Rebeca Cisneros Alonso
Expediente 863/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Rebeca Cisneros Alonso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
UNICO.- SE SOBRESEE en el presente juicio
- Principal
De la revisión preliminar del expediente se advierte que el veintisiete de agosto del año en curso se realizó el emplazamiento a juicio de la tercera interesada ***************************, lo que indica que no han transcurrido los ocho días a que se refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que tenga oportunidad de imponerse de los autos de este expediente y de los informes justificados de las autoridades responsables, así como para ofrecer las pruebas que estime convenientes. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se señala para su celebración las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DOS MIL QUINCE,
- Principal
Vista la razón que antecede, levantada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, en la cual asienta que por los motivos que en ella precisa, no le fue posible emplazar a juicio a la tercera interesada María Coral Cisneros Alonso. En mérito de lo anterior, con apoyo en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que realice el emplazamiento a la tercera interesada de mérito.
- Incidental
El artículo 136 de la Ley de Amparo dispone: "La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional". Ahora bien, de la certificación que antecede se desprende que la quejosa Rebeca Cisneros Alonso no cumplió con la condición que se le impuso para que no dejara de surtir efectos la suspensión definitiva concedida, ya que no exhibió la garantía de dos mil pesos que se le fijó, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 136 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la interlocutoria del once de agosto en curso, por tanto, deja de surtir efectos la suspensión definitiva decretada. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo la tesis I.3o.C.47 K (10a.), publicada en la página 3040, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER EX OFFICIO DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. La autoridad de amparo (trátese de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito), como perito en derecho y rector del procedimiento, tiene el deber ex officio de estar al pendiente del debido cumplimiento de los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo, en relación con la suspensión para, en caso de que el quejoso incumpla el requisito de efectividad consistente en exhibir la garantía fijada, informar a la autoridad responsable, inmediatamente fenecido el plazo de gracia que estableció el legislador (cinco días), que está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Deber que se justifica, por lo que atañe al amparo judicial civil, en el respeto a la cosa juzgada; el derecho a ejecutar la sentencia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, integrante de la tutela judicial efectiva que tiene la parte vencedora y la protección a su efecto útil, para evitar que la justicia se torne ilusoria, pues sin interés del condenado para suspender la ejecución, ni garantía de los posibles daños y perjuicios que llegaren a producirse si no obtiene un fallo favorable, no existe una razón válida para el mantenimiento de esa situación de hecho. Una interpretación contraria desnaturalizaría el noble propósito que tuvo el legislador al establecer la medida cautelar en mención, puesto que por simple inacción de la autoridad responsable, que como parte del juicio también debe estar al pendiente del procedimiento, la suspensión surtiría sus efectos de facto, esto es, sin ningún requisito legal de por medio, lo que es jurídicamente insostenible".
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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