Rebeca García Hernández

Expediente 602/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
602/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
05/07/2021

Partes del expediente

  • Rebeca García Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; cinco de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Directora del Registro Civil, Oficialía 35; sin que haya lugar a proveer sobre su contenido, en razón de que por auto de ocho de junio pasado se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    SÍNTESIS: Acapulco, Guerrero; diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Rebeca García Hernández, mediante el cual desahoga la prevención de ocho de junio del año en curso. IMPROCEDENCIA . . . En efecto, tenemos que el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. . . . lo procedente es desechar la demanda de amparo. . . . Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE diecisiete de junio de dos mil veintiuno, QUE DICE: "Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Rebeca García Hernández, mediante el cual desahoga la prevención de ocho de junio del año en curso. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. En efecto del análisis integral de la demanda en relación con los escritos de desahogo, se obtiene que la parte quejosa reclama del Juez responsable el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial de alimentos 1683-1/2019, promovido por Andrés Layna Pino, en contra de Rebeca García Hernández, que ordenó girar oficio a la Primera Zona Naval Militar en Ciudad Madero, Tamaulipas, para materializar los alimentos provisionales decretados en acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en favor de los menores Dereck y Katheryne Guadalupe de apellidos Layna García, así como su ejecución materializado en el oficio número 167 de ocho de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior, en términos del acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve; esto es, de conformidad con lo decidido en el auto de radicación en el que, entre otras cosas, se proveyó sobre la medida alimenticia a cargo de la quejosa, según se puede leer del propio proveído reclamado. En ese contexto, lo determinado por el juez responsable en el acuerdo de veintiséis de marzo pasado sobre la data a partir de la cual debía empezarse a efectuar el descuento a las percepciones de la deudora alimentaria no constituye un hecho novedoso, ya que ello deriva de lo determinado previamente con la radicación del juicio especial de alimentos incoado en contra de la promovente del amparo; lo que conduce a estimar que lo que se pretende someter a control constitucional no se encuentra relacionado con la obligación alimentaria fincada a cargo de Rebeca García Hernández, sino con la forma en la que debe comenzarse a realizar el descuento respectivo, ya que en todo caso se trata de una mera actualización por no haberse ejecutado desde su emisión, la medida alimentaria. Por tanto, esa cuestión -la forma en la que se realizará la actualización de la pensión alimenticia determinada a cargo de la quejosa- es susceptible de controvertirse a través del recurso de reconsideración previsto en la ley procesal civil aplicable, a partir de lo cual se advierte oficiosamente que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley de la materia, en virtud de que en contra del auto reclamado procede dicho medio de impugnación, mismo que debe agotar la parte quejosa previo a la instancia del juicio de amparo en acatamiento al principio de definitividad que lo rige, el cual se estima idóneo. En efecto, tenemos que el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El dispositivo apuntado contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. La falta de cumplimiento de esa obligación trae como consecuencia la improcedencia del juicio de garantías. En efecto, el principio de definitividad en materia de amparo, estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación del particular de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Asimismo, es de precisar que tal recurso debe tener una existencia legal, es decir, debe estar previsto en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlo previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral 61, en su fracción XVIII, describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, para demostrar que se actualiza la causal de improcedencia en estudio es conveniente reiterar que el acto reclamado lo constituye el auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial de alimentos 1683-1/2019, promovido por Andrés Layna Pino, en contra de Rebeca García Hernández, por el que en términos del diverso proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, ordenó girar oficio a la Primera Zona Naval Militar en Ciudad Madero, Tamaulipas, para materializar los alimentos provisionales decretados desde la emisión de la medida alimentaria en favor de los menores Dereck y Katheryne Guadalupe de apellidos Layna García, así como su ejecución materializado en el oficio número 167 de ocho de abril de dos mil veintiuno. Bajo ese contexto, tenemos que el acto en estudio al derivar de un procedimiento judicial debe impugnarse a través del medio ordinario de defensa que al efecto la ley dota ante el propio juez responsable; específicamente el recurso de reconsideración en términos de los artículos 381 y 382 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, que establecen: "Artículo 381. Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." "Artículo 382. Substanciación del recurso de reconsideración. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de reconsideración deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en las audiencias y deberá contener la expresión de los agravios; III. No se concederá término de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalan al pedirla; y IV. La reconsideración no suspende el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible." De los dispositivos legales transcritos se advierte que en materia de recursos dentro del sistema procesal previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de reconsideración, el cual procede en contra de autos y decretos respecto a los cuales no proceda la apelación, que será tramitado por el Juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, con excepción de aquéllos donde la propia ley expresamente disponga que no son recurribles. Al respecto, es menester destacar que, la determinación que emitió el juez responsable mediante acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, tiene la naturaleza de un auto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 del Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, en razón de que únicamente tuvo como finalidad notificar -mediante el oficio 167- a la patronal de la deudora alimentaria la fecha a partir de la cual debía realizarse el descuento del 40% por concepto de pensión alimenticia provisional decretó en favor de los acreedores alimentarios dentro del juicio especial de alimentos 1683-1/2019, con motivo de la mencionada medida cautelar concedida en favor de Rebeca García Hernández, en representación de los menores Dereck y Katheryne Guadalupe de apellidos Layna García, de modo que la forma o graduación en que habrá de ejecutarse retroactivamente dicha medida debe ser definida por el juez de la causa previamente a la interposición del juicio de amparo, porque -se insiste- no está sujeto a debate la existencia de la obligación alimentaria ni mucho menos la data a partir de la cual se encuentra vigente. Asimismo, en contra de este auto no procede el recurso de apelación, según lo dispuesto por los numerales 385 y 386 de la legislación procesal en cita; que estatuyen lo siguiente: "Artículo 385. Procedencia. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados." "Artículo 386. Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. No serán apelables las sentencias que declaren la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco lo serán las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicio cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo." Por tanto, resulta claro que el auto impugnado sí es impugnable mediante el recurso de reconsideración, establecido en el artículo 381 mencionado, dado que es un pronunciamiento de mero trámite que únicamente se encuentra relacionado con la manera en la que habrá de actualizarse la pensión alimenticia en función de la data en la que se decretó, en tanto que el código adjetivo no prevé en su contra expresamente el recurso de apelación. De lo anterior se concluye que el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, era susceptible de ser controvertido a través del recurso de reconsideración a que se refieren los artículos 381 y 382 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que la Juez responsable a la luz de los agravios planteados confirme, revoque o modifique total o parcialmente el auto reclamado, sobre todo si se considera que de acuerdo con el artículo 386 del Código en cita no es apelable y la ley respectiva tampoco establece expresamente que en contra de tal determinación no proceda recurso alguno, de ahí que, la parte quejosa previamente a promover el juicio de amparo debió observar el medio de impugnación aludido ante el propio Juez responsable, y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, al ser parte en sentido formal (demandado); de ahí que, debió agotar el recurso ordinario a que se ha hecho mención; máxime que no debe perderse de vista que tratándose del derecho de impugnación, se parte de dos condiciones torales, tales como que el interesado se encuentre legitimado para interponer el recurso y que la resolución le perjudique, lo que en el caso acontece; además de que dicha resolución no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal y de que la procedencia del citado recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que la parte quejosa, en caso contrario quedara en libertad de interponerlos. De modo que advertido que no se ubica en alguno de los casos de excepción de la hipótesis en examen, la parte quejosa, previo a la tramitación de la presente instancia, tenía la obligación de agotar el medio de defensa que la ley ordinaria prevé para impugnar el acto que ahora reclama, merced al principio de definitividad que rige en materia de amparo, con independencia de que se trate de una acto de imposible reparación, pues también respecto de éstos deben agotarse los recursos ordinarios que la ley prevea, previo a instar el juicio constitucional; de ahí que no sea optativo para la parte quejosa cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable la Jurisprudencia P./J.11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 8 de junio de 2018, en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En efecto, aun cuando el acto reclamado sea susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, esta acción es factible una vez que se hayan agotado los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado, exigencia que debe ser cumplida aun cuando se trate de un acto de ejecución irreparable, o carezca de fundamentación, por derivar de un procedimiento judicial, o en la contienda jurídica esté involucrado un menor de edad; esto, de acuerdo con el diverso criterio jurisprudencial 113/2013, aprobado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, página 350, cuyo tenor es: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia de la acción constitucional, a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda y los escritos de desahogo, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Por último, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.

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