Rebeca Beristaín Ávila

Expediente 345/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
345/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
02/01/2019

Partes del expediente

  • Rebeca Beristaín Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito de expresión de agravios mediante el cual los autorizados de la parte quejosa, Marcos Edgar Lucero Osorio y/o Gabriel López Nájera, interponen recurso de queja contra el auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 101 y 102 de la Ley de Amparo y los artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tramítese el recurso de queja. Se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de ser cierto que este Juzgador Federal dictó el acuerdo recurrido. Remítanse a la superioridad los agravios originales. Agréguese una copia de los agravios a este expediente. Remítase copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo indirecto, en vía de informe al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para agilizar el trámite, la integración y la resolución del recurso de queja y, con ello, garantizar a los justiciables el derecho de acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese.

  2. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil dieciocho. I. Desechamiento Vista la demanda de amparo promovida por *****************, por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, de quien reclama la negativa de otorgarle el servicio y/o asistencia médica; este juzgador federal advierte que el juicio constitucional es improcedente y, por tanto, debe desecharse conforme a las razones siguientes. Del artículo 113 de la Ley de Amparo , se desprende la facultad del juez de distrito de desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que se corrobora con el criterio siguiente. ... Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado se advierte que se actualiza de forma patente, notoria y absolutamente clara la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, de los que se desprende que la procedencia del juicio de amparo indirecto se encuentra supeditada a que los actos reclamados constituyan actos de autoridad; en efecto, dichos preceptos disponen lo siguiente. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece su procedencia contra leyes o actos de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales mediante los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, deben coexistir las siguientes condiciones. a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Son precisamente dichas características las que deben revestir la relación entre una autoridad y un gobernado, para poder considerar que el proceder del ente público sea susceptible de ser analizado a la luz del juicio de amparo. Con base en las premisas anteriores y toda vez que en el caso se reclama al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla la negativa de otorgar el servicio y/o asistencia médica, a lo cual fue condenado en el laudo de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, emitido por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla en el expediente D-236/2009, se concluye que no actuó como autoridad responsable, sino como particular frente al poder público, situación que deriva en la improcedencia del juicio de amparo que se promueve en su contra. En efecto, la actualización de la causa de improcedencia deviene del carácter del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla como parte demandada en el juicio laboral de origen, en tanto no actúa en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con la demandante, es decir, en un plano de coordinación, por lo que puede afirmarse que el acto reclamado no deriva de una potestad administrativa, sino constituye el mero incumplimiento de un laudo condenatorio. Consecuentemente, el acto reclamado en esta instancia no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertida para este juzgador federal la jurisprudencia 2ª/J 85/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente. ... Sin embargo, del contenido de la ejecutoria de la que derivó dicha jurisprudencia se desprende que la Segunda Sala sostuvo que para estar en aptitud de determinar que el incumplimiento por parte de los organismos de la administración pública de la federación y de las entidades federativas a una sentencia dictada en un juicio en el que figuraron como partes demandadas constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se requiere que se actualice la hipótesis consistente en que exista la imposibilidad de obtener mediante la vía coactiva la satisfacción de la pretensión a la que tiene derecho el gobernado por así haberse determinado en la sentencia condenatoria cuyo incumplimiento se reclama, pues exclusivamente en esta situación se coloca al ente estatal en un plano de superioridad frente a su contraparte en el juicio natural, con el que había estado sujeto a una relación de igualdad. En ese contexto, se concluye el criterio aludido no resulta aplicable al caso concreto, si se considera que parte de la premisa consistente en que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles , los órganos del Estado nunca podrán ser objeto de ejecución forzosa. Es así, en virtud de que en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla se prevén los mecanismos legales necesarios mediante los cuales el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla puede materializar la ejecución de los laudos dictados contra dependencias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, así como de los organismos descentralizados, toda vez que tiene facultades para dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan para proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, despachando auto de ejecución y comisionando a un actuario para que se constituya en el domicilio de la demandada requiriéndola del pago -en su caso-, bajo el apercibimiento de emplear el medio de apremio establecido en la ley, tal como se desprende de los artículos 102, 103, 105, 106, 107 y 108 de dicho ordenamiento. Apoyan esta determinación, por las razones que sustentan, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcriben. ... En similares términos se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito al resolver el recurso de queja 24/2016 y los amparos en revisión 214/2014 y 23/2018 . De ahí que respecto del acto reclamado se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de la referida ley. No se soslaya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el auto inicial no es posible analizar si un acto es de autoridad o no; sin embargo, en este caso no se requiere hacer un análisis profundo, ya que tal estudio tan solo reproduce lo sostenido en los criterios referidos, es decir, únicamente se aplica el criterio vinculante al caso concreto, de modo que sería ocioso tramitar la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que establece lo siguiente. ... II. Domicilio Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. III. Autorizados Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriel López Nájera y Marcos Edgar Lucero Osorio, los cuales tienen debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. IV. Se habilitan días y horas inhábiles Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. V. Digitalización Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. VI. Transparencia Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. VII. Información reservada En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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