Rebeca Emilia Elizarraráz Rivera
Expediente 305/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 305/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rebeca Emilia Elizarraráz Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que al efecto señala el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra del auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo promovido por ********************. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. En términos de lo que dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del presente año en el Diario Oficial de la Federación, se establece: En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. En relación con lo anterior, acuérdese lo relativo en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales conducentes. Devuélvanse a la autoridad responsable los tomos de pruebas que acompañó a su informe, toda vez que resulta innecesario su resguardo en este juzgado.
- Incidental
Visto el estado de autos, y toda vez que se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva el presente incidente, aunado a que se negó la suspensión definitiva; por tanto, ... el presente incidente de suspensión es susceptible de destrucción, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contado a partir del presente acuerdo. En razón de lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable el tomo de pruebas que acompañó a su informe, toda vez que resulta innecesario su resguardo en este juzgado.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que el diecinueve de abril pasado se tuvo rendido el informe justificado del Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, al cual adjuntó copia certificada del juicio oral ordinario ********************. Una vez analizadas las constancias del juicio de origen, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no causa una afectación de imposible reparación. Los artículos invocados establecen textualmente lo siguiente: ... De las disposiciones jurídicas invocadas, se colige que los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad; de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese resolución favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito en turno correspondiente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas de la quejosa y dicha violación trascienda al resultado del fallo que le sea adverso, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. La quejosa ******************** reclama la resolución de veintiuno de febrero del año en curso, dictada en el juicio ordinario oral ********************, donde el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad resolvió el recurso de revocación interpuesto por su contraparte en el juicio de origen y declaró precluido su derecho para acreditar que es sujeta de asistencia social a través de un estudio socioeconómico, a efecto de analizar si el Estado costearía los honorarios que le correspondería cubrir para el desahogo de la prueba que ofreció en materia de trabajo social. Para mejor ilustración, se citan los antecedentes más relevantes: ... Sentado lo anterior, se obtiene que la resolución que la quejosa reclama donde se declaró precluido su derecho para acreditar que es sujeta de asistencia social a través de un estudio socioeconómico -a efecto de analizar si el Estado costearía los honorarios que le correspondería cubrir para el desahogo de la prueba pericial en trabajo social-, no afecta sus derechos sustantivos, sino que sólo constituye un aspecto procedimental reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque una sentencia favorable podría extinguir cualquier consecuencia perjudicial, sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos de la gobernada y sin dejar huella en su esfera jurídica. En efecto, si eventualmente la sentencia definitiva que se dictara fuera adversa a los intereses de la quejosa, una vez agotado el recurso procedente, podría impugnarla mediante el juicio de amparo directo y hacer valer los aspectos que ahora combate, a fin de que se examine si la resolución es válida o no. Por ende, en el caso, no es procedente del juicio de amparo biinstancial contra la determinación del juez responsable donde declaró precluido su derecho para acreditar que es sujeta de asistencia social a través de un estudio socioeconómico, toda vez que ello sólo pudiera constituir la vulneración de derechos procesales, que pueden ser reparados de obtener una sentencia favorable a sus pretensiones. Aunado que, sin perjuicio de tal preclusión de derechos, el juez familiar ordenó de forma oficiosa el desahogo de la prueba pericial en trabajo social, en tanto que el aludido estudio económico sólo tenía por finalidad establecer si el Estado costearía el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios del perito a cargo de la quejosa. Sin que pase inadvertida la manifestación de la quejosa en el sentido de que al haber tenido precluido su derecho para acreditar que es sujeta de asistencia social, se le pone en estado de indefensión pues la autoridad responsable le impide acreditar su situación económica y esto conllevaría a que tendrá que pagar una parte proporcional del dictamen pericial en materia de trabajo social. No obstante, en todo caso, tal circunstancia no depara una afectación a los derechos sustantivos de la quejosa, en virtud de que en las audiencias de diecisiete de marzo y cuatro de abril, ambas de dos mil veintitrés, celebradas en el juicio de origen, el juez responsable sólo ordenó de oficio el desahogo de la prueba pericial en materia de trabajo social y estableció que los honorarios de la experta serían cubiertos en razón del cincuenta por ciento (50%) entre la actora -aquí quejosa- y el demandado. De manera que no se ha requerido a la quejosa el pago de dicha cantidad ni ha girado alguna orden para el cobro coactivo, por lo que tales determinaciones no le conllevan afectaciones de imposible reparación, aunado a que se dictaron con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la cual se presentó el quince de marzo del año en curso. De acuerdo con lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu y, por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las once horas con veinte minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés.-
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 21 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Visto el estado de autos se advierte que el diecinueve de abril pasado se tuvo rendido el informe justificado del Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, al cual adjuntó copia certificada del juicio oral ordinario ********************. Una vez analizadas las constancias del juicio de origen, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no causa una afectación de imposible reparación. Los artículos invocados establecen textualmente lo siguiente: ... De las disposiciones jurídicas invocadas, se colige que los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad; de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese resolución favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito en turno correspondiente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas de la quejosa y dicha violación trascienda al resultado del fallo que le sea adverso, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. La quejosa ******************** reclama la resolución de veintiuno de febrero del año en curso, dictada en el juicio ordinario oral ********************, donde el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad resolvió el recurso de revocación interpuesto por su contraparte en el juicio de origen y declaró precluido su derecho para acreditar que es sujeta de asistencia social a través de un estudio socioeconómico, a efecto de analizar si el Estado costearía los honorarios que le correspondería cubrir para el desahogo de la prueba que ofreció en materia de trabajo social. Para mejor ilustración, se citan los antecedentes más relevantes: ... Sentado lo anterior, se obtiene que la resolución que la quejosa reclama donde se declaró precluido su derecho para acreditar que es sujeta de asistencia social a través de un estudio socioeconómico -a efecto de analizar si el Estado costearía los honorarios que le correspondería cubrir para el desahogo de la prueba pericial en trabajo social-, no afecta sus derechos sustantivos, sino que sólo constituye un aspecto procedimental reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque una sentencia favorable podría extinguir cualquier consecuencia perjudicial, sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos de la gobernada y sin dejar huella en su esfera jurídica. En efecto, si eventualmente la sentencia definitiva que se dictara fuera adversa a los intereses de la quejosa, una vez agotado el recurso procedente, podría impugnarla mediante el juicio de amparo directo y hacer valer los aspectos que ahora combate, a fin de que se examine si la resolución es válida o no. Por ende, en el caso, no es procedente del juicio de amparo biinstancial contra la determinación del juez responsable donde declaró precluido su derecho para acreditar que es sujeta de asistencia social a través de un estudio socioeconómico, toda vez que ello sólo pudiera constituir la vulneración de derechos procesales, que pueden ser reparados de obtener una sentencia favorable a sus pretensiones. Aunado que, sin perjuicio de tal preclusión de derechos, el juez familiar ordenó de forma oficiosa el desahogo de la prueba pericial en trabajo social, en tanto que el aludido estudio económico sólo tenía por finalidad establecer si el Estado costearía el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios del perito a cargo de la quejosa. Sin que pase inadvertida la manifestación de la quejosa en el sentido de que al haber tenido precluido su derecho para acreditar que es sujeta de asistencia social, se le pone en estado de indefensión pues la autoridad responsable le impide acreditar su situación económica y esto conllevaría a que tendrá que pagar una parte proporcional del dictamen pericial en materia de trabajo social. No obstante, en todo caso, tal circunstancia no depara una afectación a los derechos sustantivos de la quejosa, en virtud de que en las audiencias de diecisiete de marzo y cuatro de abril, ambas de dos mil veintitrés, celebradas en el juicio de origen, el juez responsable sólo ordenó de oficio el desahogo de la prueba pericial en materia de trabajo social y estableció que los honorarios de la experta serían cubiertos en razón del cincuenta por ciento (50%) entre la actora -aquí quejosa- y el demandado. De manera que no se ha requerido a la quejosa el pago de dicha cantidad ni ha girado alguna orden para el cobro coactivo, por lo que tales determinaciones no le conllevan afectaciones de imposible reparación, aunado a que se dictaron con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la cual se presentó el quince de marzo del año en curso. De acuerdo con lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu y, por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las once horas con veinte minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés..."
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