Raymundo Santiago Lopez

Expediente 921/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
921/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Raymundo Santiago Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que el auto de veintisiete de diciembre de dos mil veinte, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso el recurso que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a, de la Ley de la Materia, en contra de dicho proveído. Por tanto, al ser un asunto totalmente concluido con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia se ordena el archivo del presente juicio de amparo; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV.- actos reclamados: el auto de fecha 30 de octubre de 2020, notificado a las partes el día 3 de noviembre de 2020 y a través del cual la responsable, injustificadamente, presente pretende llamar al presente juicio como terceros interesados a los coherederos de la sucesión intestamentaria a bienes de ***.". En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, el artículo 62 de la Legislación de la Materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Por tanto, como la demanda de amparo constituye un todo y debe estudiarse en forma integral a efecto de estar en aptitud de establecer con precisión los actos reclamados que en ella se formulan y resolver lo que en derecho corresponda, de conformidad con la jurisprudencia 744, visible en la página 501, del apéndice de 1995, tomo VI, parte TCC, de la Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTUDIARSE EN SU INTEGRIDAD." Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza el supuesto previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que da lugar a su desechamiento de plano. En efecto, el artículo 113 aludido, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de procedencia. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto, se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia derivada el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El precepto trascrito contempla el principio de definitividad, al establecer que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Dicho principio supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, de existir algún medio ordinario de defensa que la parte quejosa no hubiese interpuesto, el amparo resulta improcedente, ello atendiendo a lo extraordinario del juicio de derechos fundamentales. Ahora, los artículos 5.74 y 5.75 (del apartado relativo a de las Controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar) del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México disponen: "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." De la anterior transcripción se advierte que existe disposición expresa, que establece que en los juicios sobre controversias del estado civil de las personas y del derecho familiar, procede el recurso de revocación, entre otros, contra cualquier auto dictado fuera de audiencia. En la especie, el promovente del amparo reclama el auto de treinta de octubre de dos mil veinte, por el cual, determinó llamar al juicio como terceros interesados a los coherederos de la sucesión intestamentaria a bienes de Petra Cruz Reyes. Al respecto, y como se ha referido, en su contra procede el recurso de revocación previsto en el artículo 5.74, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Recurso legal, que tiene por objetivo que el órgano jurisdiccional analice los agravios que se formulen al respecto por el interesado y, de ser fundadas sus determinaciones, modificar las consideraciones que dieron origen a tal acto, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal. Por tanto, al conceder la ley ordinaria un recurso por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el auto emitido el treinta de octubre de dos mil veinte, es inconcuso que el hoy quejoso estaba obligado a agotar tal medio ordinario de impugnación, previo a que acudiera a la instancia constitucional. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Máxime, que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, ni constituye un acto que afecte la libertad personal de la inconforme; ni el peticionario tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es incluso la parte actora en el procedimiento de origen. Finalmente, tampoco actualiza la hipótesis prevista en la última parte de la supracitada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues el artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, es claro en determinar que procede el recurso de revocación contra cualquier determinación dictada fuera de audiencia. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia derivada de la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, por tanto SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de que se trata. Todo lo anterior, es con el objeto de que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio, del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Es aplicable al presente asunto la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Notifíquese electrónicamente.

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