Raymundo Vera Flores

Expediente 1033/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1033/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Raymundo Vera Flores

Actuaciones

  1. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen. SE PONEN A DISPOSICIÓN DOCUMENTOS. Se deja a disposición de la parte quejosa los documentos originales que adjuntó al escrito inicial. Apercibida que, de no hacerlo así, una vez que transcurra el término de noventa días a que se refiere el último párrafo del artículo vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, serán destruidos con el presente juicio. A fin de que acuda a este juzgado federal por los documentos que fueron puestos a su disposición, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, hágase del conocimiento de la parte requerida que deberá programar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el link: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/ citas..-. M-IV

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. CUMPLE REQUERIMIENTO. Visto el oficio referido en la cuenta secretarial, téngase al Director General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, informando que, con relación a la solicitud de este órgano jurisdiccional para designar un perito en materia de grafoscopía y caligrafía dentro del presente juicio, no es posible brindar el apoyo solicitado, pues no cuentan con el personal suficiente para cubrir, incluso, los servicios relativos a las solicitudes de los Agentes del Ministerio Público adscritos a dicha Procuraduría. SE REQUIERE DESIGNACIÓN DE PERITO. En consecuencia, previo a proceder en términos del artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 119 de la Ley de Amparo, se requiere atentamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que, dentro del plazo de tres días, en auxilio de las labores de este juzgado federal, proporcione el nombre de quien pueda desempeñar el cargo de perito en materia de grafoscopía y caligrafía. Para lo anterior, se ordena enviar a dicha autoridad copia autorizada del cuestionario que deberá responder el experto, a efecto de que se imponga de su contenido, y para el caso de que no exista perito expresamente en esa materia, proponga uno que esté en posibilidad de dar contestación al cuestionario propuesto....VII

  3. Principal

    Previo CITATORIO dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el/la auto/resolución de DIECISIETE de AGOSTO de 2021, en el/la que se determinó:...Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Raymundo Vera Flores, contra actos del Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1033/2021-IV-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda, al advertirse, de manera manifiesta e indudable, dos de las causales de improcedencia previstas en el diverso 61 de dicho ordenamiento legal. En efecto, la previsión legal invocada en segundo término, en su fracción XVIII, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (.) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". De la interpretación del citado precepto se advierte que, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, salvo los casos de excepción expresamente establecidos. Precisado lo anterior, esta juzgadora federal considera que, respecto del primer acto reclamado por el quejoso consistente en el auto de veintiuno de julio anterior, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 956/2018, mediante el cual, en primer término, la autoridad responsable tuvo a la parte actora manifestando que, en relación con el pago efectuado por el quejoso de la suerte principal demandada, se reservaba expresamente el derecho a los intereses pactados o debidos; y en segundo lugar, solicitó al Director del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, hiciera entrega a Juan Eduardo Esparza Jiménez los tres mil seiscientos veintiún pesos por concepto de consignación de pago con recibo oficial 280569, cantidad que recibía la parte actora a cuenta de intereses pactados o debidos; es impugnable a través del recurso de revocación, de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio que a la letra dice lo siguiente: "Artículo. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". En efecto, de su lectura de advierte que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. En el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo de veintiuno de julio anterior, mediante el cual la autoridad responsable tuvo a la parte actora manifestando que, en relación con el pago efectuado por el quejoso de la suerte principal demandada, se reservaba expresamente el derecho a los intereses pactados o debidos; y en segundo lugar, solicitó al Director del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, hiciera entrega a Juan Eduardo Esparza Jiménez los tres mil seiscientos veintiún pesos por concepto de consignación de pago con recibo oficial 280569, cantidad que recibía la parte actora a cuenta de intereses pactados o debidos; de ahí que se considere que el acto que aquí se reclama es recurrible mediante el recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1334 del Código de Comercio, precisamente porque ese es el recurso idóneo contra actos de esa naturaleza, máxime que la suerte principal en el juicio de origen no excede el monto previsto en el numeral 1339 del Código de Comercio, por lo que resolución que se llegue a dictar en éste no es apelable, por lo que los autos dictados en él tampoco lo son; de ahí la procedencia del recurso de revocación. En esa tesitura, al contener el Código de Comercio, el medio de defensa analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto revocar o modificar el acto reclamado, es incuestionable que la parte quejosa se encuentra obligada a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, ya que de lo contrario el juicio de amparo será improcedente, en virtud de que no es optativo para la inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en virtud de que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no establece excepción alguna más que: "[.] a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. [.]". Sin embargo, en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Amparo, así como tampoco los supuestos previstos en la jurisprudencia emitida por los tribunales federales. Empero, como ha quedado plasmado, del artículo 1334 del Código de Comercio, se desprende que dicha determinación puede ser reclamada mediante la interposición del recurso de revocación, en el cual se deberán señalar los motivos por los que se consideran tales circunstancias, a lo que el juez, en su caso, tendrá la obligación de resolver si su proceder fue legal o no. En esa tesitura, se reitera, debe desecharse la demanda respecto del acto reclamado consistente en el auto de veintiuno de julio pasado, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 958/2018. Ahora, en relación al diverso acto reclamado consistente en la emisión del auto de dos de agosto de los corrientes, en el cual no se acordó de conformidad la solicitud hecha por la parte demandada de formular posiciones a la parte actora una vez concluido el desahogo de la prueba confesional a su cargo y ofrecida por su contraria, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que los proveídos reclamados no causan un perjuicio de imposible reparación al promovente, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que tratándose de actos dictados dentro de un juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones están contenidas en el criterio jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que puede ser consultado en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razóna las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, respecto del segundo acto reclamado, se advierte que el aquí quejoso instó la presente instancia para someter a escrutinio constitucional un acto del Juzgado Segundo Mercantil del Distrito judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, consistente en la emisión del auto de dos de agosto pasado, en el cual no se acordó de conformidad la solicitud hecha por la parte demandada de formular posiciones a la parte actora, ello una vez que concluyó el desahogo de la prueba confesional a cargo del quejoso, y ofrecida por su contraria. Como se adelantó, dicha determinación jurisdiccional no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues de existir violaciones, sólo se refirieron a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos. En efecto, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta la promovente, los cuales merecen valor demostrativo pleno en términos de los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al constituir una confesión espontánea, se advierte que el ahora quejoso promovió demanda en la vía ejecutiva mercantil, de la cual correspondió conocer al Juzgado Tercero de lo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, bajo el número de expediente 920/2020. Sin embargo, como ya se señaló, la autoridad responsable no acordó de conformidad la solicitud hecha por la parte demandada de formular posiciones a la parte actora, una vez concluida la prueba confesional a cargo del amparista. Como se observa, el acto que se reclama fue emitido dentro de un juicio ejecutivo mercantil en el que la parte quejosa posee el carácter de demandado. En ese sentido, las afectaciones que, el ahora quejoso aduce le produce pueden ser reparadas en el supuesto de que se emita sentencia definitiva a su favor, o en caso contrario, de acuerdo con lo establecido en el arábigo 170 de la Ley de Amparo, se encuentra en aptitud de reclamarlas a través del juicio de amparo directo, por constituir violaciones a las reglas del procedimiento, de acuerdo a lo consignado por la fracción XII del artículo 172 de la citada legislación, al tratarse de un caso análogo al establecido en la diversa fracción III de dicho numeral, que establece que se consideran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, cuando se le desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. De ahí que si en el caso no se le admitió al promovente del amparo la solicitud de formular posiciones a su contrario dentro de la audiencia donde se desahogó la confesional a su cargo, es evidente que se trata de un acto dentro de juicio que sólo afecta derechos adjetivos, por lo que el amparo en su contra deviene improcedente. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. En suma, al actualizarse de manera indudable las causales de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como como tal, el ubicado en Colegio Militar, Manzana 2. Lote 7, colonia Morelos, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Vladimir Cruz Atilano HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA REPRODUCCIONES DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario...IV

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