Rebeca Espinoza Armenta

Expediente 92/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
92/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
28/02/2017

Partes del expediente

  • Rebeca Espinoza Armenta

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que dicho proveído ha causado estado, para los efectos legales conducentes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, se considera que el expediente en que se actúa no tiene relevancia documental.

  2. Principal

    Procede desVista la demanda de garantías, promovida por Rebeca Espinoza Armenta, contra actos del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, y otras autoridades. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es por surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia. La quejosa señala como actos reclamados: "De las autoridad responsable señalada como ordenadora reclamo la violación directa a mi garantía de audiencia previa, como derecho fundamental del cual debemos gozar todos los ciudadanos mexicanos, sin excepción, de conformidad a lo establecido en el artículo 14 de la Constitución General de la República. Reclamo así mismo la falta de fundamentación del Oficio AJS//47/2016, signado por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave, que anexo a la presente demanda de garantías. De las autoridades responsables ejecutoras reclamo el Cumplimiento que pretenden efectuar a las órdenes de la primera autoridad señalada. Lo anterior en razón de que, según tengo conocimiento, la responsable ordenadora ha determinado de manera ilegal y arbitraria darme de baja o expulsarme del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Guasave, sin sustento legal alguno violando flagrantemente mi garantía de audiencia y sin emitir una resolución debidamente fundada y según tengo entendido también, las 'responsables ejecutoras pretenden privarme ilegalmente de mis derechos laborales adquiridos como sindicalizada, por instrucciones de la autoridad señalada ordenadora, sin haber sido escuchada previamente en defensa, en franca violación de mi garantía constitucional de audiencia previa". Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte los diversos artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia disponen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Según el artículo 1 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 5 de la citada ley define, para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad, estableciéndose por ésta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conforme a lo anterior, se debe verificar si en el caso concreto el acto reclamado constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Cobra aplicación al caso la tesis I.13o.A.29 K, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, página 1620, febrero de dos mil cinco, Novena Época, del siguiente rubro y texto son del siguiente tenor: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." Asimismo, sirve de apoyo al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Tomo XXXIV, Septiembre 2011, página 1089, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, conviene atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Como se adelantó, la quejosa reclama, en esencia, de quienes designa como autoridades responsables, la expulsión del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, emitida el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, mediante oficio AJS/47/2016 signado por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. Ahora bien, los artículos 356, 360, fracción II, y 375 de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses." "Artículo 359.- Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción." "Artículo 360. Los sindicatos de trabajadores pueden ser: I. Gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad; II. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa; III. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial; IV. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más Entidades Federativas; y V. De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos sólo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate, el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de veinte." "Artículo 365.- Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado: I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; II. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios; III. Copia autorizada de los estatutos; y IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por el Secretario General, el de Organización y el de Actas, salvo lo dispuesto en los estatutos." "Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán: I. Denominación que le distinga de los demás; II. Domicilio; III. Objeto; IV. Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el sindicato por tiempo indeterminado; V. Condiciones de admisión de miembros; VI. Obligaciones y derechos de los asociados; VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los casos de expulsión se observarán las normas siguientes: a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la expulsión. b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero el acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de cada una de las secciones que integren el sindicato. c) El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las disposiciones contenidas en los estatutos. d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de las que ofrezca el afectado. e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito. f) La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes del total de los miembros del sindicato. g) La expulsión sólo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso; VIII. Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y quórum requerido para sesionar. En el caso de que la directiva no convoque oportunamente a las asambleas previstas en los estatutos, los trabajadores que representen el treinta y tres por ciento del total de los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos, podrán solicitar de la directiva que convoque a la asamblea, y si no lo hace dentro de un término de diez días, podrán los solicitantes hacer la convocatoria, en cuyo caso, para que la asamblea pueda sesionar y adoptar resoluciones, se requiere que concurran las dos terceras partes del total de los miembros del sindicato o de la sección. Las resoluciones deberán adoptarse por el cincuenta y uno por ciento del total de los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos; IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la asamblea general; de votación indirecta y secreta o votación directa y secreta; X. Período de duración de la directiva; XI. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes, patrimonio del sindicato; XII. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales; XIII. Época de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento. Para tales efectos, se deberán establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados, con motivo de la gestión de los fondos sindicales. XIV. Normas para la liquidación del patrimonio sindical; y XV. Las demás normas que apruebe la asamblea." "Artículo 375. Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato." De la interpretación literal de las disposiciones trascritas se advierte, en lo que interesa, que el Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses; también se desprende que los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato. En relación a lo anterior cabe mencionar qué significa el principio de libertad sindical, para lo cual resulta necesario traer el contenido normativo del precepto constitucional en cita. "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) Apartado B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: (.) X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga, previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra. (.)." Como se ve, la norma constitucional reconoce que los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. En el derecho de asociación de los trabajadores está inmerso el principio de libertad sindical, justo porque ésta representa la facultad de los trabajadores para constituir sus organizaciones sindicales. Al respecto, el Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, de la Organización Internacional del Trabajo , que establece: "PARTE I Libertad sindical Artículo 1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a poner en práctica las disposiciones siguientes: Artículo 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir organizaciones de su elección así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de conformarse a los estatutos de las mismas. Artículo 3. 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente sus representantes, de organizar su administración y sus actividades y de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a impedir su ejercicio legal." Del contenido normativo del instrumento internacional en cita, deriva la obligación de los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de aprobar disposiciones a través de las cuales se reconozca el derecho de los trabajadores y empleadores de constituir organizaciones de su elección, sin ninguna distinción y sin autorización previa, así como el de afiliarse a estas organizaciones. Asimismo, se desprende el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y sus actividades, y formular su programa de acción. De igual manera, emana la prohibición a las autoridades públicas de intervenir o limitar este derecho o impedir su ejercicio. En ese orden de ideas, el principio de libertad sindical reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación, se sustenta, fundamentalmente, en cuatro postulados:  Derecho de libre asociación.  Derecho para redactar estatutos y reglamentos administrativos.  Derecho para elegir libremente sus representantes.  Derecho de organización interna. Estas cuatro premisas se encuentran íntimamente relacionadas entre sí, pues no puede entenderse una sin la existencia de las otras. Es decir, no puede concebirse el derecho de libre asociación, sin la facultad de redactar sus propios estatutos y, desde luego, sin la potestad de elegir libremente a sus representantes, y mucho menos sin el derecho de establecer su organización interna. De manera que la afectación de uno de estos postulados, por cualquier norma jurídica, representa, desde luego, una violación al principio de libertad sindical. El principio de libertad sindical se ve materializado en el citado artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo, ya que al igual que la Constitución y el instrumento internacional en cita, el ordenamiento mexicano reconoce el derecho de los sindicatos para redactar sus estatutos y el derecho para organizar su administración, como premisas del principio de libertad sindical. Así, en principio debe decirse que estatutos deriva del latín statutum, éste a su vez de statuere estatuir; significa ley, ordenanza o reglamento y también conjunto de leyes o reglas relativas a una materia jurídica determinada. A su vez, por estatutos sindicales debe entenderse conjunto de disposiciones relativas a la organización, dirección, distribución de funciones, derechos y obligaciones que acuerden los miembros de una asociación profesional para el mejor desarrollo de sus actividades gremiales y para la defensa y protección de sus intereses comunes. La doctrina los considera como un grupo de normas que regula la vida y desarrollo de los organismos constituidos por trabajadores de una profesión o especialidad, e integran a la vez un sistema impositivo de derechos y obligaciones para los asociados. Para la Organización Internacional del Trabajo son reglas que forman parte de un nuevo derecho al que deben sujetarse los trabajadores en lo que se relaciona con la vida interna de su comunidad. De manera que, al ser los estatutos el conjunto de reglas que regula la organización de una asociación sindical, en cuanto define su dirección, distribución de funciones, derechos y obligaciones de los miembros; el derecho para redactar los estatutos significa que ninguna persona ajena a la asociación sindical y ninguna autoridad, pueden interferir o imponer reglas que definan la organización interna del sindicato. Sin embargo, la facultad que tienen los trabajadores asociados en la organización sindical para redactar sus propios estatutos, no significa que se encuentren el margen del principio de legalidad. Al respecto, el artículo 8.1 del Convenio 87 antes citado dispone: "Artículo 8 1.- En el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas, están obligados lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad. (.)". El respeto al principio de legalidad, en relación con el derecho que tienen las organizaciones sindicales de redactar sus propios estatutos, significa que en su contenido debe permear ese principio. Es decir, ninguna persona ajena a la organización puede imponer los estatutos, pero los miembros deben elaborar su contenido siguiendo el principio de legalidad. El artículo 371, citado con anterioridad establece que los estatutos sindicales deben contener los motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias aplicables; esto, sin duda, representa un ejemplo de que en la redacción de los estatutos las organizaciones sindicales deben respetar el principio de legalidad, porque al precisarse en las reglas internas qué conductas serán consideradas motivo de sanción o corrección disciplinaria y el procedimiento para su imposición en el que se respete el derecho de audiencia, se preserva ese principio, como fundamento jurídico y social de la organización. Lo que se ha explicado hasta el momento, en cuanto a definir en qué consiste el principio de libertad sindical y la importancia de que en la redacción de los estatutos se respete el principio de legalidad, permite concluir que aquel principio no imposibilita a los tribunales revisar los procedimientos disciplinarios sindicales que culminen con sanción de expulsión de alguno de sus miembros; porque el derecho de los sindicatos a redactar sus propios estatutos respetando el principio de legalidad, dista mucho de la ejecución material de los propios estatutos, en cuanto a la imposición de sanciones disciplinarias mediante el procedimiento respectivo. Así, puede afirmarse que el derecho de los sindicatos de redactar sus propios estatutos, como postulado sobre el que descansa el principio de libertad sindical, se ubica en el ámbito formal de la regulación interna de la organización; y la obligación de seguir el procedimiento para la imposición de sanciones representa la ejecución material de los estatutos en esa parte. Por tanto, la ejecución material de los estatutos por parte de la organización sindical, en cuanto al procedimiento de imposición de sanciones disciplinarias, como el caso de expulsión de un miembro, no está exenta del control de legalidad por parte de los tribunales, porque en cumplimiento al principio de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas tienen derecho a que el Estado les imparta justicia cuando sientan que han sido privados de sus derechos. En el caso, los miembros de las organizaciones sindicales a quienes se les ha impuesto como sanción disciplinaria la expulsión del seno sindical, tienen derecho conforme al artículo 17 de la Constitución Federal, los tribunales competentes resuelvan si la decisión del sindicato estuvo apegada al principio de legalidad que da sustento a los estatutos y, desde luego, que rigen la vida democrática del país. Lo anterior es así, porque el tribunal respectivo únicamente resolverá si una decisión particular de la organización sindical se ajustó al procedimiento estatutario, pero de manera alguna ello implica que se modifiquen los estatutos que rigen la vida interna del sindicato. Por tanto, se concluye que, si el sindicato es la asociación de trabajadores, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses y que representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato; en el caso, resulta inconcuso que la relación existente entre la parte quejosa y el organismo de que se trata es de coordinación, en tanto que no se trata de una relación entre gobernantes y gobernados (supra a subordinación) ni entre los órganos del propio Estado (supraordinación). Lo anterior, se considera así porque si bien de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, el sindicato representa a sus miembros, también es verdad que su vida interna se rige por las disposiciones de sus Estatutos, los cuales pueden redactar y deben registrar según lo establecido en los citados artículos de la nombrada legislación laboral, y por virtud de lo cual se instituyen órganos de gobierno, que si bien representarán a los miembros del sindicato hacia el exterior, por otra parte, de manera interna entablan relaciones de supra a subordinación con sus miembros al interior de la organización, en justificación de lo cual invoca los Estatutos en los que se alude a los fines y métodos de lucha del Sindicato, su estructura, las obligaciones y atribuciones del Presidente(a) del Comité Nacional de Vigilancia, las obligaciones y atribuciones de los Secretarios del Comité Nacional de Vigilancia, a la Comisión Nacional Autónoma de Honor y Justicia, las obligaciones y atribuciones de los miembros de dicha Comisión y las sanciones disciplinarias a que pueden hacerse acreedores los miembros del Sindicato. Se considera que sí de autos se advierte que el quejoso es miembro activo de dicho organismo sindical y que se le privó de dichos derechos sin previo aviso, esto fue en razón de la aplicación de los estatutos de la referida agrupación. Por tanto, es evidente que la parte quejosa no pretende ejercer la acción constitucional contra un acto de autoridad, sino contra un acto derivado de una relación de coordinación, en la que, por ese motivo, no emerge la figura de autoridad, con relación al quejoso; luego, no procede el amparo porque tal controversia debe dilucidarse ante la autoridad laboral correspondiente, en la que se crean en la legislación relativa los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarla. Razón por la cual, el acto que se pretende desplegar al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, a quien el quejoso atribuye el carácter de responsable, no puede considerarse de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque tal acto, en su caso, deriva de la relación de coordinación con el impetrante de garantías, en su calidad de miembro activo de dicho organismo, esto es, de actividades desarrolladas entre individuos iguales y libres entre las que no hay relación de poder. Ahora bien, en algunos casos excepcionales, la instancia constitucional es procedente contra actos de particulares, de conformidad con los artículos 1º, último párrafo y 5, fracción II, último párrafo , de la ley de la materia; por lo que no es exigible siempre la intervención de algún órgano perteneciente al Estado como autoridad responsable. Según se advierte, así como es factible promover el juicio de amparo contra normas generales, actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados; la ley de la materia actualmente en vigor posibilita que a través de esa vía se controviertan también, en casos de excepción, los actos de particulares. Por tanto, no basta que en la demanda de amparo se designe como "autoridad" responsable a un particular, para que por ese motivo se estime improcedente la acción constitucional. Sin embargo, de las disposiciones transcritas se aprecia también un aspecto fundamental que es necesario satisfacer para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, consistente en que las funciones de esos particulares estén determinadas por una norma general. De tal suerte, aun cuando los particulares dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; no será procedente el amparo si el acto o la omisión no se actualizan en el contexto de funciones que tengan encomendadas por alguna norma general. Lo anterior es congruente con la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo como medio de control de la Constitución, a la que las autoridades deben sujetar su actuación, porque como se aprecia, si bien los actos de los particulares pueden ser sometidos a través de ese medio al escrutinio del marco fundamental, tal posibilidad encuentra razón de ser en que, finalmente, el particular al que se considere autoridad, habría actuado por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debía sujetar su actuación. Incluso, en armonía con esa consideración, el acto de que se trate, proveniente del particular, daría pie para que la quejosa controvirtiera la constitucionalidad de la norma respectiva, posibilidad que desde luego no surgiría cuando el proceder del particular no se encontrara sustentado en una norma general, pues en dichos casos se le deberá exigir ajustar su actuación a las disposiciones legales correspondientes, a través de las vías ordinarias establecidas para ese efecto, en las cuales las autoridades respectivas se verían en la obligación de velar por el respeto y protección de los derechos humanos de los involucrados incluso dejando de aplicar las normas generales que los afectaran, sirviéndose para ello del denominado control difuso de la Constitución, de tal manera que, finalmente, aunque en los medios ordinarios solo se involucrarían controversias entre particulares, también redundarían en la protección de derechos humanos, al igual que el juicio de amparo contra actos de autoridad o los equivalentes realizados por particulares. Lo anterior es así porque, la demanda de amparo se encamina a controvertir actos de particulares que no tienen determinadas sus funciones por alguna norma general, sino que derivan de disposiciones contenidas en los Estatutos que rigen la vida interna del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. Luego, si bien la Ley Federal del Trabajo faculta a los sindicatos para emitir sus estatutos e impone establecer, entre los aspectos mínimos que deben satisfacer, los órganos de gobierno que velarán para su vida interna, los derechos y obligaciones de los asociados así como los motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias; se insiste, es la voluntad de sus miembros la fuente de las disposiciones normativas a las que se verán sometidos y no la potestad Estatal; de tal suerte que si la quejosa pretende controvertir las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno del sindicato cuyas funciones están determinadas en sus estatutos y no en una norma general, no se constituyen en actos equivalentes a los de autoridad en el contexto de una relación que surja de un mandato de la ley, susceptibles de ser controvertidos a través del juicio de amparo, sino que en todo caso, es factible acudir ante las autoridades laborales para ejercer la acción que corresponda. Ilustra en ese sentido la Tesis: 2a. IX/98 de la Novena Época con número de registro electrónico 196910, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia(s): Laboral, página 232 que se lee: Asimismo apoya en lo que interesa la Tesis: XXVI.2 A (10a.) de la Décima Época con número de registro 2005284 emitida por el Tribunales Colegiados del Vigésimo Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia(s): Común, página 3049 de rubro y texto siguiente: "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor a partir del día siguiente, se amplió la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, en casos de excepción, de conformidad con sus artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, también lo es que de tales disposiciones se aprecia, como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. Consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos, a través de las cuales imponen sanciones a sus miembros, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, en relación con los numerales señalados inicialmente." En tal estado de cosas, lo que procede es desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, último párrafo, 5, fracción II, último párrafo, todos de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se describe en la demanda y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los designados en la misma, por derivar los actos de un asunto de naturaleza penal.

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