Raziel Fabián Padilla González

Expediente 241/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
241/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
04/11/2019

Partes del expediente

  • Raziel Fabián Padilla González
  • Décimo Octava Junta Federa de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
  • Agente del Ministerio Público adscrita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1419/2019, suscrito por el Secretario de Tribunal del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, a través del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida el dieciséis de octubre del presente año, en el toca de revisión principal 90/2019, interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución dictada el catorce de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 28 y 29 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que dicho medio de impugnación fue resuelto en el siguiente término: "ÚNICO. Se confirma el proveído recurrido, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo indirecto 241/2019, promovido por Jorge Alberto Vázquez Solís, contra la autoridad responsable y el acto reclamado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Acúsese recibo de estilo respectivo, y glósese el cuaderno de antecedentes que obra en este Juzgado. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el oficio que remite la autoridad responsable Director General Administrativo de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de dos de mayo del año en curso, solicita le sea concedida una prórroga para efecto de estar en condiciones de realizar el pago correspondiente a la parte aquí quejosa. En esas condiciones, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, se concede a la autoridad responsable una última prórroga por el plazo de diez días, para efecto de que se encuentre en condiciones de cumplimentar a cabalidad la ejecutoria de mérito, asimismo, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, para que una vez transcurrido dicha prórroga, cumpla a cabalidad la ejecutoria emitida en el presente asunto y al efecto, realice lo siguiente: Acredite que realizó la indemnización respectiva, consistente en el pago de tres meses de salario, veinte días por año de servicio y partes proporcionarles de las prestaciones de gratificación anual, vacaciones, gratificaciones o cualquier otra establecida en los presupuestos correspondientes, conforme lo que establecen los artículos 123, apartado B, fracción XIII constitucional y 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; y, II. De las demás prestaciones a que tenga derecho, consistente en el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII constitucional. III. Se haga la anotación en su expediente personal que la baja de que fue objeto el quejoso, se calificó como injustificada."En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se requiere al Gobernador del Estado de Jalisco, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad obligada al cumplimiento, para que le ordene cumplir con la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de garantías, bajo el apercibimiento que de no demostrar que la conminó a que cumpliera el fallo protector, se le impondrá a su titular una multa en los mismos términos descritos en el párrafo que antecede.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se hace del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, para los efectos legales consiguientes. En esas condiciones, es necesario diferir la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las diez horas con veinte minutos del once de junio de dos mil diecinueve, para su celebración. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta 7de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de catorce de marzo del año actual, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; sin embargo, de un análisis integral de las constancias se advierte que los oficios que se remitieron a las responsables para informar tal situación, fueron enviados a diversas autoridades de las señaladas en el presente expediente. En esas condiciones, a fin de evitar dilación procesal en el presente asunto, se ordena remitir los oficios correspondientes a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.

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