Rebeca Aguilar Montaño

Expediente 780/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
780/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Rebeca Aguilar Montaño

Actuaciones

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHO DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *****. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por la parte promovente, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista a la quejosa.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a veintidós de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por la quejosa *********, por medio del cual, desahoga la prevención formulada en auto de diez de agosto del año en curso; por tal motivo, se procede a proveer respecto de la demanda de amparo y el escrito de cuenta en los siguientes términos: PERSONALIDAD Se tiene a **********, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo indirecto, contra los actos que reclama del Juez Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México y del Actuario adscrito a dicho juzgado. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional reclamando, reclama el emplazamiento practicado en la controversia del orden familiar guarda y custodia 1691/2021, promovida por ********** en contra de **********, tramitada ante el Juzgado Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, así como todo lo actuado en dicho procedimiento, debido a que señala que el emplazamiento que reclama le fue practicado en forma ilegal, controversia de cuya existencia refiere haber tenido conocimiento a través de una llamada telefónica que le hizo el actor el veintiocho de julio pasado. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Que el once de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la controversia del orden familiar guarda y custodia 1691/2021, promovida por ********* en contra de ***********, donde se otorgó a la demandada y aquí quejosa, el término de nueve días para formular su contestación, y se señalaron las doce horas con treinta minutos del doce de julio de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas. 2. Que el diez de diciembre de dos mil veintiuno, fue practicada una diligencia en el inmueble ubicado en ***********, en la que en apariencia, se le emplazó a la controversia de origen, diligencia que la impetrante señala como ilegal debido a que aduce que ese no es su domicilio, pues refiere vivir en Yautepec, estado de Morelos. 3. Expone la quejosa que en acuerdo de dos de marzo de dos mil veintidós, se le tuvo por rebelde debido a que no formuló contestación. 4. Al desahogar el punto relativo al estado procesal que guarda el juicio de origen, refiere que en el juicio natural tuvo verificativo la audiencia de desahogo de pruebas siendo esa la última actuación, lo que se traduce en que el juicio natural se encuentra en trámite, puesto que no se ha dictado sentencia que lo resuelva. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA En primer lugar, del estudio íntegro de la demanda de amparo y escrito de desahogo, se advierte que SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 107, fracción V -aplicado a contrario sensu así como 172, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;" Del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la parte quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la resolución conclusiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo o indirecto -según sea el caso- que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al asunto. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que éstos, para ser calificados como irreparables, necesitan ineludiblemente producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Puntualizado lo anterior, conviene volver a señalar que la inconforme acude a esta instancia reclamando el emplazamiento practicado y por ende, todas las actuaciones que se han dictado sin su intervención en la controversia de origen. Luego, resulta claro que no constituyen actos cuya ejecución sea de imposible reparación, aunado a que no se producen efectos materiales inmediatos sobre derechos sustantivos de ninguna de las partes, ya que no afectan los derechos sustantivos del impetrante consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, pues no le impiden el ejercicio de algún derecho; de ahí que las consecuencias de las actuaciones reclamadas son sólo intraprocesales, toda vez que tienen el efecto de continuar con el trámite del procedimiento natural. De ahí que las violaciones procesales que aduce fueron cometidas en los actos reclamados, pudieran quedar extinguidas con la emisión de una resolución favorable a los intereses de la impetrante y, en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, la agraviada está en condiciones de hacerlas valer en el amparo directo que -de estimarlo pertinente- se intente contra la sentencia de segunda instancia que ponga fin al juicio. Se afirma lo anterior porque la quejosa se encuentra en posibilidad de comparecer al juicio de origen a dilucidar los derechos que estime pertinentes, ya que -según los hechos narrados en la demanda bajo formal protesta de decir verdad- se deduce que la controversia natural no ha concluido por sentencia definitiva, pues la última actuación a que hace referencia es relativa a la audiencia de desahogo de pruebas, por lo que se reitera, en caso de que la resolución que se llegue a dictar sea acorde a sus intereses, las violaciones que ahora constituyen los actos reclamados, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos. Y es que, el juicio de amparo únicamente procede cuando la imposibilidad de defensa deriva del estado procesal en que se encuentre el juicio natural, de conformidad con el cual no sea posible que quien resienta una lesión en relación con los derechos u obligaciones de los cuales es titular con motivo del acto de autoridad reclamado, acuda a ejercer de forma completa su derecho humano de defensa oportuna, pues solamente así podría considerarse que resulta afectado también en su prerrogativa de audiencia previa. En esa guisa, resulta patente que si la controversia de origen no ha concluido, la quejosa está en condiciones de apersonarse ante la autoridad responsable y defender con amplitud sus intereses, donde cuenta con la oportunidad de ejercer plenamente su derecho humano de audiencia. En congruencia con lo anterior, y a mayor abundamiento, este juzgado considera que TAMBIÉN SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la ley de la materia, conforme al cual se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, mediante el cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, precepto que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." De la interpretación sistemática de la fracción señalada en el párrafo anterior (interpretación que radica en considerar el derecho como un sistema, dentro del cual cada norma tiene una función), se advierte que se establece el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, como juicio excepcional que sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que la persona que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa, dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos, con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se quejan los gobernados que se aducen agraviados. Ahora bien, como ya se ha mencionado, en el caso a estudio se señaló como acto reclamado primigenio el emplazamiento practicado en la controversia familiar de origen, diligencia que es susceptible de impugnarse a través de la nulidad de actuaciones, prevista en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad; por tanto, deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, en virtud de que dicho medio ordinario de defensa se contempla en la legislación que rige el procedimiento del juicio primigenio. Lo anterior es así, ya que mediante dicho medio de impugnación el acto reclamado pudo haber sido revocado, modificado o confirmado tal proveído, preceptos legales que establecen literalmente: "Artículo 76. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del Título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. Artículo 77.- La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento". En ese entendido, la promovente debió seguir las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, y hacer valer con sus requisitos y formalidades la nulidad de actuaciones, que de acuerdo a la interpretación armónica de los artículos 76 y 77 del Código señalado, es procedente dicha nulidad; sin embargo al no haberse agotado ese medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, el acto en estudio carece de definitividad. De lo expuesto, se concluye que el acto que reclama la promovente era factible de ser modificado o revocado mediante el recurso que prevé la codificación procesal civil por lo que al no haberse agotado en este Amparo indirecto 780/2022-V caso dicho medio de defensa, no se cumple con el principio de definitividad que exige la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo. De igual forma, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el acto reclamado en la presente demanda de amparo, no se encuentra contemplado en alguno de los supuestos de excepción establecidos en los incisos a), b) o c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que el impetrante se encontraba obligada a agotar dicho medio de defensa ordinario, antes de acudir a la presente vía constitucional. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***********. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil veintidós. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Téngase por recibido el escrito de demanda presentado el nueve de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y recibido el mismo día por la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 780/2022-V y NEUN 30587408. PERSONALIDAD Se tiene a XXXXXXX, promoviendo demanda de amparo indirecto contra los actos que reclama del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, reclama el ilegal emplazamiento practicado en la Controversia del Orden Familiar Guarda y Custodia 1691/2021, promovida por XXXXXXX en contra de la aquí quejosa tramitada ante el Juzgado Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, así como todo lo actuado en dicho procedimiento. PREVENCIÓN A LA PROMOVENTE A efecto de acordar lo conducente, con fundamento en los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados como se precisará más adelante, bajo protestad de decir verdad, cumpla con lo siguiente: 1) Atento a lo que establece el artículo 108 fracción V de la Ley de Amparo, narre de manera sucinta, clara y cronológicamente los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del juicio primigenio, hasta llegar al acto reclamado. 2) Indique el estado procesal que guarda el juicio de origen. 3) Transcriba o resuma las prestaciones del juicio de origen. En el entendido que la prevención que se formula, únicamente la podrá desahogar la peticionaria de amparo, dada la responsabilidad que de dicha protesta pudiera derivarse en términos de lo dispuesto por la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos cuarenta y ocho del Tomo XXIV, julio de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del tenor siguiente "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." En esas condiciones, dígase a la promovente que el desahogo de la prevención que se efectúa, se estima necesario para que este Juzgado de Distrito esté en aptitud de precisar con exactitud la litis constitucional, de conocer el origen de los actos reclamados, requerir a las autoridades responsables los correspondientes informes, y que éstos sean rendidos adecuadamente. Asimismo, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa es parte demandada en el juicio de origen; por lo que no se encuentra imposibilitada para la consulta de dichas actuaciones y dar cumplimiento a la presente prevención. Asimismo, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, dígasele que su escrito aclaratorio lo deberá presentar con seis copias siendo que resultan necesarias para ser distribuidas de la siguiente manera, en caso de admitirse a trámite la presente demanda de amparo: (2) dos para las autoridades responsables que señala, (1) una para el tercero interesado, (1) una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado y (2) dos para el incidente de suspensión, el cual se integra por duplicado. Apoya a lo anterior, por analogía y similitud de razón la Jurisprudencia P./J.36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 79, la cual establece literalmente lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Y en caso de que sólo exhibiere las copias necesarias para correr traslado a las partes y sea omisa en presentar las relativas al incidente de suspensión, se acordará su demanda de garantías, soló en caso de que se llegue admitirse, sin proveer con relación a la medida cautelar solicitada, hasta en tanto las exhiba, de conformidad con la última parte, del último párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa, las sanciones contempladas en la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. (.)" APERCIBIMIENTO A LA PROMOVENTE Se apercibe a la impetrante de amparo que de no dar cumplimiento a lo requerido dentro del término concedido en relación a los puntos 1, 2 y 3, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la ley de la materia REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE Ahora bien, atendiendo a que la quejosa acude a esta instancia de control constitucional reclamando el ilegal emplazamiento, gírese atento oficio al Juez Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, para que ordene poner a la vista de la promovente Rebeca Aguilar Montaño, así como de su autorizado Omar Israel Aguilar Montaño los autos de la controversia de origen 1691/2021, y para ello, deberá remitir copia certificada del proveído que haya dictado o por el que se ordene dar acceso a dicho expediente, que contenga sellos de publicación en el Boletín Judicial o lista, según sea el caso, y comparecencia con fotocopia de la identificación oficial de quién comparezca a la consulta de dichas actuaciones. TÉRMINO PARA DESAHOGAR LA PREVENCIÓN La presente prevención, se deberá desahogar dentro del término de cinco días, siguientes al en que haya surtido efectos por boletín judicial el auto en el que se le haya ordenado poner a la vista el expediente del que deriva el acto reclamado, siempre y cuando ya se haya notificado del presente proveído a la parte quejosa. Bajo ese contexto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, en relación al expediente 1691/2021, de su índice: ? Quiénes son las partes y cuál es el último domicilio que tienen señalado en autos. ? Remita copia certificada de la sentencia definitiva. ? Informe si alguna de las partes interpuso al algún medio de defensa en contra de la sentencia definitiva y, en caso de ser así, proporcione los datos de identificación y remita copia certificada de la resolución que haya resuelto el mismo. ? Cuál es el estado procesal actual que guarda el juicio de origen. ? Indique si los promoventes han comparecido al juicio de origen y en caso de ser así remita copias certificadas de lo actuado por él y de los autos que le hayan recaído a dichas actuaciones, comparecencias o diligencias. ? Señale si contra alguna actuación allí practicada se ha promovido diverso juicio de amparo indirecto; en caso afirmativo, informe el número de expediente que le fue asignado y el juzgado de distrito ante el cual se tramitó. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, dentro del término al efecto concedido, se hará acreedor a una multa por el equivalente a diez unidades de medida y actualización, lo anterior en términos de lo dispuesto en artículo 259 de la Ley de Amparo. Se la hace la precisión de que el monto del apercibimiento formulado, se fundamenta además en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 237 en la Ley de Amparo y en el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución General, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el cual modificó los artículos 26, 41 y 123 de la mencionada Carta Magna. DOMICILIO DE LA PROMOVENTE Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, y como éste no constituye propiamente un domicilio procesal; en tal virtud, hágase la notificación del presente proveído y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por autorizados a las personas que menciona, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, en términos de la última parte, del artículo y ordenamiento antes invocados, para efectos de este proveído. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. INHÁBILES. NOTIFÍQUESE por lista a la parte quejosa y por oficio al Juez Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México.

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