Raymundo Villa Villalba
Expediente 1331/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 53 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1331/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 53
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Raymundo Villa Villalba
- Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Veintiocho
- Actuario Adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Veintiocho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 53.
- Principal
Juicio de amparo 1331/2022 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con veintiún minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsables y fiscal federal adscrito-; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de los referidos informes, y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las pruebas documentales, pericial e inspección judicial, ofrecidas por quejoso y las documentales exhibidas por la autoridad responsable ordenadora. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes, así como por admitidas y desahogadas en sus términos las pruebas de inspección judicial y pericial ofrecidas por la parte quejosa. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar únicamente los formulados por el autorizado de la tercero interesada. El juez acuerda: Se tienen por formulados dichos alegatos y por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1331/2022, promovido por ********************, contra los actos atribuidos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito número Veintiocho, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el día hábil siguiente a este juzgado de distrito, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de diez de octubre siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto ejecutado en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, circunstancia que lo dota de competencia. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: La sentencia definitiva emitida en el juicio agrario 122/2021, del índice del tribunal responsable, promovido por Elvira Durazo Martínez en contra de Francisca Graciela Córdova, en donde se trasmite el dominio y la posesión a la actora de una hectárea de la parcela del quejoso, específicamente la número 2420 de la zona 1, del polígono 1/6, con superficie total de 15-92-57.174 hectáreas, y su respectiva ejecución. Existencia del acto en reclamo Son ciertos los actos reclamados al Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiocho y al Actuario adscrito a dicho tribunal, ambos con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido de las manifestaciones que realizan al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañaron a sus informes justificados las citadas autoridades responsables, que al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2° de esta última. Causa de improcedencia actualizada No se analizarán los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues tal y como expone el autorizado legal de la tercero interesada Elvira Durazo Martínez, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo estudio además es de oficio, de conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo. El artículo 61, en su fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Por su parte, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." De la anterior transcripción, se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, -reformado el seis de junio de dos mil once, aplicable al caso-, amplió el concepto de interés de parte agraviada. En efecto, del contenido de dicha norma constitucional se aprecia como requisito de procedencia de los juicios de amparo, lo siguiente: Que el quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales en que se continúa exigiendo contar con el primero; y Que ese interés legítimo o jurídico se vea agraviado. Ahora bien, por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; empero, tratándose de interés jurídico es menester que además, sea personal y directo como estaba antes de la reforma; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además provenir de un interés individual o colectivo. Así, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley, que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese. Por su parte, el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad, es decir, una lesión objetiva a la persona derivada de la aplicación de la ley. De lo que se colige, que no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo- pues la doctrina y la jurisprudencia así lo han estimado, al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite cualquiera de ellas para su procedencia, esto es, ya sea que demuestre contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. En efecto, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el peticionario de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis de la demanda de amparo, de la que se advierte, como se estableció en párrafos que anteceden, que el solicitante de amparo reclama la sentencia emitida el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio agrario 122/2021, por parte del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Veintiocho, con sede en esta ciudad. Ahora bien, del contenido de las constancias que integran el señalado expediente 122/2021, del índice del tribunal responsable, se obtiene lo siguiente: El veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se recibió demanda promovida por María Jesús Moreno Durazo, en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, de Elvira Durazo Martínez, en contra de Francisca Graciela Córdova Córdova, de quien reclama : "a) Que por sentencia se declare el cumplimiento del convenio conciliatorio celebrado con fecha 24 de junio del año 2003, ante la Procuraduría Agraria, entre la señora Francisca Graciela Córdova Córdova y mi representada, la señora Elvira Durazo Martínez, sobre una fracción de terreno, con superficie de 1-00-00 hectárea, cuyas medidas y colindancias, serán descritas más adelante: b) Que, como consecuencia de lo anterior, se obligue a la demandada, a realizar el traslado de dominio a nombre de mi representada, Elvira Durazo Martínez, de la fracción de terreno con superficie de 1-00-00 hectáreas, cuyas medidas y colindancias se describirán en los hechos de la presente demanda. c) Una vez dictada la sentencia correspondiente, se ordene remitir copia certificada de los autos del presente expeidente, a la notaría que en su momento indique mi representada, para que efectúe el traslado de dominio de la fracción de terreno antes descrita. d) Se condene a la demandada al pago de los gastos y costas que se originen en el presente procedimiento." Por auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, el tribunal responsable admitió a trámite dicha demanda, señalando hora y fecha para la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Agraria, ordenando emplazar a la parte demandada. El trece de septiembre de dicha anualidad, se emplazó a la parte demandada. El once de octubre siguiente, se levantó acta de audiencia. Por auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, se ordenó el turno del expediente a la Secretaría de Estudio y Cuenta, para la elaboración del proyecto de resolución. El veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos quedaron de la siguiente manera: "PRIMERO. La actora ELVIRA DURAZO MARTÍNEZ, por medio de su apoderada legal MARÍA JESÚS MORENO DURAZO, acreditó parcialmente sus prestaciones; en tanto que la demandada FRANCISCA GRACIELA CÓRDOVA CÓRDOVA, injustificadamente omitió contestar la demanda ni asistió a juicio y de conformidad con los razonamientos y fundamento de derecho expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. En consecuencia, se declara procedente la demanda en nombre de ELVIRA DURAZO MARTÍNEZ, contra FRANCISCA GRACIELA CÓRDOVA CÓRDOVA, respecto del convenio conciliatorio de fecha veinticuatro de junio de dos mil tres, realizado ante la Procuraduría Agraria en Sonora, para que la nombrada demandada cumpla con su obligación pactada en el mismo para regularizar la titularidad de la fracción de una hectárea inmersa dentro de la parcela 2420Z-1P1/6, en el ejido SAN PEDRO y su Anexo "El Saucito", municipio de Hermosillo, Sonora. TERCERO. Por lo cual, SE CONDENA a FRANCISCA GRACIELA CÓRDOVA CÓRDOVA, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, ocurra de manera voluntaria ante notario público asociada de la gananciosa a realizar el traslado de dominio en favor de ésta, de la superficie de una hectárea, ubicada dentro de la superficie de esa parcela y que la actora tiene en posesión, en el entendido que de no hacerlo así de manera voluntaria dentro de dicho plazo, iniciará la ejecución forzosa de esta sentencia en que se dicte lo conducente a su cumplimiento conforme a las reglas del numeral 191 de la Ley Agraria, lo que podrá incluir la imposición de sanciones económicas como medidas que la ley contempla para hacer sus resoluciones. CUARTO. Asimismo, una vez firme esta sentencia, se debe girar atento oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad para remitirle copia certificada de ésta, y comunicarle que debe subsistir la anotación marginal en la inscripción realizada en cumplimiento a la medida decretada en autos para publicidad de este juicio, y que se mantenga hasta en tanto la demandada realice el traslado de dominio en lo que corresponde a lo adquirido por la actora. QUINTO. En cuanto al reclamo de gastos y costas que exige la actora en su demanda, es improcedente dicha acción al no estar regulada en la materia agraria, quedando a salvo los derechos respectivos que se puedan tener, para que si a su interés conviene, lo ejercite en la vía e instancia que legalmente corresponda." De la relatoría del juicio de origen se obtiene, que la sentencia reclamada por el aquí quejoso, tiene por objeto que la demandada Francisca Graciela Córdova Córdova, de manera voluntaria se presentara ante Notario Público asociada de la parte gananciosa a realizar el traslado de dominio en favor de ésta, respecto de la superficie de una hectárea, ubicada dentro de la superficie de esa parcela y que la actora tiene en posesión. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 158/2021, de la cual derivó la jurisprudencia 67/2023 (11a.), en torno a la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos relacionados con las determinaciones que conllevan una acción proforma, como sucede en la especie, señaló lo que a continuación se transcribe: "137. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta resolución, con base en los razonamientos que a continuación se exponen. 138. Para dar respuesta al cuestionamiento materia de la presente contradicción de tesis, precisa hacer referencia a la acción proforma, al respecto Bernardo Pérez Fernández del Castillo(5) señala, que los códigos actuales, a diferencia de los anteriores, establecen como novedad la acción proforma, o sea, el derecho de las partes para pedir judicialmente que el contrato se otorgue en la forma establecida por la ley. En caso de que el demandado no lo haga, lo hará el Juez en su rebeldía. De esta manera se convalida el contrato. Este derecho se encuentra asentado sustantivamente, en los artículos 1833 y 2232 del Código Civil y, en el 27 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal: "ARTÍCULO 1,833. Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista esa forma no será válido, salvo disposición en contrario; pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal." "ARTÍCULO 2,232. Cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes ha quedado constante de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley." "ARTÍCULO 27 "El perjudicado por falta de título legal tiene acción para exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente." 139. La inclusión de los artículos 1833 y 2232, es una novedad en la legislación mexicana y están inspirados en las ideas consignadas en el artículo 1279 del reformado Código Civil Español, a su vez procedente de la Novísima Recopilación, inspirada por último en la Ley del Ordenamiento de Alcalá. 140. Estos artículos protegen los ideales de equidad y justicia, pues si la voluntad ha sido manifestada por los contratantes, aunque no se hayan entregado los objetos materiales del contrato, éste produce provisionalmente sus efectos, da derecho a satisfacer los requisitos de formalidad establecidos por la ley y evita invalidez, es decir que la sanción vaya más allá del derecho que se protege. 141. Al otorgarse un contrato en la forma establecida por la ley, puede ser convalidado mediante el otorgamiento del documento con las formalidades prescritas. 142. Los artículos 1833 y 2232, facultan a cualquiera de las partes, si el consentimiento consta de manera fehaciente, a exigir se le dé la forma legal. El código de esta manera establece la acción proforma. 143. Por otra parte, por lo que al caso interesa, tratándose de compraventa de inmuebles, la falta de título legal o escritura pública no quiere decir indubitablemente que la acción no procede, ni que el tener cualquier documento sea suficiente, puesto que lo que se necesita es acreditar que la voluntad de las partes consta de manera fehaciente y la única manera de que así sea en una controversia es a través de un contrato, en el que conste su tipo, el carácter con el que intervinieron y las firmas de quienes comparecieron en el acto.(6) 144. Además, el derecho para ejercer la acción de otorgamiento de escritura no precluye, ya que la transmisión de la propiedad opera de pleno derecho, siempre y cuando la voluntad de las partes conste de manera fehaciente, es decir, se deberá comprobar con el contrato (documento probatorio) que ha operado la transmisión de la propiedad y, por tanto, que la obligación principal existe. 145. Las partes que constituyen la acción proforma de otorgamiento de escritura son tres: el perjudicado con la falta de escritura pública, un documento que haga prueba de la existencia de la celebración del acto jurídico y que los elementos constitutivos del acto jurídico se hayan cumplido conforme a la legislación; estos tres elementos se deben observar al plantear la demanda. 146. Así, la acción proforma de otorgamiento de escritura pública es de naturaleza personal, es decir, "el derecho confiere al sujeto activo la facultad de exigir individualmente a una persona una acción o una inacción",(7) que, en el caso, es para dar forma al contrato, debido a que, cuando se demanda, de manera personal se pide el otorgamiento y firma porque aún se carece de la forma para ejercer el derecho, pues, cuando se alcanza dicha formalidad, se podría hablar -en el caso de la compraventa- de que la relación sujeto activo ya ejerce la plena propiedad sobre la cosa, por lo que se cuenta con un derecho real para practicar otro tipo de acciones. En otras palabras, a través de esta acción, se pretende obtener la forma legal para reclamar el pleno derecho sobre la cosa, no de manera directa sobre la cosa, sino el documento en el que se describa el acto jurídico, el cual es necesario para ejercer todo tipo de acciones. 147. Luego, la acción personal se encamina a que el afectado por la falta de la escritura pública reclame a otro su otorgamiento, es decir, resulta ser intuitu personae (atención a la persona), lo que lleva a que esta acción sirva para reclamar a la persona obligada que le otorgue el título legal correspondiente para ejercer de manera válida su derecho. 148. En atención a lo anterior, la acción proforma refiere a la facultad que tiene cualquiera de las partes, si el consentimiento consta de manera fehaciente en un contrato, a exigir se le dé la forma legal y en caso de que el demandado no lo haga, lo hará el Juez en su rebeldía. 149. Como se mencionó, la acción proforma de otorgamiento de escritura pública es de naturaleza personal, es decir, ya que a título personal se pide el otorgamiento y firma del contrato de compraventa, porque aún se carece de la forma para ejercer el derecho. 150. Consecuentemente, la acción proforma se encuentra dentro del rubro de las acciones personales, las cuales tienen por objeto garantizar un derecho personal, es decir, se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o de no hacer determinado acto, tal como se refiere en el artículo 25 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), el cual prevé: "ARTÍCULO 25 "Las acciones personales se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o no hacer determinado acto." 151. Ahora bien, toda vez que el cuestionamiento a resolver en la presente contradicción de tesis estriba en determinar, si tiene interés jurídico la persona que, ostentándose como propietaria del inmueble, reclama su falta de llamamiento al juicio de otorgamiento y firma de escritura (acción proforma), precisa hacer referencia a la figura de tercero interesado y lo relativo al interés jurídico. 152. Respecto al tercero interesado,(8) se da tal carácter a la persona que sin ser parte de un juicio interviene en él para deducir un derecho propio, para coadyuvar con alguna de las partes si es llamada a ello, o cuanto tenga conocimiento de que cualquiera que sea la resolución que se dicte por la autoridad judicial competente pueda causarle algún perjuicio irreparable. 153. Para efectos del amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha preferido usar la locución persona extraña al juicio cuando demuestre que puede afectarse o se hayan afectado sus derechos o intereses por determinaciones judiciales dictadas en procedimientos a los que sean ajenos, habiéndoles concedido inclusive el beneficio de no encontrarse obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa, antes de ocurrir al amparo de la Justicia Federal. 154. En todo proceso intervienen necesariamente dos partes; el demandante y el demandado, pero al lado de ellas, otras personas pueden tener interés en la resolución de un litigio y en estos casos deben ser llamadas para que participen en él y hacer que el resultado de tal litigio varíe, siempre que comprueben que es fundada su intervención. 155. Por lo que respecta al interés jurídico, en la contradicción de tesis 374/2014(9) esta Primera Sala señaló que este Alto Tribunal ha considerado, reiteradamente, que el interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino el derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. 156. El derecho subjetivo consiste, entonces, en la facultad de exigir a otro una determinada conducta que puede consistir en dar, hacer o no hacer. 157. La noción de interés jurídico ha sido ampliamente abordada por este Alto Tribunal, lo que ha dado origen a una diversidad de tesis jurisprudenciales,(10) de las que deriva que tal figura se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por parte de la autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir ante un órgano jurisdiccional federal, para demandar el cese de esa transgresión. El perjuicio, entonces, debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo, que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos en forma tal, que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. 158. Por otra parte, a través de una demanda de amparo es posible plantear la afectación de los derechos fundamentales de audiencia y defensa que se consagran en el artículo 14 constitucional, pero para que la acción sea procedente, debe comprobarse su afectación fehaciente, sin que pueda inferirse de presunciones. 159. De lo anterior se aprecia, que el tercero interesado es la persona que sin ser parte del juicio puede intervenir en él para, entre otros, cuando tenga conocimiento de que cualquiera que sea la resolución que se dicte por la autoridad judicial competente pueda causarle algún perjuicio irreparable, ello, siempre que compruebe que es fundada su intervención. 160. Por lo que respecta al interés jurídico, éste se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues sopone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya trasgresión por parte de la autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir ante un órgano jurisdicción federal, para demandar esa transgresión; entendiéndose por perjuicio el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo, que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos, afectación que debe comprobarse de manera fehaciente, sin que pueda inferirse de presunciones. 161. Luego entonces, si la acción proforma, prevista en los artículos 1833 y 2232 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como 27 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) refiere a la facultad que tiene cualquiera de las partes -si el consentimiento consta de manera fehaciente en un contrato- a exigir se le dé la forma legal a éste y en caso de que el demandado no lo haga, lo hará el Juez en su rebeldía. 162. Tal acción de otorgamiento de escritura pública es de naturaleza personal, es decir, ya que a título personal se pide el otorgamiento y firma del contrato -en el caso de compraventa de inmuebles-, porque aún se carece de la forma para ejercer el derecho. 163. Así, la acción proforma se encuentra dentro del rubro de las acciones personales, las cuales tienen por objeto garantizar un derecho personal, es decir, se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o de no hacer determinado acto, tal como se refiere en el artículo 25 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). 164. Luego, cuando se demanda a través de la acción proforma el dar forma al contrato de compraventa de inmuebles, se está pidiendo de manera personal el otorgamiento y firma porque aún se carece de la forma para ejercer el derecho, pues, cuando se alcanza dicha formalidad, se podría hablar de que la relación sujeto activo ya ejerce la plena propiedad sobre la cosa, por lo que se cuenta con un derecho real para practicar otro tipo de acciones. Es decir, a través de esta acción, se pretende obtener la forma legal para reclamar el pleno derecho sobre la cosa, no de manera directa sobre la cosa, sino el documento en el que se describa el acto jurídico, el cual es necesario para ejercer otro tipo de acciones. 165. Cabe decir que el ejercicio de la acción proforma debe seguir el principio jurídico res inter alios acta, que significa que el contrato base de la acción sólo obligaría a las partes contratantes y no a terceros ajenos, ya que, si un tercero es propietario ante la autoridad registral no quedaría obligado, por lo que sería necesario -a pesar de haber llevado el juicio de otorgamiento de escritura pública- ejercer la acción de prescripción positiva en contra del tercero que es propietario. 166. Así, el juicio de acción proforma sólo se comprende con las partes contratantes materia del contrato de compraventa del inmueble relativo, pues en atención al principio jurídico res inter alios acta, el contrato base de la acción únicamente obliga a las partes contratantes y, por otra parte, el fin que se busca con su tramitación es únicamente con el propósito de dar forma al contrato con la obtención de la escritura relativa y obtener el pleno derecho sobre la cosa, no de manera directa sobre la cosa, sino el documento en el que se describa el acto jurídico, el cual es necesario para contar con un derecho real y poder ejercer otro tipo de acciones. 167. Luego, si el tercero interesado al tener conocimiento de alguna resolución dictada por autoridad judicial competente considera que le puede causar algún perjuicio y, por ello, pueda ser parte en un juicio de acción proforma, para que ello suceda, es necesario que se satisfaga el requisito de interés jurídico en dicho juicio, debiendo generarle algún perjuicio el acto reclamado, lo cual no sucede en el caso, porque, como ya se mencionó, el fin que se busca con la tramitación de la acción proforma es el que se dé forma al contrato con la obtención de la escritura relativa, pero no se persigue el que se reconozca un derecho real(11) de propiedad del inmueble, que es lo que sí le generaría perjuicio al tercero interesado; de ahí que no se violente el derecho de audiencia de este último, ya que al no versar la acción proforma sobre derechos reales de inmuebles, sino únicamente dar forma a un contrato de compraventa a través de una escritura pública, ningún perjuicio le causa; máxime que una vez que el promovente de la acción en comento cuente con el documento en el que se describa el acto jurídico que promovió, entonces estará en igualdad de condiciones que el tercero interesado que se ostenta como propietario del mismo inmueble para ejercer el tipo de acción que corresponda, en el que se dirima quien tiene mejor derecho real de propiedad sobre el inmueble en controversia. 168. Por lo anterior, es que al tercero interesado no puede atribuírsele interés jurídico en el juicio de acción proforma, ya que no le genera ningún perjuicio, pues en el juicio no se está dirimiendo un derecho real de propiedad sobre el inmueble, sino un derecho personal para la formalización de un contrato de compraventa, a través de una escritura pública. 169. Por todo lo argumentado, se concluye, que la respuesta al cuestionamiento materia de la presente contradicción de tesis es en el sentido de que no tiene interés jurídico la persona que, ostentándose como propietaria del inmueble, reclama su llamamiento al juicio de otorgamiento y firma de escritura (acción proforma)." En términos de las consideraciones transcritas con antelación, nuestro máximo tribunal estableció la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA (ACCIÓN PROFORMA). NO LO TIENE LA PERSONA QUE RECLAMA SU FALTA DE LLAMAMIENTO OSTENTÁNDOSE COMO PROPIETARIA DEL INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron decisiones opuestas al determinar si tiene o no interés jurídico la persona que, al ostentarse como propietaria del inmueble, reclama la falta de llamamiento al juicio de otorgamiento y firma de escritura (acción proforma). Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que no tiene interés jurídico en el juicio de acción proforma la persona que se ostenta como propietaria del inmueble para reclamar su falta de llamamiento, ya que no le genera ningún perjuicio, pues en el juicio no se está dirimiendo un derecho real de propiedad sobre el inmueble, sino un derecho personal para la formalización de un contrato de compraventa, a través de una escritura pública. Justificación: La acción proforma prevista en los artículos 1833 y 2232 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como en el diverso 27 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), se refiere a la facultad que tienen cualquiera de las partes -si el consentimiento consta de manera fehaciente en un contrato-, a exigir que se le dé la forma legal a éste y en caso de que el demandado no lo haga, lo hará el Juez en su rebeldía. Esta acción es de naturaleza personal, ya que bajo ese título se pide el otorgamiento y firma del contrato -en el caso de compraventa de inmuebles-, porque aún se carece de la forma para ejercer el derecho y para su ejercicio debe regir el principio jurídico res inter alios acta, que significa que el contrato base de la acción sólo obligaría a las partes contratantes y no a terceras ajenas; en tanto que el fin que se busca con su tramitación es únicamente dar forma al contrato con la obtención de la escritura relativa y obtener el pleno derecho sobre la cosa, no de manera directa, sino con base en el documento en el que se describa el acto jurídico, el cual es necesario para contar con un derecho real y poder ejercer otro tipo de acciones. Luego, si al tener conocimiento de alguna resolución dictada por autoridad judicial competente, una persona considera que le puede causar algún perjuicio y por ello pueda ser parte en un juicio de acción proforma, es necesario que se satisfaga el requisito de interés jurídico en dicho juicio, esto es, debe generarle algún perjuicio el acto reclamado; lo cual no sucede cuando ésta se ostenta como propietaria del inmueble, porque el fin que se busca con la tramitación de la acción proforma es que se dé forma al contrato con la obtención de la escritura relativa, pero no que se reconozca un derecho real de propiedad del inmueble, que es lo que sí le generaría perjuicio." Registro digital: 2027189; Instancia: Primera Sala; Undécima Época; Materias(s): Civil; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo II, página 2136; Tipo: Jurisprudencia. Por lo que, es inconcuso que al quejoso ********************, no se le causa afectación alguna con la sentencia emitida por el tribunal agrario responsable que reclama, puesto que con la misma únicamente se concedió a la parte actora gananciosa un derecho personal que tenía en contra de la parte demandada, esto es, que se le diera forma al convenio respecto de una hectárea de la superficie que dice poseer, de ahí que no se le violente el derecho de audiencia de aquél. Además, en dicha sentencia no se condenó a la desposesión del predio, tal y como ha quedado establecido en párrafos precedentes, dado que únicamente se condenó a la parte demandada para que dentro del plazo de diez días compareciera voluntariamente ante Notario Público asociada de la gananciosa a realizar el traslado de dominio dentro de la superficie de esa parcela. Lo que evidencia que la acción constitucional ejercida por el quejoso en esta instancia, no resulta procedente, puesto que para que se tenga el interés jurídico se requiere que la parte quejosa plantee que es titular de un derecho que es tutelado por el ordenamiento jurídico y que ha sido conculcado por un acto de autoridad, de tal modo que es necesaria y útil la intervención del órgano jurisdiccional de amparo para satisfacer la restitución al interesado en el goce del derecho infringido. Sin embargo, en la especie, es importante advertir que la forma como la norma jurídica concibe la tutela de dicho interés, debe estar sujeta a la posición que guarda el quejoso frente al orden jurídico y en relación con el acto reclamado. Por tanto, la parte quejosa que se ostenta como verdadera propietaria de un inmueble y que justifica presuntivamente esa calidad en el juicio de amparo, no tiene interés jurídico para ser llamada al proceso natural, toda vez que en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los actos de carácter negativo o que impliquen una omisión, la sentencia de amparo obligaría a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate, pero esa tutela no se actualiza respecto de quien no celebró, en el caso, el convenio que fue materia en el juicio agrario del cual deriva la sentencia reclamada y tampoco tiene la calidad de parte en el juicio de referencia, en el que se demanda su formalización, ya que lo resuelto en el proceso judicial no produce efectos en contra de quien no fue parte en éste y, por ende, no justifica interés jurídico alguno para ser llamado al juicio natural. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, de rubro y texto: "ACCIÓN DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE (PRO FORMA). LA PERSONA TERCERA EXTRAÑA AL JUICIO CONCLUIDO QUE ACOGIÓ LA ACCIÓN Y QUE SE OSTENTA COMO VERDADERA PROPIETARIA DEL INMUEBLE NO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA FALTA DE LLAMAMIENTO AL JUICIO NATURAL. Hechos: En un recurso de revisión administrativa se impugnó la sentencia que otorgó el amparo para que la quejosa fuera llamada al juicio agrario en el que se acogió la acción pro forma (también se reclamaron diversos actos de ejecución). El Tribunal Colegiado de Circuito desestimó los agravios en los que se hizo valer la falta de interés jurídico de la quejosa y confirmó el otorgamiento del amparo. Por su parte, otros dos Tribunales Colegiados de Circuito conocieron de amparos en revisión civil en los cuales se reclamó la falta de emplazamiento, las sentencias y su ejecución en juicios civiles en donde se acogió la acción pro forma. Los Tribunales Colegiados confirmaron el sobreseimiento en los respectivos juicios de amparo, al tenerse por actualizada la hipótesis de improcedencia de falta de interés jurídico. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la persona que se ostenta como verdadera propietaria de un inmueble y que es tercera extraña al juicio concluido en donde se acogió la acción pro forma, no tiene interés jurídico para reclamar la falta de llamamiento a dicho juicio natural. Justificación: De los artículos 107, párrafo primero, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo se desprende que en el juicio de amparo el interés jurídico se surte cuando la parte quejosa plantea que es titular de un derecho que es tutelado por el ordenamiento jurídico y que ha sido conculcado por un acto de autoridad, de tal modo que es necesaria y útil la intervención del órgano jurisdiccional de amparo para satisfacer la restitución al interesado en el goce del derecho infringido. Por ende, es importante advertir la forma en que la norma jurídica concibe la tutela de dicho interés, lo cual está sujeto a la posición que guarda el quejoso frente al orden jurídico y en relación con el acto reclamado. De acuerdo con lo anterior, la parte quejosa que se ostenta como verdadera propietaria de un inmueble y que justifica presuntivamente esa calidad en el juicio de amparo, no tiene interés jurídico para ser llamada al proceso natural, toda vez que en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación a los actos de carácter negativo o que impliquen una omisión, la sentencia de amparo obligaría a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate, pero esa tutela no se actualiza respecto de quien no celebró el contrato de compraventa y tampoco tiene la calidad de parte en el juicio en el que se demanda su formalización, ya que lo resuelto en el proceso judicial no produce efectos en contra de quien no fue parte en éste y, por ende, no justifica interés jurídico alguno para ser llamado al juicio natural, por lo que respecto del llamamiento al juicio natural sí se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo." Registro digital: 2026965; Instancia: Plenos Regionales; Undécima Época; Materias(s): Común, Civil; Tesis: PR.C.CN. J/12 C (11a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Agosto de 2023, Tomo III, página 2310; Tipo: Jurisprudencia. Máxime que una vez que el promovente de la citada acción proforma cuente con el documento en el que se describa el acto jurídico que promovió, entonces estará en igualdad de condiciones que el aquí quejoso que se ostenta como propietario de la misma superficie del inmueble para ejercer el tipo de acción que corresponda, en el que se podrá dirimir quién tiene mejor derecho real de propiedad sobre el inmueble en controversia. En esa virtud, es por lo que el quejoso, como tercero interesado, no puede atribuírsele interés jurídico en el juicio de la acción proforma, ya que no le genera ningún perjuicio, dado que en el juicio no se dirime un derecho real de propiedad sobre el inmueble, sino un derecho personal para la formalización de un convenio, a través de una escritura pública. Así, el peticionario de amparo para acceder a la justicia constitucional debe acreditar fehacientemente la afectación que resiente a su esfera de derechos, es decir, demostrar la existencia del derecho subjetivo afectado en forma personal y directa; sin que del sumario en que se actúa, se advierta que cuenta con alguna de las calidades antes mencionadas. Es aplicable al respecto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a 1994, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Decisión En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Pues, el hecho de que de los informes justificados y anexos aportados por dos de las autoridades responsables, se advierta la existencia del acto reclamado, no implica que la acción constitucional ejercida sea procedente, pues, no releva al quejoso de la carga procesal de justificar su interés, y en el caso no lo demostró para promover el juicio de amparo, por tanto, es procedente decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior la tesis jurisprudencial 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala de la SCJN, que se localiza en la página 15, Tomo XV, Febrero de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado a la autoridad ejecutora, al no atribuírsele vicios propios. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Registro digital: 253622; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Séptima Época; Materias(s): Común; Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 91-96, Sexta Parte, página 286; Tipo: Jurisprudencia. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. Se sobresee en el juicio promovido por ********************, contra los actos y autoridades precisadas en los apartados II y III, por los motivos expuestos en el diverso IV de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese simplemente a los autos el oficio remitido por el representante de la Procuraduría Agraria en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace manifestaciones en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de diez de noviembre anterior; sin embargo, en dicho acuerdo no se contiene ningún requerimiento, sino únicamente se ordena la notificación de la reanudación del procedimiento efectuado mediante proveído de treinta de octubre anterior, además el ejido trece de julio que refiere no es parte en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Estado Procesal. Del estado de autos, se dilucida que en auto treinta de octubre de dos mil veintitrés, se difirió la audiencia constitucional por las razones que ahí se exponen; sin embargo, se omitió ordenar la notificación de dicha determinación mediante oficio, al tercero interesado representante de la Procuraduría Agraria, con sede en esta ciudad; por tanto, gírese la misiva correspondiente para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese; y por oficio al citado tercero interesado el auto de treinta de octubre anterior. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISATA AL APARTE QUEJOSA y tercero interesado EJIDO SAN PEDRO EL SAUCITO Y SU ANEXO EL SAUCITO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTELS LEGALES, EL CONTENIDO DEL AUTO DE 30/OCTUBRE/2023, QUE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés.********************Estado de los autos. Visto la certificación de cuenta, se desprende que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el veinticinco de los actuales, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año.********************Diferimiento de audiencia Constitucional. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia, y se señalan las once horas con veintiún minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración.********************Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes.********************Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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