Rebeca Dominguez Gomez

Expediente 1944/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1944/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Rebeca Dominguez Gomez
  • Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali
  • REBECA DOMINGUEZ GOMEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, por el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tijuana, Baja California, con el cual, rinde su informe justificado. Lo anterior, agréguese sin mayor acuerdo en lo substancial, habida cuenta que en determinación de veinticuatro de enero del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Ahora y con el anexo que remite la referida responsable, dada su voluminosidad, fórmese aparte el tomo de pruebas respectivo para facilitar el manejo del expediente, en el que se respete el folio, sello y rúbrica de las autoridades remitentes.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AUTO A LA PARTE QUEJOSA...

  4. Principal

    Tengase por recibido el informe signado por el Presidente de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Se sobresee fuera de audiencia en el juicio. En otro contexto, visto el estado procesal de este asunto, así como el contenido del informe justificado y el anexo certificado que se allegó, se advierte que se ha actualizado una hipótesis de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen causas de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, octava época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable". En el caso, la parte quejosa reclamó la omisión de la autoridad responsable de desahogar la audiencia de pruebas en el juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ahora, del informe justificado, así como de las constancias que a éste se anexaron, se advierte que el once de octubre de dos mil veintidós, se certificó que no existían pruebas pendientes en el procedimiento laboral ********************, del índice de la autoridad responsable, por lo que en esa data, se otorgó un plazo de tres días a las partes para que manifestaran su conformidad, apercibidos que de no hacerlo, y si hubiera pruebas pendientes se tendrían por desistidas de éstas y se procedería al cierre de instrucción, lo que se aprecia de la siguiente imagen digital: En tales condiciones, se arriba a la convicción de que en el expediente ********************, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, no se omitió desahogar la audiencia de pruebas, como alude la parte quejosa. Luego, de las actuaciones que integran el presente expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que la demanda de amparo fue presentada el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, resulta inconcuso, seguir con la secuela procedimental en el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que como ya se dijo, la omisión de la que se duele la parte quejosa, es inexistente. En consecuencia, dicha circunstancia es suficiente para actualizar de manera manifiesta e indudable, la hipótesis normativa contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, puesto que, de las constancias que obran en el sumario constitucional está acreditado plenamente que no existe la omisión reclamada. Importa destacar que, si bien, por regla general, atento a la jurisprudencia en materia común 1a./J. 49/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, diciembre de 2017, tomo I, libro 49, página 386, registro 2015699, y con el fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, la negativa del acto reclamado no constituye una causa, manifiesta e indudable, que motive sobreseer el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, que para mayor claridad se transcribe dicha tesis: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Criterio que, si bien es cierto establece que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye una causa notoria, manifiesta indudable de improcedencia para decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, lo cierto es que, se estima, en el caso no opera tal "regla general", pues aquí se está en un supuesto donde el acto reclamado lo constituye una "omisión" o falta del "quehacer" por parte de la autoridad responsable, "omisión" que queda desvirtuada no solo por la negativa por parte de la responsable, sino también por las constancias del juicio de origen que allegó, con las cuales se pone de patente que, indudablemente, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, sí existía pronunciamiento por parte de la autoridad responsable de que no existían pruebas pendientes por desahogar en el expediente laboral ********************; asimismo, se había dado vista a las partes con la certificación correspondientes, apercibiéndoles que de hacer manifestación alguna en torno a las pruebas existentes, se tendrían por desistidos de estas y procederían al cierre de instrucción; por ende, de igual manera es indudable y manifiesto que no existió, a la fecha de presentación de la demanda, la omisión reclamada a la autoridad responsable; negativa que, aun y cuando se le dé oportunidad a la quejosa de probar en la audiencia constitucional, no lograría desvirtuar, pues, se insiste, ya existe la actuación procesal cuya omisión se reclama; de ahí que sí resulte viable decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente sumario, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las once horas con treinta minutos del dos de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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