicho beneficio al ubicarse como persona vulnerable a causa del virus SAR´S CoV-19. En ese sentido, como lo explicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis invocada, las actuaciones reclamadas no pueden considerarse como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues es evidente que la relación establecida entre la peticionaria de amparo y el Hospital General Regional con Medicina Familiar Número Uno de Cuernavaca, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social señalado como responsable, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en la cual, las partes se encuentran en un plano de igualdad en cuanto existe una relación de patrón-trabajador entre ambas. Es decir, los actos reclamados se generaron a partir del vínculo jurídico que existe entre un empleador-trabajador, por lo que se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo por lo que, el juicio de amparo se torna improcedente Sin que represente obstáculo a lo anterior, el hecho de que la citada jurisprudencia se encuentre pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación, ya que ello, no impide que este órgano jurisdiccional la aplique, pues al respecto el criterio establecido en la citada contradicción de tesis aplicable al caso en concreto, ya que el punto jurídico que se resolvió consistió en: "¿La negativa de autorizar al trabajador de instituciones de salud pública, el resguardo domiciliario como medida preventiva de contagio del virus SARS-CoV2, por encontrarse el quejoso en una situación de vulnerabilidad constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo?.". Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis 2a. XCVIII/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia da la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, página 2085, número de registro 2010155, de rubro y texto: JURISPRUDENCIA. FORMA EN LA QUE DEBEN ACTUAR LOS TRIBUNALES DE AMPARO CUANDO LA ESTABLECIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE ENCUENTRE PENDIENTE DE PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Ante la hipótesis de que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación, se contraponga a la emitida por algún Pleno de Circuito de la República Mexicana, y publicada formalmente conforme al Acuerdo General 19/2013 (*) del Pleno del Alto Tribunal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá ponderar caso por caso su aplicación, atendiendo a las particularidades del asunto y tomando en cuenta que la jurisprudencia no tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; lo cual implicará que el operador jurídico justifique esta situación de manera razonable, consistente y uniforme, con la consecuencia legal de que este ejercicio argumentativo, debidamente justificado, en ningún caso implicará contravención al artículo 217 de la vigente Ley de Amparo. En este contexto procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del arábigo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II, del diverso 5, de la propia legislación. SEXTO. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO.". SÉPTIMO. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO por los motivos expuestos en el tercer y quinto considerando de esta sentencia. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos hoy veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, en que las labores de este Juzgado así lo permitieron, asistida del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales conducentes, el oficio proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual informa que realizó la compensación correspondiente en el rubro de demanda de amparo, quedando registrado con el número 2422/2020, remitiendo la papeleta de turno; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2059/2021 de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. *Nmtg.
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