Rebeca Díaz Ruiz
Expediente 1879/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1879/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 08/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rebeca Díaz Ruiz
- Alejandra Ruiz Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; y, de depuración el original del incidente, pues se otorgó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1879/2017-IV-B; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez; Rebeca Díaz Ruíz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando SEGUNDO de esta sentencia. SEGUNDO. Separación de Juicios. En auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, previo desahogo de prevención, se decretó la separación de juicios, quedando únicamente como actos reclamados en el presente sumario los que se precisarán en la segunda parte considerativa. TERCERO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal, previo desahogo de prevención, se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 1°, fracción I, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: Del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Ocho, de Naucalpan de Juárez, Estado de México; a) La orden de comparecencia, búsqueda, localización, presentación y aprehensión giradas en su contra. b) El citatorio de tres de octubre de dos mil diecisiete. c) El citatorio de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. d) El citatorio de catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Todos ellos emitidos en la carpeta de investigación NUC: TLA/CAI/ENR/063/065340/17/03. Del Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México; Del Fiscal General de Justicia del Estado de México; Del Fiscal Regional de Tlalnepantla, Estado de México; e) La ejecución de dichas órdenes. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior en virtud que, si bien no se tiene certeza respecto de la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, de autos de desprende que se presentó ante la autoridad ministerial responsable el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en donde se hizo de su conocimiento el contenido de la carpeta de investigación NUC: TLA/CAI/ENR/063/065340/17/03, así como el nombre de quien realizó la acusación por el delito de despojo, pues se había librado el citatorio de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, por lo cual se determina ésta como la fecha en que conoció de los actos que impugna en esta vía; por lo tanto, el término transcurrió del seis al veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que, si la demanda de amparo se presentó el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Inexistencia de actos reclamados. El Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, el Fiscal General de Justicia del Estado de México y el Fiscal Regional de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos consistentes en la orden de comparecencia, búsqueda, localización, presentación y aprehensión giradas en su contra, así como su ejecución. En consecuencia, dado que la parte quejosa no ofreció medio de convicción alguno para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, respecto de dichas autoridades y por los actos reclamados especificados. QUINTO. Existencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Ocho de Trámite del Centro de Justicia de Naucalpan de Juárez, Unidad de Investigación B4, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó los actos reclamados consistentes en los citatorios de tres y veintitrés de octubre, así como de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, emitidos en la carpeta de investigación NUC: TLA/CAI/ENR/063/065340/17/03; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto. Certeza que se acredita con las constancias remitidas como apoyo a su informe justificado (fojas 26 a 58), documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Por su parte, el Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, únicamente aceptó la existencia de los citatorios de tres y veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, no así del diverso de catorce de noviembre siguiente, no obstante, esta negativa se desvirtúa ya que a foja 45, se advierte el oficio que se libró a dicha autoridad con el citatorio de mérito, además, dado el carácter de autoridad ejecutora con el que fue señalado, se encontraba en aptitud de materializar los actos reclamados en cualquier momento. SEXTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, este juzgador advierte que respecto del citatorio de tres de octubre de dos mil diecisiete, emitido en la carpeta de investigación NUC: TLA/CAI/ENR/063/065340/17/03, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado. Dicho precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado dispositivo se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora, de las copias certificadas que integran la carpeta de investigación NUC: TLA/CAI/ENR/063/065340/17/03, se desprende que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Ocho de Trámite del Centro de Justicia de Naucalpan de Juárez, Unidad de Investigación B4, Estado de México, giró citatorio el tres de octubre de dos mil diecisiete, a efecto de que la quejosa compareciera el veintitrés de ese mes y año, con el fin de hacerle saber el contenido de la carpeta de investigación, el nombre de la persona que realizó en su contra la acusación y el hecho delictuoso por el que se instruye (foja 38 del juicio). Sin embargo, el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, como se desprende de la certificación asentada por la autoridad ministerial (foja 42 de autos), la quejosa no compareció a la cita programada, por lo que se libró diverso citatorio, sin que se advierta que se haya conminado a la citada, con alguna medida de apremio, que a la fecha subsista, por lo que deviene inconcuso que dicha citación cesó en sus efectos. Esto es, al haberse señalado como nueva fecha de citación el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, los efectos para los cuales fue emitida la citación primigenia, cesaron en dicha fecha, sin que se advierta que la parte quejosa haya sufrido consecuencia legal alguna, ya que el citatorio no contenía algún apercibimiento en su contra para el caso de no acudir; por lo que es incuestionable que en el caso a estudio han cesado los efectos por lo que hace al citatorio reclamado; pues se le restituyó a la parte agraviada en el uso y disfrute de su garantía violada, ya que las cosas volvieron al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo y la protección de la Justicia Federal, sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Sustenta la anterior afirmación el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia(s): Común, registro 196820, página 210, de la voz y contenido: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También es aplicable, el contenido de la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-2000, Novena Época, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Común, registro 917637, página 81, de la voz y contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En diverso contexto, respecto de los citatorios de veintitrés de octubre y catorce de noviembre de dos mil diecisiete, emitidos en la carpeta de investigación NUC: TLA/CAI/ENR/063/065340/17/03, se advierte actualizada la causa de improcedencia que refiere el artículo 61 fracción XVI, de la Ley de Amparo, que textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. (.)." Para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos se pueden clasificar en reparables e irreparables. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que su ejecución o consumación puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia favorable. En ese sentido, es menester añadir que los actos no pueden estimarse consumados y por ende sí pueden concretizarse los efectos, si se toma en consideración el contenido de los artículos 77 y 204 de la Ley de Amparo, que disponen en lo conducente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho (.)" "Artículo 204. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso." Luego, la interpretación lógica y sistemática de los preceptos transcritos, permite advertir que las sentencias que otorguen el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos reclamados de las autoridades responsables, tienen efectos restitutorios y para el caso de imposibilidad jurídica o material de su cumplimiento, se procederá a su substitución en la forma y términos que dichas disposiciones precisan. De esto se sigue que los actos consumados de forma irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, tanto física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; asimismo, es pertinente precisar que para opere la mencionada causal de improcedencia es necesario que la irreparabilidad del acto sea absoluta. Sirve de sustento la tesis I.3ºA.150 K, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencia, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, pueden obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." *Lo resaltado y en negritas no es de origen Expuesto lo anterior, los actos que reclamó la parte quejosa, se hacen consistir en los citatorios de veintitrés de octubre y catorce de noviembre de dos mil diecisiete, emitidos en la carpeta de investigación NUC: TLA/CAI/ENR/063/065340/17/03, así como su ejecución. Ahora bien, de la lectura de las constancias remitidas a este juzgado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Ocho de Trámite del Centro de Justicia de Naucalpan de Juárez, Unidad de Investigación B4, Estado de México, se advierte que, efectivamente, giró los citatorios de veintitrés de octubre y catorce de noviembre de dos mil diecisiete, en la carpeta de investigación NUC: TLA/CAI/ENR/063/065340/17/03, a fin que la quejosa se presentara en calidad de imputada dentro de la referida carpeta de investigación con el objeto de hacerle del conocimiento su contenido, el nombre de la persona que realizó en su contra la acusación, así como el hecho delictuoso por el que se intruyó, el catorce de noviembre a las trece horas y el cinco de diciembre a las once horas, ambos de dos mil diecisiete, respectivamente, (fojas 43 y 45 del juicio); siendo que en la primera de las datas señaladas la quejosa acudió sin defensor a las instalaciones de la autoridad ministerial, por lo que no fue posible llevar a cabo la diligencia, lo que motivó la expedición del segundo de los citatorios señalados, fecha en la que la aquí quejosa compareció ante la responsable en su calidad de imputada a rendir su declaración ministerial de manera voluntaria (fojas 52 y 53 del juicio). Por tanto, debe considerarse que los actos reclamados en este juicio, consistentes en los citatorios de veintitrés de octubre y catorce de noviembre de dos mil diecisiete, emitidos en la carpeta de investigación NUC: TLA/CAI/ENR/063/065340/17/03, así como su ejecución, se han consumado de modo irreparable. En efecto, si la amparista controvirtió los citatorios de veintitrés de octubre y catorce de noviembre de dos mil diecisiete, emitidos en la carpeta de investigación NUC: TLA/CAI/ENR/063/065340/17/03, así como su ejecución, es evidente que, al haber comparecido de forma voluntaria con motivo del mandato del Ministerio Público responsable, las violaciones que pudieran contener esos actos, ya no pueden ser reparables, sin que de autos se desprenda alguna orden posterior a éstas, anterior a la presentación de la demanda. En consecuencia de lo antes expuesto, procede sobreseer en el presente juicio de garantías con apoyo en el artículo 61, fracción XVI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud que los actos reclamados consistentes en los citatorios de veintitrés de octubre y catorce de noviembre de dos mil diecisiete, emitidos en la carpeta de investigación NUC: TLA/CAI/ENR/063/065340/17/03, así como su ejecución, resultaron consumados de modo irreparable. Al respecto se invoca como criterio de orientación, la tesis del entonces Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSUMADOS, QUE DEBE ENTENDERSE POR. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; pero no basta que el acto se consume de manera material para que por ese sólo hecho se tenga como irreparable, ya que sólo tienen ese carácter, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, aquellos actos en que físicamente sea imposible que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes de la violación; pero no lo son los que, en virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación." Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. No pueden ser objeto de la protección constitucional, y debe sobreseerse respecto de ellos." Además, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. La disposición de la Ley de Amparo que se refiere a actos consumados de un modo irreparable, alude a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación." SÉPTIMO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rebeca Díaz Ruíz, contra los actos y autoridades indicados en el considerando SEGUNDO de esta sentencia, por los motivos precisados en los diversos CUARTO y QUINTO de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo signa, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que mencionan en su informe. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como sus pruebas, las documentales que anexa. Respecto a la devolución de los documentos que adjunta, dígase que no ha lugar acordar de conformidad su solicitud, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se llegue a dictar en el presente asunto; ello conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J.22/2000, de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". Quedando expedito su derecho para realizar nuevamente su solicitud en el momento procesal oportuno.
- Principal
"...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el que se dio vista a las partes en auto de doce de los actuales, el cual es al menos de ocho días antes al fijado para la celebración de la audiencia constitucional. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se señalan las diez horas con treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho..."
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