Rebeca Alejandra Cedillos Salinas

Expediente 1622/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1622/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Rebeca Alejandra Cedillos Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    AUDIENCIA INCIDENTAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las diez horas con veinticinco minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública, Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia prevista en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, en los términos que dispone el artículo 144 del mismo ordenamiento legal, sin la comparecencia personal de las partes. Enseguida, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos, siendo éstas: a) copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio; b) informe previo rendido por una de las autoridades responsables. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que anteceden. Asimismo, se abre la etapa probatoria, en la que la Secretaria hace constar, que la parte quejosa, ofreció las documentales que obran en autos. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas mencionadas con anterioridad, en virtud de que no requieren de preparación para tal efecto, las que se tomarán en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto, con lo que se cierra la etapa probatoria. Agotada la fase probatoria, se abre la de alegatos, en la que se hace constar que no fueron formulados por las partes, por lo que se declara igualmente cerrado este periodo. Concluidas las etapas que anteceden, se procede a dictar la resolución correspondiente. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1113/2023-II-B, promovido por Francisco Vázquez Flores, por su propio derecho, contra actos del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, en esta ciudad y de otras autoridades. R E S U L T A N D O Primero. Según su correspondiente escrito de demanda, Francisco Vázquez Flores, por su propio derecho, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos reclamados a las autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, Hospital General de Tijuana del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California y Director del Centro Penitenciario "El Hongo II", con residencia en Tecate. Actos reclamados "1.- La omisión de brindarme acceso a los servicios de salud y medicamentos e inclusive especializados, sin que medie una causa debidamente fundada y motivada que justifique legalmente dicha negativa, lo que se traduce en una violación directa a mis derechos humanos de acceso y protección a la salud, a la dignidad humana, a la no discriminación, e incluso, a la seguridad social, que en mi favor protegen los artículos 1 y 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que México forma parte. 2.- El otorgamiento de medicamentos y tratamiento médico urgente, normal y quirúrgico especializado para la colocación de una PRÓTESIS EN LA RODILLA DERECHA, por todo el tiempo que mi padecimiento así lo requiera y, en el supuesto de que el tratamiento de mi enfermedad no sea compatible con las políticas públicas de salud de las autoridades responsables, se me proporcionen inclusive, de manera subrogada en otra institución hospitalaria o clínica del sector salud pública o privada en esta ciudad, con las condiciones adecuadas e idóneas." Asimismo, la parte quejosa solicitó la medida cautelar para los efectos siguientes: ".1.- Proporcionarme la atención médica necesaria y acorde a mi estado de salud que padezco. 2.- A la brevedad posible, acrediten ante su señoría, haber pagado o cubierto el resto (diferencia) del costo de la segunda prótesis que se me debe colocar en mi rodilla derecha, así como también, acrediten el cumplimiento de todos los requisitos extraeconómicos (donación de sangre etc), que la institución médica les exija para proceder a ello. 2.-(sic.) Se me practiquen los exámenes médicos correspondientes, los cuales son necesarios para que se me programe a la brevedad una cita con un médicos cirujano especializado e institucional, a efecto de ser intervenido quirúrgicamente para la colocación de la PROTESIS en los términos expuestos y tal y como ya está sugerido dentro de mi expediente clínico y, en el supuesto de que las responsables no tengan la capacidad material y/o médica especializada para ello, al encontrarse en riesgo mi derecho humano de protección a la salud, se me garantice dicho derecho de manera subrogada en cualquier otro hospital del sector público o del sector privado especializado inclusive, en esta ciudad de Tijuana, Baja California." Segundo. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la referida demanda, formándose el incidente de suspensión, se pidió informe previo a las autoridades responsables y se citó a las partes a la celebración de la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 140, 141 y 144 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: La cancelación o negativa de servicios médicos, respecto al padecimiento que describe como "gonalgia bilateral progresiva de ambas rodillas, que aumenta con la actividad, acompañado de edema crepitación radiograficante y se encuentra con disminución de espacios articulares, osteofos marginales, así como con gonartrosis bilateral". Tercero. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Director General del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, ya que así lo manifestó al rendir su informe previo; sin embargo, dicha circunstancia se desvirtúa con el informe previo rendido por el Hospital General de Tijuana, ya que dicho nosocomio es dependiente de la institución en comento y a su vez refirió que son ciertos los actos reclamados. En ese contexto y, valoradas las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, se estima que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente es conceder la suspensión definitiva, para efectos diversos a los solicitados por el quejoso. En efecto, el requisito previsto en el artículo 128 fracción I de la ley de la materia, quedó demostrado con copia del resumen médico suscrito por doctor Gabriel Albarran Farías, del Hospital General de Tijuana, del que se desprende el padecimiento médico que aduce el quejoso presentar, al que se otorga valor indiciario en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, pues con ellas se acredita -en forma indiciaria y hasta este momento procesal- que el quejoso es tratado en dicha institución médica pública y que presenta un padecimiento que requiere de atención médica especializada. Por otra parte, el requisito previsto en el artículo 128 fracción II de la Ley de Amparo, se cumple debido a que, con el otorgamiento de la medida cautelar, para los efectos que se precisarán, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público; por el contrario, se cumplen las obligaciones constitucionales previstas en los artículos 1º y 4º de la Constitución General de la República, pues se protege el derecho humano a la salud y, particularmente, se garantiza que la asistencia médica y el tratamiento al quejoso -como paciente usuario de una institución que integra el sistema nacional de salud- se garantice de forma oportuna, permanente y constante. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XIII/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil doscientos veinticinco, tomo II, libro ochenta y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de marzo de dos mil veintiuno, Décima Época, registro 2022890, de contenido: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento sea determinante para la progresión de la enfermedad. Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño." En ese orden de ideas y tomando en consideración que de las manifestaciones expuestas por el quejoso en su escrito de demanda, se obtiene que las omisiones y negativas que reclama fueron aparentemente formuladas verbalmente; además, ponderando la urgencia de la medida y que la quejosa tiene derecho a recibir atención y los medicamentos de calidad que sean necesarios para su padecimiento, como parte de la atención médica integral que se encuentra obligada a otorgar la Institución de seguridad social responsable, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada, para efecto de que las autoridades responsables del sector salud -en el ámbito de sus respectivas facultades- valoren el estado de salud de la parte quejosa, y si como resultado de dichas valoraciones médicas se desprende la necesidad de colocarle la prótesis de rodilla que manifiesta el quejoso, deberán brindarle los tratamientos e intervenciones quirúrgicas necesarias para ello, lo cual incluye la práctica de estudios médicos, brindar medicamento y atención médica especializada para el padecimiento que presenta; asimismo, de ser necesario, lleven a cabo dicha atención médica de manera subrogada en cualquier otro hospital del sector público o privado que sea el idóneo para tratar el padecimiento del quejoso. En lo conducente, resulta ilustrativa, la jurisprudencia 2a./J. 40/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página novecientos setenta y cuatro, tomo I, libro setenta y nueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de octubre de dos mil veinte, Décima Época, registro 2022231, que señala: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron recursos de queja en los que se impugnaron los efectos de la suspensión provisional concedida por los Jueces de Distrito, ante demandas de amparo, en las que un derechohabiente o beneficiario de instituciones de seguridad social solicitó que se le suministrara gratuitamente un medicamento, que fue prescrito por un médico ajeno a esos organismos, y que además no se encontraba incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud regulado en los artículos 28 y 29 de la Ley General de Salud. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el Juez de Distrito debe conceder la suspensión provisional para el efecto de que los médicos de la Institución responsable, de inmediato, revisen la solicitud del promovente y certifiquen si el medicamento es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del quejoso, comparado con otras alternativas que sí están incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales, y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente-quejoso, la Institución debe otorgarlo de inmediato, y para ello debe realizar los trámites correspondientes; de no ser así, comunicará su dictamen al paciente para que éste decida, de manera informada, sobre su tratamiento, en el entendido que de subsistir la controversia, ésta sólo podrá decidirse en la resolución sobre la suspensión definitiva o el fondo del amparo, según sea el caso. Lo anterior, con la condición de que esté demostrado que el medicamento cuenta con el registro sanitario que exige el artículo 222 de la Ley General de Salud, que compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sea porque se acreditó con los documentos anexos a la demanda, porque el secretario certificó esa información en los sitios oficiales correspondientes, o en su defecto, y para el caso de no existir información confiable al respecto, se ordenará que la verificación sea realizada por los médicos de la Institución responsable en cumplimiento de la suspensión. Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Ley de Amparo, aplicable en lo conducente a la suspensión provisional conforme al artículo 157 de esa ley reglamentaria, es posible ordenar el restablecimiento del derecho o garantía afectado por el acto reclamado. Tomando en cuenta la urgencia de la medida y que el quejoso tiene derecho a recibir los medicamentos de calidad que sean necesarios para su padecimiento, como parte de la atención médica integral que se encuentra obligada a otorgar la Institución de seguridad social, como efecto de la suspensión provisional el Juez de Distrito debe ordenar las medidas que se especifican en esta decisión, las cuales tienden a verificar la existencia del registro sanitario exigido por la ley, así como la evaluación previa y confiable de los médicos de la Institución responsable, ya que sin esos elementos determinantes el Juez de Distrito no puede sustituirse en la valoración médica y ordenar directamente en la suspensión provisional el suministro o aplicación del medicamento en cuestión." En ese sentido, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado las determinaciones adoptadas conforme a los lineamientos antes fijados; bajo apercibimiento que, de no hacerlo así, se le impondrá una multa en lo individual, equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Se precisa que la presente medida cautelar surte efectos desde luego y hasta en cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el cuaderno principal del cual deriva el presente incidente, sin que sea necesario fijar garantía para su efectividad, al no surtirse la hipótesis prevista en el artículo 132 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Francisco Vázquez Flores, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese.Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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