Raymundo Solis Sánchez
Expediente 1085/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1085/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/07/2023
Partes del expediente
- Raymundo Solis Sánchez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio electrónico de cuenta con evidencia criptográfica de la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a través del cual, remite con la protesta necesaria el diverso ******************** rubricado por el Director General del citado Instituto del que se advierte que mediante acuerdo ******************** de la Junta Directiva, fue aprobada la pensión por jubilación solicitada por la quejosa ********************; y, solicita una ampliación de término para dar cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, toda vez que manifiesta que la misma no ha sido notificada en virtud de que el domicilio de la referida parte se encuentra fuera de la circunscripción territorial. Atento a lo anterior, por única ocasión, con fundamento en el artículo 193, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se concede la prórroga solicitada al Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por el plazo de tres días, contados a partir de que sea notificada del presente proveído. Se le precisa a la responsable que una vez fenecido el término concedido y en caso de que no haya dado cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, se harán efectivos los apercibimientos con los que fue conminado; quedando subsistente el decretado en proveído de uno de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta de la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas la documental que exhibe la autoridad oficiante en la comunicación de mérito. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegada a la persona que menciona en el oficio de cuenta. Ahora, tomando en consideración el contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral D-1/650/2021, de su índice; y, La omisión de ordenar el emplazamiento de las partes demandadas dentro del juicio laboral de mérito. En ese sentido, de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el cinco de julio de dos mil veintitrés la Junta responsable señaló las diez horas del diez de octubre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral D-1/650/2021, de su estadística; asimismo, ordenó el emplazamiento de las partes demandadas Sistema de Transporte Metropolitano de Puebla, sociedad anónima de capital variable y Seguridad Privada y Monitoreo Bunker, sociedad anónima de capital variable. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. En ese sentido, toda vez que en el presente asunto se reclama: La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral D-1/650/2021, de su índice; y, La omisión de ordenar el emplazamiento de las partes demandadas dentro del juicio laboral de mérito. Y, de las constancias anexas al informe que se provee -previamente valoradas-, se advierte que el cinco de julio de dos mil veintitrés la Junta responsable señaló las diez horas del diez de octubre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral D-1/650/2021; y, ordenó el emplazamiento de las partes demandadas Sistema de Transporte Metropolitano de Puebla, sociedad anónima de capital variable y Seguridad Privada y Monitoreo Bunker, sociedad anónima de capital variable. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos de los actos reclamados. Esto es así, porque el quince de junio de dos mil veintitrés la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo y posteriormente la Junta responsable dejó de ser omisa. Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos de los actos reclamados pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficios de veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, suscritos conjuntamente por la Coordinadora de Magistradas y Magistrados del Sexto Circuito y Segunda Región Auxiliar, con sede en San Andrés Cholula, Puebla y la Coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito del Sexto Circuito, del Centro de Justicia Penal Federal y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Puebla, con fundamento en los artículos 9, fracciones XIII y XIV y 10, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se acordaron como días inhábiles el veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por las razones ahí expuestas. Asimismo, de la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; por tanto, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. Intégrese el cuaderno incidental respectivo. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Civil y Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, para que en el término de tres días cumpla con la ejecutoria de mérito, misma que se concedió para el efecto de que: "- Deje insubsistente el auto dictado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés dentro del juicio sucesorio intestamentario ********************, de su índice, en el que apercibe al quejoso con arresto de treinta y seis horas; y, - En su lugar, emita un nuevo auto en el que, con libertad de jurisdicción, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero si decide reiterar el apercibimiento de arresto, de manera fundada y motivada determine la idoneidad, pertinencia y, en su caso, temporalidad de la medida de apremio que corresponda, con base en el análisis adecuado de la conducta desplegada por el quejoso, purgando los vicios en que incurrió." Debiendo remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por otra parte, no resulta dable realizar requerimiento al superior jerárquico, en virtud de que el Juez de Primera Instancia como autoridad responsable no tiene superior para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.C.J/3K de la Décima Época; sostenida por los Plenos de Circuito; publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1378, cuyo rubro es: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO". Devuélvase a su lugar de origen las copias certificadas del expediente ********************, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, mismas que obran por cuerda separada del presente juicio de amparo identificadas como cuaderno auxiliar I. En otro contexto, de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa exhibió garantía a fin de que surtiera efectos la suspensión concedida en autos; en consecuencia, hágasele del conocimiento que se encuentra a su disposición el billete de depósito N ********************, expedido por el Banco del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $******************** (******************** pesos ******************** centavos moneda nacional). Con el apercibimiento que de no comparecer a recogerlo en el plazo de dos años, se declarará la prescripción del mismo y se ordenará endosar y enviarlo a la Tesorería de la Federación para su aplicación al Erario Federal, lo anterior con fundamento en los artículos 36 y 50 de la Ley Federal del Servicio de la Tesorería de la Federación. Asimismo, única y exclusivamente el quejoso o el depositante de dicho billete podrán recoger el mismo, previa identificación, endoso y razón que de ello quede en autos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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