Rebeca Elizabeth Hinojosa Rebollar

Expediente 298/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
298/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/08/2021

Partes del expediente

  • Rebeca Elizabeth Hinojosa Rebollar

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Recepción de oficio. Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por los Magistrados y Secretario de Acuerdos, adscritos al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remiten el testimonio de la resolución dictada en sesión de once de agosto de dos mil veintiuno, emitida en la queja 73/2021, de su índice, relativa al medio de impugnación interpuesto por Rebeca Elizabeth Hinojosa Rebollar, en contra de del auto dictado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo en que se actúa, en el que se determinó: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. Acúsese el recibo correspondiente. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. INGRID MALENY MERAZ MARRUFO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.8e 05/12/22 13:14:46 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 298/2021 Ahora bien, toda vez que el presente expediente, se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 21 inciso b), contenido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, los cuales a la letra establecen: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; [.]. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General Citado. Devolución de documentos En caso de que existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del INGRID MALENY MERAZ MARRUFO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.8e 05/12/22 13:14:46 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 298/2021 ??????A???????? mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintiuno. Boleta de turno. Agréguese al expediente la boleta de turno del recurso de queja interpuesto por la quejosa Rebeca Elizabeth Hinojosa Rebollar, en contra del auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, por el que se desechó la demanda de amparo, de la cual se desprende que el referido medio de impugnación fue turnado y recibido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el siete de mayo de dos mil veintiuno, para su substanciación, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese...MESA 8

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintiuno. Recurso de queja. Agréguese al expediente el escrito suscrito por la quejosa Rebeca Elizabeth Hinojosa Rebollar, por medio del cual interpone recurso de queja, en contra del auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, por el que se desechó la demanda de amparo. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, remítanse vía electrónica el escrito de expresión de agravios, así como las constancias necesarias para la substanciación del medio de impugnación de referencia al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de la Materia, ríndase el informe con justificación correspondiente, en el sentido de ser cierto el acto que se impugna, el cual se encuentra ajustado a derecho, por las razones que en el mismo se expresan. Lo anterior, al correo electrónico occtc2ctpc@correo.cjf.gob.mx, que corresponde a la Oficina de Correspondencia Común del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, dada la naturaleza del recurso que se interpone y de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Por otro lado, comisiónese a la Oficial encargada del Sistema de Integral de Seguimiento de Expedientes, para efectos de que haga disponible el expediente electrónico al órgano colegiado que corresponda. Ahora, para el caso de que el tribunal revisor requiera físicamente las constancias del sumario en que se actúa, deberá hacerlo del conocimiento de este juzgado federal, a fin de acordar lo conducente para su remisión, una vez que las labores del juzgado lo permitan, atendiendo a las cargas de trabajo y a la distribución del personal que se asignó para laborar en este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Notifíquese...MESA 8

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo de cuenta Rebeca Elizabeth Hinojosa Rebollar contra acto del Juez Quinto Civil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 298/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Ahora, previo a acordar lo que en derecho corresponda se debe tener en cuenta lo siguiente: De acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, la quejosa señala como actos reclamados: "IV. ACTO RECLAMADO PRIMERO: El auto de fecha CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO dictado en el expediente 267/2016 en el Juzgado Quinto Civil de Naucalpan de Juárez, dentro del juicio ordinario civil de liquidación de copropiedad promovido por José Carlos Díaz Sánchez en contra de Rebeca Elizabeth Hinojosa Rebollar, y que fue notificado a la quejosa en fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, que acuerda no ha lugar a regularizar el procedimiento respecto de la protesta al cargo de perito valuador. SEGUNDO. El auto de fecha SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO dictado en el expediente 267/2016 en el Juzgado Quinto Civil de Naucalpan de Juárez, dentro del juicio ordinario civil de liquidación de copropiedad promovido por José Carlos Díaz Sánchez en contra de Rebeca Elizabeth Hinojosa Rebollar, y que fue notificado a la quejosa en fecha siete de abril de dos mil veintiuno, que acuerda no ha lugar a admitir el recurso de revocación en contra del proveído de fecha cinco e abril de dos mil veintiuno" Desechamiento de la demanda. Una vez asentadas las consideraciones anteriores, respecto del acto reclamado consistente en "El auto de fecha CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO dictado en el expediente 267/2016 en el Juzgado Quinto Civil de Naucalpan de Juárez, dentro del juicio ordinario civil de liquidación de copropiedad promovido por José Carlos Díaz Sánchez en contra de Rebeca Elizabeth Hinojosa Rebollar, y que fue notificado a la quejosa en fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, que acuerda no ha lugar a regularizar el procedimiento respecto de la protesta al cargo de perito valuador"; se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]. De la porción normativa antes reproducida, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no surtir efectos. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 2a./J. 59/99, aparece publicada en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En vinculación directa con lo anterior, es de suma importancia advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. En esa tesitura, tomando en consideración que el primer acto que se reclamó la quejosa, en la demanda de amparo es: ? El auto de fecha CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO dictado en el expediente 267/2016 en el Juzgado Quinto Civil de Naucalpan de Juárez, dentro del juicio ordinario civil de liquidación de copropiedad promovido por José Carlos Díaz Sánchez en contra de Rebeca Elizabeth Hinojosa Rebollar, y que fue notificado a la quejosa en fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, que acuerda no ha lugar a regularizar el procedimiento respecto de la protesta al cargo de perito valuador. Es innegable que se actualiza la causa de improcedencia en comento, ya que como la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, al no estar conforme con dicha determinación, el siete de abril siguiente, promovió recurso de revocación ante el juez responsable, quien en la misma fecha resolvió no admitir dicho medio de impugnación. Por tanto, al existir la nueva resolución de siete de abril de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 267/2016, es inconcuso que la primera reclamada fue sustituida procesalmente. En efecto, la determinación de cinco de abril pasado, dejó de tener ejecutividad, al perder su vigencia con motivo de la diversa resolución de siete del mismo mes y año, al pronunciarse el Juez responsable sobre dicho tópico, por lo que es ésta última resolución la que ahora cuenta con esa vigencia y ejecutividad que perdió la resolución sustituida. En tales condiciones, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que es la materia del amparo; por lo que se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en tales condiciones lo procedente desechar la demanda de amparo respecto del acto consistente en el acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, puesto que la aludida causal es manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que con el número I.3o.C.92 K, aparece publicado en la página 1491, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165870, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en: El auto de fecha SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO dictado en el expediente 267/2016 en el Juzgado Quinto Civil de Naucalpan de Juárez, dentro del juicio ordinario civil de liquidación de copropiedad promovido por José Carlos Díaz Sánchez en contra de Rebeca Elizabeth Hinojosa Rebollar, y que fue notificado a la quejosa en fecha siete de abril de dos mil veintiuno, que acuerda no ha lugar a admitir el recurso de revocación en contra del proveído de fecha cinco e abril de dos mil veintiuno Se advierte que surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 172, fracción XII, y 171 de la Ley de Amparo los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: ... XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En dicha circunstancia debe decirse que cuando se trate de violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En consecuencia, el auto siete de abril de dos mil veintiuno, dentro del expediente 267/2016, del índice del Juez Quinto Civil de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que se determinó no admitir el recurso de revocación interpuesto contra el diverso de cinco del mismo mes y año, en el que se acordó que había lugar a regularizar el procedimiento respecto a la protesta de cargo del perito valuador;, no es susceptible de reclamarse en amparo indirecto, por no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que el mismo puede ser reparado si la parte quejosa obtiene sentencia favorable; por lo que, será en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo respectivo, cuando dicha determinación, pudiera influir o no, en el sentido de la decisión del juzgador, y será hasta entonces, cuando se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la resolución fuera adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de resultarle favorable, desaparecería cualquier huella en la esfera jurídica de la promovente. En ese orden de ideas, el amparo indirecto es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela de un procedimiento, por ser éstos actos susceptibles de reclamarse en amparo directo, una vez que se dicte la resolución que ponga fin al juicio, tal y como lo disponen los artículos 171 y 172, fracción y XII, de la Ley de Amparo. Por tanto, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, que pueda ser combatido mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la hoy quejosa, razón por la cual resulta improcedente el presente juicio de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página 49, Tomo 68, Agosto de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Rebeca Elizabeth Hinojosa Rebollar. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiéraseles para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Sin embargo, por única ocasión, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción y se constituya en el domicilio ubicado en: Calle Durango número 243, interior 903, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, y notifique la presente determinación a Rebeca Elizabeth Hinojosa Rebollar. Al respecto, a fin de llevar a cabo la referida diligencia, con fundamento en el artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, envíese la comunicación oficial al juez exhortado a través del Sistema Integral de Seguimiento Expedientes, misma que deberá ser dirigida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Solicitando al homólogo federal, que una vez que se encuentre diligenciado el exhorto en comento, remita por la misma vía electrónica a este órgano jurisdiccional, a la brevedad posible, únicamente el auto por el que radique dicho exhorto, la diligencia encomendada, así como el oficio por el cual ordene su devolución. Sin que resulte necesario que el órgano jurisdiccional a quien se le encomienda la diligencia en cita, acuse recibo toda vez que al realizar el envío electrónico del exhorto, el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes generará la papeleta de turno y este juzgado de distrito tendrá conocimiento del órgano al que le corresponderá conocer del mismo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas y personas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhorto a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.mesa 8

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