Rebeca Anahí Castro Díaz y Otros.

Expediente 84/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
84/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
08/03/2016

Partes del expediente

  • Rebeca Anahí Castro Díaz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ...dado que las quejosas...no impugnaron el proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo....se declara que dicho auto queda firme....Como no existen constancias pendientes de agregarse....archívese este expediente como definitivamente concluido...este asunto carece de relevancia documental...transcurridos más de cinco años...es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda presentado por Rebeca Anahí Castro Díaz y Juana de Jesús Cortes Rosette, contra actos del Juez de Garantías del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca; anótese en el libro de gobierno con el número 84/2016, y fórmese expediente. Ahora, las quejosas señalan como acto reclamado la resolución dictada en el recurso de revocación, el once de febrero de dos mil dieciséis, en la audiencia intermedia realizada en la causa penal 364/2013, por la que se declaró impertinente la prueba pericial contable ofrecida por la defensa. Pues bien, planteada así la demanda de amparo de que se trata, y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, y 173, fracciones X, y XXI, de la ley de la materia, cuyo estudio es de orden público, que impone desecharla de plano. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, y 173, fracciones X, y XXI, de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTÍCULO 107.- Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ARTÍCULO 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: . X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; . XXI. Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de vinculación a proceso, el quejoso hubiese sido sentenciado por diverso delito. No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la investigación, siempre que, en este último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de vinculación a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio." De la recta interpretación de las disposiciones legales transcritas, se concluye que, el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que tienen sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Ahora, un acto que tiene una ejecución de imposible reparación es aquel que afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no pueda enmendarse con el hecho de obtener resolución favorable en el juicio, en cambio, son actos reparables los que sólo tienen como consecuencia la afectación de derechos de naturaleza adjetiva (procesal), los cuales son reparados si se obtiene una resolución acorde a los intereses del inconforme y de no ser así, dicha afectación procesal, sería reparable a través del juicio de amparo directo. Lo anterior, en virtud que, hasta el dictado de la sentencia definitiva se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio, de ahí que, si la demanda de amparo se promueve contra actos que afectan únicamente derechos adjetivos, antes de que se dicte sentencia definitiva, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. .Ahora, las quejosas en su carácter de procesadas en el proceso penal 364/2013, del que derivan los actos reclamados, se duelen de la resolución dictada en el recurso de revocación, el once de febrero de dos mil dieciséis, en la audiencia intermedia realizada en la causa penal 364/2013, por la que se declaró impertinente la prueba pericial contable ofrecida por la defensa; acto contra el cual el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, y 173, fracciones X, y XXI, de la Ley de Amparo, en tanto que, no se trata de actos en juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, sino que, de no obtener sentencia favorable la parte aquí quejosa, y tales violaciones trasciendan al resultado del fallo, será una violación a las leyes del procedimiento que afecten sus defensas, reclamable en el juicio de amparo directo. Lo que resulta así, habida cuenta que de acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal; 107, fracción V, 170, fracción I, y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el juicio de amparo directo, siempre que tales violaciones afecten al quejoso trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción procede el juicio de amparo indirecto, competencia del Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. En la especie, a juicio del suscrito juzgador los actos reclamados que señalan las quejosas en su escrito de demanda, se traducen en violaciones de carácter procesal que por su naturaleza jurídica, sólo son reclamables en amparo directo, de conformidad con el artículo 173, fracciones X y XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse dentro del supuesto normativo que para la procedencia del juicio de amparo indirecto establece el diverso artículo 107, fracción V, de la ley de la materia; esto es así, porque en el caso de que existiera una violación a las garantías individuales de la quejosa que pudiera afectar su defensa y trascender al resultado del fallo, tendría el carácter de intraprocesal, lo cual, no le generaría un agravio de imposible reparación, como lo requiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues tal afectación, en caso de que así aconteciera, deberá determinarse precisamente al resolverse en definitiva el procedimiento penal, y en caso de favorecerle, tal violación formal sería reparada; caso contrario, sólo podrán reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva. De ahí que no deban ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como en el caso de la resolución o acuerdo reclamados, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si las afectadas obtienen sentencia favorable. Tal acotación pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos. Por consiguiente, como ya se dijo, la resolución o acuerdo reclamado, dictado el once de febrero de dos mil dieciséis, en la audiencia intermedia celebrada en la causa penal 364/2013, por la que se declaró impertinente la prueba pericial contable ofrecida por la defensa, de ninguna manera es reclamable en amparo indirecto, pues no constituye un acto que sea de imposible reparación, ya que dicha resolución sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, y en todo caso, si tales violaciones trascienden al resultado del fallo, será una violación a las leyes del procedimiento que afecta las defensas de las quejosas, reclamable en amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. En las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, 113, 170, fracción I, 172, y 173, fracciones X, y XXI, de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desecha de plano la demanda de amparo que promueven Rebeca Anahí Castro Díaz y Juana de Jesús Cortes Rosette, contra actos del Juez de Garantías del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca. .se tiene como su representante común de las quejosas a Rebeca Anahí Castro Díaz, sin perjuicio de que la parte quejosa realice la sustitución correspondiente. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado; por consiguiente, por ser esa la voluntad de la quejosa y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, se tienen como autorizados de la parte quejosa con la suma de las facultades expresas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que mencionan, en la medida que el acto reclamado deriva de un asunto de naturaleza penal, en cuya materia el aludido artículo 12, no exige que los autorizados con las facultades amplias que otorga, acrediten estar autorizados para ejercer la profesión de abogado. Sin que haya lugar a tenerlo señalando como representante común a Severina Ramírez Ríos, toda vez que el artículo 13 de la Ley de Amparo estable que el representante común debe ser en todo tiempo uno de los quejosos en el juicio de garantías, carácter que no tiene Severina Ramírez Ríos, en el presente juicio de amparo...

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