Raymundo Sebastian del Olmo Marín

Expediente 582/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
582/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/08/2021

Partes del expediente

  • Raymundo Sebastian del Olmo Marín

Actuaciones

  1. Principal

    "Boca del Río, Veracruz, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese..."

  2. Principal

    "Boca del Río, Veracruz, veinte de julio de dos mil veintiuno. Fórmese expediente con la demanda de amparo signada electrónicamente por ********** quien se ostenta como defensor particular de **********, contra actos de la Encargada del Módulo de Setenta y Dos horas de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, con sede en Veracruz, Veracruz. Regístrese con el número 582/2021-II en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Es oportuno hacer notar la parte quejosa es omisa en señalar los antecedentes del acto reclamado. De la certificación que antecede se advierte la existencia del juicio 440/2021-IV radicado en este Juzgado. Donde se corrobora el aquí quejoso se encuentra recluido en el Módulo de Prisión Preventiva de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, con sede en Veracruz, Veracruz, con motivo de la medida cautelar dictada por el 1. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz en los autos del proceso penal **********/2021, de su índice, contra el aquí quejoso por participación en el delito de violencia de género, en su modalidad de violencia física. Ahora, antes de indicar la causal que se estima actualizada en el presente asunto, por cuanto al traslado reclamado es menester precisar el marco legal que actualmente rige en relación con los traslados. Los preceptos 49, 50, 51, 52, 117, fracción III, 131 y 132, fracción VII, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estipulan: (Se transcribe). De la interpretación de los preceptos invocados, se obtiene que el precepto 49 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé las consideraciones que se deben tomar para determinar los lugares de reclusión en que las personas sujetas a prisión preventiva, y sentenciadas deben cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad. Por su parte, los diversos 50 y 51 del ordenamiento invocado, disponen los requisitos legales para los traslados voluntarios e involuntarios, respectivamente. En el primer caso -traslado voluntario-, establece que para que opere un traslado voluntario de una persona privada de la libertad, debe existir un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino. O, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Carta Magna. Así también, como requisito, el Juez de Ejecución debe requerir el consentimiento expreso de la persona sentenciada en presencia de la persona que sea su defensora. Sin que opere el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. En segundo supuesto -traslado involuntario- instituye que éste deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Contra esa resolución, otorga a la persona privada de la libertad o sentenciada, la posibilidad de impugnarla a través del recurso de apelación. Por su parte, también el diverso 52, luego de disponer que la autoridad penitenciaria podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, bajo la condición de que en todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, permite impugnar la resolución judicial de mérito a través de la interposición del recurso de apelación en los términos previstos en esa Ley. Asimismo, el dispositivo 117, fracción III del ordenamiento invocado, otorga a la persona privada de su libertad, en materia de traslados el derecho de interponer acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado o, en su caso, de no haber sido notificado, lo puede hacer en el plazo posterior a la ejecución. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los preceptos 49, 50, 51, 52 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permiten concluir que en materia de traslados, las determinaciones de las autoridades administrativas deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control -o del procedimiento- quien revise su legalidad. Asimismo, la persona privada de su libertad o sentenciada, tiene a su alcance la posibilidad de revocar las determinaciones del Juez de Control o Ejecución, según corresponda, ya sea contra traslados voluntarios o involuntarios, a través del recurso de apelación, previsto por los diversos 131 y 132, fracción VII de esa normativa. En la especie, la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Encargada del Módulo de Setenta y Dos horas de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, con sede en Veracruz, Veracruz. No pasa desapercibido que el quejoso se encuentra sujeto al proceso penal **********/2021 del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, por participación en el delito de violencia de género, en su modalidad de violencia física. De ahí que, la causa de improcedencia actualizada en este asunto es la contemplada por el arábigo 61, en su fracción XX de la Ley de la materia. Así, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional para promover la demanda que se analiza, la parte quejosa debe agotar la instancia ordinaria necesaria. En caso de ser emitida la orden de traslado por autoridad administrativa, recurrirla ante el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, que le instruye el proceso penal **********/2021, para que, en su caso, sea confirmada, modificada o revocada. En términos del artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Incluso, en el supuesto de que fuera emitida por el juez del proceso, de conformidad con el artículo 131 de la normatividad recién citada, podrá recurrirla en apelación ante el Tribunal de Alzada correspondiente para revisión que puede ser confirmada, modificada o revocada. Legislación aplicable tanto al sistema penal acusatorio como del tradicional, como se desprende de sus artículos tercero y cuarto transitorios. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de cuenta por su notoria improcedencia contra el acto reclamado consistente en la orden de traslado, pues se actualiza la causal a que se hizo referencia en el cuerpo de este auto. No es ocioso decir que la disposición legal -artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal- es uno de los fundamentos que se tomó en consideración al emitir el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, para su modificación en el artículo 48, fracción IX a efecto de eliminar las órdenes de traslado de los supuestos de asuntos urgentes para su turno. Corrobora lo anterior la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), con registro digital 2023190, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Undécima Época, Materias Penal y Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita la parte quejosa, téngase acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, vía internet, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ con el usuario: "**********". Al efecto se provee: a) Se faculta a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona que refiere para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, puedan acceder vía internet a este juicio de amparo. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme al artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le realizarán electrónicamente en el "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", bajo los términos que establece el artículo 55, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo anterior, sin que pase inadvertido señala domicilio convencional para oír y recibir notificaciones. No obstante, debe atenderse al contexto en que se tramita el presente asunto, así como las directrices marcadas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes citado. Notifíquese personalmente.

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